Cada vez es más claro el rol del cambio climático en la redefinición de las condiciones necesarias para el desarrollo. Esto es especialmente cierto en Latinoamérica y el Caribe, donde enfrentamos el desafío de transformar nuestros flujos de capital en otros que reconozcan el valor de la naturaleza, así como nuestras metas climáticas y de sostenibilidad. El primer día de la 6ta Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025, organizada por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), se analizaron los flujos de financiamiento climático, las brechas en el acceso a este y la necesidad de construir una arquitectura financiera que ponga en el centro la naturaleza y el bienestar de la población. La jornada comenzó con la sesión de inauguración, moderada por Sandra Guzmán , fundadora y directora del GFLAC, donde se abordaron los caminos hacia una economía inclusiva y sostenible basada en la protección de la naturaleza. Dentro de esta primera sesión se enfatizó el papel de Latinoamérica en el escenario de la COP30, no solo por ser la primera en realizarse en la Amazonía y por tener un papel protagónico en la región, sino también por la necesidad de pasar de la implementación de compromisos a la acción. Otros puntos a destacar en este sentido son la urgencia de valorar los activos naturales. Según Gonzalo Canseco (Director, Investigación y Desarrollo, Onepoint5) las especies “se están desvaneciendo ante nosotros” y es necesario diseñar instrumentos financieros e incentivos públicos que aseguren que los beneficios de la conservación lleguen a quienes habitan y cuidan los territorios. Por su parte, Fany Kuiru Castro, coordinadora de COICA, hizo un llamado a alejarnos del extractivismo, incluso al considerar modelos de “economía basada en la naturaleza”. Latinoamérica es una región rica en recursos naturales, pero sigue atrapada en mecanismos financieros injustos y de endeudamiento que afectan el desarrollo. Ya en la segunda sesión se presentaron los hallazgos preliminares del informe del Índice de Finanzas Sostenibles 2025, presentado por el GFLAC. Los resultados ofrecen un panorama revelador sobre el avance y las limitaciones del financiamiento climático en América Latina y el Caribe. Tres hallazgos del informe llaman la atención: los recursos destinados a la acción climática y la biodiversidad han aumentado, pero siguen siendo insuficientes; el financiamiento en mitigación es mayor al de adaptación; y el acceso a los fondos internacionales también es desigual en la región. Presentación del índice de Finanzas Sostenibles 2025 Una cosa es clara: no hemos desligado el uso de combustibles fósiles de nuestras economías ni hemos integrado el financiamiento climático en los presupuestos nacionales. La solución, según la ponente, pasa por reformas fiscales profundas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles. Continuando la jornada, la tercera sesión abordó el papel de las finanzas públicas y privadas en la construcción de bienestar. “Los empleos verdes los necesitamos en un futuro inmediato”, señaló uno de los panelistas. Las prioridades son claras: ampliar los fondos climáticos, fortalecer las capacidades nacionales, impulsar soluciones financieras escalables e integrar los riesgos climáticos en las políticas macroeconómicas. En Brasil, por ejemplo, se han creado plataformas de inversión para movilizar recursos privados, generando una línea directa de financiación. Desde África, Chantal Naidoo (Fundadora RABIA) compartió una reflexión que resuena en el contexto latinoamericano: las transiciones energéticas deben ser justas, reconociendo las desigualdades históricas y evitando nuevas formas de exclusión; se trata de redefinir la relación entre economía y naturaleza. El mensaje fue contundente y la declaración de Sara Jane Ahmed (Fundadora del Financial Futures Center) lo resume a la perfección: “no puede haber estabilidad macroeconómica sin estabilidad climática y natural”. Las políticas financieras deben dejar de centrarse únicamente en el retorno económico. Para ello, es urgente avanzar hacia mecanismos de financiamiento basados en métricas nacionales que reflejen la realidad de cada país y garanticen que los fondos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan: las comunidades y territorios en primera línea de la crisis climática. La presentación del proyecto transformador de este primer día es el ejemplo perfecto de este último mensaje. Constanza Gómez Mont expuso NaturaTech LAC , que busca redefinir el desarrollo económico desde la naturaleza y las personas. El proyecto propone un cambio profundo en la forma de entender la innovación: no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio del buen vivir y la salud de los ecosistemas. “Entender la tecnología no solo desde la modernidad, sino también desde la sabiduría ancestral” fue una de las ideas más poderosas y centrales de la sesión. La región cuenta con conocimientos milenarios que pueden ser la base de nuevas soluciones tecnológicas. La innovación, señaló, debe ser sistémica, biocultural y ética, con procesos de gobernanza que respeten la riqueza cultural, los tiempos y los derechos de las comunidades. El financiamiento, y en especial el financiamiento en América Latina y el Caribe, está en un punto de inflexión y, de alguna manera, también en esta oportunidad se encuentra en el centro del escenario: la región debe transformar sus economías y estructuras financieras para colocar la naturaleza, la justicia social y el bienestar colectivo en el centro de las decisiones. Las sesiones dejaron claro que no basta con aumentar los flujos de financiamiento, sino que es necesario redirigirlos hacia modelos económicos post-extractivistas, inclusivos y resilientes. Pueden revivir esta primer día en el siguiente enlace:

En América Latina y el Caribe, los desafíos de cambio climático y pérdida de biodiversidad están profundamente entrelazados. Sin embargo, las respuestas a menudo se han diseñado de manera fragmentada, generando duplicación de esfuerzos y desperdicio de recursos. Con miras a la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) en 2025, desde el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) hemos desarrollado una metodología que permite evaluar y fortalecer las sinergias entre estas dos agendas, colocando los co-beneficios como pilar central de la acción climática y de conservación de la biodiversidad.  La propuesta metodológica desarrollada por GFLAC  tiene el propósito de fortalecer las recomendaciones de estrategias financieras y de inversión que permitan implementar de manera coordinada los objetivos climáticos y de biodiversidad en el contexto de los instrumentos críticos a nivel nacional como las NDC. Este enfoque busca orientar a los países hacia marcos de financiamiento nacionales más integrados, donde las NDC no sean solo compromisos climáticos, sino verdaderos instrumentos intersectoriales que vinculen otros objetivos ambientales, económicos y sociales. Al incorporar la biodiversidad como un eje transversal, las NDC 3.0 pueden convertirse en hojas de ruta más ambiciosas y transformadoras.  Promoviendo diálogos regionales para fortalecer las sinergias entre las agendas de clima y biodiversidad   El pasado 29 de agosto de 2025 se llevó a cabo el taller regional, organizado por GFLAC, “Integrando Clima y Biodiversidad en las NDC: Una prioridad regional”, el cual permitió generar un espacio de reflexión, intercambio técnico y concertación estratégica entre actores públicos, privados, de la sociedad civil y del sector financiero, entorno al fortalecimiento de las sinergias entre las agendas de cambio climático y biodiversidad en la región, en el marco de la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) prevista para 2025.   Durante este taller los participantes coincidieron en que la actualización de las NDC es una oportunidad única para fortalecer la integración de clima y biodiversidad. Entre los principales hallazgos destacan ( ver la relatoría completa del taller aquí ):  Medidas prioritarias:  La restauración de ecosistemas y las soluciones basadas en la naturaleza fueron señaladas como acciones centrales para la mitigación y la adaptación al cambio climático, junto con la transición agroecológica, la agricultura urbana y la consolidación de sistemas alimentarios sostenibles. También se resaltó la importancia de reconocer los derechos de la naturaleza y el valor intangible de los ecosistemas como fundamentos éticos de la acción climática.  Instrumentos financieros innovadores :  En la discusión se resaltó que más allá de crear mecanismos aislados, lo esencial es que el financiamiento esté guiado por principios de coherencia, inclusión y sostenibilidad. Los participantes coincidieron en que se requieren instrumentos capaces de alinear recursos públicos y privados, y eliminar aquellos incentivos que aún favorecen actividades con impactos negativos en la biodiversidad. Entre los mecanismos destacados se mencionaron los bonos temáticos con criterios de biodiversidad, los pagos por servicios ecosistémicos y los canjes de deuda por naturaleza, como alternativas que se pueden fortalecer para promover la conservación/restauración de ecosistemas al tiempo que apoyan la acción climática.  Acceso equitativo y participación comunitaria:   Uno de los mayores retos señalados es la burocracia y los requisitos técnicos que limitan el acceso de comunidades y gobiernos locales al financiamiento. Se propuso simplificar procesos a través de ventanillas únicas, promover programas tipo Small Grants  adaptados al contexto nacional y regional, y garantizar la inclusión efectiva de mujeres, juventudes, pueblos indígenas y afrodescendientes como co-diseñadores y ejecutores de instrumentos financieros. La transparencia, la rendición de cuentas y la socialización clara de los mecanismos fueron vistas como condiciones indispensables para asegurar legitimidad del financiamiento.  Finalmente, durante el espacio de dialogo se dejó claro que, pese a los avances, el financiamiento destinado a clima y biodiversidad sigue siendo escaso frente al que aún se canaliza hacia actividades intensivas en carbono. De allí la urgencia de transformar la arquitectura financiera global y regional, orientando los recursos hacia medidas que realmente fortalezcan la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades.  La metodología de GFLAC, basada en los co-beneficios, y las recomendaciones colectivas del taller ofrecen una hoja de ruta concreta: diseñar NDC que integren plenamente biodiversidad y clima, respaldadas por instrumentos financieros innovadores y accesibles, y sostenidas por la participación de los territorios. Solo así será posible avanzar hacia un financiamiento que ponga la vida en el centro, protegiendo los ecosistemas clave y asegurando un futuro más justo, resiliente y sostenible para la región.

Por: Alan Senra, Asociado en Financiamiento Climático Internacional para Brasil  Los países de América Latina y el Caribe revisan y actualizan sus NDCs 3.0 rumbo a la COP30 en Belém, Brasil, lo cual se proyecta como una oportunidad para fortalecer las metas de mitigación y adaptación, incorporar justicia climática, abordar pérdidas y daños, y generar sinergias con las agendas de biodiversidad, género y derechos humanos, asegurando al mismo tiempo mecanismos de participación ciudadana a nivel territorial. Para lograrlo, se requieren estrategias de financiamiento claras y sostenibles que conviertan las NDCs en hojas de ruta implementables, con objetivos respaldados por planes, instrumentos y actores definidos. GFLAC elaboró el documento “NDCs 3.0 y financiamiento climático: 10 recomendaciones para hacer de las NDCs instrumentos financiables”,  que ofrece un marco con cuatro pilares y diez recomendaciones para guiar la construcción de NDCs ambiciosas y financiables.   Pilar A – Diagnóstico financiero:  Una NDC financiable requiere un diagnóstico sólido que calcule costos sectoriales, estime necesidades de adaptación y mitigación, e identifique brechas entre recursos disponibles y requeridos. Ejemplos de países como Santa Lucía o Zimbabue muestran cómo la cuantificación sectorial traduce compromisos en cifras claras.  Pilar B – Arquitectura de financiamiento:  Las NDCs deben contar con estrategias nacionales que integren presupuestos públicos, cooperación internacional y mecanismos innovadores. Un reto central es redirigir flujos dañinos, como subsidios a fósiles, hacia inversiones en transición energética y resiliencia.  Pilar C – Coordinación institucional:  La implementación efectiva exige esfuerzos colectivos mediante comisiones interministeriales, unidades técnicas y procesos participativos con comunidades, sector privado y sociedad civil. Experiencias en Uruguay, Brasil y Zambia evidencian que la articulación multinivel refuerza resultados.  Pilar D – Principios guía:  Es clave establecer sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) que rastreen flujos y midan impactos sociales y ambientales, bajo principios de equidad, justicia y participación. Modelos como Suiza, Singapur y Colombia destacan la transparencia como habilitadora de más financiamiento.  Promoviendo diálogos regionales para compartir experiencias y recomendaciones para las NDCs 3.0   De manera complementaria, en el 15 de agosto de 2025 GFLAC llevó a cabo un taller virtual organizado junto con el el Centro de Colaboración Regional de ONU Cambio Climático (RCC-CMNUCC) y el NDC Partnership, enfocado en discutir lineamientos, compartir experiencias y presentar herramientas prácticas para operacionalizar las recomendaciones sobre financiamiento climático en las NDCs 3.0. Participaron representantes de gobiernos, bancos de desarrollo, sector privado, cooperación internacional, academia y sociedad civil. Entre los principales hallazgos destacan ( ver la relatoría completa del taller aquí ):  Integración del financiamiento climático en las NDCs   – Se destacó la importancia de acompañar las NDCs 3.0 con diagnósticos de costos claros, planes de inversión robustos y la inclusión transversal del financiamiento en los presupuestos nacionales. También se subrayó la necesidad de diversificar fuentes (públicas, privadas e internacionales) y crear instrumentos innovadores como canjes de deuda o la eliminación gradual de subsidios fósiles.  Buenas prácticas replicables en la región  – Se resaltaron experiencias exitosas como créditos verdes, microfinanzas comunitarias, canjes de deuda y la emisión de bonos verdes. Asimismo, se identificó la importancia de fortalecer la cooperación internacional, los marcos regulatorios y la articulación entre distintos niveles de gobierno para facilitar un financiamiento más transparente y accesible.  Colaboración multisectorial y justicia climática  – El éxito de las NDCs 3.0 depende de la participación activa de gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidades locales. Incorporar saberes indígenas, promover la justicia climática y garantizar procesos participativos y transparentes fueron señalados como elementos esenciales para aumentar la ambición climática y transformar compromisos en resultados concretos.  Por fin, el análisis del documento y las discusiones del taller convergen en una idea central: El éxito de las NDCs 3.0 dependerá de que sean concebidas no solo como compromisos políticos, sino como hojas de ruta financieras implementables.   Esto implica contar con diagnósticos claros de costos, estrategias nacionales y sectoriales bien diseñadas, mecanismos de coordinación inclusivos y sistemas robustos de monitoreo. De esta manera las NDCs 3.0 podrán movilizar recursos sostenibles, generar confianza y guiar transformaciones estructurales hacia un desarrollo bajo en carbono, resiliente y justo para América Latina y el Caribe.

El pasado 12 de agosto se celebró el Primer Foro de Jóvenes por las Finanzas Sostenibles en América Latina y el Caribe, un espacio histórico en el que juventudes de diversos territorios de la región se reunieron para dialogar, construir propuestas y fortalecer su incidencia en los procesos de financiamiento climático. En un contexto global marcado por la crisis climática, las desigualdades sociales y la urgencia de transformar los sistemas financieros, este foro representó mucho más que un encuentro virtual: fue la demostración de que las juventudes de la región no solo tienen propuestas, sino también la capacidad y el compromiso para transformar el futuro. El Foro reunió a jóvenes líderes, emprendedores sociales, representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, así como expertos en finanzas sostenibles y actores del sector público, privado y de la sociedad civil. Durante la jornada, las voces juveniles se articularon en paneles, mesas de trabajo y diálogos colectivos que pusieron en el centro la necesidad de un financiamiento justo, inclusivo y orientado a la vida. Desde la apertura, con un panel que reunió voces juventudes de la región y pueblos indígenas, se reafirmó una convicción central: las juventudes tienen derecho a incidir en cómo se deciden y distribuyen los recursos que marcarán el rumbo climático de la región. En este espacio, moderado por Alan Senra, se escucharon reflexiones que mostraron la diversidad y fuerza de las demandas juveniles. Amanda Arroyo, presidenta Consejo Climático de Juventudes de Costa Rica, r resaltó que las juventudes ya no deben ser vistas solo como voluntarias, sino como agentes transformadores de políticas públicas , exigiendo un financiamiento climático con enfoque interseccional que también atienda vacíos urgentes, como la violencia hacia mujeres y niñas en contextos de crisis climática. Por su parte, Lizet Mejía,miembro del Comité de REDFIS Youth,  advirtió que la participación juvenil no puede ser simbólica: el acceso limitado a la información, el lenguaje técnico, la falta de mecanismos vinculantes y las brechas digitales excluyen a jóvenes rurales e indígenas de los espacios de decisión. Desde Nicaragua, Raití Juárez, miembro del Hub de Finanzas Sostenibles Nicaragua,  compartió las estrategias de acción colectiva que han construido las juventudes centroamericanas, combinando agendas juveniles, fundamentos jurídicos y movilización social. Para él, rumbo a la COP30 es momento de despertar el poder de los movimientos sociales , uniendo el activismo digital con la presencia en las calles. A su vez, Mairelis Moya del pueblo indígena Warao,  visibilizó las barreras estructurales que enfrentan los pueblos indígenas para acceder al financiamiento: trámites burocráticos, falta de documentos de identidad, costos de traslado y ausencia de traducción a lenguas originarias. Recordó que sus saberes ancestrales  son esenciales y deben ser reconocidos y financiados. Finalmente, Emil Sirén Gualinga del Colectivo Quipa en Ecuador,  subrayó la paradoja de que los pueblos indígenas protegen cerca del 30% de los territorios terrestres, pero reciben apenas el 0,13% del financiamiento climático global . Propuso mecanismos específicos para revertir esta inequidad: ventanillas propias, procesos simplificados, salvaguardias vinculantes y formación técnica que permita a jóvenes indígenas participar de manera plena. El foro también contó con mesas de trabajo temáticas que profundizaron en los desafíos de financiamiento accesible, la transformación del sistema financiero, la protección de la biodiversidad y el monitoreo de las NDCs desde las juventudes. Estas discusiones nutrieron el Pronunciamiento Regional de Juventudes por las Finanzas Sostenibles , un documento colectivo que servirá como hoja de ruta de incidencia hacia la COP30 en Belém do Pará, Brasil . De estas discusiones emergieron propuestas concretas que abordan desde la eliminación de barreras de acceso a financiamiento para juventudes, hasta la necesidad de crear modelos financieros que respeten los derechos de la naturaleza y los saberes ancestrales. También se destacó la urgencia de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y monitoreo ciudadano de los compromisos climáticos asumidos por los gobiernos. El producto principal del foro será el Pronunciamiento Regional de Juventudes por las Finanzas Sostenibles, un documento colectivo que recogerá las demandas, propuestas y visiones expresadas durante el evento. Este pronunciamiento no quedará en palabras: será presentado en espacios de articulación juvenil como la LCOY y llevado a la COP30 en Belém do Pará, Brasil, como insumo de incidencia política frente a gobiernos, instituciones financieras y el sector privado. El foro concluyó con un cierre cargado de mensajes inspiradores, donde juventudes y representantes regionales coincidieron en un llamado claro: es momento de garantizar un financiamiento climático justo, inclusivo y transparente , que ponga la vida al centro y no deje a nadie atrás. Entre las voces destacadas estuvo la de Francisco Javier Vera , activista colombiano y fundador de Guardianes por la Vida,  quien advirtió que las COPs no pueden seguir siendo simbólicas ni lejanas a las realidades de los territorios. Valoró que la COP30 se realice en la Amazonía y subrayó la urgencia de mecanismos concretos que reconozcan las demandas de juventudes y niñeces. En esa misma línea, Laura Restrepo, oficial de incidencia en CANLA, habló de la necesidad de una “diplomacia rebelde”: una participación juvenil estratégica, ética y transformadora, capaz de garantizar espacios seguros también para las adolescencias. Dana Oyarzábal, coordinadora del área de internacionales Jóvenes por el Clima Argentina,  llamó a convertir las demandas en propuestas concretas mediante alianzas, formación y participación continua rumbo a la COP30. Por su parte, Genaro Godoy, invitó a conectar lo regional con lo global, aprovechando espacios paralelos como la Semana del Clima y fortaleciendo redes a través de mensajes estratégicos con cercanía emocional. Cristian Shamil Oliveros  desde Chile recordó que las soluciones deben aterrizar en el territorio, con agricultura sostenible, infraestructuras resilientes y enfoque de género. Finalmente, Cristian Flores, técnico de incidencia Política de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, destacó el rol de la juventud como articuladora de voces y traductora de compromisos internacionales en contextos nacionales y locales. Este Primer Foro no es un punto final, sino el inicio de un camino colectivo. Un camino donde las juventudes de América Latina y el Caribe continúan tejiendo alianzas, defendiendo territorios y proponiendo soluciones financieras que respondan a los desafíos de nuestro tiempo. Porque el futuro de las finanzas sostenibles no se construye sin las juventudes. Se construye con sus voces, con sus luchas y con sus sueños.

Autoras: Dra. Sandra Guzmán , Directora General, GFLAC Isabel González , Asociada en Finanzas Climáticas para Colombia, GFLAC Marisol Marín , Asociada Senior en Comunicación Estratégica Internacional, GFLAC La  4a Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4)  concluyó con un documento político, titulado "Compromiso de Sevilla", y una Plataforma de Acción, con más de 130 iniciativas para implementar diversas partes de dicho compromiso. Sin embargo, la falta ambición por parte de los países del Norte Global y la ausencia de lideres clave del Sur Global, como Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, quién hospedará la Conferencia de las Partes de Cambio Climático en 2025, revelan un difícil escenario para garantizar avances claros hacia un financiamiento realmente transformador, que favorezca y atienda las necesidades del Sur Global.  No obstante, la COP30 en Belém, Brasil, representa una oportunidad crítica para replantear la arquitectura financiera desde un enfoque de justicia, creando una Ruta de Bakú a Belém que permita proveer y movilizar financiamiento de calidad, con mejor acceso, mejor gestión de la deuda y que atienda las verdaderas necesidades, poniendo la adaptación al centro.  La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4), celebrada en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio de 2025, reunió a gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y otros actores, en un momento de múltiples crisis: endeudamiento creciente en el Sur Global, retrocesos en la ayuda oficial al desarrollo, y una arquitectura financiera incapaz de atender estas y otras crisis como el deterioro de la biodiversidad, y el cambio climático.  Días antes de la Conferencia se adoptó por unanimidad el “ Compromiso de Sevilla ”, haciendo de la Conferencia en Sevilla, un espacio de carácter político, y no así de negociación sobre el alcance del texto. Si bien FfD4 no es una Conferencia de carácter vinculante, el objetivo es crear los compromisos políticos para llevar a los países hacia las transformaciones necesarias que tendrán que tomar lugar en diversos procesos dentro y fuera de las Naciones Unidas.  La conferencia habló de reformas profundas relacionadas con diversos aspectos del sector financiero, como son la reforma de las instituciones financieras internacionales, la cooperación en materia fiscal, el tratamiento de deuda, entre otros aspectos.     Agendas críticas para la transformación del sistema financiero  FfD4 marca un hito en materia de financiamiento, y de alguna manera logra integrar diversas conversaciones en un solo espacio, sin embargo, el trabajo más importante de implementación tomará lugar en diversos frentes.   Por un lado, en las discusiones se habló de la importancia de la cooperación internacional en materia fiscal, y el rol que puede jugar una Convención de Naciones Unidas en la materia. También se dio la bienvenida a iniciativas como los impuestos o cargas solidarias, como tazar a los más ricos y a las actividades más contaminantes para generar más ingresos que se puedan redirigir hacia el desarrollo sostenible. La propuesta de gravar vuelos premium y jets privados para financiar transiciones justas, presentada por una coalición de ocho países, mostró interés de diversos actores, pero aún hay falta de voluntad política para convertirlas en compromisos reales y vinculantes.  Por su parte, la crisis de deuda también fue visibilizada, sin embargo, la falta de impulso a una Convención sobre la Deuda bajo el marco de Naciones Unidas reveló la persistente resistencia de los países acreedores a democratizar la gobernanza financiera global. Dentro de las más de 130 iniciativas impulsadas por La Plataforma de Sevilla, se incluye la creación de un hub global de canjes de deuda y una alianza para cláusulas de suspensión. Pero en la práctica, muchas de estas propuestas siguen siendo marginales, voluntarias, y no resuelven el problema de la deuda como una crisis sistémica.  De igual forma, se habló del rol de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, como entidades que deberán ayudar a movilizar los recursos necesarios para cerrar las brechas de financiamiento. Si bien se habló de que estas instituciones deberán pasar por una reforma, la pregunta de fondo es si serán capaces de cumplir con las expectativas que se tienen, considerando que como entidades financieras requieren de generación de ingresos, lo que en muchas agendas de desarrollo no es posible.    En materia de financiación climática, durante la Conferencia se subrayó la necesidad de alcanzar y superar los 300.000 millones de dólares anuales establecidos como meta en la decisión sobre el nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG); además de dar la bienvenida a la Ruta de Bakú a Belém, para movilizar 1.3 billones de dólares, adoptada en la COP29. Y aunque el “Compromiso de Sevilla” hizo referencia al Acuerdo de París, de la CMNUCC, y reconoció la importancia de seguir ampliando los fondos climáticos, el texto final fue criticado por su falta de ambición al no incorporar clima como un eje central y transversal a lo largo del texto. Además, se señalaron omisiones importantes, como la ausencia de medidas para reducir los subsidios a los combustibles fósiles, un factor clave que incide directamente en la crisis climática.  Paralelamente, durante la Conferencia, se presentó a puerta cerrada el primer borrador del “Círculo de Ministros de Finanzas de la COP30”, que en teoría alimentará la Ruta de Bakú a Belém, como muestra de las sinergias ente estas agendas. Sin embargo, la falta de transparencia en torno a este proceso suscita dudas sobre el nivel de coherencia entre las medidas debatidas en Sevilla y las decisiones climáticas globales que se adoptarán en el futuro, así como sobre la forma en que el documento del Círculo de Ministros, quedará dentro de la Hoja de Ruta Bakú-Belém.  En cuanto a la financiación para la biodiversidad, el “Compromiso de Sevilla” incluyó referencias al Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Igualmente, durante varios espacios del evento se subrayó la importancia de desarrollar estrategias que fortalezcan el presupuesto nacional y promuevan la movilización de recursos internos para apoyar acciones integradas en las agendas de clima y biodiversidad. No obstante, aún se evidencia una falta de equilibrio y entendimiento de las convergencias entre las agendas de clima y biodiversidad, lo que representa una oportunidad perdida para poner el financiamiento de la adaptación y conservación de la biodiversidad sobre la mesa de discusión de la financiación para el desarrollo y así avanzar hacia una arquitectura financiera verdaderamente transformadora, centrada en las personas, la justicia climática y la protección de los ecosistemas.  Por otra parte, temas como la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos fueron mencionados como un desafío central, pero sin profundas conversaciones para atenderlo. Una de las iniciativas de Sevilla propone un Rasterador de Políticas Anti-Flujos Financieros ilícitos, pero sin medidas claras para alcanzarlo. Sin transparencia fiscal obligatoria, intercambio automático de información o sanciones para las corporaciones evasoras, este punto sigue siendo el “elefante en la sala” que nadie se anima a enfrentar frontalmente.  Finalmente, uno de los vacíos más notorios durante la conferencia fue la escasa discusión sobre la inclusión de los verdaderos protagonistas del desarrollo. Las comunidades que sostienen la vida en los territorios (pueblos afrodescendientes, indígenas, mujeres, juventudes y comunidades locales) que continúan sin contar con mecanismos claros, ágiles y vinculantes para acceder directamente al financiamiento. En lugar de avanzar hacia modelos más justos y participativos, los recursos siguen canalizándose a través de grandes intermediarios, reproduciendo estructuras burocráticas que obstaculizan el avance hacia una verdadera justicia financiera y climática.  Recomendaciones   Pese a las ausencias, el “Compromiso de Sevilla” deja abiertas puertas importantes para avanzar en procesos clave, el éxito de estos procesos requerirá acciones coordinadas del Sur Global, que permitan consolidar posiciones comunes, fortalecer sus voces en los espacios multilaterales y presionar por mecanismos financieros justos, previsibles y basados en los derechos humanos.  De cara a la COP30 en Belém, prevista como la ‘COP de la implementación’, se identifican aspectos clave para avanzar en los temas pendientes que deja Sevilla. Entre ellos, resulta fundamental mejorar no solo la cantidad, sino también la calidad del financiamiento dentro de mecanismos como la Hoja de Ruta Bakú–Belém. En este marco, existen elementos que requieren un mayor fortalecimiento más allá de lo acordado en Sevilla, garantizando su plena integración en la Hoja de Ruta Bakú–Belém, en particular:  Promover un marco internacional justo y eficaz para la gestión de la deuda.  Impulsar la entrada en vigor de la Convención Fiscal en el marco de las Naciones Unidas.  Adoptar medidas eficaces y coordinadas para erradicar los flujos financieros ilícitos.  Emprender una reforma estructural de las instituciones financieras, en particular de los bancos multilaterales de desarrollo, para que sean verdaderamente transformadores.  Redirigir los flujos de financiamiento intensivos en carbono hacia flujos de financiamiento sostenible.  Incrementar, no solo en cantidad sino también en calidad, el financiamiento para el desarrollo, de la mano con el financiamiento climático y para la biodiversidad.  Conclusiones   La FfD4 abrió una etapa relevante para repensar la arquitectura financiera internacional, sin embargo, no hay claridad sobre cuáles son los siguientes pasos.  Esto plantea la necesidad de clarificar cómo se dará seguimiento a los compromisos asumidos.  En este sentido, un reto hacia adelante no es solo como lo establecido en Sevilla tendrá un seguimiento en procesos dentro y fuera de las Naciones Unidas, sino también como y cuáles serán los indicadores para asegurar que su cumplimiento sea monitoreable. En este sentido, lo derivado de Sevilla será una lección importante para impulsar en espacios por venir, en especial en el marco de la COP30.   Lo anterior, porque el tema de financiamiento climático no fue un tema central en Sevilla, y los acuerdos no incrementan la ambición, pero si se plantean reformas que ayudarán a seguir impulsando una mayor y mejor provisión de financiamiento climático, como es el tratamiento de la deuda, una mejor cooperación fiscal, la reforma urgente de las instituciones financieras internacionales y otros procesos.   El proceso de seguimiento a la FfD4 y la preparación hacia la COP30 exigirán una articulación efectiva entre actores, coherencia entre compromisos multilaterales y espacios reales de participación para los países del Sur Global. La urgencia política y la necesidad de alineación interinstitucional serán determinantes y el éxito dependerá de la capacidad colectiva para implementar con coherencia y rapidez las iniciativas adoptadas en Sevilla, con la mirada puesta en la COP30 como un momento decisivo para continuar avanzando hacia la transformación del sistema financiero, pero con una visión de largo plazo para llevar estos acuerdos a otros espacios más allá de 2025.   📄 Para más información sobre los resultados y un análisis detallado de la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, consulta nuestro informe completo dando clik a la imagen: https://bit.ly/3JrrrlR

Durante los días 30 de julio al 2 de agosto  se celebró la Local Conference on Youth (LCOY) en la Ciudad de México. La conferencia forma parte del entramado de procesos consultivos de la CMNUCC y lleva cinco años realizándose en México. Su objetivo es promover el debate, la acción y la construcción de soluciones frente al cambio climático. En esta edición, desde GFLAC  participamos en el marco del Hub de Finanzas Sostenibles de México. Para organizar una LCOY que sea representativa de las complejidades del extenso territorio mexicano, se llevan a cabo las Cumbres Climáticas Juveniles (CCJ) e Infantiles (CCI), un proceso pionero en México. Para la realización de la LCOY este año, se articularon 20 CCJ y 2 CCI que, en conjunto, representaron a más de 470 juventudes en 29 de las 32 entidades federativas. La LCOY es organizada por jóvenes y para jóvenes, y por ello presenta retos de financiamiento para llegar a todo el territorio del país. De acuerdo con el evento de clausura de este año, la conferencia fue organizada por más de 70 jóvenes en todo el territorio. La importancia de estos eventos es mayúscula cuando entendemos que los jóvenes aún son representativos del bono demográfico que tiene México, donde, según datos del INEGI, la edad media es ya de 29 años. Los impactos del cambio climático ya se evidencian a lo largo de nuestro territorio. De acuerdo con estimaciones de la UNAM, bajo un escenario de muy altas emisiones de GEI (SSP585), la mayor parte de México tendría pérdidas anuales iguales o mayores al 5 % del PIB local durante este siglo como consecuencia del cambio climático (PINCC-UNAM, 2023). En México, la enorme población anclada en la informalidad a falta de creación de empleos formales (de acuerdos a datos del INEGI de 2025, la tasa de informalidad laboral de las personas de 15 a 29 años es de 58.8%, por arriba del promedio nacional de 54.3 %, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad en el acceso a empleos formales y con derechos laborales), las grandes deficiencias en servicios de salud y educación, sobre todo de manera alarmante en las comunidades marginadas en el norte, centro y el sur del país, en suma a las vulnerabilidades climáticas que traen consigo distintos factores de riesgo a la salud, el patrimonio, el empleo, y a la economía local, brinda una razón más para considerar la agenda climática como un eje prioritario en el desarrollo nacional y de la juventud ¿Cómo están viviendo las juventudes los impactos de este legado antropogénico y cómo pueden integrarse en los procesos de decisión local, regional e internacional para una acción efectiva y justa a lo largo de nuestro territorio? Esto es lo que cada año la LCOY busca resolver. ¿Cómo funciona? Durante un largo proceso de identificación, articulación e incidencia, cada año se elabora una declaratoria de jóvenes que es recogida por el Regional Conference on Youth (RCOY) para luego culminar en la COY, coordinada por YOUNGO, el grupo oficial de jóvenes e infancias dentro de la CMNUCC y, por lo tanto, de la Conferencia de las Partes (COP). Los cuatro componentes principales de la Conferencia de la Juventud (COY) son: documento de política, fortalecimiento de capacidades, talleres de desarrollo de habilidades e intercambio cultural. La LCOY no solo tiene la finalidad de empoderar, educar y articular a todas las juventudes para actuar frente a la crisis climática desde lo local, sino que, al celebrarse cada año en más regiones del país a través de las CCJ, consigue aumentar y reforzar la red de jóvenes líderes por la acción climática. Su compromiso, energía y acciones son difíciles de ignorar, pero los retos que enfrentan en el país son aún mayores. La sociedad civil cumple un rol vital al visibilizar las inequidades y exigir rendición de cuentas a todos los actores. Este año, la celebración de esta LCOY se realizó en el contexto de actualización de los compromisos climáticos de México. Sin unas Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés) que presenten un enfoque integral de la transformación necesaria a implementar en nuestra economía y territorio, así como los medios necesarios para su implementación, no habrá posibilidades de traer recursos financieros adicionales que atiendan la crisis climática y las complejidades que de ella deriven en los numerosos territorios del país donde las infancias y juventud habitan.  Este año, varios colectivos y organizaciones de la sociedad civil estuvieron presentes durante los tres días del encuentro en las instalaciones de la UNAM (Ciudad Universitaria) para facilitar los ejes de trabajo a los jóvenes delegados. El Hub de Finanzas Sostenibles México, estuvo presente para facilitar el eje 5: Deuda y Financiamiento Climático.  Dentro de otros ejes también surgieron propuestas interconectadas como la economía circular, los bonos azules, mecanismos de pago por servicios ambientales y modelos de transición energética justa, demostrando que la acción climática requiere una visión económica transformadora y coherente en todos los frentes. Durante la ceremonia de clausura del evento, se presentó cada CCJ y las propuestas que desarrollaron antes de la LCOY. Además asistió la subdirectora de procesos participativos de la SEMARNAT y compartió su experiencia sobre el proceso de actualización de las NDCs de México, rumbo a la COP30 en Belém, Brasil.  Invertir en la juventud es el cambio más transformador que puede haber en una economía. Comprender sus retos —y en ello las oportunidades que invertir en sus capacidades y en mecanismos de financiamiento innovadores ofrece— debe ser el camino para construir una sociedad más resiliente. Desde finanzas sostenibles hasta economía circular, pasando por soluciones basadas en la naturaleza, bonos azules y estrategias de inclusión financiera para comunidades vulnerables, las juventudes han dejado claro que las soluciones climáticas no pueden separarse de la transformación económica.  Frente a los procesos de actualización de las NDCs en el país, la LCOY presenta una oportunidad crucial para entregar compromisos que integren estas propuestas y reflejen las complejidades nacionales, brindando soluciones inclusivas. Al final del todo, el cambio climático es un asunto de justicia intergeneracional. Autores Ricardo Francisco de R. Díaz Baños Coordinador General del Hub Finanzas Sostenibles México.  Líder facilitador en el Eje 5: Deuda y Financiamiento Climático en LCOY 2025 Odette N. Ferrer Aldana  Miembro del Hub Finanzas Sostenibles y Delegada en el Eje Justicia Climática y Adaptación en el LCOY 2025 Referencias Conference of Youth (COY). UNFCCC. Consultado el 4 de mayo de 2025 en https://unfccc.int/topics/education-and-youth/youngo/coy Demografía y Sociedad: Población. INEGI. Consultado el 4 de mayo de 2025 en https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/

América Latina y el Caribe enfrentan una encrucijada crítica: ¿es posible construir una agenda común que responda a la urgencia de la crisis ambiental, pero que además reconozca las particularidades y desigualdades históricas de la región? Esta pregunta fue el motor del Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana,  celebrado a fines de julio en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires. En un escenario marcado por la crisis climática global, la complejidad política local y la crisis del multilateralismo, referentes de gobiernos provinciales, científicos, organizaciones sociales —entre ellas GFLAC— se reunieron para debatir caminos posibles. Más que un encuentro académico o técnico, el Congreso buscó abrir un espacio de diálogo con perspectiva política y social, partiendo de la base de una injusticia ambiental histórica que afecta con mayor dureza al Sur Global. Allí se abordaron temas cruciales como la movilización de recursos financieros para una transición justa, la integración regional frente a la crisis climática, y los desafíos que impone el avance del negacionismo climático. En un momento donde Argentina enfrenta retrocesos en su institucionalidad ambiental y una creciente presión económica, el debate adquiere una dimensión concreta y urgente: ¿cómo asegurar que el financiamiento climático llegue realmente a los territorios y sectores que más lo necesitan, sin generar nuevas deudas ni profundizar exclusiones? Financiamiento climático: de Bakú a Belém, acceso directo y la urgencia de Argentina Desde GFLAC participamos activamente en la sesión “Balance de la COP29 y perspectivas de cara a la COP30”.  Para contextualizar: la COP29 en Bakú fijó una nueva meta de financiamiento climático para los países en desarrollo—300 mil millones de dólares anuales hasta 2035— que, si bien triplica el compromiso original de 100 mil millones acordado en 2009, para gran parte del Sur Global sigue siendo insuficiente. En este marco surgió la Hoja de Ruta de Bakú-Belém, impulsada por países como Colombia, Brasil y Azerbaiyán, entre otros, que propone escalar el monto a 1,3 billones de dólares. Más allá de las cifras, el debate giró hacia la calidad del financiamiento. Sandra Guzmán, fundadora y directora general de GFLAC,  recordó que “no se trata solo de montos, sino de exigir que los recursos lleguen en forma de donaciones o instrumentos concesionales que no agraven la deuda de los países receptores. La meta debe ser financiamiento que amplíe el espacio fiscal y permita cumplir metas de mitigación y adaptación, no fondos con factura escondida”. En sintonía, Nicole Makowski, asociada senior en Financiamiento Climático Internacional,  subrayó que “es imperativo mantener vivas las discusiones sobre financiamiento en las negociaciones climáticas” y alinear los flujos con los objetivos del Acuerdo de París. Les invitamos a leer la nota “¿Podrá Brasil ayudar a movilizar 1.3 billones de dólares para atender la crisis climática del Sur Global? Un análisis de la Ruta de Bakú a Belém”  para profundizar: https://www.gflac.org/single-post/opinionrutabakubelem Para Argentina, este debate es urgente. El acceso a mecanismos de financiamiento directo —como los que ofrece el Fondo de Adaptación mediante Entidades Nacionales de Implementación — permitiría a provincias y municipios presentar y ejecutar proyectos sin depender de la burocracia central. No es un tecnicismo: puede marcar la diferencia entre una respuesta rápida y eficaz o una reconstrucción lenta y fragmentada. El caso de Bahía Blanca en marzo de 2025 es ilustrativo. En 12 horas cayeron 290 mm de lluvia, más de la mitad del promedio anual. El temporal dejó 16 personas muertas, más de 1.500 evacuadas y daños millonarios. Fue un evento extremo potenciado por el cambio climático, agravado por la ausencia de infraestructura resiliente. La ayuda nacional llegó con un anuncio de 10.000 millones de pesos, mientras que la provincia estimó que se necesitarían más de 400 mil millones solo para la reconstrucción. La brecha entre las necesidades y la realidad es evidente. Estos fenómenos, que antes podían considerarse excepcionales, hoy forman parte de una tendencia global: el cambio climático está intensificando la frecuencia y magnitud de los impactos. Sin planificación urbana, alertas tempranas e inversión en resiliencia —apoyadas en financiamiento internacional accesible y adecuado— muchas ciudades argentinas serán cada vez más vulnerables. La combinación de crisis financiera, negacionismo político y falta de planificación deja al país rezagado en el debate técnico sobre financiamiento climático. Pero lo ocurrido en Bahía Blanca es un recordatorio contundente: los impactos ya están aquí, y abordarlos requiere visión regional, acceso directo a fondos y una voluntad política que priorice la adaptación tanto como la estabilidad macroeconómica. Hacia un Frente Ambiental Latinoamericano: la urgencia de la unidad y la soberanía climática Al finalizar el Congreso, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar,  lanzó y reforzó una propuesta clave: conformar un Frente Ambiental Latinoamericano que fortalezca la integración regional y construya un ambientalismo popular y soberano. Esta iniciativa representa un llamado a dejar atrás las fragmentaciones históricas y  articular una respuesta común ante los desafíos climáticos, económicos y sociales que atraviesan a la región. El llamado a conformar un Frente Ambiental Latinoamericano es también un llamado a transformar cómo se gestiona y accede al financiamiento climático en la región. La fragmentación política y la centralización dificultan que los recursos internacionales lleguen con rapidez y sin trabas burocráticas a las provincias, municipios y comunidades que más los necesitan. Solo una agenda común, construida desde la integración regional y la soberanía ambiental, puede garantizar que el financiamiento climático no sea una promesa vacía ni un instrumento que profundice las desigualdades. En ese marco, es fundamental que los recursos se canalicen bajo criterios de justicia, evitando generar más deuda y ampliando el espacio fiscal para que las políticas de adaptación y mitigación puedan implementarse con autonomía y efectividad. Así, la propuesta del Frente Ambiental no solo apunta a unir fuerzas políticas y sociales, sino a asegurar que la movilización de fondos internacionales se traduzca en acciones concretas y transformadoras, capaces de hacer frente a la crisis climática desde las realidades y necesidades propias de América Latina y el Caribe.

By: Dr Sandra Guzmán | Founder and General Director (GFLAC) You don't have to be a climate activist to know that the climate crisis is increasing financial pressure on many countries around the world, especially those in the so-called Global South, where not only are the most profound effects felt, but where populations are least equipped to deal with the impacts. The historical demand of developing countries, especially small islands and least developed countries, has been for accessible, new, and additional financing to address the challenges posed by climate change and other problems.   However, the growing call for more resources from developed countries has not been heeded. Although this development has been largely made possible by the extraction and exploitation of the resources, populations, and territories of the Global South to enrich their economies, technologies, and services, they have done so under an industrial model that has caused alterations in ecosystems and the emission of pollutants that cause not only climate change but also soil, air, and water pollution, not to mention the huge human rights violations that have resulted from these activities.   It is this legacy of pollution that is the basis for holding developed countries responsible for paying for what they have historically caused. They must pay those populations and territories that, far from contributing to these impacts, have been victims of the consequences. The demand is legitimate.   That is why the outcome of the 29th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Baku, Azerbaijan, caused so much anger. Because it resulted in an agreement to mobilize $300 billion for developing countries, replacing the $100 billion target agreed in 2009, i.e., tripling the original commitment over 15 years is both inadequate, and arguably, disrespectful.   It is true that European countries and others in the bloc of developed countries said they had no more public money to commit, but above all, they also referred to the fact that the environment and climate teams within developed countries that have been pushing for more resources have little or no capacity to act in the face of their countries' treasuries.   And so, developed countries came up with an agreement that was "unbelievable" in the eyes of those who see climate change as a daily reality in their territories, but it was "understandable" to those who see that politicians in the so-called first world are not aligned with climate action, much less with the idea of "helping" countries in the Global South, especially those whose emerging economies are transitioning to a model of high greenhouse gas emissions, as is the case of China.   Let's say it loud and clear: developed countries do not want to continue financing the development of countries such as China, which are now their commercial competitors. The underlying problem is that not all developing countries are China. In fact, there are only a handful of countries in the South that could be considered emerging economies today, with growing gross domestic product. However, it should be clarified that this does not mean per capita well-being, nor does it mean that these emerging countries have overcome all their development challenges, as their levels of poverty and unemployment remain high. That is why they are still emerging economies.  The Baku to Belém Roadmap to mobilize $1.3 trillion: the solution or the problem?  Faced with the terrible idea of leaving Baku with a target of $300 billion, some countries proposed a course of action that would mobilize another $1 trillion as a desirable goal, so that a more "fair" figure could be aspired to for the countries of the Global South. Some countries, including Colombia, under the leadership of former minister Susana Muhammad, promoted the creation of a Roadmap from Baku to Belém to plan the mobilization of $1.3 trillion. The proposal is that Brazil, as the incoming president of COP30, and Azerbaijan, as the president of COP29, should lead this process to determine how to mobilize this amount of resources.   The idea of coming up with $1.3 trillion instead of $300 billion was undoubtedly better. But the problem was not the amount, but how to define the type of resources that should be part of this route. Therefore, it was established that financing within this route should " increase financing for developing countries to support their emission reduction and climate-resilient development pathways and implement their Nationally Determined Contributions (NDCs) and National Adaptation Plans, including through grants, concessional and non-debt-creating instruments, and measures that expand fiscal space "...  (UNFCCC, NCQG Decision, 2024).    What the decision that paved the way tells us is that it is not a question of counting every cent that flows around the world in relation to climate change as part of the Roadmap, but rather those funds that meet the above-mentioned characteristics. This means that countries must be clearer about what counts and what does not. Above all, because we are talking about a variety of public and private accounts. But the key adjectives are: " donations, concessional and non-debt-creating instruments, and measures that expand fiscal space "...    In this context, the Roadmap is a highly desirable document for moving from action to implementation in the Global South, but the underlying question is: can Brazil and Azerbaijan build a roadmap that is capable of meeting the needs of developing countries and responding to the limited expectations that developed countries have of the Roadmap?   Let's start by saying that the Roadmap, given the way in which the decision that gives life to the process is worded, does not determine that it will be an element of negotiation. In other words, once constructed, there appears to be no provision requiring formal adoption by the countries. This reduces the political burden, but increases the uncertainty of what the document, report, or whatever deliverable is to be presented at COP30 may be.   The truth is that Brazil has started a consultation process to request inputs that can help design this roadmap. They began with a call for submissions from countries and non-governmental actors, receiving 191 inputs, but only 19 from countries. This was followed by informal meetings on the sidelines of other events, such as the World Bank meetings and others. However, it was in Bonn, Germany, at the 62nd session of the UNFCCC subsidiary bodies, that "formal" consultations were held to receive views from stakeholders.   However, there was limited time for consultations in Bonn. This and other factors have led to uncertainty about the process and the deliverable to be presented at COP30. Governments and organizations left Bonn with more questions than answers about the capacity of Brazil (and Azerbaijan) to lead a process that could be decisive for developing countries.   There is a perception that this Roadmap not only lacks a formal process, but there are also doubts about its content and whether it is truly implementable or just another diagnosis, with data already known from well-known agencies and organizations, whose recommendations have not changed the course of action.   But there are not only doubts about the content, but also about its implementation points. For example, to what extent will the Roadmap be able to distinguish between the 300 billion and 1 trillion targets, or to what extent will it be able to address real needs such as significantly increasing financing for adaptation, or even to what extent will it be able to strengthen a series of financing mechanisms that provide certainty and predictability, seeking clear participation between the public and private sectors? On this and other points, there are clear tensions that require special treatment.   For these reasons, it is difficult to determine today whether the Roadmap is a solution or an instrument that, due to its lack of clarity, is becoming a problem and a distraction. Brazil: From internal coordination to international mobilization    The high expectations generated by Brazil's arrival as president of COP30 are due to the country's well-known diplomatic skills in other forums, such as the G20, the BRICS group, and others. There is no doubt that Brazil could have the capacity to build a bridge between developed and developing countries. However, it is important that expectations are translated into national alignment that will enable them to achieve the global mobilization that is required.    On the Road from Baku to Belém, this coordination is key. On the one hand, because the process has been led by the Ministry of Finance, which is recognized for its management within the G20, a forum that is not quite similar to the discussions and aspirations of the UNFCCC. While the Ministry has demonstrated significant capacity for dialogue, its vision for the involvement of external actors such as the private sector in order to make the Roadmap implementable is important and pragmatic, but it ignores the reality and origin of the Roadmap, which is based on the understanding that this financing is intended to address the needs of developing countries, especially those that are most vulnerable, i.e., countries where the private sector has no interest or a predominant role.   That is why the UNFCCC has been the ideal forum for addressing these needs, and although it requires external action, the Roadmap cannot ignore what must happen within the Convention.   In this sense, the path requires two interactive processes, one that connects with the realities "outside," such as international financial institutions, other United Nations processes such as the development financing conversation itself, the fiscal convention, the possible debt convention, and others; but it also requires a clear connection and interaction with processes within the Convention, such as the global adaptation goal, long-term financing, the Standing Committee on Finance, the Global Stocktake, climate funds, and others that are part of the official process and require clear alignment so that the money mobilized within this new climate finance goal truly has an impact and is effectively accountable.  In other words, the Ministry of Finance should focus its efforts not only on the quantity but, even more importantly, on the quality of financing. Let us remember that the key points are: " grants, concessional and non-debt-creating instruments, and measures that expand fiscal space ".   In this constructive spirit, the Brazilian Ministry of Finance has created a Circle of Finance Ministers to draft a document setting out proposals, the first of which was presented in Seville, Spain, at the Financing for Development Conference, during a closed doors event.   So far, five priorities have been identified for this document: 1) Concessional financing and optimization of climate funds; 2) Reform of multilateral development banks to scale up sustainable financing; 3) Boosting domestic capacities and voluntary national platforms for climate investments; 4) Developing innovative financial instruments to mobilize private capital; and Strengthening regulatory approaches to climate finance.   However, in recent consultations with civil society, it has been clarified that this document (which is not public and to which only some participating countries have had access) is not the Roadmap from Baku to Belém and is only a contribution. In other words, if the work promoted by the Ministry of Finance is not the Roadmap, the question is: what is the Roadmap and who is drafting it?   We are just a few months away from the COP, and the lack of clarity about the Roadmap is causing disappointment and frustration, because even if the Roadmap is a "non-negotiable" element, it is essential to determine what it is, what it contains, and above all, to guarantee a transparent space and process. Otherwise, there is a risk that whatever is presented will be born and die at the COP itself. What does the success of the Roadmap depend on? Given this level of uncertainty, there are some key points that can help to amend the path and move forward:   ·      Clarity in the process: the Roadmap represents a strategic opportunity to guide the mobilization of resources towards meeting the needs of developing countries, including immediate and medium-term needs. This means that it is crucial to have a clear plan for reaching $300 billion and a plan for reaching $1.3 trillion. However, its non-negotiable nature and the lack of transparency in the process limit the possibility of substantive interaction that would allow for its adoption and implementation to be visualized. There have been rumors that there will be a draft roadmap by September and perhaps a final draft in October, for official presentation during COP30. In this context, it is essential that the presidencies of Azerbaijan and Brazil provide clarity on the process, as well as on how the various inputs will be processed and incorporated into the Roadmap. Clarity of objectives : in the absence of an initial draft, it is unclear how the Roadmap will be consistent with the provisions of the Paris Agreement. In particular, it should clearly state its objective within the framework of Article 9, emphasizing how it will comply with the aspects included in Article 9.1 and others. This will be key to providing certainty about what type of resources will be integrated and accounted for, where the definition of what will come from developed countries as part of their commitments is at the center of the discussions. Adaptation at the center: The Roadmap must incorporate adaptation as a priority, ensuring that all, or at least most, of the $300 billion per year is allocated to this purpose. It is important that these resources come mainly from public sources, in the form of grants and other non-debt instruments, as established in the decision. The Brazilian government and the parties must consider that there is no other space in the negotiations where the issue of financing for adaptation will take center stage. If this Roadmap does not put adaptation at the center, it will be a failed effort by the presidencies and the climate system as a whole, because it is in adaptation that the needs of developing countries. Clarity of sources: One of the main limitations of the new collective and quantifiable financing goal has been the lack of definition of the proportion of resources from public versus private sources, especially those that will come from developed countries. The ministers' circle includes issues such as innovation for mobilizing private capital, but this distinction needs to be addressed more precisely and strategically integrated into the Roadmap in order to provide certainty to developing countries and ensure transparency in the monitoring of financial commitments. This has a key bearing on the type of measures to be addressed. In other words, adaptation cannot depend on private resources, and if this is not recognized in the Roadmap, there is a risk of replicating and perpetuating past problems and delaying adaptation processes, which will generate more losses and damage and, with them, more costs. Clarity of instruments : in this regard, it is crucial to clearly establish what types of instruments will be considered in the Roadmap. Similarly, the circle of ministers refers to concessional resources, the role of multilateral development banks, and others, but does not make clear how this feeds into the Roadmap and its objectives. The quality of financing must comply with the provisions of the NCQG decision, which promotes non-debt-generating resources that expand the fiscal capacity of developing countries. Therefore, greater precision is required regarding the debt-free financial instruments that will be considered, in contrast to those that could be leveraged through other mechanisms. The call to Brazil and the rest of the world is to be cautious and avoid counting all possible resources, as the Roadmap is not about the quantity of resources. For that, we have Article 2.1.c, which calls for all flows to be compatible with low-carbon development. This Roadmap is to ensure quality financing for developing countries.   The Brazilian Presidency must be able to understand the gaps and mistakes that have been made in the past, in order to integrate this learning into the Roadmap and thus avoid dragging along the problems we already know about and which we know have prevented progress in the adequate provision and mobilization of financing for developing countries. And we must not forget that the Roadmap must consider aspects to be worked on within the Convention, while continuing to send clear messages to processes outside it, such as the reform of the international financial system, the Fiscal Convention, and other forums. This coordination is key to ensuring a significant impact on the global financial ecosystem as a whole.   We ask the Brazilian presidency for transparency, and we ask the rest of the world for consistency. We cannot allow 2025 to be another lost year for the climate. We can no longer afford that luxury. Allowing the Roadmap to be born and die at the COP is negligence towards present and future generations.

Por: Dra. Sandra Guzmán | Fundadora y Directora General (GFLAC) No hay que ser un activista climático para saber que la crisis climática está incrementando la presión financiera de muchos países en el mundo, especialmente de aquellos del denominado Sur Global, donde no solo se dan las afectaciones más profundas, sino también es donde las poblaciones están menos equipadas para atender los impactos. La demanda histórica de los países en desarrollo, sobre todo de las islas y de los países menos desarrollados, ha sido que necesitan financiamiento accesible, nuevo y adicional a la ayuda al desarrollo para hacer frente a los retos que el cambio climático y otros problemas traen consigo.  No obstante, el llamado creciente de contar con más recursos por parte de los países desarrollados no ha hecho eco. Pese a que dicho desarrollo ha sido en buena medida posible gracias a la extracción y usufructo de los recursos, poblaciones y territorios del Sur Global, para enriquecer sus economías, tecnologías y servicios, esto lo han hecho bajo un modelo industrial que ha causado alteraciones en los ecosistemas y la emisión de contaminantes, responsables no solo del cambio climático, sino también de la contaminación del suelo, el aire y el agua; sin dejar de mencionar las graves violaciones a los derechos humanos derivadas de estas actividades.  Es este legado de contaminación el argumento base que hace a los países desarrollados responsables de pagar por lo causado históricamente. En especial, deben pagar a aquellas poblaciones y territorios que, lejos de contribuir con estas afectaciones, han sido víctimas de las consecuencias. La demanda es legítima.  Por ello, el resultado de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en su edición número 29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, causó tanto enojo. Ya que concluyó con un acuerdo para movilizar 300 mil millones de dólares a países en desarrollo, sustituyendo la meta de 100 mil millones acordada en 2009. Triplicar una meta en 15 años resulta, a todas luces, insuficiente y hasta insultante.  Es verdad que los países europeos y otros del bloque de los países desarrollados señalaron no tener más dinero público para comprometerse, pero, sobre todo, hacían referencia a que los equipos de ambiente y clima dentro de los países desarrollados que han estado impulsando por más recursos, tienen poca o nula capacidad de acción frente al fisco de sus países.  Y así, los países desarrollados salieron con un acuerdo que era “poco creíble” ante los ojos de quienes ven en el cambio climático una realidad cotidiana en sus territorios, pero resultaba “entendible” para quienes ven que los políticos del denominado primer mundo no están alineados con la acción climática, y mucho menos con la idea de “ayudar” al Sur Global —y aún menos a aquellas economías emergentes que están transitando hacia modelos de altas emisiones, como China.  Digámoslo alto y claro: los países desarrollados no quieren seguir financiando el desarrollo de países como China, que hoy son sus competidores comerciales. El problema de fondo es que no todos los países en desarrollo son China; de hecho, solo un puñado de países del Sur podría considerarse hoy una economía emergente con un Producto Interno Bruto creciente. Sin embargo, es importante aclarar que esto no implica bienestar per cápita, ni significa que estos países hayan resuelto todos sus retos de desarrollo; sus niveles de pobreza y desempleo siguen siendo altos. Por ello, siguen siendo economías emergentes.  La Ruta de Bakú a Belém para movilizar 1.3 billones de dólares: ¿la solución o el problema?      Ante la terrible idea de salir de Bakú con una meta de 300 mil millones de dólares, algunos países propusieron una ruta de acción que permitiera movilizar un billón, como meta deseable, de tal manera que se pudiera aspirar a un número más “justo” para los países del Sur Global. Algunos países, entre ellos Colombia, bajo el liderazgo de la exministra Susana Muhammad, impulsaron la creación de una Ruta de Bakú a Belém para planear la movilización de 1.3 billones de dólares. La propuesta es que Brasil, como presidente entrante de la COP30, y Azerbaiyán, como presidente de la COP29, sean quienes lideren este proceso para determinar cómo movilizar esta cantidad de recursos.  La idea de salir con 1.3 billones, en lugar de 300 mil millones, era sin duda mejor. Pero el problema no estaba en la cantidad, sino en cómo definir el tipo de recursos que debían ser parte de esta ruta. Por eso, se estableció que el financiamiento dentro de esta ruta debería “incrementar el financiamiento para países en desarrollo, para apoyar sus rutas de reducción de emisiones y de desarrollo resiliente al clima, e implementar sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) y sus Planes Nacionales de Adaptación, incluyendo a través de donaciones, instrumentos concesionales y no generadores de deuda, y medidas que amplíen el espacio fiscal”. (Decisión del NCQG, COP29, 2024).  Lo que nos dice la decisión que dio pie a la ruta es que no se trata de contabilizar cada centavo que fluye por el mundo en materia de cambio climático como parte de la ruta, sino solo aquel que cumpla con las características antes señaladas. Esto significa que los países deben ponerse más claros sobre qué sí y qué no cuenta. Sobre todo, porque se habla de una diversidad de fuentes, públicas y privadas. Pero los adjetivos clave son: “donaciones, instrumentos concesionales y no generadores de deuda, y medidas que amplíen el espacio fiscal” …    En este contexto, la Ruta es un documento altamente deseable para pasar de la acción a la implementación en el Sur Global, pero la pregunta de fondo es: ¿pueden Brasil y Azerbaiyán construir una ruta que sea capaz de atender las necesidades de los países en desarrollo, y responder a las limitadas expectativas que tienen los países desarrollados de la ruta?  Empecemos por decir que, dado la forma en que está redactada la decisión que le da vida al proceso, no se determina que será un elemento de negociación. Es decir, una vez construida, no parece haber un elemento que obligue a que sea adoptada por los países. Esto reduce la carga política, pero incrementa la incertidumbre sobre lo que puede ser el documento, reporte o cualquier otro tipo de entregable que se presente en la COP30.  Lo cierto es que Brasil ha arrancado un proceso de consulta para pedir insumos que puedan ayudar a diseñar esta ruta. Comenzaron con un llamado para hacer “ submissions ” por parte de países parte y actores no gubernamentales, recibiendo 191 insumos, pero solo 19 de países parte. Luego continuaron con reuniones informales al margen de otros eventos, como las reuniones del Banco Mundial, entre otros. Pero fue en Bonn, Alemania, en la sesión número 62 de los cuerpos subsidiarios de la CMNUCC, que se llevaron a cabo consultas “formales” para recibir visiones por parte de los actores interesados.  No obstante, en Bonn hubo tiempo limitado para hacer consultas. Esto, junto con otros factores, ha generado un entorno de incertidumbre sobre el proceso y el “entregable” a presentar en la COP30. Gobiernos y organizaciones regresaron de Bonn con más dudas que respuestas sobre la capacidad de Brasil (y de Azerbaiyán) para liderar un proceso que puede ser determinante para los países en desarrollo.  Existe la percepción de que esta Ruta no solo carece de un proceso formal, sino que también genera dudas sobre su contenido y sobre si realmente será una ruta implementable, y no solo un diagnóstico más, con datos ya conocidos, de organismos y organizaciones ya conocidas, cuyas recomendaciones no han cambiado el rumbo de la acción.  Pero no solo son las dudas sobre el contenido, sino sobre sus puntos de implementación. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la Ruta será capaz de distinguir entre la meta de los 300 mil millones y el 1 billón, o hasta qué punto podrá atender las necesidades reales como incrementar el financiamiento para la adaptación de manera significativa, o incluso hasta qué punto podrá fortalecer una serie de mecanismos de financiamiento que den certeza y predictibilidad, buscando una clara participación entre lo público y lo privado?  En este y otros puntos, hay claras tensiones que requieren un tratamiento especial. Por lo anterior, hoy es difícil determinar si la Ruta es una solución o si es un instrumento que, por su falta de claridad, se está volviendo un problema y una distracción.  Brasil: De la coordinación interna a la movilización internacional       Las altas expectativas generadas ante la llegada de Brasil como presidencia de la COP30 responden a su reconocida capacidad diplomática, demostrada en espacios como el G20, el grupo BRICS y otros foros multilaterales. No cabe duda de que Brasil podría tener la capacidad de construir un puente entre países desarrollados y países en desarrollo. No obstante, es fundamental que estas expectativas se traduzcan en una alineación nacional que permita alcanzar la movilización global que se requiere.  En la Ruta de Bakú a Belém, esta coordinación es clave. Por un lado, porque quien ha venido liderando el proceso es el Ministerio de Finanzas, reconocido por su gestión en el marco del G20, un espacio que dista mucho de las conversaciones y aspiraciones propias de la CMNUCC. Si bien el Ministerio ha mostrado una importante capacidad de interlocución, su visión sobre el involucramiento de actores externos, como el sector privado, para que la Ruta sea implementable, resulta importante y pragmática, pero deja de lado la realidad y el origen de la Ruta: un proceso orientado a atender las necesidades de los países en desarrollo, especialmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, donde el sector privado no suele tener interés ni un rol predominante.  Por ello, el espacio por excelencia para atender dichas necesidades ha sido la CMNUCC. Aunque esta requiere de la acción externa, la Ruta no puede obviar lo que debe suceder dentro del marco de la Convención.  En este sentido, la Ruta requiere de dos procesos interactivos: uno que conecte con las realidades “externas”, como las instituciones financieras internacionales, otros procesos de Naciones Unidas (como la conversación sobre financiamiento para el desarrollo, la convención fiscal, la posible convención sobre deuda, entre otros); y otro que mantenga una conexión clara con los procesos internos de la CMNUCC, como la Meta Global de Adaptación, el financiamiento a largo plazo, el Comité Permanente de Financiamiento, el Balance Global, los fondos climáticos y demás mecanismos oficiales que requieren una alineación precisa para que los recursos movilizados bajo esta nueva meta de financiamiento climático realmente tengan impacto y sean contabilizados de forma eficaz.  Es decir, el Ministerio de Finanzas debe enfocar sus esfuerzos no solo en la cantidad, sino y aún más importante, en la calidad del financiamiento. Recordemos que los puntos clave son: “ donaciones, instrumentos concesionales y no generadores de deuda, y medidas que amplíen el espacio fiscal ”…    Ahora bien, en este ánimo constructivo, el Ministerio de Finanzas de Brasil ha creado un círculo de ministros de Finanzas para construir un documento con propuestas. El primer borrador fue presentado en Sevilla, España, en el marco de la Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo, durante un evento cerrado. Sin embargo, en recientes consultas con la sociedad civil se ha aclarado que dicho documento (que no es público y al que solo algunos países parte han tenido acceso)  no es  la Ruta de Bakú a Belém, sino únicamente un insumo. Es decir, si el trabajo que ha venido impulsando el Ministerio de Finanzas no constituye la Ruta, la pregunta es: ¿qué entidad la está elaborando y bajo qué proceso?  Hasta el momento se ha indicado que hay cinco prioridades de este documento: 1) Financiamiento concesional y optimización de fondos climáticos; 2) Reforma de los Bancos Multilaterales de Desarrollo para escalar el financiamiento sostenible; 3) Impulsar capacidades domésticas y plataformas nacionales  voluntarias para inversiones climáticas; 4) Desarrollo de instrumentos financieros innovadores para movilización de capital privado; y Fortalecimiento de enfoques regulatorios para financiamiento climático. Sin embargo, en recientes consultas con sociedad civil, se ha clarificado que este documento (que no es público y al que solo algunos países parte han accedido) no es la Ruta de Bakú a Belém y que solo es un insumo. Es decir, si el trabajo que ha venido impulsando el Ministerio de Finanzas no es la Ruta, la pregunta es ¿qué y quién está elaborando la Ruta? Estamos a escasos meses de la COP y la falta de claridad sobre la Ruta, genera una decepción y una frustración, pues aún cuando la ruta sea un elemento “no negociable”, es fundamental determinar que es, que contiene y sobre todo se debe garantizar un espacio y un proceso transparente. De lo contrario, se corre el riesgo de que lo que se presente, nazca y muera en la propia COP. ¿De qué depende el éxito de la Ruta? Ante este nivel de incertidumbre, existen algunos puntos que son clave para enmendar el camino y que pueden ayudar a avanzar:   ·      Claridad en el proceso: la Hoja de Ruta representa una oportunidad estratégica para orientar la movilización de recursos hacia la atención de las necesidades de los países en desarrollo, incluyendo las necesidades inmediatas y las de mediano plazo. Esto quiere decir, que es crucial tener claro el plan para alcanzar los 300 mil millones y el plan para alcanzar el 1.3 billones.  Sin embargo, su carácter no negociable y la falta de transparencia en el proceso limitan la posibilidad de una interacción sustantiva, que permita visualizar su adopción e implementación.  Se han generado rumores de que habrá un borrador de la ruta hacia el mes de septiembre y quizá un borrador final en octubre, para su presentación oficial durante la COP30. En este contexto, es fundamental que las presidencias de Azerbaiyán y Brasil proporcionen claridad sobre el proceso, así como sobre la manera en que los distintos insumos serán procesados e incorporados en la Hoja de Ruta. Claridad de los objetivos : a falta de un borrador inicial no queda claro como la Ruta será coherente con las provisiones del Acuerdo de París. En particular, debe explicitar con claridad su objetivo dentro del marco del Artículo 9, haciendo énfasis sobre como dará cumplimiento a los aspectos integrados en artículo 9.1 y otros.  Esto será clave para dar certeza sobre qué tipo de recursos serán integrados y contabilizados, en donde la definición de lo que vendrá de países desarrollados como parte de sus compromisos es el centro de las conversaciones. Adaptación en el centro: la Hoja de Ruta debe incorporar a la adaptación como un eje prioritario, asegurando que la totalidad, o al menos la mayor parte, de los 300 mil millones de dólares anuales se destinen a este fin. Es importante que estos recursos provengan principalmente de fuentes públicas, en forma de donaciones y otros instrumentos no generadores de deuda, tal y como lo establece la decisión. El gobierno de Brasil y las partes deben tomar en cuenta que no hay otro espacio en la negociación en donde el tema de financiamiento para la adaptación tomará lugar de manera central. Si esta Ruta no pone la adaptación al centro, será un esfuerzo fallido de las presidencias y del sistema climático en su totalidad, pues es en la adaptación en donde están las necesidades de los países en desarrollo.  Claridad de las fuentes: una de las principales limitaciones de la nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento ha sido la falta de definición sobre la proporción de recursos provenientes de fuentes públicas frente a fuentes privadas, en especial aquellos que vendrán de países desarrollados. En el círculo de ministros se incluyen temas como innovación para movilización de capital privado, pero esta distinción debe abordarse con mayor precisión e integrarse estratégicamente en la Hoja de Ruta, con el fin de brindar certidumbre a los países en desarrollo y garantizar transparencia en el seguimiento de los compromisos financieros. Esto tiene una relación clave con el tipo de medidas a ser abordadas. Es decir, la adaptación no podrá depender de recursos privados, y si esto no es reconocido en la Ruta se correrá el riesgo de replicar y de arrastrar problemas del pasado y de retrasar procesos adaptativos que generarán más pérdidas y daños y con ellos más costos. Claridad de los instrumentos : en este sentido, es crucial establecer con claridad qué tipos de instrumentos serán considerados en la Hoja de Ruta. De igual manera el círculo de ministros habla de recursos concesionales, el rol de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, y otros, pero no deja claro como esto alimenta a la Ruta y sus objetivos.  La calidad del financiamiento debe atender lo establecido en la decisión del NCQG, que promueve recursos no generadores de deuda y que amplíen le capacidad fiscal de los países en desarrollo. Por lo tanto, se requiere mayor precisión respecto a los instrumentos financieros libres de deuda que serán contemplados, en contraste con aquellos que podrían ser apalancados mediante otros mecanismos. El llamado a Brasil y al resto del mundo, es a ser precavidos y evitar contabilizar todos los recursos posibles, pues la Ruta no es un tema de cantidad de recursos. Para eso tenemos el artículo 2.1.c que si llama a hacer todos los flujos compatibles con el desarrollo bajo en carbono. Esta Ruta es para asegurar un financiamiento de calidad para los países en desarrollo.   La Presidencia de Brasil debe ser capaz de entender las brechas y errores que se han cometido en el pasado, para integrar este aprendizaje en la Ruta y evitar así arrastrar los problemas que ya conocemos y que sabemos han evitado avanzar en la adecuada provisión y movilización del financiamiento para países en desarrollo. Y no olvidar que la Ruta debe considerar aspectos para trabajar dentro de la Convención, sin dejar de mandar mensajes claros a proceso fuera de ésta, tales como la reforma del sistema financiero internacional, la Convención Fiscal y otros foros. Esta articulación resulta clave para asegurar un impacto significativo en el conjunto del ecosistema financiero global. A la presidencia de Brasil, les pedimos transparencia, y al resto del mundo, les pedimos coherencia. No podemos permitir que 2025, sea otro año perdido para el clima. Ya no podemos darnos ese lujo. Dejar que la Ruta nazca y muera en la COP, es negligencia, con las presentes y con las futuras generales.

Por: Dr. Sandra Guzmán, Directora General; Isabel González, Asociada en Financiamiento climático para Colombia y Marisol Marín, Asociada Senior en Comunicación Estratégica Internacional, GFLAC  Sevilla, España, será la sede de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4). Del 30 de junio al 3 de julio, el mundo se reunirá para discutir la visión del financiamiento que se espera dé forma a la agenda en los próximos diez años. Esta es la cuarta conferencia de su tipo, y si bien se lleva a cabo en un contexto de alta incertidumbre política, económico y de seguridad, será un espacio para redefinir el futuro de la cooperación para el desarrollo.     Algunos retos como la reciente salida de Estados Unidos del proceso, la reducción del financiamiento para el desarrollo, un contexto de guerra y conflicto, son algunos de los problemas que estamos viviendo en el contexto internacional. Pese a ello, se espera que el documento acordado ( Compromiso de Sevilla ) por los países sea adoptado en Sevilla para arrancar una nueva era de colaboración.     Los temas centrales que se integran en el documento elaborado por los co-facilitadores (México, Nepal,  Noruega y Zambia) son:  Movilización de recursos públicos  n acionales para el desarrollo sostenible  Inversión del sector privado  en el crecimiento, la transición digital y la creación de empleo  Cooperación internacional para el desarrollo ,  cooperación triangular y rol de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD)  Deuda, sostenibilidad de la deuda  y marcos de endeudamiento/préstamo responsable  Comercio internacional  como motor del crecimiento inclusivo y la erradicación de la pobreza  Reforma de la arquitectura financiera internacional,  con mayor representación de los países en desarrollo  Ciencia, tecnología, innovación  y fortalecimiento de capacidades  Datos, monitoreo y seguimiento  para una toma de decisiones informada    Los temas integrados en este nuevo documento marcan un antes y un después en la agenda de financiamiento para el desarrollo, pues se reconocer que la cooperación bilateral no será suficiente para transformar, y que reformas más estructurales son necesarias. Sin embargo, el llamado a reformas profundas no debe desdibujar el hecho de que, sin el financiamiento público de países desarrollados a países en desarrollo, no será posible que éstos últimos avancen en sus transiciones.     Uno de los temas de mayor contención en este sentido, fue precisamente la relación entre financiamiento para el desarrollo y financiamiento climático. Entre otras cosas, porque países en desarrollo han señalado que buena parte del financiamiento climático por parte de los países desarrollados, ha sido una desviación del financiamiento para el desarrollo, es decir, que no ha sido nuevo y adicional, dejando descubiertas agendas como el de la reducción de la pobreza.    No obstante, y después de meses de discusión el documento acordado, incluye aspectos importantes sobre financiamiento climático. En este sentido, el texto:   Reconoce   importancia de los fondos climáticos y ambientales ,  y se propone mejorar su alineación con las necesidades y prioridades nacionales, así como promover la complementariedad y coherencia entre ellos. También se propone simplificar el acceso para los países en desarrollo y   fortalecer la cooperación con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y las instituciones nacionales de desarrollo .    Hace un llamado a  proveer y movilizar recursos financieros incrementales para los países en desarrollo , en línea con los objetivos y compromisos respectivos en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París . Esto incluye, pero no se limita, a las decisiones sobre la Nueva Meta Colectiva y Cuantificable en materia de financiamiento climático acordada en Bakú, el Fondo para Pérdidas y Daños, el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde para el Clima y el Fondo Especial para el Cambio Climático;  Respalda la implementación de las   Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y los Planes Nacionales de Adaptación (NAP) .;  Espera con interés el lanzamiento de la  Hoja de Ruta de Bakú a Belém ,  que hace un llamado a todos los actores a escalar los fondos públicos y privados hasta alcanzar al menos USD 1,3 billones anuales para 2035  Subraya la importancia de la  transparencia   en la presentación de informes sobre financiamiento climático.    Por su parte, el documento integra también aspectos de biodiversidad, reconociendo que la agenda de desarrollo se verá afectada no solo por el cambio climático, sino por la devastación ambiental, incluyendo la pérdida de biodiversidad.  Al respecto el documento:     Insta a una  implementación rápida, plena y efectiva  del  Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal,   en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y subraya la urgencia de aumentar los recursos financieros provenientes de todas las fuentes.  Reconoce el  establecimiento y la puesta en marcha del Fondo del Marco Mundial de Biodiversidad, así como el lanzamiento del Fondo de Cali   para la Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios derivados del uso de Información de Secuencia Digital de Recursos Genéticos (DSI).  Expresa su expectativa respecto al establecimiento, hacia 2030, del   mecanismo financiero permanente previsto en el Artículo 21 del Convenio sobre la Diversidad Biológica , como parte del esfuerzo por cerrar la brecha global de financiamiento para la biodiversidad.    En general, es positivo que el documento reconoce la implementación   plena del Acuerdo de París y del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming–Montreal   e incluye llamados a  reformas en la arquitectura financiera internaciona l , incluyendo los sistemas monetarios y financieros. Sin embargo, hay aspectos ausentes y/o debilitados:    Nulo compromiso para eliminar subsidios e inversiones en combustibles fósiles:  Pese a largas conversaciones sobre la importancia de la eliminación de los subsidio e inversiones dañinas para el ambiente, como las relacionadas con los combustibles fósiles, el documento acordado no incluyó la importancia de promover dicha eliminación, perpetuando así que las finanzas públicas y privadas del mundo, sigan dependiendo de recursos finitos que han causado grandes problemas ambientales y sociales en el mundo.     Incapacidad de garantizar la adicionalidad del financiamiento climático más allá de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD):  Tras años de demandas por parte de los países en desarrollo para asegurar que el financiamiento climático y el destinado a la protección de la biodiversidad sea nuevo y adicional con respecto al asignado para el desarrollo, el documento acordado, no permita enfatizar esta importante necesidad de que el financiamiento debe ser incrementado para atender las diversas crisis. Si bien el clima, la naturaleza y el desarrollo, son parte de una misma dimensión para asegurar el bienestar de la población, traen consigo diversas demandas que necesitan más recursos nuevos, adicionales e incrementales.    Ausencia de una mención más directa y firme del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas:  Algunos países destacaron que el documento no refleja adecuadamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en particular en lo que respecta a la financiación climática. Las referencias a las medidas climáticas deben garantizar una aplicación justa y diferenciada. Países en desarrollo hicieron hincapié en que los compromisos financieros relacionados con el cambio climático deben tener en cuenta las responsabilidades históricas diferenciadas y las diversas capacidades de los países.    Conexión con metas de financiamiento más amplias como el artículo 2.1.c. del Acuerdo de París:  Algunos países subrayaron que los Principios de Río deben considerarse en su conjunto y lamentaron la supresión del lenguaje sobre la financiación climática del texto final, rechazando el bajo nivel de ambición en materia de financiación climática, especialmente teniendo en cuenta los compromisos existentes en el marco de la CMNUCC y el Acuerdo de París. Asimismo, se destacó la preocupación de que los países en desarrollo tuvieran que conformarse con lo mínimo en materia de financiación climática, especialmente los países vulnerables. El Grupo de Países de Renta Media (PRM) también instó a seguir avanzando en la reforma del FMI y el Banco Mundial, y señaló que habría sido beneficioso incluir el riesgo climático en el texto.   Llamado firme a reformar la arquitectura financiera internacional:   muchos países pidieron profundas reformas estructurales del sistema financiero mundial para que sea más inclusivo, transparente y receptivo a las necesidades de los países en desarrollo. Esto incluye una representación más equitativa de los países en desarrollo en los procesos de toma de decisiones y un llamamiento a ir más allá del PIB como única medida del desarrollo, reconociendo las vulnerabilidades multidimensionales.  No obstante, algunas partes “países desarollados”, han señalado que las Naciones Unidas no son el espacio para mandatar a las instituciones financieras internacionales. Mayor atención a la sostenibilidad de la deuda y a una arquitectura de la deuda más justa :  muchos países pidieron mecanismos más eficaces y justos para reestructurar la deuda soberana, especialmente para las naciones vulnerables. Las propuestas incluían una mayor transparencia en la gestión de la deuda y una mejor coordinación entre las iniciativas existentes para evitar la fragmentación. Algunos países acogieron con satisfacción los avances en la vinculación de la deuda, el clima y la naturaleza en el texto, en particular la creación de un mecanismo para apoyar los canjes de deuda por naturaleza, aunque se señala que estos mecanismos no serán sostenibles, ni la única solución, si el sistema financiero no se reforma en su conjunto.     Necesidad de una mayor movilización de los recursos internos y de un mayor espacio fiscal : se destacó que la movilización de los recursos internos era esencial para la sostenibilidad a largo plazo. Diversos países desarrollados pidieron medidas más enérgicas para combatir los flujos financieros ilícitos, mientras que países en desarrollo hablaron de generar mejores políticas fiscales que apoyen el desarrollo sostenible y amplíen el espacio fiscal.    Mayor inclusión de la igualdad de género en el texto:   Diverso países lamentaron que el lenguaje relacionado con el género no fuera más ambicioso o explícito de manera más transversal a lo largo del documento. Mientras que países como Estados Unidos y Argentina, se opusieron a su consideración como eje central en las conversaciones.     Evitar la duplicación y garantizar la coherencia en los flujos de financiamiento:  muchos países hicieron hincapié en la necesidad de que la financiación para el desarrollo sea pragmática y complementaria a los mecanismos existentes. Los países advirtieron que la creación de nuevos procesos, diálogos o mandatos podría dar lugar a ineficiencias, fragmentación institucional o incluso conflictos con los compromisos internacionales existentes.    Conclusiones     Sevilla y lo que suceda después será clave para redefinir la arquitectura de la cooperación para el desarrollo, considerando los cambios políticos, económicos y de seguridad que enfrenta el mundo. Ante esto, hay una necesidad de optimizar y maximizar  esfuerzos generando las conexiones correctas, entre las agendas de clima, naturaleza y desarrollo, sin dejar de insistir en que atenderlas requiere más y mejores recursos financieros. En este sentido, el llamado político y social es a seguir fortaleciendo las sinergias, fortaleciendo las estructuras que funcionan y llamando a reformas profundas de aquellas instituciones y mecanismos que no han logrado responder a los retos del presente siglo, como los Bancos Multilaterales de Desarrollo, y los esquemas fiscales actuales     El Documento acordado ofrece puntos de partida, pero   aún no alcanza el nivel de ambición necesario.   Debemos seguir   desafiando la inercia institucional   y presionando por un sistema financiero que esté al  s ervicio de las personas, la naturaleza y el planeta.   El multilateralismo y la acción colectiva siguen siendo fundamentales   — la sociedad civil cumple un rol vital al visibilizar las inequidades y exigir rendición de cuentas a todos los actores.    Por último, la mayoría de los países coincidieron en que el multilateralismo y las acciones colectivas son la única vía viable para abordar los retos globales interconectados y que la sociedad civil debe seguir siendo una fuerza motriz para desafiar la inacción, denunciar las desigualdades e impulsar un sistema financiero que sirva a las personas, la naturaleza y el planeta. No se trata solo de un debate político, sino de un llamamiento a la acción. La transformación sistémica es una necesidad urgente tanto para las personas como para el planeta.       Dr. Sandra Guzmán, Directora General, GFLAC   Isabel González, Asociada en Financiamiento climático para Colombia, GFLAC   Marisol Marín, Asociada Senior en Comunicación Estratégica Internacional, GFLAC   Alejandra Pérez, Asociada en diseño creativo, GFLAC

Por: Sandra Guzmán, Directora General de GFLAC, Janeth Ugalde, Asociada en Finanzas para la Transición Energética Justa, GFLAC y Dana Oyarzaba, Pasante en Diplomacia Climática, GFLAC. La Hoja de Ruta Bakú–Belém para movilizar 1.3 billones de dólares es uno de los acuerdos para poner en operación el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificable (NCQG) de financiamiento climático acordado en la COP 29.  A diferencia de compromisos previos centrados en metas cuantitativas, como el objetivo de transferir  100 mil millones de dólares anuales de países desarrollados a países en desarrollo, el NCQG busca establecer un marco funcional que no sólo determine cuánto financiamiento debe movilizarse, sino también cómo se moviliza, desde qué fuentes, hacia qué prioridades, y bajo qué marcos de seguimiento y gobernanza, es decir, no solo se fija en la cantidad, sino también en la calidad del financiamiento.  Desde distintos sectores de la sociedad, incluyendo actores gubernamentales y no gubernamentales, se ha identificado que el desafío central no es únicamente lograr un nuevo compromiso financiero multilateral, sino asegurar que éste se construya sobre condiciones estructurales que corrijan las fallas históricas del sistema financiero. Las deficiencias en transparencia, acceso, rendición de cuentas y alineación con las necesidades reales del Sur Global han sido ampliamente expuestas, y constituyen el punto de partida para demandar que la Hoja de Ruta no sea un simple instrumento de orientación política, sino un acuerdo que traiga consigo compromisos y acciones desde diversas entidades del sector financiero.  De acuerdo a visiones vertidas en el evento “Hoja de Ruta Bakú–Belém: Perspectivas desde la sociedad civil” , organizado por la Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible (REDFIS), existen todavía diversas percepciones de lo que debe ser la ruta, pero un acuerdo clave es que debe ser transparente y operativa. Principales riesgos Se considera que uno de los principales riesgos es que el proceso para el diseño de la Ruta quede reducido a una meta numérica sin mecanismos de implementación efectivos. Si bien el diseño de esta Ruta ya parte de un contexto poco claro, dada la falta de acuerdos sobre la definición de lo que es el financiamiento climático, que no permite distinguir recursos nuevos y adicionales, es importante que “no se limite a un número, sino a un plan de acción, con hitos, y objetivos claros”, como lo señala Sandra Guzmán del GFLAC .  Otro riesgo latente y que se basa en la visión sobre el rol que puede o debe jugar el sector privado, es que hay países y organismos que consideran que es el sector privado el que jugará el mayor rol en la movilización de recursos. Sin embargo, no es claro quien representa a este sector privado y hasta qué punto realmente participará de esta movilización, sobre todo cuando se trata de recursos destinados a la adaptación, como una de las grandes necesidades de los países en desarrollo.  En este sentido, mientras que algunos países promueven la participación amplia del sector privado, otros  cuestionan su efectividad para atender necesidades estructurales en regiones altamente vulnerables. Eleonora Cogo de ECCO Climate , señaló que el sector privado tendrá un rol, pero que es importante establecer criterios de elegibilidad para asegurar que las inversiones sean efectivas. De lo contrario, el riesgo es que los flujos prioricen sectores rentables y dejen fuera áreas críticas como la adaptación comunitaria, la resiliencia territorial o la acción climática liderada por mujeres. En este sentido, un riesgo evidente es que la decisión alcanzada en la COP 29, no corrigió la falta de definición de compromisos pasados, como los 100 mil millones de dólares . Pues la demanda de los países en desarrollo, en particular, de los países africanos, era que los 1.3 billones de dólares , fueran de carácter público, es decir, proveniente de países desarrollados. Sin embargo, la decisión habla de que estos 1.3 billones integrarán todas las fuentes, públicas y privadas, lo que limita la transparencia como lo señaló Iskander Erzini Vernoit, de Imal Initiative for Climate & Development, quien alertó que un riesgo es que “volveremos a repetir el fracaso del pasado: promesas que no se traducen en flujos efectivos para quienes más lo necesitan”.  Visión hacia adelante Considerando los riesgos mencionados, un aspecto fundamental es que la Hoja de Ruta cuente con anclajes normativos claros. Esto es, que se respeten los principios bajo los cuales fue concebido, como el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En este sentido, Rebecca Thissen de CAN-I subrayó que “la justicia no es un elemento decorativo del financiamiento climático: es su fundamento operativo más pragmático”, reforzando la necesidad de alinear el diseño técnico  con marcos de equidad y justicia. Es claro que para el éxito de la Ruta es necesario movilizar y alinear procesos, tanto dentro de la CMNUCC como fuera de la misma. En este sentido, se considera que Brasil es un país que puede jugar un rol único en el tejido de los puentes necesarios para que la Ruta anclada en la Convención tenga impacto en otras esferas. De ahí las consultas que el gobierno ha venido desarrollando a través del Círculo de Ministros de Finanzas, y otros. Ante ello,  Lucca Rizzo de iCS señaló que “la credibilidad del proceso se medirá en qué tan duradero y verificable sea su legado”. Este llamado no se refiere solo a la longevidad de la ruta, sino a su clara influencia en la reforma del sistema financiero global en el largo plazo. En síntesis, la Hoja de Ruta Bakú–Belém para movilizar 1.3 billones de dólares, se posiciona como un componente estructural dentro de la arquitectura del nuevo régimen financiero, con implicaciones técnicas y políticas que van más allá de la definición de metas cuantitativas. Su relevancia estratégica reside en su capacidad para establecer condiciones habilitantes concretas que permitan traducir el NCQG en flujos efectivos, predecibles y coherentes con los compromisos del Acuerdo de París. Esto implica construir un documento metodológicamente robusto, que incorpora definiciones operacionales claras, mecanismos verificables de seguimiento, y marcos de gobernanza que aseguren corresponsabilidad, transparencia y participación efectiva. Sin embargo, para que cumpla su función estructurante, debe estar estrechamente articulada con otros mandatos clave del régimen financiero, como la reforma de las instituciones financieras internacionales, la convención fiscal, y el debate de un mecanismo global para tratamiento de la deuda de los países en desarrollo. Solo mediante esta coherencia entre instrumentos se podrá garantizar una arquitectura financiera que sea integral, efectiva y alineada con las prioridades del Sur Global. Además, el diseño de esta Hoja de Ruta debe considerar activamente las necesidades estructurales de las regiones en situación de vulnerabilidad, muchas de las cuales han sido históricamente marginadas del acceso equitativo a los recursos financieros. La eficacia del NCQG dependerá no solo de su volumen total, sino de su alineación con los contextos diferenciados y con los criterios de calidad, acceso y justicia que definen la acción climática global.  Esta representa una oportunidad para reconfigurar los principios que rigen el financiamiento climático y garantizar que este cumpla una función habilitante real frente a los desafíos sistémicos.  Conoce recursos como:   Insumos clave para la Ruta Bakú a Belém (documento en inglés) 🇧🇷 Carta abierta al gobierno de Brazil sobre la Ruta

Participantes del foro En un contexto de creciente vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, México enfrenta el reto de reconfigurar su sistema fiscal y financiero para alinearlo con sus compromisos internacionales de sostenibilidad. Con este objetivo, la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la H. Cámara de Diputados, en colaboración con el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), convocó al foro “Financiamiento Climático en México: retos y oportunidades” . Este espacio reunió a representantes del poder legislativo, dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y comunidad académica, con el propósito de analizar el estado actual del financiamiento climático en el país y proponer líneas de acción para su fortalecimiento. Transmisión del Foro Financiamiento Climático en México: retos y oportunidades. La nota técnica  elaborada a partir del foro ofrece un análisis detallado de los principales desafíos estructurales que enfrenta México, como la baja asignación presupuestaria a la acción climática, la dependencia de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono, y la limitada trazabilidad del gasto público en materia ambiental. Asimismo, recoge las recomendaciones presentadas por personas expertas participantes para avanzar hacia un sistema financiero más coherente con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible del país. 📘 Descargue aquí la nota técnica completa  para conocer en profundidad los hallazgos del foro y las propuestas estratégicas para avanzar hacia una transición justa, resiliente y baja en emisiones: