Participantes del foro El Diálogo de alto nivel sobre transparencia y rendición de cuentas del financiamiento climático , organizado de manera conjunta por WRI México  y GFLAC , destacó que el reto principal para el país no es solo aumentar el volumen de recursos, sino corregir deficiencias estructurales en su definición, trazabilidad y uso. En este contexto, el evento funcionó como un espacio estratégico para dialogar con aliados sobre el Observatorio de Financiamiento Climático en México (OFCM) , una iniciativa de GFLAC en el marco de la Green Accountability Platform  promovida por WRI México e impulsada por la Alianza Mundial para la Rendición de Cuentas Sociales del Banco Mundial. Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades institucionales para dar seguimiento al flujo de recursos, identificar brechas en políticas públicas y fomentar una toma de decisiones basada en evidencia que resuelva la contradicción actual, donde el país recibe 85 veces más financiamiento por actividades intensivas en carbono de lo que destina a soluciones sostenibles. Asistentes al encuentro A nivel operativo y subnacional, la implementación enfrenta obstáculos debido a la falta de trazabilidad y asimetrías institucionales entre los estados. Se identificó una desconexión crítica entre los sistemas de planeación climática y la gestión presupuestaria, evidenciada por la dificultad de las instituciones para precisar cuánto se gasta realmente en acciones de cambio climático. Además, la calidad de la información se ve afectada por clasificaciones imprecisas desde el origen y factores estructurales como la informalidad económica, lo que limita el acceso a financiamiento internacional y requiere un fortalecimiento sostenido de las capacidades de monitoreo y verificación. Para consolidar la transición energética, es fundamental adoptar un enfoque sistémico que incluya la homologación de criterios económicos, como la Taxonomía Sostenible, y la integración de la sociedad civil para democratizar la información técnica. La asignación de recursos debe dejar de ser considerada "neutra" para atender sus impactos diferenciados en la población, alineándose con marcos internacionales como el Acuerdo de Escazú. En última instancia, el desafío para México es construir condiciones que garanticen una transición viable y sostenible, logrando una coherencia real entre la política climática y la política fiscal del país. 📘 ¿Quieres profundizar en los desafíos y soluciones para el financiamiento climático en México? [Descarga la nota técnica completa aquí]

La acción climática global está entrando en una fase decisiva. Tras años marcados por compromisos y definiciones estratégicas, el foco se desplaza progresivamente hacia la implementación efectiva de soluciones. En este contexto, el sector privado asume un papel central 1 . Sin embargo, al mismo tiempo que es un actor fundamental de la transición, también se encuentra entre los principales responsables de las emisiones y presiones ambientales que se busca reducir.  GFLAC estuvo presente en el evento “Post-COP 30: El papel de la industria en la agenda climática” , organizado por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil en su sede en Brasilia en el mes de marzo, y que evidenció este momento de inflexión. En este espacio, que tuvo como objetivo debatir los resultados de las negociaciones y de la participación de la industria brasileña en la COP30, así como presentar la estrategia del sector productivo para la COP31. Se destacó que la COP de Belém fue caracterizada como la “COP de la implementación”, señalando un cambio importante desde la ambición hacia la ejecución, y aún persiste una creciente expectativa por mayor claridad sobre los próximos pasos y, sobre todo, sobre cómo traducir las agendas en resultados concretos y medibles.  En este escenario, iniciativas como la Sustainable Business COP (SBCOP) ilustran un movimiento hacia una mayor institucionalización de la participación del sector empresarial en la agenda climática. Más allá de influir en las negociaciones, el sector privado comienza a organizarse para actuar de manera continua, articulada y orientada a la implementación de la agenda climática, en diálogo más directo con gobiernos y otros actores.  No obstante, tratar al “sector privado” como un bloque homogéneo es una simplificación que limita el análisis. Uno de los principales desafíos radica precisamente en comprender su heterogeneidad distinguiendo sectores, perfiles empresariales y niveles de compromiso; no todos avanzan al mismo ritmo ni operan bajo los mismos incentivos.   Comprender quiénes son estos actores, cómo operan y cuál es su papel en la economía real resulta fundamental. Son ellos quienes movilizan una parte significativa de los flujos de capital y toman decisiones de inversión capaces de acelerar (o retrasar) la transición. Esto plantea preguntas clave: ¿qué barreras siguen limitando el avance? ¿En qué medida los incentivos actuales están alineados con los objetivos climáticos? ¿Y hasta qué punto los enfoques predominantemente voluntarios son suficientes para impulsar cambios a escala?  A pesar de la creciente movilización de recursos desde el sector privado hacia iniciativas sostenibles, persisten limitaciones estructurales en términos de transparencia, trazabilidad y monitoreo de estos flujos 2 .  Hoy, una parte significativa del financiamiento climático privado no está plenamente identificada, clasificada ni sistematizada. Esto se refleja, por ejemplo, en la dificultad de distinguir entre recursos efectivamente dirigidos a actividades bajas en carbono y aquellos simplemente etiquetados como sostenibles, así como en la limitada capacidad de hacer seguimiento a su impacto real a lo largo del tiempo. Este desafío es particularmente relevante en sectores clave como energía, transporte, residuos y agricultura.  En países de nuestra región como Brasil y México, se observan avances en la adopción de taxonomías sostenibles y en la incorporación de criterios climáticos en el sistema financiero. Sin embargo, aún persisten brechas importantes en la comprensión de cómo estos instrumentos se están utilizando en la práctica: qué actores los adoptan, con qué nivel de consistencia y qué impactos concretos están generando en sus operaciones y en su alineación con las metas climáticas nacionales.  La ausencia de trazabilidad, entendida como la capacidad de identificar el origen, destino e impacto de los flujos financieros, limita la comprensión del volumen real de recursos movilizados y, sobre todo, de su efectividad. Muchas de las herramientas actuales capturan solo una fracción del capital que circula en la economía, lo que abre espacio a riesgos como la doble contabilidad, la baja adicionalidad y dificultades en la evaluación de resultados.  Mejorar la trazabilidad del financiamiento climático privado no es solo una cuestión técnica, sino que una condición estratégica para la credibilidad de la transición. Esto requiere avanzar en múltiples frentes: fortalecer los sistemas de reporte, estandarizar metodologías, ampliar la calidad y disponibilidad de los datos y desarrollar marcos regulatorios que incentiven mayor transparencia y comparabilidad. Es fundamental que el sector privado invierta en capacidades técnicas, en promover la articulación entre actores y en alinear incentivos entre el sector público, privado y financiero.  Comprender mejor al sector privado no es solo un ejercicio analítico, sino un requisito para orientar decisiones más eficientes y evitar una asignación inadecuada de recursos. Son estos actores quienes tienen la capacidad de transformar cadenas productivas, escalar soluciones y redirigir inversiones, pero esto solo será posible si existe mayor claridad sobre cómo y hacia dónde fluye el capital.  La creciente centralidad del sector privado en la acción climática representa, por tanto, una oportunidad relevante, pero también un riesgo si las brechas actuales persisten. Sin avances consistentes en transparencia y trazabilidad, existe el peligro de inflar percepciones de progreso que no se traduzcan en impactos reales. Por otro lado, el fortalecimiento de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de los datos, desarrollar metodologías y generar evidencia puede desempeñar un papel decisivo en la reducción de estas brechas, contribuyendo a un entorno más transparente, comparable y orientado a resultados.  Entre movilización de capital, calidad de la información y capacidad de monitoreo, donde se definirá la efectividad de la contribución del sector privado a una transición climática que sea consistente con la escala y urgencia del desafío.  En este contexto, la participación de GFLAC en espacios como este resulta estratégica. La creciente centralidad del sector privado en la agenda climática, particularmente en un país como Brasil, que busca posicionarse como líder en soluciones basadas en la naturaleza, bioeconomía y financiamiento sostenible, refuerza la necesidad de contar con actores capaces de generar evidencia, fortalecer la transparencia y acompañar el desarrollo de marcos que orienten los flujos financieros hacia objetivos climáticos concretos. La presencia en estos espacios permite no solo comprender mejor las dinámicas del sector productivo, sino también incidir en la construcción de una agenda que alinee financiamiento, política pública y transición climática en la región.  1 Estadão . “Cómo el sector privado se convirtió en protagonista de las COPs”. Disponible em: https://www.estadao.com.br/economia/como-o-setor-privado-se-tornou-protagonista-das-cops-aproximar-pessoas-da-agenda-climatica/#:~:text=ENVIADA%20ESPECIAL%20A%20BEL%C3%89M%20%2D%20A,j%C3%A1%20eram%20atuantes%20nas%20c%C3%BApulas .  2 OECD . Revisión de la OCDE sobre la alineación de las finanzas con los objetivos climáticos: evaluación del progreso hacia el cero neto y prevención del greenwashing . París: OECD Publishing, 2024. Disponible en: https://doi.org/10.1787/b9b7ce49-en .

El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), representado por su Directora Técnica Lorena Caballero, participó en el taller “Presupuesto para la acción climática” para fortalecer las capacidades del Poder Legislativo en la gestión del gasto público. Durante este encuentro se presentó el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2025 , una herramienta que monitorea los flujos financieros relacionados con el desarrollo sostenible e identifica aquellos recursos que aún se destinan a actividades intensivas en carbono, como los combustibles fósiles y la minería, obstaculizando la transición energética. Los resultados del índice revelan un crítico desbalance estructural tanto a nivel regional como nacional. En México, la brecha es especialmente profunda: los ingresos intensivos en carbono superan ampliamente a los sostenibles, y el gasto público en sectores contaminantes es 15 veces mayor  que el destinado a la sostenibilidad. Esta disparidad se replica a nivel estatal, donde el Índice de Finanzas Sostenibles Subnacional (IFSS) muestra que las entidades federativas generan cinco veces más ingresos y gastan 3.5 veces más recursos en actividades con alta huella de carbono que en acciones climáticas o de biodiversidad. Participantes al evento Para abordar estos retos, se destacó la labor del Observatorio de Financiamiento Climático en México (OFCM) , plataforma que integra análisis detallados para mejorar la transparencia y la toma de decisiones basada en evidencia. La colaboración con el Poder Legislativo es fundamental para transformar la arquitectura financiera del país, asegurando que el presupuesto público se alinee de manera coherente con los objetivos climáticos y los compromisos de desarrollo sostenible. 📘 Descarga la nota técnica completa aquí

El Segundo Foro de Mujeres por las Finanzas Sostenibles reunió a lideresas de la región y puso en foco una tensión central: el crecimiento del financiamiento climático convive con obstáculos estructurales que siguen limitando el acceso de las mujeres a los recursos y a los espacios de decisión. El financiamiento climático en América Latina y el Caribe crece en volumen, en visibilidad y en presencia dentro de la agenda pública. Sin embargo, su distribución continúa atravesada por desigualdades persistentes.  Esa participación, sin embargo, no se refleja en los espacios donde se decide cómo y hacia dónde se asignan los recursos fue uno de los ejes del II Foro de Mujeres por las Finanzas Sostenibles , realizado el 11 de marzo, que reunió a representantes del sector público, privado, organismos internacionales y organizaciones territoriales. El encuentro funcionó como un espacio de análisis técnico y político sobre los límites del sistema financiero actual y las condiciones necesarias para transformarlo. “El financiamiento climático no puede ser neutral al género. Si lo es, lo que haremos es seguir profundizando desigualdades que ya existen”, advirtió Daniela Saade, estudiante de la Maestría en Políticas Públicas en la London School of Economics. Su planteo sintetizó una preocupación compartida: los instrumentos financieros reproducen brechas cuando no incorporan criterios explícitos de equidad. En los últimos años, algunos avances comenzaron a modificar ese escenario. Taxonomías sostenibles como las desarrolladas en México incorporan criterios de género, mientras que en Colombia se integran principios sociales bajo el enfoque de “no hacer daño significativo”. A nivel internacional, organismos como el Fondo Verde del Clima y el Banco Interamericano de Desarrollo exigen planes de acción de género e indicadores diferenciados como condición para el financiamiento.   Pero quizás uno de los puntos más críticos del foro fue la distancia persistente entre las grandes estructuras financieras y los territorios. Allí, la intervención de Sandra Gualinga del Colectivo de Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva expuso con claridad esa brecha: “La Amazonía no es solo un lugar en el mapa. Es nuestro hogar, nuestra farmacia, nuestra escuela y nuestro espacio sagrado”.  Esa desconexión también se expresa en el plano institucional. Gabriela del Valle,  Secretaría Técnica del  Instituto Municipal de Planeación Saltillo advirtió que, sin capacidades técnicas a nivel local, los recursos no logran materializarse: “Sin planificación climática, los fondos no tienen dónde aterrizar”. El resultado es un circuito incompleto, donde los compromisos internacionales no logran traducirse en políticas concretas ni en mejoras en la vida cotidiana. El sector privado, por su parte, tampoco escapa a estas tensiones. Aspecto abordado en la segunda sesión del Foro “Sector privado y financiamiento climático: ¿Estamos incluyendo a las mujeres emprendedoras“. Carolina Kitchen, Líder senior, Inversiones climáticas en South Pole señaló que los criterios tradicionales de inversión siguen dejando afuera a muchas iniciativas lideradas por mujeres: “Los negocios liderados por mujeres muchas veces no encajan en los filtros de los grandes fondos”. Y lejos de suavizar el diagnóstico, llamó a incomodar esas reglas: “Incomodemos, molestemos… porque lo que aprendemos es más grande y lo que evolucionamos es más”. Carol Riofrío, Presidenta y Fundadora de Women in Finance recordó que, en algunos países, las mujeres todavía enfrentan restricciones legales para acceder al crédito, incluyendo la necesidad de autorización de sus parejas. Es decir, la exclusión no es solo financiera: también es normativa, cultural y persistente. “Las mujeres son mejores pagadoras, pero enfrentan peores condiciones de financiamiento”, señaló Luisa Montes, Directora de Ecovalores, evidenciando una contradicción que el mercado aún no corrige. Por su parte, Daniela Hernández, Directora de Earth and Life University , invitó a revisar incluso los propios procesos de formación: “La educación no es la meta, es el medio para generar conciencia y transformación”. Lejos de ser un evento aislado, el foro forma parte de una estrategia más amplia impulsada por GFLAC junto a organizaciones aliadas en la región. El trabajo no se limita a abrir espacios de debate, sino que incluye el fortalecimiento de capacidades técnicas, la generación de redes y la construcción de herramientas concretas para que más mujeres puedan incidir en los espacios donde se toman decisiones financieras y climáticas. En ese proceso, el objetivo es claro: pasar de la participación simbólica a la incidencia real, en ese sentido oficialmente anunciamos una nueva edición del Programa de Mujeres por las Finanzas Sostenibles 2026. Como se destacó durante el encuentro, estos esfuerzos buscan “fortalecer el conocimiento técnico, impulsar el liderazgo y generar redes de colaboración” que permitan transformar el sistema desde adentro . El mensaje final del foro fue claro y, al mismo tiempo, incómodo para la inercia del sistema: la transición hacia economías sostenibles no es neutral. Implica disputar poder, redefinir prioridades y revisar quiénes toman decisiones sobre los recursos. “No se trata solo de acceso al financiamiento, sino de participación en la toma de decisiones”, se remarcó en el cierre . En un contexto donde la crisis climática exige respuestas urgentes, la discusión de fondo ya no es únicamente cuánto financiamiento se moviliza, sino hacia dónde va, bajo qué criterios y con qué actores en el centro.  Les invitamos a revivir el foro en

En el complejo escenario de la crisis climática global, el debate suele centrarse en metas de descarbonización y tecnologías de mitigación. Sin embargo, existe una dimensión  estructural que determina la viabilidad de cualquier esfuerzo: la capacidad fiscal de los Estados. El pasado 25 de febrero de 2026, el webinar " Justicia Fiscal para la Acción Climática " puso sobre la mesa una premisa contundente: la justicia fiscal no es un tema aislado, sino una condición estructural para hacer posible la justicia climática y ambiental en el Sur Global.   Recursos que se escapan de América Latina Uno de los puntos más críticos discutidos es la enorme brecha entre los recursos existentes y los efectivamente recaudados. Actualmente, América Latina y el Caribe pierde aproximadamente el 6,3% del PIB como consecuencia de abusos fiscales, de acuerdo con la CEPAL . Esta cifra no es solo un dato estadístico; representa el financiamiento que la región deja de percibir y que podría destinarse directamente a políticas de mitigación, adaptación y a cubrir las pérdidas y daños (PyD) derivados del cambio climático. Para Ezequiel Steuermann, oficial de programa en GI-ESCR, la agenda de justicia fiscal revela que el problema no es la falta de dinero, sino una cuestión de voluntad política. Se enfatiza que los recursos existen, pero los Estados deben tomar la decisión de cerrar las brechas fiscales y avanzar en la materialización de reformas para liberar el financiamiento necesario. En sus palabras, la política fiscal y el financiamiento climático son ahora "dos lados de la misma moneda" en la conversación sobre la obligación de los Estados y los derechos humanos. La Convención Fiscal de la ONU: Una oportunidad histórica para el Sur Global El sistema tributario internacional ha sido históricamente diseñado en espacios excluyentes. Como señala Sergio Chaparro, coordinador de Dejusticia y Tax Justice Network: "como los países del Sur Global no estaban en la mesa, han terminado en el menú". Sin embargo, la creación de una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional se presenta como el mecanismo clave para cambiar esta dinámica. Principalmente porque se está trabajando en una asignación justa de derechos tributarios para que los países puedan recaudar impuestos que se evaden por una red de tratados que evitan a países del sur puedan  gravar ingresos que hoy se evaden a través de una red de tratados que limita su capacidad recaudatoria. Por otro lado, María Emilia Mamberti, de CESR, resalta que el momento de incidir en el borrador de la convención es ahora, pues el texto todavía se encuentra en  discusión y el borrador final será presentado en septiembre de 2027. Actualmente, se  encuentra abierto un espacio de submissions sobre el texto de la convención marco y los dos protocolos iniciales, donde la sociedad civil puede contribuir a generar textos más ambiciosos.   Y si bien el cambio estructural del sistema de gobernanza de impuestos permite ampliar la base de recaudación, incrementar los ingresos fiscales no es suficiente, también es imperativo dejar de financiar lasindustrias fósiles. Gissele Flores, asociada de GFLAC, advierte que cada dólar destinado a sostener combustibles fósiles es un dólar que no se invierte en energías renovables, salud o resiliencia climática.   Desde 2024, la evidencia demuestra que generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables es más barato que mantener proyectos basados en combustibles fósiles. La clave reside en una reforma gradual y transparente que redistribuya esos recursos hacia infraestructura sostenible, evitando que la eliminación los subsidios se traduzca simplemente en un recorte del gasto social.  Finalmente, si bien la convención tributaria actual es un hito histórico significativo, desde la firma del Acuerdo de Paris, el sistema financiero internacional estuvo evidenciando un conjunto de reformas de las cuales se pueden aprender lecciones entre sus logros y desafíos. Diego Escalante, asociado del GFLAC, explica que las reformas de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) son un ejemplo importante sobre cómo es posible lograr reformas ambiciosas para enfrentar los retos de financiamiento y de impacto climático. Sin embargo, la operacionalización de estas reformas sigue siendo un desafío importantede la cual los BMD enfrentan diversas barreras, lo que limita una transformación coherente con los objetivos establecidos.  A esto se suma que la implementación de reformas es necesaria, especialmente en términos de calidad de financiamiento, pues los BMD todavía utilizan la deuda como principal mecanismo de financiamiento para la transición climática.  Con estas importantes lecciones, se evidencia que la fragmentación entre las políticas fiscales y ambientales reduce la ambición climática global. Para que América Latina logre sus objetivos, es necesario impulsar una transformación profunda del sistema multilateral, que incluya principios fundamentales como el de que quienes contaminen paguen y la incorporación de responsabilidades comunes pero diferenciadas dentro de la cooperación tributaria internacional. La justicia fiscal es uno de los motores financieros para canalizar recursos públicos que permitan que la acción climática sea efectiva, predecible y coherente con las necesidades del Sur Global.

A realização da COP30 em Belém reposicionou o Brasil no centro do debate internacional sobre a ação climática. Iniciativas como o Plano de Transformação Ecológica e o Tropical Forests Forever Facility (TFFF) indicam uma crescente ambição nacional e internacional para avançar na transição para uma economia de baixo carbono. No entanto, a consolidação dessa agenda depende também da atuação dos governos estaduais. Os estados estão mais próximos tanto das causas das emissões quanto das populações afetadas pelos impactos climáticos. Além disso, concentram competências em áreas estratégicas como transporte, infraestrutura, uso do solo, desenvolvimento urbano e proteção ambiental. Como executam uma parcela significativa do orçamento público, a forma como arrecadam e alocam recursos torna-se decisiva para o sucesso da transição para uma economia de baixo carbono. Nesse contexto surge o Índice de Finanças Sustentáveis Subnacional (IFSS) – Brasil 202 5 , uma ferramenta que avalia o grau de alinhamento das finanças públicas estaduais com a ação climática e a sustentabilidade. A análise abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal e busca identificar quais fluxos financeiros contribuem para a sustentabilidade e quais ainda estão associados a atividades intensivas em carbono. A iniciativa dialoga diretamente com o Artigo 2.1(c) do Acordo de Paris , que estabelece que todos os fluxos financeiros — públicos e privados — devem ser compatíveis com trajetórias de desenvolvimento de baixo carbono e resilientes ao clima. Ao tornar esses fluxos mais visíveis, o IFSS busca gerar evidências para apoiar o planejamento e a formulação de políticas públicas climáticas no nível subnacional. No dia 19 de fevereiro de 2026, o GFLAC realizou o webinar “ Índice de Finanças Sustentáveis Subnacional - IFSS: Um olhar sobre o financiamento climático a nível estadual ”, marcando o lançamento do Relatório Completo do IFSS Brasil 2025. O evento reuniu integrantes do GFLAC, representantes de órgãos de controle e especialistas em orçamento público para discutir os principais resultados do índice e o papel das finanças públicas estaduais na transição para uma economia de baixo carbono. “O índice busca preencher uma lacuna entre conhecimento técnico, transparência e ação pública.” Lorena Caballero - GFLAC Resultados do IFSS Brasil 2025 Alguns dos resultados apresentados no webinar demonstram que os estados brasileiros ainda se encontram em uma fase inicial de alinhamento fiscal com a transição climática. Em 2024, arrecadaram 13 vezes mais receitas provenientes de atividades intensivas em carbono (R$ 82,5 bilhões) do que receitas sustentáveis (R$ 6,2 bilhões). No lado das despesas, R$ 32,6 bilhões foram destinados a atividades de alto impacto ambiental — valor 1,5 vez superior aos R$ 21,1 bilhões destinados a setores sustentáveis. Além disso, nenhum estado atingiu os níveis de desempenho “Alto” ou “Muito Alto” em finanças sustentáveis. No âmbito das receitas sustentáveis, destaca-se a baixa diversidade e relevância dos instrumentos de arrecadação voltados à sustentabilidade. Em 24 dos 27 estados, essas receitas não ultrapassam 1% do total arrecadado. Além disso, a maior parte delas tem caráter punitivo ou compensatório — como taxas e multas ambientais — indicando um modelo de arrecadação ambiental reativo e pouco estratégico para induzir práticas sustentáveis de forma contínua. Nas receitas intensivas em carbono, o Rio de Janeiro se destacou com 26,9% de sua arrecadação proveniente dessas fontes, impulsionado pelos royalties do setor petrolífero. Em seguida aparecem São Paulo (8,3%), principalmente devido à arrecadação do IPVA, e Espírito Santo (6,7%), também influenciado pela presença da indústria do petróleo. Essa dependência fiscal mantém incentivos à continuidade de atividades emissoras e aumenta a vulnerabilidade econômica dos estados diante da transição energética global. Nas despesas sustentáveis, um desafio metodológico importante é que a classificação orçamentária brasileira não possui códigos específicos para identificar gastos com mitigação ou adaptação climática. Isso limita a precisão comparativa e evidencia a necessidade de classificações mais detalhadas no orçamento público. Ainda assim, os dados indicam baixa priorização da agenda ambiental: em média, os estados destinaram apenas 1,6% de suas despesas a áreas sustentáveis, e os percentuais mais elevados estão associados a aportes pontuais em áreas específicas. Nas despesas intensivas em carbono, o principal gasto identificado em nível estadual está relacionado à infraestrutura rodoviária. Os maiores percentuais foram observados em Mato Grosso (8,5%), Mato Grosso do Sul (7,0%) e Piauí (6,4%). Nos demais estados, os níveis foram mais baixos, o que indica espaço para redirecionar investimentos para áreas mais alinhadas à sustentabilidade. A baixa arrecadação sustentável, a forte dependência de atividades intensivas em carbono de alguns estados e a limitada priorização orçamentária da sustentabilidade mostram que os estados ainda não estão alinhados com os compromissos assumidos pelo Brasil em sua NDC nem com o Artigo 2.1(c) do Acordo de Paris. O IFSS busca contribuir para essa lacuna, fornecendo elementos concretos para que a sociedade, os órgãos de controle e as autoridades possam exigir e buscar uma maior coerência entre política fiscal e sustentabilidade. “Sem diagnóstico, não existe política climática eficaz.” Guilherme Novaes - GFLAC O papel do controle na governança climática Durante o webinar, Carlos Lustosa, Diretor do Departamento de Auditoria Ambiental do Tribunal de Contas da União (TCU), destacou que a mudança do clima já não pode ser tratada apenas como uma pauta ambiental, mas como um tema transversal para a gestão pública. Seus impactos atingem áreas como infraestrutura, economia, saúde e segurança alimentar, exigindo que a agenda climática seja incorporada ao planejamento e à avaliação das políticas públicas. Nesse contexto, Lustosa ressaltou o papel estratégico dos órgãos de controle na produção de diagnósticos e evidências sobre a ação governamental. Segundo ele, monitorar políticas públicas é essencial para compreender se os recursos estão sendo utilizados de forma eficiente e alinhada aos objetivos climáticos. Em linha com essa discussão, foi apresentada a iniciativa Painel ClimaBrasil , ferramenta do TCU que integra o ClimateScanner  e avalia qualitativamente a atuação dos governos em relação à agenda climática em três dimensões: governança, políticas públicas e finanças . A iniciativa complementa a análise quantitativa realizada pelo IFSS, contribuindo para ampliar a transparência e o acompanhamento das políticas climáticas. “Os órgãos de controle não implementam políticas, mas podem induzir mudanças.” Carlos Lustosa - TCU Integrando o clima ao orçamento público Já Hugo Bertha , especialista em orçamento público e assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), abordou os desafios de incorporar a agenda climática ao planejamento e à execução orçamentária dos governos estaduais. Segundo ele, um dos principais obstáculos é a ausência de classificações específicas no orçamento público que permitam identificar claramente os gastos relacionados à mitigação e adaptação climática. Essa limitação dificulta mensurar o esforço financeiro dos governos e reduz a transparência sobre quanto os estados realmente investem em ação climática. Para Bertha, avançar na criação de indicadores e marcadores orçamentários é um passo essencial para integrar o clima de forma mais estruturada ao ciclo de planejamento público e fortalecer a governança climática no nível estadual. “Os gastos climáticos estão dispersos em diversas funções do orçamento.” Hugo Bertha - ALERJ Por que o IFSS é importante Os resultados do IFSS Brasil evidenciam que a transição para finanças públicas sustentáveis ainda enfrenta desafios estruturais relevantes no nível estadual. A dependência de receitas intensivas em carbono e a baixa priorização de gastos sustentáveis limitam a capacidade dos estados de contribuir efetivamente para o cumprimento das metas climáticas nacionais e internacionais. Nesse cenário, o IFSS se posiciona como uma ferramenta estratégica de diagnóstico, monitoramento e comparação das finanças públicas subnacionais . Ao tornar visíveis os fluxos financeiros e seu grau de alinhamento com a ação climática, o índice ajuda a identificar lacunas, prioridades e oportunidades de transformação. Mais do que um índice, o IFSS busca apoiar gestores públicos, órgãos de controle, pesquisadores e a sociedade civil na construção de estruturas fiscais compatíveis com o Artigo 2.1(c) do Acordo de Paris  e com a transição para uma economia de baixo carbono. 📊 Acesse o relatório completo do IFSS Brasil 2025 e conheça os resultados detalhados para todos os estados brasileiros.

Por: Diego Escalante. Asociado en Finanzas Públicas para América del Sur.  La gobernanza tributaria global está actualmente en un proceso de transformación. La concepción de las instituciones tributarias actuales data de hace casi 100 años , donde, bajo la Sociedad de Naciones —precursora de Naciones Unidas— se establecieron modelos de convención sobre doble tributación entre 1926 y 1928. Asimismo, otra convención central es el Modelo de Convenio de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio de la OECD que data de 1963 —con varias modificaciones a la actualidad — y es la base para una red de más de 3,000 tratados globales. La elaboración de ambas convenciones distó mucho de tener una participación universal y principalmente fueron elaboradas en beneficio de quienes las redactaron.  Si bien estos tratados permiten el fomento de la inversión transfronteriza y la reducción de barreras impositivas, la realidad es que la mayoría de las grandes empresas que operan en múltiples países no pagan impuestos másque en sus sedes, es decir un número bastante reducido de países. Se estima que la pérdida de impuestos de multinacionales e individuos de altos patrimonios asciende a 492 billones de dólares en impuestos anuales. Quienes más pierden en ingresos fiscales son países en desarrollo y del sur global. Sin embargo, la evasión y elusión fiscal, abusos y paraísos fiscales, también erosionan las recaudaciones en países de ingresos altos: por ejemplo, miembros de la OECD pierden hasta un 0.66% de PIB .   La convención tributaria  Con todo lo mencionado, la gobernanza del sistema tributario requiere reformas que se encuentren a la altura de los problemas actuales, en un espacio global de participación horizontal. Esto es justamente lo que busca solucionar la Convención Marco de Cooperación Tributaria Internacional de Naciones Unidas (en corto Convención Tributaria).  La Convención — luego de varios años de trabajo —  oficialmente comenzó con el liderazgo del Grupo África en la Asamblea General de Naciones Unidas y fue apoyada por el Grupo de los 77 y China, dando como resultado la adopción de una resolución en 2022 para iniciar discusiones de una cooperación internacional de impuestos. En 2023 la Asamblea General dio paso a la creación de un Comité Ad Hoc para redactar los términos de Referencia (ToR) de una posible convención. (Un mayor detalle sobre las negociaciones puede revisarse aquí ).   Las negociaciones de los ToR se desarrollaron hasta 2024 y en noviembre de ese año fueron sometidas a votación y aprobadas. En los ToR se establece el objetivo de construir una convención marco para establecer un sistema de gobernanza internacional de cooperación tributaria inclusiva y transparente para el desarrollo sostenible. Uno de los principales compromisos busca la asignación justa de derechos tributarios, que implica un cambio estructural en las convenciones preexistentes.   El proceso posterior a la adopción de los ToR implica un trabajo liderado por Estados Miembros en un Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) para trabajar en un plazo de 9 sesiones de negociación entre 2025 y 2027, donde, finalmente, en septiembre de 2027 se entregaría a votación en Asamblea General. Durante estas sesiones se trabajan 3 líneas de trabajo (workstreams): el texto de la convención marco y dos protocolos iniciales. Los protocolos son instrumentos legalmente vinculantes que implementan la convención marco —aunque cada estado parte decide si forman parte de estos.     El nexus climático  Mucha de la discusión alrededor de impuestos suele percibirse como un tema netamente técnico. Sin embargo no son solamente un problema técnico, sino un problema central de desarrollo. Los impuestos, en gran parte del mundo, no son progresivos sino regresivos, lo que implica un problema de desigualdad. Además, tener la capacidad de evadir impuestos se convierte en un problema de poder económico y político. En términos climáticos — al menos desde un enfoque económico — el problema radica en las externalidades generadas por la contaminación, y los impuestos se convierten en una herramienta para que las empresas asuman los costos sociales asociados (impuestos piguvianos).  De hecho, en la cuarta sesión de negociaciones de febrero uno de los ejes de la discusión se centró en el artículo 4 de desarrollo sostenible, donde una de las críticas fue que este artículo no fue modificado entre las sesiones del INC a pesar de los llamados a su modificación. La actual redacción toca tangencialmente este elemento señalando que “los países partes acuerdan aplicar enfoques de cooperación tributaria internacional que contribuyan al logro del desarrollo en sus tres dimensiones – económica, social y medio ambiental”; sin establecer compromisos sustantivos. En este sentido, este artículo debería responder a la Agenda de Acción Addis Abeba  sobre financiamiento para el desarrollo citada en los ToR. Esta agenda busca soluciones al financiamiento para promover el crecimiento económico protegiendo el medio ambiente y la exclusión social.  En esencia, si realmente existe un compromiso bajo la Convención Tributaria de abordar el medio ambiente como parte de sus ejes, la convención debería ampliar su redacción del artículo para que los impuestos estén vinculados a los impactos de empresas multinacionales implicadas en la contaminación de carbono y otros factores de polución, o el denominado principio de “quien contamina paga”. El financiamiento proveniente de este tipo de impuestos podría aportar a las finanzas públicas con relación a los NDC.   Por otro lado, en el párrafo 17 de los ToR, como parte de los protocolos, se sugiere que uno de ellos podría destinarse a la “cooperación tributaria sobre retos medio ambientales”. Si bien este protocolo no podría discutirse formalmente sino hasta el 2028, cuando debiera de entrar en funcionamiento la nueva convención marco, un impulso sobre esta agenda podría beneficiar un mecanismo de cooperación tributaria para canalizar recursos con relación al Acuerdo de París. Por ejemplo, en estos años se podrían comenzar trabajos de notas o reportes técnicos ( brackground notes) que sirven como documentos técnicos base para las discusiones que exploren opciones y caminos de financiamiento.   Como cautela, se deben considerar tres elementos importantes. Por un lado, la Convención Marco no puede generar disputas por diversas agendas de desarrollo, sino más bien construir diálogos comunes que pueda combinar elementos y objetivos compartidos. Por otro lado, la convención en el artículo 5 de asignación justa de derechos impositivos, que permite recolectar impuestos en las jurisdicciones donde se realicen actividades económicas—y que es el corazón de la convención — sigue un principio fundamental de soberanía sobre las políticas de impuestos. Lo que implicaría que la decisión de qué se hace con los flujos fiscales reside en los países. Finalmente, cualquier nuevo mecanismo financiero derivado de un protocolo no debe generar presiones fiscales, sino más bien aliviarlas.   Todavía queda un largo camino hasta el 2027, pero es importante que más organizaciones comiencen a participar como parte de este debate, con el fin de democratizar las negociaciones, especialmente en la construcción de elementos técnicos que sean tomados en cuenta por el CIN de manera formal. Además, es necesario fortalecer las discusiones a nivel nacional para incentivar un mayor compromiso de las delegaciones ante las Naciones Unidas, con miras a impulsar una convención tributaria más ambiciosa, capaz de contribuir efectivamente al financiamiento de una transición climática justa.

Por: Alan Senra, Asociado en Financiamiento Climático Internacional para Brasil  El estudio “ Análisis del componente de financiamiento en las NDCs de América Latina y Caribe ”  revisa 21 NDCs presentadas entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, evaluando la integración del financiamiento climático con base en la metodología de GFLAC, que se estructura en diez recomendaciones de carácter estratégico y operativo orientadas a: (1) mejorar la coherencia política y la coordinación institucional; (2) identificar y dimensionar las brechas de financiamiento; (3) desarrollar estrategias nacionales de financiamiento climático; (4) definir enfoques diferenciados por sector y nivel de gobierno; (5) promover sinergias entre acción climática, biodiversidad y transiciones justas; (6) fortalecer las capacidades institucionales; (7) ampliar los mecanismos de participación y coordinación intra e interinstitucional; (8) impulsar estrategias lideradas localmente; (9) establecer principios orientadores para el financiamiento climático; y (10) consolidar sistemas de evaluación, monitoreo, reporte y verificación (MRV), con el fin de fortalecer la implementación y credibilidad financiera de las NDCs en la región. Los resultados muestran avances importantes, pero también revelan la existencia de tres trayectorias de comportamiento climático en la región. La primera trayectoria corresponde a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), que se destacan por una planificación más detallada, la estimación de costos, la identificación de brechas y la articulación de esquemas de gobernanza más cohesionados. Su alta vulnerabilidad y estructuras institucionales más compactas permiten acelerar la integración entre metas, financiamiento y acciones. La segunda trayectoria  corresponde a países de mayor peso económico y territorial, como Brasil, México, Colombia y Chile. Aunque cuentan con marcos institucionales robustos, políticas climáticas consolidadas y una arquitectura normativa sólida, sus NDCs presentan vacíos significativos en la operacionalización financiera, lo que genera una brecha entre la ambición declarada y la capacidad real de implementación. La ausencia de estrategias nacionales consolidadas de financiamiento climático sigue siendo un obstáculo transversal. La tercera trayectoria está conformada por los demás países, de carácter intermedio, que muestran avances parciales en planificación, participación y coherencia sectorial, pero aún enfrentan brechas estructurales en capacidades técnicas, financiamiento, articulación intersectorial y territorialización. Sus NDCs tienden a depender fuertemente del apoyo externo y presentan avances fragmentados, sin lograr consolidar marcos integrales de financiamiento. El estudio concluye que, para avanzar en la implementación efectiva de los compromisos climáticos, es esencial fortalecer la dimensión financiera y territorial de las NDCs, mejorar la articulación y  las interdependencias entre clima, biodiversidad y justicia social, y ampliar el acceso equitativo al financiamiento internacional. Solo mediante un enfoque integrado, inclusivo y financieramente viable será posible transformar estas tres trayectorias de ambición climática en rutas efectivas hacia una transición justa y resiliente en América Latina y el Caribe. Este nuevo estudio comparativo sobre las NDCs 3.0 de América Latina y el Caribe se integra de manera estratégica con los documentos previos elaborados por GFLAC, “ NDCs 3.0 y financiamiento climático: 10 recomendaciones para hacer las NDCs financiables ” y el taller  NDCs 3.0 y financiamiento climático: recomendaciones para hacer las NDCs financiables , conformando un conjunto coherente y complementario de conocimientos orientados a fortalecer el vínculo entre ambición climática y financiamiento. Mientras el primer documento establece el marco metodológico y conceptual para construir NDCs financiables, y el segundo recoge las experiencias y aprendizajes compartidos entre múltiples actores regionales, este estudio aporta la evidencia empírica y comparativa de su aplicación en veinteuno países de la región. En conjunto, los tres materiales proporcionan una hoja de ruta integral que combina teoría, práctica y análisis para guiar a los países de América Latina y el Caribe hacia NDCs más robustas, inclusivas y financieramente viables, consolidando el liderazgo regional rumbo a la COP30 y más allá. NDCs 3.0 y financiamiento climático: recomendaciones para hacer las NDCs financiables   Los países de América Latina y el Caribe revisan y actualizan sus NDCs 3.0 rumbo a la COP30 en Belém, Brasil, lo cual representa  una oportunidad para fortalecer las metas de mitigación y adaptación, incorporar la justicia climática, abordar las pérdidas y los daños, y generar sinergias con las agendas de biodiversidad, género y derechos humanos, al tiempo que se aseguren mecanismos de participación ciudadana a nivel territorial. Para lograrlo, se requieren estrategias de financiamiento claras y sostenibles que conviertan las NDCs en hojas de ruta implementables, con objetivos respaldados por planes, instrumentos y actores claramente definidos. En este contexto, GFLAC elaboró el documento “ NDCs 3.0 y financiamiento climático: 10 recomendaciones para hacer de las NDCs instrumentos financiables ” , que ofrece un marco estructurado en cuatro pilares y diez recomendaciones para guiar la construcción de NDCs ambiciosas y financiables. Pilar A – Diagnóstico financiero:  Una NDC financiable requiere un diagnóstico sólido que calcule costos sectoriales, estime necesidades de adaptación y mitigación, e identifique brechas entre los recursos disponibles y los requeridos. Ejemplos de países como Santa Lucía o Zimbabue muestran cómo la cuantificación sectorial traduce compromisos en cifras claras. Pilar B – Arquitectura de financiamiento:  Las NDCs deben contar con estrategias nacionales que integren presupuestos públicos, cooperación internacional y mecanismos innovadores. Un reto central es redirigir flujos dañinos, como los subsidios a los combustibles fósiles, hacia inversiones en transición energética y resiliencia. Pilar C – Coordinación institucional:  La implementación efectiva exige esfuerzos colectivos mediante comisiones interministeriales, unidades técnicas y procesos participativos con comunidades, sector privado y sociedad civil. Experiencias en Uruguay, Brasil y Zambia evidencian que la articulación multinivel refuerza los resultados. Pilar D – Principios guía:  Es clave establecer sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) que rastreen flujos y permitan medir impactos sociales y ambientales, bajo principios de equidad, justicia y participación. Modelos como los de Suiza, Singapur y Colombia destacan la transparencia como habilitadora de un mayor financiamiento. Promoviendo diálogos regionales para compartir experiencias y recomendaciones para las NDCs 3.0   De manera complementaria, el 15 de agosto de 2025 GFLAC llevó a cabo un taller virtual organizado junto con el Centro de Colaboración Regional de ONU Cambio Climático (RCC-CMNUCC) y el NDC Partnership, alineado en la discusión de lineamientos, compartir experiencias y presentar herramientas prácticas para operacionalizar las recomendaciones sobre financiamiento climático en las NDCs 3.0. Participaron representantes de gobiernos, bancos de desarrollo, sector privado, cooperación internacional, academia y sociedad civil. Entre los principales hallazgos destacan ( ver la relatoría completa del taller aquí ):  Integración del financiamiento climático en las NDCs  – Se destacó la importancia de acompañar las NDCs 3.0 con diagnósticos de costos claros, planes de inversión robustos y la inclusión transversal del financiamiento en los presupuestos nacionales. También se subrayó la necesidad de diversificar las fuentes (públicas, privadas e internacionales) y de crear instrumentos innovadores, como canjes de deuda o la eliminación gradual de subsidios fósiles. Buenas prácticas replicables en la región  – Se resaltaron experiencias exitosas, como créditos verdes, microfinanzas comunitarias, canjes de deuda y la emisión de bonos verdes. Asimismo, se identificó la importancia de fortalecer la cooperación internacional, los marcos regulatorios y la articulación entre distintos niveles de gobierno para facilitar un financiamiento más transparente y accesible. Colaboración multisectorial y justicia climática  – El éxito de las NDCs depende de la participación activa de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades locales. Incorporar saberes indígenas, promover la justicia climática y garantizar procesos participativos y transparentes fueron señalados como elementos esenciales para aumentar la ambición climática y transformar compromisos en resultados concretos. Por último, el análisis del documento y las discusiones del taller convergen en una idea central: el éxito de las NDCs 3.0 dependerá de que sean concebidas no solo como compromisos políticos, sino como hojas de ruta financieras viables e implementables. Esto implica contar con diagnósticos claros de costos, estrategias nacionales y sectoriales bien diseñadas, mecanismos de coordinación inclusivos y sistemas robustos de monitoreo. De esta manera, NDCs 3.0 podrán movilizar recursos sostenibles, generar confianza y guiar transformaciones estructurales hacia un desarrollo bajo en carbono, resiliente y justo para América Latina y el Caribe.

Por: Janeth Ugalde, Asociada en Finanzas para la Transición Energética Justa  Glenda Monge, Asociada Sr. en Financiamiento para la Adaptación    Las discusiones que atravesaron Davos 2026 sobre transición energética y adaptación no pueden leerse como debates climáticos en sentido estricto. Funcionaron, más bien, como un termómetro del momento geopolítico en el que estas agendas están siendo reinterpretadas: no como el espacio donde se definen estas dinámicas, sino donde se vuelven visibles y legibles para actores financieros y políticos. En ese desplazamiento de sentido se juega, de manera menos visible pero decisiva, el futuro del financiamiento para la transición energética justa y la adaptación. La señal más clara fue que estas agendas avanzan, pero cada vez más condicionadas por una economía política del riesgo: la inversión se asigna donde la acción climática coincide con ventaja competitiva, control de cadenas de valor, resiliencia de infraestructura crítica y gobernabilidad. Donde no coincide, la brecha financiera tiende a volverse estructural, no transitoria.    Este encuadre dialoga con un marco que Davos ayudó a consolidar durante años: el lenguaje del riesgo sistémico como punto de encuentro entre Estados, mercados financieros y grandes corporaciones. En 2026, el Global Risks Report volvió a situar los riesgos ambientales y climáticos entre los más severos en el horizonte de diez años, como parte de un ejercicio de percepción de riesgo entre líderes y expertos, más que como una hoja de ruta de política pública.  Almismo tiempo, se identificó en el corto plazo, presiones geopolíticas, sociales y de fragmentación económica que reordenan prioridades políticas y financieras (World Economic Forum, 2026a). Para el financiamiento climático, el dilema no es si el cambio climático “importa”, sino cómo su financiamiento queda subordinado a una jerarquía de riesgos donde la volatilidad regulatoria, la presión fiscal y la competencia geoeconómica pesan tanto como la evidencia científica. El debate real no es la ausencia de instrumentos financieros, sino la disputa por el mandato político que vuelve financiables ciertos proyectos y deja a otros sin respaldo.    La intervención del presidente Trump en Davos operó, en este contexto, como un recordatorio explícito de que la transición energética compite no solo con inercias tecnológicas y fósiles, sino con ciclos políticos capaces de reetiquetar la acción climática como amenaza a la competitividad o símbolo de polarización. Más allá de la retórica, el episodio fue relevante por su señal  que envío a los mercados en términos de percepción de riesgo regulatorio, reforzando expectativas de mayor selectividad sectorial y un incentivo reforzado para que el capital privado se concentre en nichos “ganadores” de política industrial, evitando áreas donde la descarbonización depende de marcos públicos estables y sostenidos en el tiempo (Gelles, 2026). Combinado con cuestionamientos al multilateralismo climático, el mensaje es claro: el riesgo político no se limita a un país, sino que contamina expectativas sobre cooperación y reglas comunes.    Este giro se refleja también en el comportamiento corporativo. Una lectura que circuló ampliamente en Davos  sostiene que muchas empresas han reducido la visibilidad pública de sus compromisos climáticos, aun cuando mantengan acciones internas, porque el clima dejó de ser un consenso reputacional y pasó a ser un terreno de exposición política (Gelles, 2026). Para el financiamiento, esto tiene efectos directos: cuando la narrativa climática pierde centralidad pública, aumentan los incentivos para empaquetar la transición como agenda de productividad, seguridad energética o soberanía industrial. Esto puede destrabar inversión, pero con un costo: la justicia de la transición corre el riesgo de quedar relegada a una función instrumental más que a un criterio distributivo exigible.    Para Europa, este dilema se expresó con particular claridad. La transición apareció menos como aspiración normativa y más como prueba de gobernabilidad: capacidad de sostener apoyo social mientras se gestionan tensiones distributivas, seguridad energética y competitividad industrial en un contexto de crecimiento débil y presión fiscal. En este marco, la justicia deja de ser un principio abstracto y se convierte en condición de estabilidad macrosocial. Sin mecanismos creíbles de reparto de costos y beneficios, la certidumbre política se erosiona, y con ella la disposición del capital a comprometer recursos de largo plazo.    Para Estados Unidos, el encuadre fue distinto. La transición se leyó principalmente como política industrial y competencia tecnológica, atravesada por un péndulo político más abrupto. En términos financieros, esto tiende a producir una transición fragmentada: flujos abundantes hacia segmentos donde la política industrial genera demanda estable y ventaja competitiva, y mayor escasez allí donde la descarbonización depende de señales regulatorias consistentes. El resultado no es parálisis, sino una transición “por islas”, con implicaciones problemáticas para su dimensión territorial, laboral y distributiva.    China, por su parte, siguió operando como actor estructurante por razones materiales más que discursivas. Su escala industrial y capacidad para reducir costos continúan definiendo qué trayectorias tecnológicas resultan financieramente viables a nivel global, al tiempo que intensifica debates sobre dependencia tecnológica y autonomía estratégica en terceros países. La transición energética se consolida, así como un campo de competencia geoeconómica, donde el financiamiento responde tanto a criterios climáticos como a cálculos de posicionamiento industrial.    La persistencia de los combustibles fósiles atravesó estas discusiones como el “presente que no se va”. Más que cuestionar su incompatibilidad climática, un punto ampliamente asumido, el foco se desplazó hacia la gestión de sus implicaciones fiscales, sociales y geopolíticas. Esta tensión se traduce en las finanzas como una transición condicionada: mayor apetito por instrumentos que reduzcan riesgo (como garantías, financiamiento combinado, contratos de largo plazo) y, al mismo tiempo, mayor tolerancia a enfoques híbridos que prolongan dependencias conocidas.    La adaptación, en paralelo, emergió con mayor nitidez como una respuesta directa a riesgos ya materializados. En la sesión oficial “What Does Adaptation Look Like?” , se subrayó que incluso bajo escenarios optimistas de descarbonización, el mundo ya se encuentra en un territorio no explorado de extremos climáticos con impactos económicos materiales. Se recordó que en 2024 las pérdidas asociadas a eventos climáticos extremos superaron los USD 300 mil millones y que, sin estrategias de adaptación robustas, los impactos podrían erosionar entre 10% y 20% del PIB global hacia mediados de siglo (World Economic Forum, 2026c). En este sentido, la adaptación dejó de presentarse únicamente como política defensiva y comenzó a discutirse como una agenda de transformación y creación de valor, sin que ello elimine su carácter de bien público ni las tensiones distributivas que atraviesan su financiamiento     Este giro se reflejó también en el lenguaje financiero, en la medida en la que se insistió en que, bien diseñada, la adaptación puede generar retornos económicos significativos, con estimaciones que van de USD 2 a USD 20 por cada dólar invertido, aunque la inversión en adaptación sigue siendo sustancialmente menor que en mitigación. Los ejemplos compartidos apuntaron a proyectos “bancables” atinentes a sectores como la agricultura resiliente que combina energía solar, riego eficiente y semillas resistentes a sequía; manejo de cuencas con impactos positivos en la productividad y la estabilidad hídrica; y servicios esenciales (como agua, salud, educación) adaptados para resistir calor extremo, inundaciones y eventos severos, particularmente desde una perspectiva de protección de la infancia. También se mencionaron herramientas tecnológicas, como el uso de satélites, inteligencia artificial y esquemas de forecast-based finance , que permiten activar recursos antes de que ocurran los impactos, reduciendo pérdidas humanas y económicas.    Sin embargo, el mensaje en términos financieros fue claro: la adaptación atrae capital cuando puede estructurarse como reducción de pérdidas futuras, continuidad de operaciones o protección de activos críticos. Donde los beneficios son difusos, públicos o de largo plazo, o donde la capacidad institucional es limitada, las brechas de financiamiento aún persisten y representan un punto neurálgico en el elenco internacional. El énfasis creciente en el agua —impulsado también por espacios como Blue Davos — sintetiza esta dinámica. El agua se posiciona simultáneamente como riesgo sistémico, activo económico y factor de estabilidad social, facilitando su traducción al lenguaje financiero, pero también evidenciando una asimetría estructural: la capacidad de planificar, medir y gestionar riesgos se convierte en un prerrequisito para acceder a financiamiento, reproduciendo desigualdades entre territorios.    En este entramado, el Global Risks Report 2026 opera como una arquitectura de interpretación compartida. Al situar los riesgos climáticos junto a tensiones geopolíticas, fragmentación económica y presiones sociales, integra el clima en una lectura amplia de riesgo sistémico. Esto no garantiza mayor ambición climática, pero sí redefine los criterios bajo los cuales se asigna capital, desplazando el foco desde el compromiso ambiental hacia la estabilidad y la resiliencia económica (World Economic Forum, 2026a).    Desde esta perspectiva, el financiamiento climático no es el punto de partida, sino el resultado de cómo la transición energética y la adaptación son leídas políticamente. A medida que estas agendas se inscriben en estrategias de seguridad, competitividad y gestión del riesgo, el espacio para financiarlas se vuelve más condicionado, más selectivo y menos universal. Davos 2026 no redefine estas dinámicas, pero las hace visibles con claridad, ofreciendo una lectura concentrada de cómo riesgo, poder y financiamiento climático se entrelazan en el escenario actual. El futuro del financiamiento para la transición energética justa y la adaptación dependerá menos de consensos declarativos y más de cómo estas agendas se integren o no en las prioridades geopolíticas de un mundo marcado por riesgos interconectados.    Referencias:   Gelles, D. (2026, January 22). At Davos, talk of climate change retreats to the sidelines . The New York Times. https://www.nytimes.com/2026/01/22/climate/davos-climate-change-trump.html   World Economic Forum. (2026a). The Global Risks Report 2026 . WEF. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2026.pdf   World Economic Forum. (2026b). Blue Davos and water resilience discussions . WEF Annual Meeting 2026. https://initiatives.weforum.org/ocean-agenda/blue-davos   World Economic Forum. (2026c). What Does Adaptation Look Like? Session summary, WEF Annual Meeting 2026. https://www.youtube.com/watch?v=SQo0dQnuvsA

Autores:   Alan Serna , Asociado en Finanzas Climáticas Internaciones para Brasil  Janeth Ugalde , Asociada en Finanzas para la Transición Energética Justa   La decisión del gobierno de Estados Unidos, oficializada el 7 de enero de 2026 mediante un memorando presidencial, de cesar su participación y financiamiento a 66 organismos internacionales representa un impacto significativo para la arquitectura económica y financiera global. Más allá de la narrativa de “restaurar la soberanía”, esta medida implica una reconfiguración deliberada de los espacios donde se construye previsibilidad, se coordinan políticas públicas y se gestionan riesgos sistémicos de alcance transfronterizo, debilitando la capacidad colectiva para proveer bienes públicos globales.  El impacto es particularmente crítico en el ámbito del financiamiento climático , un mercado aún inmaduro, altamente dependiente de recursos públicos, garantías multilaterales y marcos regulatorios comunes. La salida de Estados Unidos de instituciones clave —incluida la CMNUCC, el IPCC, UN Energy y organismos vinculados al desarrollo y la cooperación técnica— reduce la previsibilidad de los flujos financieros, no solo por el recorte potencial de aportaciones directas, sino también por el deterioro de las señales de largo plazo que orientan decisiones de inversión, política pública y asignación de capital. Al debilitarse los marcos de coordinación entre ciencia, gobernanza climática y arquitectura financiera, se erosionan las condiciones habilitantes para movilizar financiamiento a escala. Para las economías en desarrollo, esta dinámica suele traducirse en mayores costos de capital, menor acceso a financiamiento concesional y una dependencia creciente de instrumentos de deuda, restringiendo la capacidad de financiar la transición climática sin comprometer la estabilidad macroeconómica.  Desde una perspectiva macroeconómica, la retirada estadounidense refuerza un patrón de desplazamiento del gasto público: menos inversión en cooperación internacional y más asignación de recursos a defensa, con un presupuesto militar proyectado en 1,5 billones de dólares para 2027. Esta reasignación no es neutral.  Mientras el gasto militar tiende a generar retornos concentrados y con escasos efectos multiplicadores globales, el financiamiento climático canalizado vía instituciones multilaterales opera como una inversión en reducción de riesgos sistémicos, al fortalecer capacidades, prevenir pérdidas económicas futuras y amortiguar impactos asociados a desastres climáticos. En regiones altamente vulnerables como América Latina y el Caribe, la contracción de la cooperación climática no implica un ahorro fiscal, sino un aumento de los costos económicos, sociales y financieros en el mediano y largo plazo.  Este movimiento ocurre en un contexto ya marcado por brechas estructurales de financiamiento. El incumplimiento histórico de los compromisos de los países desarrollados —incluyendo la meta de USD 100 mil millones anuales— y las limitaciones del nuevo Objetivo Global de Financiamiento Climático (NCQG) hacen que cada retroceso político tenga efectos multiplicadores.  El repliegue de uno de los principales contribuyentes del sistema multilateral reduce la previsibilidad de los recursos, incrementa la volatilidad del financiamiento y profundiza las barreras de acceso, especialmente para países con altos niveles de endeudamiento, restricciones fiscales o baja calificación crediticia, afectando directamente la capacidad de los países de América Latina y el Caribe para implementar sus NDCs y planes de transición justa de manera consistente con sus necesidades de desarrollo y resiliencia.   En una perspectiva de justicia climática, este giro adquiere una dimensión adicional. Estados Unidos es uno de los mayores emisores históricos y uno de los principales emisores actuales, por lo que su repliegue de los principales foros climáticos tensiona el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y debilita los espacios donde se negocian compromisos, se evalúa la ambición colectiva y se exige corresponsabilidad histórica. La medida no es neutral: traslada de facto una mayor carga de ajuste a países y comunidades que han contribuido menos a la crisis climática y que enfrentan impactos desproporcionados, profundizando asimetrías estructurales en la gobernanza global.   Además, el debilitamiento de los organismos multilaterales refuerza una tendencia preocupante: el desplazamiento del financiamiento climático desde esquemas públicos, concesionales y basados en reglas hacia mecanismos fragmentados, bilaterales o guiados por intereses geopolíticos. Esto erosiona principios clave como la adicionalidad, la transparencia, la responsabilidad común pero diferenciada y el acceso equitativo, pilares históricos de la agenda climática internacional defendida por el GFLAC.  El resultado es un sistema menos eficiente y alineado con los objetivos climáticos globales, no solo por su menor escala, sino por una degradación en la calidad del financiamiento, caracterizada por mayor condicionalidad política, menor previsibilidad y una creciente subordinación a ciclos políticos nacionales.  En este contexto, la decisión de Estados Unidos no solo genera un vacío político, sino también un déficit económico estructural en la provisión de financiamiento climático.  Al mismo tiempo, abre una fase de reacomodo geopolítico en la que otros actores, como China o la Unión Europea, pueden buscar ampliar su influencia y posicionarse como defensores del multilateralismo, redefiniendo los equilibrios de poder en la gobernanza financiera internacional y la capacidad de incidir en estándares, prioridades y reglas de acceso. Para América Latina y el Caribe, el desafío es doble: enfrentar un entorno financiero más restrictivo y, al mismo tiempo, reforzar la defensa de una arquitectura financiera internacional que movilice recursos a escala, con calidad y con criterios de justicia climática, evitando que el financiamiento climático quede subordinado a coyunturas políticas internas o a lógicas puramente geopolíticas. En última instancia, la viabilidad de la acción climática depende de instituciones estables que garanticen previsibilidad, equidad y corresponsabilidad, incluso en contextos de alta volatilidad política internacional.    Fuente: Withdrawing the United States from International Organizations, Conventions, and Treaties that Are Contrary to the Interests of the United States - Presidential Memoranda - January 7, 2026 - https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/withdrawing-the-united-states-from-international-organizations-conventions-and-treaties-that-are-contrary-to-the-interests-of-the-united-states/

From November 10 to 22, 2025, the 30th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was held in Belém, Brazil.   This COP faced the challenge of deliberating on a package of decisions on issues such as adaptation, loss and damage, mitigation, financing, and transparency. This package was to be based on existing processes on the working agenda. However, at the start of the COP, a series of new agenda items were proposed by the parties, creating a parallel discussion process that changed the pace of the negotiations.   Photo: COP30 Amazônia (Flickr oficial This new package of decisions was called the Mutirao package, an indigenous name for the spirit of collaboration that Brazil said it would bring to this process. This package included some of the most complex issues, as many of them involved significant differences between the parties: unilateral trade measures, which grew in interest following the creation of measures in the European Union imposing standards on emissions reduction and deforestation on imports of products from developing countries; consideration of the Nationally Determined Contributions report to keep the temperature below 1.5°C; and in terms of financing, the proposal to tripling adaptation finance and create a work plan to address Article 9.1 related to the financial obligations of developed countries. This package took up most of the time in the negotiation process during the first and second weeks of the COP. And although the other issues were discussed in parallel, their outcome was conditioned by what was discussed in this Mutirao package.   What did the Mutirao package leave us with?  Photo: COP30 Amazônia (Flickr oficial) The package concluded with four main points: 1. ⁠⁠ A decision to hold a high-level ministerial dialogue to reflect on the implementation of the new quantifiable collective goal for climate finance (NCQG), without integrating a specific outcome to accelerate its implementation. 2. ⁠⁠ A decision to triple adaptation financing by 2035, without clarifying what the baseline is. In addition, this goal is set in the context of the NCQG, i.e., financing from public sources in developed countries, but also mobilization of other sources, such as private ones. This decision was expected to triple by 2030 and be based solely on public resources. In other words, this decision does not respond to the urgency, much less the need to cover adaptation with non-debt-generating resources. 3. ⁠⁠ A decision to establish dialogues on trade and climate in upcoming meetings, without a specific outcome, other than to create a space to discuss the issue, for which it is hoped that the dialogues will determine whether it is an issue that should be addressed in the Convention. 4. A two-year work plan to discuss Article 9.1, within the framework of Article 9 on financing, without prejudice to what is discussed within the framework of the NCQG. Developing countries wanted this to be separate from the NCQG, although some argued that it was better to have clarity on aspects related to Article 9.1 and the obligations of developed countries also within the NCQG. The point is that there was no agreement, and the decision is rather ambiguous.  In conclusion, the agreements reached in the Mutirao package, which were more declaratory in nature, such as the letters from the presidency, were not very ambitious. However, this conditioned other areas, two of which were the global adaptation goal and issues related to mitigation, specifically, references to transition away fossil fuels.      What happened to the global adaptation goal? It was well known that one of the most important aspects to be worked on at the COP was the issue of the global adaptation goal, for which a series of indicators had to be agreed upon. However, in addition to agreeing on fewer indicators than had been discussed (from 100 to 59), it was established that their implementation would not generate further financial implications, meaning that developing countries would have to do so with their own resources. Although it is assumed that the goal of tripling adaptation financing would be to achieve this implementation, this goal is only set for 2035, with no clarity on its progress.    Photo: Marisol Marín, GFLAC. This, in general, highlights that the most important issue of the COP was left with the weakest results, without failing to point out the lack of clarity in the process, which I will refer to later.     What happened to the aim to transitioning away from fossil fuels? During COP there was a demand to be more vocal in areas that are extremely important to reduce emissions, such as the reduction of deforestation and transitioning away from fossil fuels. Initially countries discussed about the possibility to include this in the Mutirao package, which did not happen. So other idea was to include this as part of the mitigation work program, at least to include a dialogue about it. Although these issues were promoted by President Lula and emphasized during his presence at the COP in the middle of the second week, and there was even a statement supported by more than 80 countries, including several Latin American countries such as Colombia, Chile, and Panama, according to the Presidency, many other parties did not agree to include these issues. In short, the Arab countries blocked any progress in this area. Fotografía: Marisol Marín, GFLAC.   However, the Just Transition Work Program does consider the need to make progress in energy efficiency and renewable energy generation, with a comprehensive approach that is both environmental and social, but it does not fully consider a transition away from fossil fuels. Once again, the result is limited in its ambition.    What happened to the Roadmap from Baku to Belém to mobilize $1.3 trillion? Photo: Marisol Marín, GFLAC. Although we spent a year hoping for a Roadmap to mobilize at least $1.3 trillion, the document presented by the Brazilian presidency a few days before the COP went unnoticed. It was presented at a side event, with limited opportunity to comment on or discuss the document. As a result, the final text of the Mutirao welcomes the efforts of the Brazilian and Azerbaijani presidencies but takes “note” of the document without any kind of follow-up process, other than the naive hope that the actors mentioned will see it as a working guideline for the years to come. The truth is that no country felt inclined to support it, both because of a lack of enthusiasm and a lack of transparency in its design. Even the President of the COP, said in a press conference, that this topic was not part of the priorities. This means that the Roadmap remained just another document presented by the presidencies, whose fate is completely uncertain. In conclusion, a missed opportunity.   Procedural and transparency issues  While the content of many decisions fell short of ambition, the other problem, equally or more serious, was a matter of procedure. Brazil decided to make all the decisions and approve them in an integrated package, even though the nature of the Mutirao package was different from the rest. The problem is that many of the decisions not agreed upon in the negotiating room, were not discussed at the ministerial level either. In other words, Brazil's proposal was to focus ministerial discussions on three elements of the Mutirao package and, with them, approve the entire package. However, this was not clear for all the country parties. Fotografía: COP30 Amazônia (Flickr oficial) Thus, from Friday at noon until 8 a.m. on Saturday, the ministers focused mainly on two issues: the proposal to tripling finance for adaptation and the NDCs report, agreeing the launch of a "Global Implementation Accelerator," which no one is clear about today. Therefore, when the plenary session began, the procedure was unclear as there had been no discussion on the other issues, besides the Mutirao text. And when the president began to adopt decisions that had NOT been agreed upon, countries such as Uruguay, Panama, the environmental integrity group, and others opposed them. This was particularly true regarding the global adaptation goal, which was the focus of the conversation and for which there were no major agreements.  However, the presidency decided only to "take note" of the objections and did not stop the approval, pointing out that the objections came after the gavel was struck, when in fact the objections came before, but the presidency ignored them.  An important aspect that few people know is that, in the negotiating room during the night, only two countries per group were invited to participate. While the negotiating groups have similar ideas, this does not mean that they have the same positions and interests, so limiting the space to two countries per group is not the best method for multilateralism.  This procedural flaw led to the presidency being considered one of the least transparent in its method and, therefore, one of the most questioned. Although the conclusion of the decisions was celebrated, several countries opposed the outcome. This was not like COP29, where only India opposed the resolution on the NCQG. At COP30, many countries opposed the outcome, and this must be said.   The geopolitics of the COP  The announcement of Brazil's presidency for COP30 was widely celebrated around the world, both by developed and developing countries. Among other things, this was because Brazil had a diplomatic track record of managing processes such as BRICS, G20, and others. The truth is that the UNFCCC is nothing like these other processes. It is a space that requires a deep understanding of the diversity of views and interests, and above all, it requires the ability to articulate to achieve the best possible balance.   Photo: COP30 Amazônia (Flickr oficial) In this context, Brazil made two major mistakes. The first was that, for much of the time, it put a lot of effort into agendas that were not part of the negotiations, such as the launch of the Tropical Forest Forever Fund (TFFF), which, although innovative, was not part of the "official" package to be agreed at the COP, nor was the action agenda. And although it was good to promote these initiatives, they should have been complementary to the negotiation process. The second is that Brazil forgot that the COP was a Latin American COP and took it upon itself to forge ties and agreements with groups such as the BRICS, and even with the African group and like-minded countries, including the Arab countries and India, which in return supported its efforts at all times. However, it forgot about its own negotiating group and the groups in its region, thereby preventing the establishment of a regional agenda. This worked against Brazil at the end of the COP, as some Latin American countries in their various groups, manifested dissatisfaction with the management and lack of transparency, expressing their opposition to the process and the content of the agreements. This resulted in Brazil's leaving from the South group. But is important to say, that the complaints were not only from LAC countries. Conclusion: is the glass half full or half empty? No one can deny that Brazil is a country with a great diplomatic career, but this process got out of hand when they tried to operate it like the G20 and forgot about the necessary consensus. In addition, unfortunate events such as the fire, the heat in the rooms, the limited food supply, and others worked against them. Despite the approval of a diverse package, it is important to understand that there are significant objections to it, and above all, it is important to understand this in view of the next COP, which will be hosted by Turkey but led in negotiations by Australia. If these countries could not agree for a year on who would host the COP, how do they expect to shape a process that was left with a glass half empty? This will be a topic for analysis in another edition. For now, it is important to celebrate what Brazil did well, which was to welcome a huge mobilization of indigenous communities, although many of them were dissatisfied because they feel they were used because they were not given the spaces they were promised. However, various references to them appear in texts, and it is hoped that this issue will continue to gain momentum in future conversations. COP30 leaves us with an incomplete but important package. Multilateralism remains in question, and there are fears that these limited advances will give way to the rise of more conservative forces that do not believe in international cooperation. The example of the United States today invades the narrative in Europe, Latin America, and other spaces, which I will discuss shortly. The truth is that we must let the COPs deliberate on pending international climate issues and reduce their burden and pressure. This means, we have to downsize COPs in the future. It is not sustainable to continue to have so many parallel events and spaces that do not contribute to the results of the negotiations, but rather generate a significant distraction, especially those financed by large corporations. The presidency will want to see the glass as half full, while others see it as half empty. The important thing is that the glass already has many elements that establish where to move forward in implementation. In other words, it is no longer acceptable to blame the COPs alone for failures in climate action; the necessary agreements are already on the table. The COPs are now only there to fine-tune these decisions, but the larger package already exists, it is called the Paris Agreement, so those detractors of the climate system should not wait any longer and should speed up action, as time is running out...

Del 10 al 22 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la 30a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en la Ciudad de Belém, Brasil.     Esta COP tenía como reto deliberar un paquete de decisiones en temas como adaptación, perdidas y daños, mitigación, financiamiento y transparencia. Este paquete debía partir de procesos ya existentes en la agenda de trabajo, sin embargo, al arranque de la COP, una serie de nuevos elementos de agenda fueron propuestos por las partes, creando un proceso paralelo de discusión, que cambió el ritmo de la negociación.    Fotografía: COP30 Amazônia (Flickr oficial A este nuevo paquete de decisiones se le denominó el paquete Mutirao, nombre indígena al espíritu de colaboración que Brasil dijo traer en este proceso.   En este paquete se integraban algunos de los temas más complejos pues muchos de ellos, tenían importantes divergencias entre las partes: medidas unilaterales de comercio, que creció en interés, tras la creación de medidas en la Unión Europea que imponen estándares en materia de reducción de emisiones y deforestación, a las importaciones de productos provenientes de países en desarrollo; la consideración del reporte de Contribuciones Determinadas a nivel Nacional, para mantener la temperatura en menos de 1.5oC; y en materia de financiamiento, la propuesta de triplicar el financiamiento para la adaptación y crear un plan de trabajo para abordar el artículo 9.1 relacionado a las obligaciones de los países desarrollados.     Este paquete fue el que acaparó el mayor tiempo del proceso de negociación, la primera y la segunda semana de la COP. Y pese a que el resto de los temas se discutieron de manera paralela, su resultado estaba condicionado a lo discutido en este paquete Mutirao.     ¿Qué nos dejó el paquete Mutirao?  Fotografía: COP30 Amazônia (Flickr oficial) El paquete concluyó, principalmente con 4 cosas:     Una decisión para tener un diálogo de alto nivel ministerial para reflexionar sobre la implementación de la nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento climático (NCQG por sus siglas en inglés), sin integrar un resultado específico que acelere dicha implementación.   Una decisión de triplicar el financiamiento para la adaptación para 2035, sin clarificar cual es la línea base. Además de que esta meta se hace en el contexto del NCQG, es decir, financiamiento proveniente de fuentes públicas de países desarrollados, pero también movilización de otras fuentes, como las privadas. En esta decisión se esperaba que se triplicara a 2030 y que fuera con base solo en recursos públicos. Es decir, esta es una decisión que no responde a la urgencia y mucho menos a la necesidad de cubrir la adaptación con recursos no generadores de deuda.  Una decisión de establecer diálogos sobre comercio y clima en próximas reuniones, sin un resultado específico, más que generar un espacio para hablar del tema, para lo cual se espera que los diálogos permitan determinar si es un tema que debe o no abordarse en la Convención.   Un plan de trabajo por dos años para hablar de artículo 9.1, en el marco del artículo 9 sobre financiamiento, sin perjuicio de lo que se discuta en el marco del NCQG. Los países en desarrollo querían que esto se diera por separado del NCQG, aunque algunos argumentaban que era mejor tener claridad de los aspectos relacionados a artículo 9.1. y las obligaciones de los países desarrollados también dentro del NCQG. El punto es que no hubo acuerdo, y la decisión es ambigua.      En conclusión, lo acordado en el paquete de Mutirao, que fueron más de carácter declaratorio, como las cartas de la presidencia, fueron poco ambiciosos. No obstante, esto condicionó otros espacios, dos de ellos fueron, la meta global de adaptación y los temas asociados a transitar lejos de los combustibles fósiles.     ¿Qué pasó con la meta global de adaptación?  Era sabido que uno de los aspectos más importantes a trabajar en la COP era el tema de la meta global de adaptación, para lo cual una serie de indicadores debían ser acordados. Sin embargo, además de que se acordaron un número menor de indicadores de los que se venían discutiendo (pasando de 100 a 59), se establece que su implementación no generará más implicaciones financieras, es decir, los países en desarrollo tendrán que hacerlo con sus propios medios. Ya que, si bien se asume que la meta de triplicar financiamiento para la adaptación sería para alcanzar esta implementación, dicha meta solo se plantea un cumplimiento de cara al 2035, sin claridad de su avance.   Fotografía: Marisol Marín, GFLAC. Esto en general, pone de relieve que el tema más importante de la COP, quedó con los resultados más laxos, sin dejar de señalar la falta de claridad del proceso, a la que referiré más adelante.     ¿Qué pasó con el objetivo de abandonar los combustibles fósiles? Durante la COP se pidió que se prestara más atención a cuestiones extremadamente importantes para reducir las emisiones, como la reducción de la deforestación y la transición para abandonar los combustibles fósiles. Inicialmente, los países debatieron la posibilidad de incluir esto en el paquete Mutirao, lo que no sucedió. Por lo tanto, otra idea fue incluirlo como parte del programa de trabajo de mitigación, al menos para incluir un diálogo al respecto. Aunque estas cuestiones fueron promovidas por el presidente Lula y destacadas durante su presencia en la COP a mediados de la segunda semana, e incluso hubo una declaración respaldada por más de 80 países, entre ellos varios latinoamericanos como Colombia, Chile y Panamá, según la Presidencia, muchas otras partes no estuvieron de acuerdo en incluir estas cuestiones. En resumen, los países árabes bloquearon cualquier avance en este ámbito. Sin embargo, Programa de trabajo de Transición Justa sí se considera la necesidad de progresar en materia de eficiencia energética, y de generación de renovables, con un enfoque integral, tanto ambiental como social, pero tampoco considera del todo, una transición alejada de los combustibles fósiles. Dejando el resultado, nuevamente, limitado en ambición. Fotografía: Marisol Marín, GFLAC.   Sin embargo, Programa de trabajo de Transición Justa sí se considera la necesidad de progresar en materia de eficiencia energética, y de generación de renovables, con un enfoque integral, tanto ambiental como social, pero tampoco considera del todo, una transición alejada de los combustibles fósiles. Dejando el resultado, nuevamente, limitado en ambición.    ¿Qué pasó con la Ruta de Bakú a Belén para movilizar 1.3 billones de Dólares?  Fotografía: Marisol Marín, GFLAC. Aunque estuvimos por un año deseando contar con una Ruta para movilizar al menos 1.3 billones de dólares, el documento presentado por la presidencia de Brasil pocos días antes de la COP, pasó desapercibido. Se presentó en un evento paralelo, con formato limitado para intervenir y/u opinar sobre el documento. Por lo que en el texto final del Mutirao, se da la bienvenida al esfuerzo de las presidencias de Brasil y de Azerbaiyán, pero se toma nota del documento, sin algún tipo de proceso de seguimiento, más que el ingenuo deseo que los actores aludidos la vean como una orientación de trabajo en años por venir. Lo cierto es que ningún país se sintió inclinado a apoyarla, tanto por falta de entusiasmo como por falta de transparencia en su diseño. Incluso el presidente de la COP dijo en una rueda de prensa que este tema no formaba parte de las prioridades. Esto significa que la Hoja de Ruta quedó en ser un documento más presentado por las presidencias, cuyo destino es completamente incierto. En conclusión, una oportunidad perdida. Problemas de procedimiento y transparencia   Si bien el contenido de muchas decisiones quedó corto de ambición, el otro problema, igual o más grave, fue un asunto de procedimiento . Brasil decidió tomar todas las decisiones y aprobarlas en un paquete integrado, pese a que la naturaleza del paquete Mutirao era diferente del resto. El problema es que muchas de las decisiones no acordadas en sala, no fueron discutidas a nivel ministerial tampoco. Es decir, la propuesta de Brasil fue centrar las discusiones ministeriales en 3 elementos del paquete Mutirao, y con ellos aprobar el paquete completo. Aunque esto nunca fue claro.  Fotografía: COP30 Amazônia (Flickr oficial) De esta forma se tuvo a los ministros desde el viernes a medio día, y hasta las 8 de la mañana del sábado centrados en principalmente dos temas, la propuesta de triplicar el financiamiento para adaptación, y el reporte de las NDCs, lanzando un “Acelerador Global de Implementación”, del que hoy nadie tiene claridad.   Por eso, al llegar a plenaria, no se tenía claro el procedimiento pues no hubo discusión sobre el resto de los temas. Y cuando el presidente comenzó a adoptar decisiones NO acordada, países como Uruguay, Panamá, el grupo de integridad ambiental y otros, se opusieron. Particularmente lo relacionado con la meta global de adaptación, centro de la conversación y para la cual no hubo mayores acuerdos. Sin embargo, la presidencia decidió solo “tomar nota” de las objeciones y no paró la aprobación, señalando que las objeciones vinieron después del martillazo de adopción, cuando en realidad las objeciones vinieron antes, pero la presidencia las ignoró.      Un aspecto importante que pocos saben es que, en el cuarto de negociación durante la noche, solo 2 países por grupo fueron invitados a participar. Si bien los grupos de negociación tienen ideas a fines, esto no significa que tienen las mismas posiciones e intereses, de manera que limitar el espacio a dos países por grupo, tampoco es el mejor método para el multilateralismo.   Esta falla en el procedimiento llevó a la presidencia a ser considerada una de las menos transparentes en su método y, por tanto, una de las más cuestionadas. Pues, aunque se celebró su conclusión, fueron diversos países los que se opusieron al resultado final. Esto no fue como COP29, en donde solo India se opuso a la resolución de la nue va meta de financiamiento climático, en esta COP30 fueron muchos países los que se opusieron al resultado final, y hay que decirlo.   La geopolítica de la COP  El anuncio de la presidencia de Brasil para esta COP30, fue altamente celebrada en el mundo, tanto por países desarrollados como por países en desarrollo. Entre otras cosas, porque venían de una carrera diplomática gestionando procesos como BRICS, G20 y otros. Lo cierto, es que la CMNUCC, no es nada como estos otros procesos. Es un espacio, que requiere una gran comprensión de la diversidad de visiones e intereses, y sobre todo requiere de la capacidad de articular para obtener el mejor balance posible.    Fotografía: COP30 Amazônia (Flickr oficial) En este contexto, Brasil cometió dos errores importantes. El primero fue que, durante gran parte del tiempo, dedicó muchos esfuerzos a agendas que no formaban parte de las negociaciones, como el lanzamiento del Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales (TFFF), que, aunque innovador, no formaba parte del paquete «oficial» que se iba a acordar en la COP, ni tampoco la agenda de acción. Y aunque fue positivo promover estas iniciativas, deberían haber sido complementarias al proceso de negociación. La segunda es que Brasil olvidó que la COP era una COP latinoamericana y se encargó de forjar lazos y acuerdos con grupos como el BRICS, e incluso con el grupo africano y países afines, incluidos los países árabes y la India, que a cambio siempre apoyaron sus esfuerzos. Sin embargo, se olvidó de su propio grupo de negociación y de los grupos de su región, lo que impidió el establecimiento de una agenda regional.   Esto jugó en contra de Brasil al final de la COP, ya que algunos países latinoamericanos, en sus diversos grupos, manifestaron su descontento con la gestión y la falta de transparencia, expresando su oposición al proceso y al contenido de los acuerdos. Esto provocó la salida de Brasil del grupo del Sur. Pero es importante señalar que las quejas no procedían únicamente de los países de América Latina y el Caribe. Conclusión: ¿el vaso medio lleno o medio vacío?  Nadie puede negar que Brasil es un país con una gran carrera diplomática, pero este proceso se les salió de las manos cuando trataron de operarlo como el G20, y se olvidaron de los consensos necesarios. Además de que eventos desafortunados como el incendio, el calor en las salas, el limitado abasto de alimentos, y otros, les jugaron en contra.   Pese a la aprobación de un paquete diverso, es importante entender que hay objeciones importantes al mismo, y sobre todo es importante entenderlo de cara a la siguiente COP que será hospedad en Turquía, pero liderada a nivel de negociaciones por Australia. Si estos países no lograron ponerse de acuerdo por un año, para ver quien hospedaría la COP, ¿cómo esperan lograr darle forma un proceso que se quedó con un vaso medio vacío? Será un tema para analizar en otra edición.  Por ahora, es importante celebrar lo que Brasil hizo bien, que fue dar cabida a una movilización enorme de comunidades indígenas, aunque muchas de ellas quedaron insatisfechas, pues sienten que fueron usadas porque no se les dieron los espacios prometidos. No obstante, diversas referencias a ellas y ellos aparecen en textos y se espera que este tema siga cobrando fuerza en conversaciones por venir.   La COP30 queda con un paquete incompleto, pero importante. El multilateralismo sigue quedando en tela de juicio y se teme que estos avances limitados, den paso a la apertura de más fuerzas conservadoras que no creen en la cooperación internacional. El ejemplo de Estados Unidos hoy invade la narrativa en Europa, en América Latina y otros espacios, de los que pronto hablaré. Lo cierto es que debemos dejar a las COPs deliberar sobre los asuntos internacionales climáticos pendientes y debemos reducirle la carga y la presión.   No es sostenible seguir teniendo tantos eventos paralelos y espacios que no coadyuvan a los resultados de la negociación, sino que generar una importante distracción, sobre todo aquellos financiados por las grandes corporaciones.   La presidencia querrá ver el vaso medio lleno, otros lo vemos medio vacío, lo importante es que el vaso ya tiene muchos elementos que ya establecen hacia donde avanzar en la implementación. Es decir, ya no se vale solo echarle la culpa a las COPs por los fracasos en la acción climática, los acuerdos necesarios ya están en la mesa. Las COPs ahora solo son para afinar dichas decisiones, pero el paquete más grande ya existe, se llama Acuerdo de París, así que aquellos detractores del sistema climático no esperen más y aceleren la acción, que el tiempo se agota…