Buscar en este sitio

Por: Alan Senra, Asociado en finanzas para la biodiversidad La próxima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), que se celebrará en Ereván, Armenia, del 19 al 30 de octubre de 2026, será un momento clave para evaluar los avances y desafíos en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. En el camino hacia la conferencia, las reuniones de Nairobi y el Diálogo de Kunming reforzaron un mensaje central: sin recursos financieros suficientes, accesibles y previsibles, los compromisos globales de biodiversidad difícilmente se traducirán en resultados concretos. En este contexto, el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) organizó el 13 de octubre el webinar “Camino hacia la COP17: financiamiento para la biodiversidad y prioridades para la implementación del Marco Global de Biodiversidad”, que reunió perspectivas de organizaciones internacionales, redes de mujeres y representantes de iniciativas territoriales. El encuentro permitió identificar prioridades para las negociaciones y destacar la necesidad de conectar el financiamiento con la implementación efectiva de los compromisos nacionales. De Nairobi a Kunming: una brecha financiera que sigue pendiente Las reuniones de los órganos subsidiarios del Convenio sobre la Diversidad Biológica celebradas en Nairobi en julio y agosto de 2026 — la 28ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-28) y la séptima reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación (SBI-7 )— dejaron en evidencia que persisten desafíos importantes para movilizar los recursos necesarios para la biodiversidad. Entre los temas centrales estuvieron la movilización de recursos financieros, la reforma de incentivos perjudiciales para la naturaleza y las condiciones para que los países en desarrollo accedan a recursos nuevos, adicionales, adecuados y previsibles. Estos asuntos se relacionan directamente con las metas 18 y 19 del Marco Mundial de Biodiversidad: la primera, orientada a identificar y reformar incentivos perjudiciales para la biodiversidad, y la segunda, centrada en aumentar significativamente los recursos financieros destinados a su implementación. Las discusiones también subrayaron que la movilización de recursos no puede separarse de las condiciones de acceso, las capacidades institucionales y las responsabilidades diferenciadas entre países. Para América Latina y el Caribe, esto implica fortalecer los mecanismos de financiamiento público, mejorar el acceso directo de los actores que implementan acciones en los territorios y avanzar en una arquitectura financiera internacional que responda a las necesidades de los países en desarrollo. [Consultar la relatoría de las reuniones de Nairobi: LINK] El Diálogo de Kunming reforzó estas preocupaciones desde la perspectiva de la implementación. Entre sus principales mensajes estuvieron la necesidad de fortalecer la movilización de recursos nacionales, revisar subsidios perjudiciales, involucrar a los ministerios de Finanzas y Planificación y mejorar el acceso al financiamiento para los pueblos indígenas y las comunidades locales. También se destacó la importancia de reconocer las contribuciones de actores no estatales y de fortalecer la articulación entre las agendas de clima y biodiversidad. Estas discusiones muestran que la brecha de implementación no es únicamente una cuestión de ambición política: también refleja dificultades para convertir los compromisos en presupuestos, instrumentos económicos y mecanismos financieros efectivos. [Consultar la relatoría del Diálogo de Kunming: LINK] El financiamiento como condición para implementar el Marco Mundial de Biodiversidad El webinar organizado por REDFIS, GFLAC, con participación de miembros de WWF, Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, Ambire Global, PérezStrat y el Caucus de Mujeres del CDB el 13 de octubre buscó conectar estos debates internacionales con las prioridades de implementación y financiamiento que llegan a la COP17. La apertura de Sandra Guzmán, del GFLAC, destacó la importancia de abordar la biodiversidad desde una perspectiva financiera, fiscal e institucional, mientras que el intercambio permitió reunir experiencias sobre las barreras que enfrentan los países y los actores territoriales. En el primer bloque, Edda Fernández Luiselli, del Caucus de Mujeres del Convenio sobre la Diversidad Biológica, presentó una perspectiva general sobre el camino hacia la COP17. El debate con María Inés Rivadeneira, de WWF América Latina y el Caribe, y Karla Maass, de la Alianza Cuencas Sagradas, permitió profundizar en las condiciones necesarias para llevar los compromisos globales a la práctica. Uno de los puntos centrales fue que la disponibilidad de financiamiento debe ir acompañada de mecanismos accesibles, transparentes y adecuados a las realidades de los territorios. Esto es especialmente relevante para los pueblos indígenas y las comunidades locales, cuyas contribuciones a la conservación son fundamentales, pero que con frecuencia encuentran obstáculos para acceder directamente a los recursos. En el segundo bloque, Isabel González, de Ambire Global, y Eddy Pérez, de PérezStrat, contribuyeron al debate sobre las condiciones financieras e institucionales necesarias para avanzar en la implementación. La discusión volvió sobre la importancia de movilizar recursos públicos y privados, revisar incentivos que continúan impulsando la degradación de la naturaleza y fortalecer la coordinación entre las políticas ambientales y económicas. El encuentro también destacó la necesidad de conectar las estrategias nacionales de biodiversidad con los compromisos climáticos. La articulación entre las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP) y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) puede ayudar a identificar prioridades compartidas, reducir contradicciones entre políticas públicas y orientar mejor el uso de los recursos. [Consultar la relatoría del webinar: LINK] [Ver la grabación en YouTube: LINK] Cinco prioridades financieras rumbo a la COP17 A partir de los intercambios de Nairobi, Kunming y el webinar de GFLAC, se destacan cinco prioridades para avanzar en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad: Movilizar recursos suficientes y previsibles. Los compromisos deben traducirse en financiamiento adecuado, con atención a las necesidades de los países en desarrollo y a las responsabilidades diferenciadas. Reformar incentivos perjudiciales para la biodiversidad. La revisión de subsidios e instrumentos fiscales que favorecen la degradación de la naturaleza debe formar parte de las estrategias de movilización de recursos. Mejorar el acceso directo al financiamiento. Los mecanismos financieros deben responder a las necesidades de los pueblos indígenas, las comunidades locales y otros actores que implementan acciones de conservación en los territorios. Integrar biodiversidad, clima y políticas económicas. La coordinación entre las NBSAP, las NDC y los instrumentos fiscales y presupuestarios puede generar sinergias y mejorar la efectividad del gasto público. Fortalecer la gobernanza financiera. Los ministerios de Finanzas y Planificación, las instituciones públicas de desarrollo y las autoridades ambientales deben participar de manera coordinada en la definición y ejecución de las estrategias nacionales. Estas prioridades apuntan a un desafío que va más allá de la negociación internacional: transformar la manera en que se recaudan, asignan y utilizan los recursos que afectan a la naturaleza. De los compromisos a la implementación La COP17 tendrá lugar en un momento decisivo para evaluar el avance del Marco Mundial de Biodiversidad y reforzar las condiciones para su implementación. Las discusiones de Nairobi y Kunming, junto con los intercambios impulsados por GFLAC, muestran que el financiamiento debe ocupar un lugar central en esta agenda. No se trata solamente de aumentar los recursos disponibles, sino también de revisar los incentivos económicos, mejorar el acceso, fortalecer las capacidades institucionales y asegurar que las decisiones financieras sean coherentes con los objetivos de conservación y restauración. Para América Latina y el Caribe, donde la biodiversidad es estratégica y las necesidades de financiamiento siguen siendo significativas, la COP17 representa una oportunidad para impulsar soluciones que conecten las prioridades globales con las políticas nacionales y las realidades territoriales. Rumbo a Ereván, hagamos de los compromisos una realidad: movilicemos recursos suficientes, accesibles y previsibles, transformemos los incentivos que dañan la naturaleza y fortalezcamos a quienes protegen la biodiversidad en los territorios. La COP17 es una oportunidad para que gobiernos, instituciones financieras y sociedad civil impulsemos una acción conjunta que se traduzca en resultados concretos para la conservación, la restauración y el bienestar de las comunidades.

¿Quién decide qué merece ser financiado y quién asume los costos cuando los recursos no alcanzan? Estas preguntas atravesaron la jornada final de la 7.ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2026 (SFC2026), organizada por GFLAC. El quinto día de actividades, que llevó por lema “Uniendo voces, mentes y corazones por el Sur Global”, reunió posturas de América Latina y el Caribe, junto a diversas posiciones que representaron a África para hablar sobre la participación de las mujeres y las juventudes para transformar el sistema financiero. Las conversaciones destacaron una misma exigencia: dejar de lado la participación meramente simbólica y pasar a una participación que sea efectiva en el diseño de los mecanismos, la asignación de los recursos y en la toma de decisiones. Asimismo, en el inicio de la jornada se compartió un posicionamiento hacia los bancos multilaterales de desarrollo y sus propietarios, en el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a las que la voz de la gente pidió pasar de los compromisos a la implementación a través de un financiamiento más asequible, concesional y alineado a las prioridades de los países en desarrollo. Mujeres, fuerza del Sur Global: propuestas para una reforma financiera feminista Reconocer quién sostiene los costos de las crisis El primer panel, moderado por Laura Restrepo, de Climate Action Network Latin America (CANLA), analizó cómo las reglas financieras afectan de manera diferenciada a las mujeres. La deuda, los ajustes fiscales y las condiciones del financiamiento climático tienen consecuencias sobre su tiempo, sus ingresos y sus posibilidades de participar en las decisiones. Belén, presidenta de Fundación Pachamama, explicó que, cuando los servicios públicos son insuficientes o se reducen, las mujeres suelen cubrir esas necesidades mediante trabajos de cuidado no remunerados. Así, terminan “subsidiando con su tiempo” parte del costo del servicio de la deuda. Desde su experiencia con comunidades amazónicas, señaló que las dificultades para acceder a la educación, el transporte y la atención médica también limitan su independencia económica y la participación política de las mujeres. Sandra Guzmán, de GFLAC, coincidió en que el trabajo no remunerado sostiene el sistema económico y que los recortes de presupuestos generan nuevas responsabilidades a las mujeres, tanto en el cuidado como en la administración de los recursos del hogar. Desde África, Maureen, de Global Alliance for Tax Justice, vinculó estas desigualdades con las reglas fiscales internacionales y explicó que las salidas de recursos reducen la capacidad de financiar servicios públicos y pueden aumentar el endeudamiento y los impuestos al consumo que afectan más a los hogares con menores ingresos. Financiar la acción climática sin profundizar la deuda Carolina, de Climate Reality Project, Brasil, destacó que las condiciones de los recursos importan tanto como su cantidad y mostró la tensión que existe entre atender la crisis climática y el cumplimiento de obligaciones financieras que limitan los presupuestos disponibles. Las propuestas del panel apuntaron a transformar las reglas y los mecanismos de acceso. Maureen planteó mejorar la transparencia para reducir la pérdida de recursos y pidió incorporar la igualdad de género y la justicia climática en la cooperación fiscal internacional. Belén insistió en que las mujeres y las organizaciones indígenas deben intervenir desde el inicio en la definición de prioridades, criterios de acceso, implementación y evaluación de los fondos. Además, propuso evaluar los impactos de género y derechos humanos antes de aplicar programas de ajuste, y medir los resultados con indicadores que reflejen las realidades y los conocimientos comunitarios. Por otra parte, Carolina pidió mantener metas verificables de financiamiento climático y subrayó que la perspectiva de género debe formar parte de los criterios para seleccionar y diseñar los proyectos. El futuro financiero: propuestas desde las juventudes Participar también significa poder decidir El segundo panel, moderado por Daniela Fernández de Bolivia, abordó las barreras que enfrentan las juventudes para acceder al financiamiento y participar en la gobernanza. La discusión destacó que estar presente en una consulta o conferencia no garantiza tener la capacidad de influir en los presupuestos y las prioridades de inversión. Chrispin, de Climate Clock, República Democrática del Congo, explicó que a pesar de los avances del dinero móvil existen obstáculos en el sistema bancario tradicional como las tasas de interés elevadas, exigencias de garantías, falta de historial crediticio y requisitos legales. También señaló algunas brechas de conectividad, información y educación financiera, que afectan de manera distinta a las juventudes según su género, ubicación y condiciones de vida. Por su parte, Ezequiel, de ActionAid, Liberia, citó una investigación de 2025 según la cual solo el 0.96 % del financiamiento climático de fundaciones llega a iniciativas lideradas por jóvenes y cuestionó, además, que su participación se concentre en espacios de consulta. Jefferson Cabrera Rodríguez, director general de iGrow, Colombia, propuso pasar de la participación simbólica a aquella que es vinculante; lo cual implica involucrar a las juventudes en la toma de decisiones presupuestarias y en la evaluación de resultados. Así como establecer mecanismos mediante los cuales las instituciones expliquen públicamente qué propuestas incorporan, cuáles descartan y por qué. Crear condiciones para que las soluciones puedan sostenerse Jefferson compartió una contradicción que es bastante frecuente: se exige experiencia para otorgar los recursos, pero se necesitan recursos para adquirirla. Por lo que, ante este desafío, planteó financiar el potencial de las iniciativas, acompañarlas en sus distintas etapas y establecer requisitos conforme a su nivel de desarrollo. También destacó la necesidad de democratizar el acceso a la tecnología y al conocimiento, mediante formación y herramientas comprensibles y útiles para las comunidades. Angie Ortiz, de la Cooperativa 29 de Octubre, Ecuador, complementó estas propuestas con un énfasis en la educación financiera, el aprendizaje entre jóvenes y la construcción de comunidades resilientes. Destacó las alianzas entre instituciones públicas, entidades financieras, academia y sociedad para ampliar las oportunidades de empleo, financiamiento y participación en las decisiones. Crispin propuso fortalecer el acceso directo y la gobernanza local de los recursos, mediante pequeñas donaciones, mecanismos adaptados al territorio y procedimientos simplificados. También pidió priorizar apoyos que no generen nuevas deudas para las comunidades que protegen los ecosistemas. Por último, Ezequiel insistió en crear mecanismos específicos para las juventudes, simplificar las solicitudes y fortalecer las capacidades institucionales de sus organizaciones. Su llamado a un financiamiento basado en la confianza estuvo acompañado de la responsabilidad de garantizar transparencia, credibilidad y rendición de cuentas en el uso de los recursos. Reconocer a quienes transforman las finanzas sostenibles Liderazgos que abren oportunidades La jornada culminó con la segunda entrega del Premio a Mujeres por las Finanzas Sostenibles en América Latina y el Caribe, que reconoció a las trayectorias vinculadas con la autonomía, independencia económica, la protección ambiental y la transformación de las instituciones financieras. Las galardonadas fueron: Mariana Lilian Sales Jacinto, por su trabajo con mujeres de su comunidad en huertos familiares, producción orgánica y comercialización de sus productos. Catalina Pazos, gerente de Women in Finance, por su trayectoria en la regulación, educación financiera y promoción de una perspectiva inclusiva en el sector. Mónica Elizabeth Reynosa Paredes, directora ejecutiva del Fondo Ambiental de Quito, por impulsar la articulación de recursos públicos, cooperación internacional y participación privada para la protección ambiental. Gisela Sánchez, primera mujer en ocupar la presidencia ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por su liderazgo en sostenibilidad e inclusión financiera. Marina Brenden, oficial sénior de finanzas sostenibles para Latinoamérica en el Global Green Growth Institute (GGGI), por su contribución a los bonos temáticos, taxonomías y marcos de financiamiento sostenible, incluido el de vivienda asequible y resiliente en Ecuador. Conclusiones La jornada mostró que transformar el financiamiento climático requiere revisar quién decide, bajo qué condiciones se entregan los recursos y quién asume los costos cuando estos son insuficientes. Las intervenciones conectaron la justicia climática con los trabajos de cuidado, la autonomía e independencia económica y las oportunidades para implementar soluciones desde los territorios. Las propuestas coincidieron en fortalecer la justicia fiscal, evitar nuevas deudas, simplificar el acceso y diseñar los mecanismos junto con las comunidades. También destacaron que la participación debe traducirse en capacidades de decisión, acompañada de transparencia y rendición de cuentas. La cooperación entre África, América Latina y el Caribe puede contribuir a llevar estas demandas de manera conjunta a los espacios internacionales. Por lo tanto, el desafío es convertir el reconocimiento de las mujeres y las juventudes en recursos, oportunidades y poder para impulsar un cambio positivo. Autor: Elizabeth Salas Sandoval (México): Candidata a Doctorado en Ingeniería Ambiental, ingeniera química y ex becaria de la NASA. / www.linkedin.com/in/elizabeth-salas-erss

«El verdadero costo de la energía no es lo que pagamos por transicionar, sino la factura de seguir igual: el Sur Global entre la deuda, el extractivismo y la urgencia de justicia fiscal.» Puntos clave: Justicia fiscal y deuda soberana: Mantenimiento del status quo fósil resulta más costoso que transicionar; se exige reforma financiera y freno al extractivismo de recursos sin valor agregado local. Sinergia público-privada: Redirección de subsidios fósiles a la autogeneración (ej. Colombia Solar) combinada con la mitigación de conflictos sociales desde la prefactibilidad e instrumentos multilaterales (BID Invest). Innovación comunitaria y gobernanza: Experiencias de base tecnológica como Oiru-Bio demuestran que la conservación ambiental y el desarrollo socioeconómico son viables cuando la tecnología y el capital llegan directamente al territorio. Innovación comunitaria y gobernanza: Experiencias de base tecnológica como Oiru-Bio demuestran que la conservación ambiental y el desarrollo socioeconómico son viables cuando la tecnología y el capital llegan directamente al territorio. Introducción En el marco del penúltimo día de la Séptima Semana de Financiamiento Climático, los debates se centraron en articular estrategias de financiamiento, justicia fiscal y gobernanza comunitaria entre África, América Latina y el Caribe. A través de dos sesiones plenarias y la presentación de iniciativas tecnológicas de impacto local, expertos internacionales y líderes territoriales abordaron desde la reestructuración de la deuda soberana hasta modelos de autogeneración y alianzas bi-regionales para el Sur Global. Sesión 1: Financiar la transición más allá de los combustibles fósiles en África y LAC (Propuestas birregionales) La primera sesión comenzó moderada por Magdalena Rochi Monagas, abordó los desafíos y propuestas bi-regionales para financiar la transición energética más allá de los combustibles fósiles en África, América Latina y el Caribe. Durante el debate, Sergio Chaparro (Oficial de Políticas de Transición Financiera y Fiscal) advirtió que mantener el status quo extractivo resulta mucho más costoso que la descarbonización, la cual exige reemplazar ingresos públicos, divisas y empleos en economías dependientes de los hidrocarburos. Acompañando esta postura, Malango Mughogho (Directora Ejecutiva de Zamo Capital) señaló que el sistema financiero global ha ignorado durante décadas los riesgos del modelo fósil, por lo que urgió a adaptar las finanzas globales, transformar los valores sociales e impulsar un cambio económico sistémico que cree espacio fiscal, proteja la salud pública y mitigue el impacto del desempleo o las brechas tecnológicas en la estabilidad estatal. Por su parte, la discusión profundizó en las barreras estructurales de deuda y la necesidad de una gobernanza autónoma sobre los recursos naturales. Mohamed Adow (Director de Power Shift Africa) destacó que el mayor obstáculo para el Sur Global no es la falta de potencial renovable —recordando que África posee el 60% del recurso solar mundial pero capta solo el 2% de la inversión limpia—, sino el costo del endeudamiento; por ello, instó al FMI, al Banco Mundial y a los multilaterales a proveer capital concesional a largo plazo y reestructuraciones de deuda para evitar que el servicio financiero asfixie la inversión climática y los servicios básicos. Jean Mballa (Director Ejecutivo de CRADEC) afirmó que no habrá transición sin justicia fiscal, proponiendo combatir los flujos financieros ilícitos, eliminar exenciones fiscales dañinas e impulsar el procesamiento local de minerales críticos. Como conclusión colectiva, la mesa hizo un llamado a articular una agenda común entre África y LAC en la ONU sobre cooperación fiscal, tributación con valor agregado, reestructuración justa de deuda y fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur. Sesión 2: Financiamiento para la transición energética justa: modelos y propuestas para la ampliación de renovables y la eficiencia energética en África y LAC. Dando continuidad al debate bi-regional, la segunda sesión, liderada por Sandra Guzmán (Fundadora y Directora Ejecutiva del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, GFLAC) abordó las vías estratégicas para acelerar las energías renovables y la eficiencia energética en África y LAC desde dos ópticas complementarias: el sector público y el sector privado. Por un lado, Paula Osorio (Asociada en Diplomacia Energética de Transforma) expuso la perspectiva del financiamiento estatal, proponiendo la reorientación de los subsidios a combustibles fósiles hacia sistemas de autogeneración limpia para democratizar el acceso energético. Muestra de ello es el proyecto Colombia Solar, iniciativa que reasigna subsidios fotovoltaicos a 1,15 millones de familias de bajos ingresos, generando un beneficio de 3 billones de pesos para los usuarios (40% de ahorro en factura) y un alivio fiscal de 4,7 billones para el Estado. Por otro lado, Ricardo De Vecchi (Jefe de Infraestructura Verde en BID Invest) aportó la mirada del sector privado, advirtiendo que la viabilidad financiera de los proyectos depende críticamente de mitigar el conflicto social desde la fase de prefactibilidad. Para ello, destacó el respaldo técnico y la elevación del «nivel delta» por parte del BID Invest, promoviendo tres factores clave: gobernanza pública con retención de cadena de valor, alianzas comunitarias (vía fideicomisos, acciones o rentas indexadas) y la estandarización de acuerdos comunitarios bajo esquemas tipo PPA, además de exigir criterios socioambientales obligatorios en las licitaciones estatales. Complementando este engranaje, las intervenciones de la sociedad civil y los organismos internacionales demostraron cómo la visión pública y la privada se integran con la justicia territorial para formar un modelo de desarrollo integral. Mercy John (Climate Finance Project Officer en Power Shift Africa) introdujo un índice metodológico aplicado en diez países para evaluar la disposición de los Estados y medir si la orientación de los recursos públicos se dirige hacia el sector privado o fortalece al sector público, evidenciando los distintos matices entre naciones como Sudáfrica y Kenia. Finalmente, José Alonso (Cofundador de Argentina 1.5) enfatizó que la transición no debe limitarse a descarbonizar la matriz técnica, sino garantizar el consentimiento previo, los derechos territoriales y el rechazo tajante al «extractivismo verde» para evitar profundizar las asimetrías entre el Norte y el Sur Global. Así, al articular la eficiencia fiscal pública, la gestión de riesgo del sector privado, la medición de capacidades y la gobernanza comunitaria, la sesión concluyó que financiar la transición exige un enfoque más humano y colectivo donde la sostenibilidad técnica y la justicia social convergen en una sola estrategia. Proyecto Transformador: Oiru Bio - Tecnología de Floresta Viva Como cierre práctico de las reflexiones del día, el espacio dedicado a proyectos innovadores, moderado por Guilherme Novaes, dio lugar a la presentación de Oiru-Bio a cargo de su Directora General, Isabella Ribeiro Barbosa. Esta iniciativa desarrolló un sensor para localizar óleo-resina de copaíba mediante resistividad eléctrica y bioimpedancia. Esta tecnología busca complementar el conocimiento ancestral de los extractivistas y reducir hasta un 80 % el tiempo perdido en el bosque. Lo más interesante es su modelo de negocio: las comunidades reciben tecnología y capacitación, mientras que la trazabilidad de los productos puede generar nuevas oportunidades de ingresos, demostrando que conservar el bosque también puede ser económicamente viable. Esta experiencia muestra la importancia de considerar a las comunidades desde la prefactibilidad de los proyectos, escuchando sus necesidades antes de proponer soluciones. Sin embargo, iniciativas como Oiru-Bio todavía enfrentan barreras de financiamiento, burocracia y logística que dificultan su crecimiento. Por ello, es fundamental promover mecanismos de financiamiento accesibles, mayor apoyo gubernamental y participación de jóvenes comprometidos con sus territorios. Dejándonos así una reflexión importante: el desarrollo económico y la conservación ambiental pueden complementarse cuando la innovación, el financiamiento y los beneficios llegan directamente a las comunidades. Conclusión En definitiva, las reflexiones del penúltimo día evidencian que una transición energética verdaderamente justa en el Sur Global exige trascender la simple descarbonización técnica para convertirse en un motor integral de equidad económica y soberanía territorial. La convergencia entre la reorientación del gasto público, la gestión anticipada del riesgo social en la inversión privada, la justicia tributaria y la validación de tecnologías ancestrales e innovadoras —como Oiru-Bio— demuestra que el verdadero cambio sistémico ocurre cuando los instrumentos financieros, las alianzas bi-regionales y las decisiones de gobernanza ponen en el centro el bienestar y el desarrollo directo de las comunidades.

El tercer día de la 7ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible de GFLAC reunió perspectivas de África, América Latina y el Caribe en torno a una pregunta central: ¿cómo garantizar que los recursos climáticos lleguen a tiempo, en condiciones justas y a quienes más lo necesitan? Las conversaciones abordaron dos desafíos relacionados, pero distintos: financiar la adaptación antes de que los impactos se agraven y responder a las pérdidas y daños que ya se están produciendo. Financiar las necesidades, no adaptar las necesidades a los fondos Durante la primera sesión, moderada por Andrea Rodríguez Osuna, directora de Earth Pulse Advisory, se destacó que el financiamiento actual sigue siendo insuficiente para responder a la magnitud de la crisis climática. Aunque se movilizan cerca de 75 billones de dólares anuales para medidas de adaptación, las necesidades estimadas de los países en desarrollo oscilan entre 215 a 315 billones de dólares al año. Por lo que dicha brecha limita la capacidad de las comunidades más vulnerables para prepararse, reducir riesgos y fortalecer su resiliencia. Además de la insuficiencia de recursos, los panelistas identificaron barreras compartidas por países de África, América Latina y el Caribe: procedimientos de acceso complejos, fragmentación entre fondos y el riesgo de aumentar la deuda de países que ya enfrentan impactos climáticos. También advirtieron sobre la posible competencia por recursos entre la adaptación y la atención a las pérdidas y daños, e insistieron en que el financiamiento debe responder a las prioridades nacionales y a las realidades de las comunidades. La discusión subrayó que la adaptación, aunque imprescindible, ya no es suficiente por sí sola en muchos territorios donde los eventos climáticos extremos superan las capacidades de respuesta existentes. Elena Pereira, de Honduras, compartió la urgencia de estas necesidades al describir los efectos del fenómeno denominado “Súper Niño” en Centroamérica, con diez meses de sequía continua; señalando también que el Sur Global necesita un financiamiento de 1.3 billones de dólares para hacer frente a sus problemáticas. Por otro lado, Brenda Mwale, desde Malawi, advirtió sobre el riesgo de hacer competir los recursos destinados a la adaptación con aquellos orientados a las pérdidas y daños. Al mencionar las inundaciones en Nepal, insistió en la necesidad de establecer modalidades de respuesta rápida dentro del FRLD, capaces de atender las emergencias oportunamente. Es así como resulta necesario garantizar que los recursos lleguen de forma equitativa y directa a quienes enfrentan los impactos más severos; por lo tanto, este tema se perfila como uno de los ejes centrales de las negociaciones rumbo a la COP31. Luisa Brown, de Triple Capital, puso el énfasis en el territorio: “La adaptación es inherentemente local”. Desde esta perspectiva, sostuvo que las respuestas deben ajustarse a las prioridades de cada país y comunidad, y que el capital privado puede contribuir, pero no sustituir los recursos públicos cuando no existe un retorno comercial claro. Para explicar las dificultades de atraer inversión privada, señaló que la banca comercial puede percibir los proyectos agrícolas y de adaptación como demasiado riesgosos, ya sea por desconocimiento del sector o por la incertidumbre de sus rendimientos. En este contexto, presentó el financiamiento combinado como una herramienta mediante la cual los recursos públicos, a través de subvenciones o garantías, pueden asumir parte del riesgo inicial y facilitar la participación del capital privado. La responsabilidad por los daños climáticos también ocupó un lugar en la conversación. Adrián Martínez, de La Ruta del Clima, abordó el marco jurídico internacional y destacó las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y de las cortes regionales Interamericana y Africana. Por su parte, Lucas Di Pietro Paolo señaló una dificultad adicional para los equipos nacionales: la multiplicidad de fondos obliga a aprender “un nuevo lenguaje, nuevas metodologías” cada vez que se busca financiamiento. Ante esta situación, propuso fortalecer una mayor coherencia entre los mecanismos y avanzar del modelo de proyectos individuales hacia un enfoque más programático de largo plazo, que reduzcan la carga burocrática y den continuidad a las acciones. Frente a estos desafíos, surgió una oportunidad común para ambas regiones: cooperar más estrechamente para compartir capacidades, fortalecer el acceso local al financiamiento y llevar una voz conjunta a las negociaciones internacionales. La Red de Santiago fue mencionada como un espacio para vincular las necesidades de los países con organizaciones y especialistas que pueden ofrecer asistencia técnica, aunque todavía enfrenta limitaciones de recursos y el desafío de llegar efectivamente a las comunidades. En este sentido, la cooperación entre las regiones se planteó como una ruta para traducir las demandas comunes en acciones concretas. Al referirse a América Latina y el Caribe y África, Lucas afirmó: “Nuestras similitudes son muchísimo mayores que nuestras diferencias”. Triplicar el financiamiento para la adaptación: la importancia para África y LAC ¿Cómo convertir una meta en resultados? El segundo panel se concentró en cómo llevar a la práctica el compromiso de al menos triplicar el financiamiento para la adaptación hacia 2035. Pilar Bueno, de Argentina 1.5, recordó que la decisión adoptada en la COP30 es una señal política, pero que aún requiere elementos básicos para convertirse en una hoja de ruta: línea de base definida, responsabilidades claras, transparencia, contabilidad común, hitos intermedios, relación con las necesidades territoriales y un objetivo como región LAC+África. “El monto es fundamental, pero también no es la única dimensión”, advirtió Pilar. La calidad, las condiciones y el momento en que llegan los recursos importan tanto como su volumen, especialmente si acceder a ellos implica una mayor deuda o procesos demasiado largos. También propuso un enfoque sectorial, dado que 7 de las 11 metas globales de adaptación tienen ese carácter. Imani Syde, de Iniciativa Climática, coincidió en que la ambigüedad del compromiso dificulta su implementación. Expresó que es necesario precisar los plazos y las metas intermedias rumbo a la COP31, y recordó las obligaciones de financiamiento de los países desarrollados previstas en el artículo 9.1 del Acuerdo de París. Asimismo, se destacó la necesidad de pasar de la planificación a la implementación de los planes nacionales de adaptación (NAPs). Matías Söderberg, de DanChurchAid, lo expresó así: “Necesitamos el recurso para implementar las NAPs”. Para ello, planteó involucrar a los ministerios de Finanzas y Economía que intervienen en las decisiones presupuestarias y de inversión e invitó a explorar fuentes innovadoras, así como establecer obligaciones para que el sector privado adapte sus cadenas de valor. Desde la Presidencia de la COP30, Alice complementó esta propuesta con una ruta para fortalecer los NAPs: elevar su visibilidad política, integrarlos en las decisiones económicas, calcular sus costos y estructurar carteras de proyectos capaces de obtener financiamiento. Asimismo, destacó la NAP Expo en África como un espacio para avanzar en este trabajo. Lily Hartzell presentó la experiencia del Fondo de Adaptación como ejemplo de mecanismos que pueden facilitar la implementación. Señaló que una inversión inicial de 300 millones de dólares permitió movilizar 900 millones adicionales. Además, destacó el acceso directo mediante 41 entidades nacionales implementadoras y las pequeñas subvenciones de 250,000 dólares para impulsar la innovación local sin procesos complicados de acreditación. La discusión dejó una idea central para el camino hacia la COP31: triplicar el financiamiento es un punto de partida, no una respuesta suficiente por sí sola, cuyo valor dependerá de su implementación. Su valor dependerá de cómo se traduzca en recursos que lleguen a los países y territorios sin profundizar sus vulnerabilidades fiscales. Proyecto transformador: Sym.Bio.Sys Juan Matías Schüttenberg presentó Sym.Bio.Sys como una iniciativa que busca conectar la gobernanza climática con mecanismos concretos de financiamiento, responsabilidad y transición energética. Su trabajo explora cómo convertir las propuestas en acciones que puedan implementarse. “Es un sistema simétrico biológico. Conecta la visión de la lógica con la de la naturaleza para implementarse en la toma de decisiones en la gobernanza.” - Juan Matias Shuttenberg Sym.Bio.Sys estudia y analiza cuestiones de los ámbitos político - climático, y realiza propuestas para abordarlas. Siendo así que propone una arquitectura operativa para un posible tratado sobre combustibles fósiles; basándose en la siguiente idea inicial: “Los acuerdos únicamente establecen límites extremos, pero no regulan ni limitan directamente el nivel de extracción de los recursos”. Esta propuesta incluye un mecanismo financiero para apoyar una transición justa, medidas frente a controversias con inversionistas, un protocolo de responsabilidad por daños y una vía de apoyo a tecnologías alternativas. Impulsando además los acuerdos ante los ISDS, evitando de esta manera posibles blindajes jurídicos internacionales que pueden desfavorecer la capacidad de actuación del Estado. Trabajos como el análisis del oleoducto EACOP, entre Uganda y Tanzania, y el estudio sobre los biocombustibles de tercera generación, forman parte de esta línea de trabajo y aportan propuestas para ampliar la conversación sobre cómo financiar la transición energética y vincular las decisiones económicas con la responsabilidad climática. Conclusiones El mensaje principal de la jornada fue claro: los compromisos financieros deben evaluarse tanto por los recursos que prometen movilizar como por su capacidad para traducirse en respuestas oportunas, accesibles y pertinentes para los países y las comunidades que enfrentan la crisis climática. Triplicar el financiamiento para la adaptación representa un paso importante, pero no resolverá por sí solo las barreras de acceso ni cubrirá todas las necesidades de los países y comunidades. Para convertir este compromiso en resultados concretos se requieren criterios claros para medir su cumplimiento, recursos oportunos y en condiciones concesionales, y mecanismos que respondan a las prioridades locales sin profundizar el endeudamiento. También es necesario una reestructuración del sistema financiero que permita llevar de manera efectiva los recursos a los territorios. Así pues, la cooperación entre África, América Latina y el Caribe puede fortalecer una posición conjunta para llevar estas demandas a las negociaciones de la COP31. Las propuestas de Sym.Bio.Sys amplían la discusión hacia otra pregunta: ¿cómo financiar y gobernar una transición energética que también contribuya a prevenir daños futuros y pueda ser beneficiosa para el Estado y las comunidades? El desafío compartido es convertir los compromisos y las propuestas en mecanismos capaces de operar en los territorios y responder a sus necesidades. Voluntarixs SFC2026 Elizabeth Salas Sandoval (México): Candidata a Doctorado en Ingeniería Ambiental, ingeniera química y ex becaria de la NASA. / www.linkedin.com/in/elizabeth-salas-erss Lorena Tellez Farfan (Colombia): Profesional en ciencias ambientales, con experiencia en Finanzas sostenibles, Desarrollo Sostenible y Comunidades y GEDSI / https://www.linkedin.com/in/lorena-tellez-farfan Venezia Selena Castro Espinoza (Perú): Estudiante de ingeniería Ambiental de la UNALM con Experiencia en EIA-sd y DIA. / www.linkedin.com/in/venezia-castro-espinoza-899a952ba

Puntos clave: La brecha de financiamiento para la biodiversidad exige cambiar las condiciones que hoy favorecen la degradación. América Latina ya ofrece modelos innovadores, como fondos de permanencia, bancos de hábitat y créditos de biodiversidad. En África, la deuda y el alto costo del capital limitan la inversión en conservación. No existe una sola solución financiera: se requiere combinar recursos públicos, privados, concesionales y mecanismos de mercado. Cerrar la brecha implica conectar finanzas, política pública, instituciones y territorios para sostener la conservación en el largo plazo. Fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur para el intercambio de experiencias y aprendizajes. “No se trata únicamente de movilizar más dinero; se trata de cambiar las condiciones para que conservar y restaurar sea menos riesgoso, más rentable y más fácil de financiar que la degradación, mediante cambios regulatorios y de política pública, y logrando que los sistemas financieros incorporen los riesgos y las dependencias relacionadas con la naturaleza.” — Mauricio Velásquez CERRAR LA BRECHA DEL FINANCIAMIENTO PARA PROTEGER LA NATURALEZA La pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos es un problema global, pero sus impactos y la capacidad para hacerles frente se distribuyen de manera desigual entre regiones. En América Latina y África, estas presiones se agravan por restricciones fiscales, incentivos económicos que aún favorecen la degradación, una valoración limitada de los beneficios que proporciona la naturaleza y la falta de capacidades institucionales. Como resultado, los recursos económicos disponibles no siempre garantizan la integridad de los ecosistemas ni el bienestar de las comunidades que dependen de ellos. Estas desigualdades sociales, también se reflejan en una brecha de financiamiento para la protección y uso sostenible de la naturaleza. Se estima que la brecha de financiamiento global es de entre $200,000 y $700,000 millones de dólares anuales, mientras que en América Latina y el Caribe es de $400,000 millones. Entonces surge una gran cuestión, ¿Cómo disminuir esta brecha de financiamiento para la naturaleza en regiones como América Latina y África aprovechando las oportunidades que ofrece y garantizando proyectos de largo plazo?, dentro del segundo día de la “7ma semana de financiamiento climático y sostenible” se abordó este tema, las experiencias en América Latina, las necesidades específicas de África y las oportunidades de cooperación Sur-Sur para la articulación entre las instituciones y los sectores. EN EL SUR GLOBAL YA SE HACEN COSAS América Latina, a pesar de contener una alta concentración de desafíos, ha logrado realizar contribuciones significativas con el fin de visibilizar y garantizar la protección de la biodiversidad. Uno de los casos emblemáticos es Project Finance for Permanence (PFP) o mejor conocido como Patrimonio natural del Perú (PDP). Daniel Kanda, Asesor de Alta Dirección de Áreas Naturales Protegidas en SERNANP, dice que esto responde a una de las limitaciones mayoritarias del Perú: la poca contribución del gobierno peruano hacia la protección de las zonas protegidas, ya que solo invierte $2 dólares por hectárea. El PDP busca ampliar la disponibilidad monetaria a largo plazo dirigida a zonas verdes por medio de la recaudación de fondos filantrópicos del sector privado, cooperación internacional y recursos públicos. La compañía colombiana Terrasos, lleva a cabo iniciativas en Colombia, Brasil y Kenia a través de los bancos de hábitat que utilizan créditos de biodiversidad y mecanismos de pago por resultados para financiar su conservación, logrando movilizar más de $30 millones de dólares. Uno de los aspectos clave de su modelo, es el involucramiento de las comunidades locales dentro de la planeación de sus proyectos. Además aborda algunos de los desafíos de la brecha de financiamiento, como lo son los plazos de retorno, los cuales tienen visión a 25 o 30 años; la escasez de herramientas y datos para estimar el valor de la biodiversidad y el impacto; así como la integración de capital privado. PERO… AÚN HAY MUCHO QUE HACER En África el panorama no pinta igual, Daouda Sembene, Director de AfriCatalyst destacó que aunque se comparten retos similares con América Latina, el alto endeudamiento y los elevados costos de acceso al capital reducen el margen para financiar la biodiversidad. Los datos hablan por sí solos, más de 20 países africanos se encuentran en estrés de deuda o alto riesgo. Y parece que la dependencia de un modelo basado en donantes muestra limitaciones para preparar y sostener proyectos financiables (bankables). Frente a ello, se han propuesto alternativas como los créditos de biodiversidad, mercados de carbono, bonos verdes y azules y canjes de deuda por naturaleza pueden ampliar las opciones disponibles. Sin embargo, se enfatizó en que hace falta construir confianza entre gobiernos, sociedad civil, instituciones financieras y sector privado y acercar a los ministerios de finanzas y medio ambiente, que todavía suelen operar con prioridades y lenguajes distintos. Los retos son grandes, pero también abre la oportunidad de una nueva ruta para que África movilice recursos más estables para proteger su biodiversidad [FRASE INTERMEDIA] “No es que no haya capital en América Latina y el Caribe. Tienen capital, tienen oportunidades para invertir en la naturaleza. El problema es que todavía no hemos construido un puente que funcione entre esa necesidad y esa oportunidad.” — Mauricio Velásquez CERRAR LA BRECHA REQUIERE CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO No existe un único instrumento capaz de cerrar la brecha de financiamiento para la biodiversidad. Será necesario combinar distintas fuentes y mecanismos, al tiempo que los propios países amplían su capacidad para movilizar recursos y reducir su dependencia a los fuentes externas. También será clave articular a los sectores financiero y ambiental con gobiernos, sociedad civil y sector privado para impulsar proyectos de conservación viables, escalables y sostenibles a largo plazo. De hecho, construir estos puentes entre las necesidades y las oportunidades implica ir más allá de proyectos aislados y recursos temporales. Financiar la biodiversidad requiere una arquitectura capaz de alinear instituciones, inversiones y territorios, y de generar las condiciones para que la conservación pueda sostenerse en el tiempo. El fortalecimiento del sur global como región, resaltar el rol de las comunidades locales y mejorar la articulación entre sectores puede impulsar la construcción de estos puentes. [FRASE FINAL] “We need to make sure that countries themselves are free and mobilize more of the financing they need for nature, biodiversity, and forest protection. They should not always depend on external financing to do that. And I think it's critical to find how we can really reform the global financial architecture so that we support this objective.” —Daouda Sembene Elaborado por voluntarixs de la #SFC2026 Daniela Durón Arguijo: Estudiante de Relaciones Internacionales y Derecho, con experiencia en investigación de políticas públicas y enfocada en sostenibilidad, género e incidencia social para generar conocimiento que conecte la evidencia con el territorio. Lorena Téllez: Profesional en ciencias ambientales y magíster en biología con experiencia en cambio climático, biodiversidad y financiamiento sostenible. Isaac Galindo Comonfort. Científico ambiental y especialista en sostenibilidad, enfocado en la incidencia climática y en generar conocimiento que conecte la ciencia, la política y el territorio.

El primer día de la 7ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible de GFLAC reunió a representantes de gobiernos, sociedad civil, pueblos indígenas y organismos especializados para debutar la discusión de cómo avanzar hacia transiciones justas desde el Sur Global. La deuda, el acceso al financiamiento y la protección de los territorios fueron algunos de los principales ejes del debate. Es urgente que América Latina, el Caribe y África construyan una voz común frente a los desafíos del financiamiento climático. Por ende, la 7ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible, organizada por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) busca la incidencia política e institucional para tratar del tema. Con la participación de representantes de Brasil, Colombia, Kenia, Etiopía, Camerún, Sudáfrica y Perú se planteó una pregunta en común: cómo lograr que los recursos lleguen a quienes enfrentan los impactos del cambio climático sin aumentar su endeudamiento. Una transición justa empieza en los territorios En la primera sesión “Transiciones justas desde el Sur Global: América Latina, el Caribe y África por una agenda común.”, se presentó la brecha de financiamiento climático, que está estimada en alrededor de US$3,3 billones, y continúa creciendo mientras los recursos no llegan con la velocidad ni en las condiciones necesarias para responder a la emergencia. En las palabras de la Presidenta Ejecutiva y Fundadora Liquidity and Sustainability Facility, Camerún, Vera Songwe “Un mal que está ocurriendo es que las economías desarrolladas pagan menos sanciones que las economías emergentes por las emisiones de contaminación”. La camerunesa también complementa que “es fundamental, compartir tecnologías desde las economías desarrolladas hacia las emergentes para que sea posible el surgimiento de los proyectos verdes. Por esto mismo es necesario más fondos para estas economías emergentes”. Ana Toni, Directora Ejecutiva de la 30ª Conferencia de las Partes, Brasil, llevó la discusión a la arquitectura del financiamiento. Señaló que varios países han preparado planes climáticos y modificado políticas, pero la inversión no fluye con la celeridad necesaria. “El dinero no fluye de los países desarrollados ni del fondeo privado, y por eso creo que hay que preguntarnos por qué se está desacelerando esa adjudicación”, planteó. Para Alice Ruheza, Presidenta, Agra, Kenia, la medida de una transición justa está en sus efectos sobre la población rural; si quienes trabajan en el campo tienen mejores ingresos, pueden alimentar a sus familias y cuentan con recursos para enfrentar una nueva crisis. Selemawit Hubert insistió, por su parte, en que el financiamiento para la adaptación debe llegar a las comunidades y responder a sus necesidades, además de atender las prioridades nacionales. Fany Kuiru, Coordinadora Coica, Colombia, advirtió que la extracción de minerales críticos para la transición energética puede producir daños históricos en los territorios indígenas. Por ello, pidió acceso directo a los fondos climáticos, respeto al consentimiento libre, previo e informado y seguimiento a los compromisos sobre tierras indígenas y comunitarias. Su intervención dejó una pregunta de fondo: ¿puede llamarse justa una transición que vuelve a sacrificar los territorios que busca proteger? Del diálogo a las decisiones financieras La segunda sesión trasladó esas preocupaciones al terreno de las instituciones. Sandra Guzmán, Fundadora y Directora General, GFLAC, México, presentó el Hub de Finanzas Sostenibles en África, una iniciativa que busca desarrollar programas de formación, espacios de intercambio y herramientas de análisis a partir de la experiencia del hub de América Latina y el Caribe. La apuesta es que ambas regiones compartan conocimientos y fortalezcan su capacidad para incidir en las finanzas climáticas. El intercambio entre ministerios de finanzas ya tiene antecedentes. Marcela Jaramillo, Directora Ejecutiva, 2050 Pathways Platform, Colombia, describió encuentros entre representantes de África, América Latina y el Caribe y propuso que esas conversaciones se traduzcan en agendas de trabajo concretas. Entre las tareas pendientes destacó conectar los planes climáticos con las decisiones fiscales, mejorar los datos y fortalecer la coordinación institucional. Chantal Naidoo, Fundadora y Directora Ejecutiva Rabia Transition, Sudáfrica, puso el foco en las condiciones bajo las cuales se negocia el financiamiento y en la capacidad de los países del Sur Global para participar en la definición de sus reglas. Laurent-Mascar Ngoma, Copresidente del Foro Panafricano de Ministros de Finanzas para la Acción Climática (PAFCA), República del Congo, desde la perspectiva de los ministerios de finanzas africanos, destacó la necesidad de desarrollar capacidades técnicas, incorporar el riesgo climático en la política económica y convertir la cooperación en oportunidades de inversión. Mirkala Ramos Navarro, Especialista de Políticas Públicas Ambientales Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, explicó que, en los ministerios de finanzas de América Latina y el Caribe, la conversación ha cambiado: ya no se trata sólo de explicar por qué el cambio climático es un asunto fiscal, sino de preguntarse cuánto cuesta enfrentarlo y qué pérdidas podrían evitarse. Aunque describió avances en instrumentos de financiamiento y planificación, resumió el desafío pendiente en una frase: “pasar del análisis a la decisión” Esa idea enlazó las dos sesiones. Una agenda climática común entre África, América Latina y el Caribe no dependerá únicamente de ampliar los espacios de diálogo: también tendrá que reflejarse en recursos accesibles, capacidades institucionales y decisiones que respondan a las prioridades de los países y de las comunidades en sus territorios. Consideraciones finales Nos toca proyectar una hoja de ruta clara: estructurar las reglas financieras, movilizar más recursos públicos y privados, fortalecer el acceso directo al financiamiento y garantizar que la transición energética y climática no reproduzca las desigualdades del pasado. El reto para los próximos años será convertir esta agenda común en decisiones concretas. De cara a la COP32, la agenda continuará durante la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible con debates sobre biodiversidad y bosques, adaptación y pérdidas y daños, transición energética justa y el papel de mujeres y jóvenes en el financiamiento climático. El desafío será convertir los diagnósticos compartidos en decisiones financieras capaces de acelerar una transición que sea, al mismo tiempo, climáticamente ambiciosa y socialmente justa. Autoras: Nataly Fernandes (Brasil) Venezia Selena Castro Espinoza (Perú) Voluntarias SFC2026

Por: Lorena CaballeroDirectora técnica Alan SenraAsociado en Finanzas para la Biodiversidad Gissele FloresAsociada en Política Fiscal En la ciudad de Puyo, la Amazonía ecuatoriana, se convirtió en punto de encuentro de pue blos indígenas, pueblos afrodescendientes, comunidades locales, organizaciones sociales, juventudes, mujeres, academia y movimientos de los nueve países de la cuenca amazónica. Bajo el lema “Adoke Öme – Una sola Amazonía, un solo territorio”, el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA) reunió experiencias y propuestas construidas desde los territorios para enfrentar el avance del extractivismo, la extracción de minerales, la explotación petrolera, la agroindustria, el narcotráfico, las economías ilegales, la expansión de carreteras y proyectos hidroeléctricos, la deforestación, los impactos del cambio climático y sus falsas soluciones. (fospaecuador.com y Declaración Política de Puyuk) Esta agenda adquiere especial urgencia ante el creciente riesgo de que la Amazonía alcance umbrales ecológicos críticos que comprometan su capacidad de mantener funciones esenciales para la región y el planeta. La evidencia científica advierte que la combinación de deforestación, degradación, aumento de las temperaturas, sequías y cambios en los patrones de precipitación está reduciendo la resiliencia del bosque y aumentando el riesgo de transformaciones difíciles de revertir. Más que un evento puntual, el FOSPA se plantea como un proceso de articulación política regional que conecta experiencias, demandas y propuestas construidas desde los territorios. . La edición de 2026, celebrada entre el 16 y el 21 de agosto, fue precedida por encuentros y procesos nacionales y territoriales, cuyos resultados confluyeron en Puyo La metodología se estructuró alrededor de cuatro temas principales —territorios libres de extractivismo; soberanía y libre determinación; economías para la vida y justicia climática; y resistencia de mujeres y diversidades— además de un espacio autónomo para las juventudes. Estos lugares fueron autogestionados para transformar los debates territoriales en propuestas y planes de acción. (fospaecuador.com). Uno de los principales mensajes del Foro es que la defensa de la Amazonía no puede separarse de la defensa de los derechos, la autodeterminación y las formas propias de gobernanza de sus pueblos. Las conclusiones principalesplantean acciones para fortalecer el control territorial, los procesos de titulación y mapeo comunitario, la vigilancia de bosques y ríos, las guardias indígenas y los sistemas propios de justicia. También se propuso avanzar en un Observatorio Panamazónico de Derechos de la Naturaleza, fortalecer el litigio estratégico y producir evidencia científica desde alianzas entre comunidades, organizaciones y universidades. La discusión sobre extractivismo estuvo estrechamente vinculada a la transición energética. El Foro reafirmó la necesidad de avanzar hacia territorios libres de actividades extractivas y de combustibles fósiles, cuestionando la idea de que la transición climática pueda construirse simplemente desplazando la frontera de extracción hacia nuevos territorios. La experiencia del Yasuní y las luchas de comunidades como Sarayaku, Serena y Tzawata muestran que la transición debe considerar las decisiones de quienes habitan los territorios, así como la reparación de los daños ya ocasionados. Financiamiento climático: quién financia, quién decide y quién recibe Para GFLAC, uno de los debates más relevantes del XII FOSPA se encuentra precisamente en la intersección entre financiamiento, extractivismo y justicia climática. La propia Casa de Economías para la Vida incorporó como eje de trabajo las finanzas climáticas, la justicia, la gobernanza y las falsas soluciones, junto con la relación entre deuda, extractivismo y transiciones estructurales justas. Este foro lleva a la discusión a un paso más allá: no basta con aumentar el volumen de financiamiento climático si los recursos continúan reproduciendo las mismas estructuras que generan vulnerabilidad y destrucción territorial. Una transición justa requiere revisar qué actividades reciben financiamiento, qué instituciones toman las decisiones, qué condiciones acompañan los recursos y, sobre todo, quién tiene acceso efectivo a ellos. Esto implica mirar no solo el volumen del financiamiento, sino también su calidad, las condiciones en las que se otorga y las barreras técnicas, fiduciarias y administrativas que muchas veces impiden que los recursos lleguen directamente a los actores territoriales. En este sentido, uno de los mandatos plantea la necesidad de desarrollar mecanismos de financiamiento directo para los pueblos indígenas, de manera que los recursos puedan llegar a sus organizaciones y a sus propios planes de vida, reduciendo intermediaciones que muchas veces limitan su autonomía. Esta demanda coincide con una cuestión central para la arquitectura internacional del financiamiento climático: pasar de un modelo en el que las comunidades son consideradas beneficiarias finales a uno en el que puedan ejercer un papel efectivo en la definición, gestión y seguimiento de los recursos. El FOSPA también cuestionó la relación entre deuda, financiamiento y expansión extractiva, planteando la necesidad de mapear tratados, contratos y financiadores vinculados al extractivismo y de avanzar en una agenda regional sobre mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y Estados. La discusión incorpora así una dimensión frecuentemente ausente de los debates climáticos: la transformación de las estructuras financieras y económicas que condicionan las decisiones de los países amazónicos. Esto resulta especialmente relevante en contextos de alto endeudamiento y restricciones fiscales, donde el financiamiento climático basado principalmente en deuda puede limitar el espacio fiscal disponible y profundizar dependencias financieras preexistentes. La crítica también alcanza a las llamadas soluciones climáticas que pueden generar nuevas presiones sobre los territorios. Las conclusiones plantean salvaguardas frente a los mercados de carbono y biodiversidad y reivindican economías territoriales, agroecología y otras alternativas construidas desde las comunidades. La transición justa no puede consistir en sustituir una forma de extracción por otra ni en convertir la conservación de la Amazonía en un nuevo mercado sin participación y control territorial de los pueblos. Mujeres, juventudes y una nueva gobernanza amazónica El Foro también fortaleció el protagonismo político de mujeres, diversidades y juventudes. La Casa de Resistencia de Mujeres y Diversidades vinculó la justicia ambiental con la violencia de género, la salud, la participación política, los saberes tradicionales y la defensa de los territorios. Las propuestas construidas desde diferentes países resaltaron que las consecuencias del extractivismo y de la crisis climática se distribuyen de manera desigual y afectan particularmente a mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas. Las juventudes, por su parte, avanzaron hacia la consolidación de un Espacio Autónomo de Juventudes por la Vida y el Territorio, con propuestas relacionadas con redes de alerta temprana, comunicación intercultural y fortalecimiento de iniciativas económicas juveniles. Este proceso refleja una transformación importante: las nuevas generaciones no buscan solamente participar de los espacios existentes, sino ocupar un lugar propio en la toma de decisiones sobre el futuro de la Amazonía. ¿Qué viene después de Puyo? El principal resultado del XII FOSPA no es únicamente una declaración final, sino la construcción de una agenda de acción regional. Entre las propuestas se encuentran el fortalecimiento de redes de defensa territorial, observatorios y mecanismos de monitoreo, acciones de incidencia jurídica, seguimiento de los flujos financieros vinculados al extractivismo y estrategias para fortalecer economías comunitarias y alternativas. El reto será también articular estas iniciativas entre países y territorios, evitando que los acuerdos queden como esfuerzos aislados y construyendo mecanismos regionales que permitan compartir información, aprendizajes y avances. El desafío ahora es transformar estos mandatos en acciones verificables, con responsabilidades, recursos y mecanismos de seguimiento. Para el GFLAC, esto implica también acompañar la discusión sobre cómo movilizar y redireccionar financiamiento climático hacia los territorios, cómo fortalecer el acceso directo de organizaciones indígenas y comunitarias y cómo garantizar que las finanzas públicas y privadas sean coherentes con los objetivos de protección de la Amazonía. En este camino, construir “Economías para la Vida” implica transformar las condiciones bajo las cuales producimos, intercambiamos, cuidamos, habitamos y decidimos colectivamente sobre los territorios y sobre aquello que hace posible la vida. Esto requiere reconocer y fortalecer las economías comunitarias, de subsistencia y del cuidado, así como garantizar justicia y reparación para las comunidades frente a las afectaciones históricas provocadas por empresas y por las propias acciones de los Estados. No se trata únicamente de financiar nuevas alternativas, sino de transformar las condiciones económicas y financieras que han sostenido las presiones sobre los territorios. Para avanzar en esta dirección será clave contar con mayor transparencia sobre los flujos financieros que llegan a la Amazonía, fortalecer la rendición de cuentas de instituciones públicas y privadas y generar información que permita distinguir entre recursos que contribuyen a proteger los territorios y aquellos que continúan impulsando actividades extractivas o de alto impacto. El FOSPA deja así una pregunta que debe llegar a los gobiernos, bancos, fondos climáticos, organismos multilaterales y actores privados: ¿qué estamos financiando cuando hablamos de transición climática y quién está tomando esas decisiones? La respuesta será determinante para definir si el financiamiento climático contribuye realmente a una transición justa o si continúa reproduciendo las desigualdades y presiones que han llevado a la Amazonía a una situación crítica. Desde Puyo, el mensaje es claro: la Amazonía no puede ser entendida como una reserva de recursos, sino como un territorio vivo fundamental para la biodiversidad y para el equilibrio climático del mundo. Protegerla exige derechos, autodeterminación, alternativas económicas y, fundamentalmente, una transformación de las finanzas que sostienen su futuro. El próximo paso es convertir este evento político en acción colectiva y asegurar que los recursos acompañen, y no contradigan, las decisiones de quienes han defendido la Amazonía durante generaciones.

Por: Diego Escalante, Asociado en Finanzas Públicas para América del Sur Los bancos multilaterales de desarrollo enfrentan un proceso de tensión política que puede generar un retorno a los combustibles fósiles. Particularmente bajo una narrativa de «abundancia energética»promovida por la actual administración de Estados Unidos, que incluye presiones para descartar agendas climáticas como el Plan de Acción de Cambio Climático del Banco Mundial que expira en junio de este año y cuyas negociaciones de un plan futuro 2026-2030 están estancadas. Esto no es un hecho menor, tomando en cuenta que el Banco Mundial es el principal banco de financiamiento climáticoaportando el 48% del financiamiento total de los principales bancos multilaterales. A esto se suma que en las reuniones del Grupo de los 20 (G20) — que reúne a las principales 20 economía del mundo — actualmente se tiene un grupo de trabajo para el retorno de los combustibles fósiles —bajo el paraguas nuevamente de abundancia energética— liderado por Estados Unidos que tiene la presidencia de este grupo para este año. Esto marcaría un cambio de dirección respecto a los acuerdos previos alcanzados en el G20, en especial en este espacio de negociación, pues gran parte de las reformas estructurales de los bancos multilaterales de desarrollo se dieron en el G20. Por ejemplo, los reportes del Grupo Independiente de Expertos del G20 que propusieron una hoja de ruta de reformas que se incorporaron en la Declaración de Nueva Delhi del G20 en 2023 y eventualmente se materializaron en reformas concretas por parte de la Declaración de Marruecos firmada ese mismo año por los principales bancos multilaterales. Bajo este contexto de elevada tensión, GFLAC elaboró el documento “Bancos Multilaterales de Desarrollo en América Latina y el Caribe: Inversiones en transición energética y avances hacia reformas estructurales”. El documento tiene como objetivo estimar las inversiones de cartera de los bancos multilaterales de desarrollo hacia el sector energético para la región de América Latina y el Caribe, así como el avance de implementación de las reformas y su vínculo con el sector energético. Para lograrlo, se analizó la cartera de inversión a través de los montos aprobados comprometidos del BID, BID Invest y del Banco Mundial en el sector energético entre 2020 y 2024 utilizando información a nivel proyecto. Se seleccionaron estos bancos porque tienen el mayor alcance en la región, las mayores inversiones y forman parte de la Declaración de Marruecos en búsqueda de reformas multilaterales. ¿Por qué el sector energético? El sector energético requiere grandes inversiones que permitan transitar de tecnologías intensivas en carbono a energías renovables. Se estima que para el grupo de países que conforman los mercados emergentes y países en desarrollo (EMDCs, por sus siglas en inglés), sin contar a China, se requerirían entre 1.290 – 1.745 billones de dólares por año hasta 2030 solamente para el sector energético, y así mantener la meta de los 1.5 ° C. América Latina y el Caribe ocupa una posición clave en la transición energética, pues cuenta con abundantes recursos de energías renovables y minerales críticos, aunque también concentra importantes reservas de combustibles fósiles, como es el caso de Venezuela. De acuerdo con datos de la IEA, si bien en 2023 los combustibles fósiles aún representaban el 67% del consumo energético total de la región, se observan avances significativos en la expansión de las energías renovables, que ya aportan cerca del 60% de la generación eléctrica. Los países que más destacan en la región con generación de energía a través de renovables son Paraguay (99%), Costa Rica (87%), Brasil (78%), y Colombia (69%); sin embargo, cabe señalar que una parte importante de esta energía proviene de hidroeléctricas, cuyo desarrollo puede estar asociado a impactos sociales y ambientales en comunidades y ecosistemas forestales. Más inversión en energías limpias, pero con más deuda Los resultados del estudio de el GFLAC revelan que las carteras de inversión de los bancos multilaterales de desarrollo analizados muestran una trayectoria hacia la transición energética. El volumen de inversión de energías limpias creció un 151% entre 2020 y 2024 alcanzando 3.792 millones de dólares, mientras que la inversión en tecnologías carbono-intensivas se redujo en un 97%, para el último año 7.69 millones de dólares. De manera acumulada, las inversiones limpias fueron 27 veces mayores que las intensivas en carbono. A pesar de estos avances, el endeudamiento sigue siendo el principal mecanismo de financiamiento de la transición energética en la región. Los datos revelan que la deuda explica el 85% de todos los instrumentos utilizados, lo que puede generar presión fiscal y limitar el margen de los gobiernos para sostener políticas de largo plazo orientadas a una transición justa y sostenible. Dentro de las energías renovables, destaca la energía solar fotovoltaica, cuyo peso en el patrón de inversión en los años estudiados representó el 60% de toda la inversión en renovables. Sin embargo, tecnologías como almacenamiento y vehículos eléctricos recibieron apenas el 0.51% reflejando una priorización incompleta de la cadena de valor de la transición energética, lo que podría limitar la integración efectiva de energías renovables. La región de América Latina y el Caribe muestra una tendencia a alineación con transición energética, pero es heterogénea entre países. De 18 naciones evaluadas, 16 destinaron más del 90% de su inversión energética a proyectos sostenibles, lo que sugiere una orientación mayoritaria hacia la transición. En contraste, El Salvador y Perú registraron proporciones elevadas de financiamiento intensivo en carbono, con 58% y 56%, respectivamente. Esto pone de manifiesto que, pese a los avances, la región experimenta aún una alineación incompleta y que es necesario continuar la reducción de fósiles. El proceso de implementación de reformas estructurales de los bancos multilaterales de desarrollo avanza de manera limitada. Mientras que, en algunos casos, se muestra un cambio gradual en la estrategia institucional como el Grupo BID, en el caso del Banco Mundial los cambios registrados se concentran principalmente en ajustes narrativos, sin reformas de carácter estructural documentadas hasta el momento, lo que subraya la importancia de crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para alcanzar estas reformas. Los hallazgos del análisis apuntan a la necesidad de avanzar más allá de cambios graduales hacia reformas estructurales del financiamiento para la transición energética en la región. Esto implica no solo continuar incrementando el financiamiento para lograr las metas de transición energética, sino mejorar su calidad, diversificar instrumentos financieros y cerrar brechas financieras en eslabones del sector. Asimismo, es importante evitar retrocesos por agendas que busquen el retorno de los combustibles fósiles y vayan en contra del Acuerdo de París. Los hallazgos del análisis subrayan la importancia de mantener y profundizar los compromisos de los bancos multilaterales en materia de transición energética.

Por: Lorena Caballero, Directora Técnica del GFLAC y Alan Senra, Asociado en finanzas para la Biodiversidad del GFLAC La conversación sobre transición energética justa en América Latina y el Caribe continúa avanzando. Como parte de una serie de diálogos impulsados antes, durante y después de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, realizada en Santa Marta, Colombia, el pasado 21 de mayo se llevó a cabo el webinar “Lo que dejó Santa Marta y lo que sigue para la Transición Energética Justa en América Latina y el Caribe”, organizado por REDFIS, GFLAC, CANLA, CEDES, Argentina 1.5° y GI-ESCR, CEFD y el Fossil Fuel Treaty Initiative. El encuentro tuvo como objetivo analizar los principales resultados políticos, económicos y financieros de la Conferencia de Santa Marta, así como discutir los desafíos y oportunidades rumbo a las negociaciones climáticas internacionales, la COP31 y la próxima conferencia sobre transición más allá de los combustibles fósiles que se realizará en Tuvalu en 2027. La moderación estuvo a cargo de Lorena Caballero, de GFLAC, quien destacó que Santa Marta representó un punto de inflexión para posicionar en la agenda regional la necesidad de una transición energética justa, ordenada, financiable y socialmente inteligente. Asimismo, recordó que este webinar forma parte de un proceso más amplio de construcción colectiva que GFLAC y organizaciones aliadas vienen impulsando desde antes de la Conferencia, mediante espacios de diálogo regional, análisis técnicos y articulaciones con sociedad civil, academia y gobiernos. Durante el webinar, las y los panelistas coincidieron en que uno de los principales avances de Santa Marta fue abrir un espacio político para discutir de manera explícita la salida progresiva de los combustibles fósiles, abordando no solo las emisiones, sino también la extracción y producción de petróleo, gas y carbón. Alex Rafalowicz, del Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, destacó que la Conferencia fue construida a partir de una metodología participativa e innovadora, que incorporó aportes de sociedad civil, pueblos indígenas y actores no gubernamentales en la definición de prioridades y discusiones temáticas. Además, señaló que uno de los próximos pasos será la publicación de un informe con recomendaciones y aprendizajes de Santa Marta, que será presentado durante la London Climate Week. Por su parte, Nicolas Lippolis, de CEFD, enfatizó que la transición energética debe entenderse también como un desafío macroeconómico y fiscal. Señaló que muchos países de América Latina mantienen una alta dependencia de las rentas fósiles y que avanzar hacia modelos sostenibles requiere fortalecer estrategias de diversificación económica, financiamiento público y planificación estatal. En la misma línea, Leonardo Stanley, de CEDES, alertó sobre los riesgos de continuar invirtiendo en infraestructura fósil en un contexto internacional marcado por volatilidad energética, conflictos geopolíticos y aceleración de la transición global. Advirtió que insistir en modelos extractivistas puede generar activos varados y nuevas crisis fiscales en la región. El webinar también abordó las barreras políticas y financieras que dificultan una transición justa. Laura Restrepo Alameda, de CANLA, llamó la atención sobre el papel de la industria petroquímica y de plásticos en el lobby contra políticas de desfosilización, así como sobre los impactos de los mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS), que limitan la capacidad de los países para implementar políticas ambientales ambiciosas. A su vez, Magdalena Rochi, de GI-ESCR, recordó que la transición energética no puede reducirse a un cambio tecnológico, sino que debe incorporar dimensiones sociales, comunitarias y de derechos humanos. Insistió en que las futuras hojas de ruta deben considerar las desigualdades estructurales, la dependencia económica y la participación efectiva de las comunidades afectadas. Finalmente, Pilar Bueno Rubial, de Argentina 1.5, destacó la importancia de transformar los consensos políticos de Santa Marta en mecanismos concretos de implementación. También señaló la necesidad de fortalecer procesos transparentes y participativos rumbo a Tuvalu 2027 y las próximas negociaciones climáticas internacionales. Uno de los temas centrales del debate fue el financiamiento de la transición energética. Las y los participantes discutieron alternativas para evitar que la transición profundice los niveles de deuda de los países del Sur Global. Entre las propuestas mencionadas estuvieron el redireccionamiento de subsidios fósiles, impuestos a las ganancias extraordinarias de empresas petroleras, fortalecimiento de bancos públicos de desarrollo y mecanismos innovadores de financiamiento internacional. El webinar reafirmó que la transición energética justa en América Latina y el Caribe no puede desvincularse de debates sobre desigualdad, deuda, dependencia fiscal y transformación económica. Al mismo tiempo, evidenció que existe una creciente legitimidad política y social para discutir públicamente el futuro de los combustibles fósiles y las condiciones necesarias para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles y justos. Desde GFLAC, este espacio representa un paso más dentro de una estrategia regional de incidencia y articulación que continuará desarrollándose en los próximos meses, acompañando los procesos rumbo a Bonn, la COP31 y la próxima conferencia en Tuvalu. Este webinar dio continuidad a los espacios de diálogo y análisis que GFLAC y organizaciones aliadas impulsaron antes y durante la Conferencia de Santa Marta, incluyendo el diálogo regional previo “Hacia Santa Marta: condiciones económicas y fiscales para LAC” junto a CANLA y Oxfam México, el blog “Santa Marta: la transición energética en América Latina exige dejar atrás un modelo que ya no es sostenible”, las 10 claves para financiar una transición justa rumbo a Santa Marta” y el blog publicado posterior a la conferencia”.

Por: Alan Senra, Asociado en Financiamiento Climático Internacional para Brasil La Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, realizada en Santa Marta, marcó un punto de inflexión en la conversación global sobre la transición energética justa. Por primera vez, más de 50 países, junto con gobiernos subnacionales , sociedad civil, academia y organismos internacionales compartieron un mismo espacio para debatir los desafíos de una transición energética justa en una región dependiente de modelos económicos extractivos. El simple hecho de que esta conferencia haya tenido lugar representa, en sí mismo, un avance significativo, ya que reconoce de manera explícita la necesidad de acelerar la salida de los combustibles fósiles en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, incertidumbre energética y una creciente volatilidad en los precios del petróleo. La Conferencia incluyó múltiples espacios de diálogo entre los días 24 a 29 de abril de 2026, desde el Retiro de Organizaciones de la Sociedad Civil y la Pre-asamblea y Asamblea de los Pueblos hasta las plenarias oficiales, mesas temáticas y encuentros subnacionales. Esta diversidad permitió ampliar la conversación sobre transición energética, aunque también evidenció tensiones entre las demandas de la sociedad civil y las limitaciones políticas de varios gobiernos dependientes de la renta fósil. La discusión se estructuró en torno a tres pilares clave: la reducción de la dependencia económica a los combustibles fósiles, la transformación de la oferta y la demanda energética, y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Estos pilares reflejan la profundidad del desafío. La dependencia no es solo energética, sino también fiscal: los subsidios e incentivos siguen condicionando las decisiones públicas. La transformación del sistema energético implica acelerar renovables, electrificar sectores clave y planificar una reducción ordenada del uso de combustibles fósiles. Y la cooperación internacional se vuelve una condición necesaria para sostener la transición, particularmente en el acceso a financiamiento y en la coordinación entre países. La Cumbre de Autoridades fue el momento político central de la Conferencia. Inició el 27 de abril con una recepción oficial organizada por los gobiernos de Colombia y Países Bajos, donde se buscó conectar la transición energética con debates sobre cultura, sostenibilidad y nuevos modelos de desarrollo. El 28 de abril se realizó la plenaria de alto nivel, donde representantes gubernamentales y sectores sociales compartieron sus prioridades en torno a la transición energética. Uno de los momentos más destacados fue la intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien defendió la necesidad de abandonar progresivamente los combustibles fósiles y cuestionó las contradicciones del sistema económico internacional frente a la crisis climática. Las mesas sectoriales realizadas el 29 de abril profundizaron debates sobre financiamiento climático, transición justa, diversificación económica y cooperación internacional. Aunque hubo avances importantes en términos de apertura política, también quedaron evidentes los límites de la discusión frente a temas estructurales como subsidios fósiles, deuda y arquitectura financiera internacional. La Conferencia dejó avances concretos: la creación de un panel científico de expertos para acompañar la toma de decisiones con evidencia, y el compromiso de dar continuidad al proceso en la próxima conferencia de 2027 en Tuvalu, coorganizada por Irlanda. Esto envía una señal clara de que la transición energética justa se está construyendo como un esfuerzo colectivo. Sin embargo, muchos de los consensos alcanzados permanecen en un plano declarativo y sin mecanismos concretos de implementación. El verdadero reto comienza ahora: traducir el impulso político en decisiones que transformen la forma en que se financia la energía y el desarrollo. La participación del GFLAC En este contexto, la participación del GFLAC fue estratégica y transversal. La organización estuvo presente en distintos espacios políticos y técnicos, aportando análisis y articulaciones regionales sobre financiamiento climático y transición energética justa, además de acompañar procesos de movilización social durante la marcha por la transición justa en Santa Marta. Como parte de la preparación hacia Santa Marta, GFLAC también promovió el Diálogo regional “Hacia Santa Marta: condiciones económicas y fiscales para LAC” junto a CANLA y Oxfam México y el blog “Santa Marta: la transición energética en América Latina exige dejar atrás un modelo que ya no es sostenible”. Estos espacios ayudaron a posicionar debates sobre dependencia fiscal fósil, subsidios y financiamiento climático antes de la Conferencia. Previo a la Conferencia, GFLAC impulsó las “10 claves para financiar una transición justa rumbo a Santa Marta”, posicionando temas históricamente poco abordados en los debates energéticos de la región. Entre ellos destacaron la necesidad de revisar subsidios fósiles, fortalecer las finanzas públicas, diversificar las economías y garantizar financiamiento territorial accesible y justo. Posteriormente, en la conferencia GLAC, he conducido una evaluación sobre cómo estos 10 temas clave fueron discutidos en la conferencia. La experiencia de Santa Marta mostró que la discusión sobre la transición justa incluye temáticas que van más allá de las energías renovables e incorporó debates sobre desigualdad, deuda y transformación económica. Sin embargo, muchos de los consensos alcanzados permanecen todavía en un plano declarativo y sin mecanismos concretos de implementación. Aun con esas limitaciones, la Conferencia dejó un precedente político importante para América Latina y el Caribe: El encuentro demostró que actualmente existe una mayor legitimidad para discutir públicamente el futuro de los combustibles fósiles y las condiciones necesarias para una transición energética justa en países dependientes de la extracción. ¿Qué sigue? Mantener el impulso del diálogo y el sentido de urgencia será clave en los siguientes pasos rumbo a las negociaciones intersesionales de Bonn, la COP31 y la próxima conferencia en Tuvalu 2027. Para dar continuidad al proceso, el próximo 21 de mayo se realizará el webinar “Lo que dejó Santa Marta y lo que sigue para la Transición Energética Justa en América Latina y el Caribe”, organizado por REDFIS, GFLAC, Fossil Fuel Treaty, CANLA, CEDES, Argentina 1.5 y GI-ESCR. Con participación de especialistas de la región, el encuentro buscará analizar los principales resultados políticos y financieros de la Conferencia, así como discutir los desafíos hacia Bonn, la COP31 y el proceso rumbo a próxima conferencia más allá de los combustibles fósiles en Tuvalu, 2027.

Por: Diego Escalante, Asociado en Finanzas Públicas para América del Sur Del 13 al 18 de abril, se celebraron en Washington las denominadas Reuniones de Primavera de las instituciones financieras internacionales, como son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, mismas que estuvieron marcadas por una creciente incertidumbre ante el escenario global actual, y por una serie de contradicciones que no permiten avanzar hacia las reformas necesarias que deben liderar. Este encuentro, que concentra a ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales, la sociedad civil y la academia, es un espacio central para discutir temas globales y cómo estas instituciones deben prepararse para atender dichos retos. Uno de los temas que concentró la atención y el debate, fue el conflicto militar tanto en Europa Oriental como en el Medio Oriente, que afectan principalmente a los suministros de energía fósil, los canales de comercio marítimo y las políticas comerciales de tarifas. Estos conflictos afectan los niveles de inflación, la seguridad alimentaria y empeoran las condiciones financieras; en especial para los países en vías de desarrollo. En este contexto, el FMI presentó la agenda de política global para hacerle frente a los impactos derivados de estos conflictos. Mientras que se mostró abierto a apoyar a los países con medidas adaptadas a cada país, con base en su toolkit financiero, estas medidas siguen una línea restrictiva y tradicional basada en deuda. Esto resulta complejo, pues los países se encuentran con espacios fiscales muy limitados, y buena parte de su presupuesto ya está siendo destinado al pago de la deuda e intereses, cuyo monto de salida entre el 2022 y 2024 fue de 741 mil millones de dólares, el más alto en los últimos 50 años. A esto se suma, un conjunto de propuestas con direcciones opuestas, mientras que algunos países están concentrados en continuar con las reformas de la arquitectura financiera internacional (países en desarrollo), otros países priorizan aumentar el financiamiento en defensa militar como la Unión Europea. Aunado a esto, Estados Unidos mantiene con fuerza, sus intereses por sobre las instituciones multilaterales y en materia de combustibles fósiles, lo que obstaculiza el proceso de reforma asociada a la atención del clima que se venía impulsando en años pasados. Avances y retrocesos en la reforma de la arquitectura financiera internacional En el marco de las reuniones de primavera se dio seguimiento a un conjunto de reformas y acciones pendientes con el FMI y el Banco Mundial. Muchas de ellas enfocadas el FMI, entre ellas la 16ava revisión general de cuotas que involucra el aumento de los recursos permanentes de la institución y una posible redistribución del poder de voto entre los países miembros, cuya aprobación por parte del senado de Estados Unidos se encuentra pendiente. Además, continuaron discusiones sobre la recanalización y ampliación de los Derechos Especiales de Giro, un activo de reserva internacional que se asigna a los países para reforzar su liquidez externa. En estas reuniones se discutió su canalización hacia países más vulnerables, especialmente a través de mecanismos como los fondos fiduciarios. Por su parte, el Marco de Sostenibilidad de la Deuda para Países de Ingreso Bajo del FMI-Banco Mundial continúa en discusiones sin llegar a resultados concretos, aunque, de lograrse, permitiría reformar y reestructurar la deuda a países con sobre endeudamiento y vulnerabilidades fiscales. A su vez, el Examen Integral de Supervisión que busca reforzar la capacidad del FMI para apoyar a los países miembros para dirigir al fondo en los próximos 5-10 años. En conjunto, estas discusiones reflejan un esfuerzo por modernizar la arquitectura financiera internacional, aunque persisten desafíos en su implementación efectiva y en la alineación con las necesidades de los países en desarrollo. Si bien muchos países están apoyando estas reformas, destaca el Grupo de los 24, el bloque político del FMI compuesto por países en desarrollo, que además de este apoyo, aboga por una continuación de procesos multilaterales. Entre ellos, mantener un sistema internacional basado en normas y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la continuidad de la movilización de recursos para financiar el desarrollo sostenible, políticas comerciales alineadas a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como la implementación del Nuevo Objetivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) para el financiamiento en acciones climáticas. Instituciones financieras internacionales y acción climática Un elemento significativo para la agenda climática es que en las reuniones de primavera se desarrolló la 15ava reuniones ministerial de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática. La Coalición conformada por ministros de finanzas de 100 países busca movilizar y alinear el financiamiento para planes de acción nacional, una oportunidad que podría liberar 26 billones de dólares (trillion en inglés), así como apoyar en herramientas fiscales, impuestos al carbono y sistemas de comercio de emisiones. Aunque sin acciones concretas en esa semana. El avance de la industria fósil Por otro lado, y en dirección contraria a la acción climática, Estados Unidos propone una agenda de fortalecimiento de la industria fósil, promoviendo cambios en el enfoque de las instituciones multilaterales. En la declaración oficial de Scott Bessent, el secretario del tesoro planteó una agenda basada en el enfoque “América Primero”, centrada en crecimiento económico, creación de empleo, abundancia energética y desregulación. En su intervención, propuso que el FMI retorne a su mandato original, alejándose del desarrollo internacional, cambio climático, género y asuntos sociales, y que el Banco Mundial reduzca su énfasis en financiamiento climático, cuestionando objetivos como el de alcanzar 45% de financiamiento climático en el portafolio del banco. En su discurso se enfatizaron tres objetivos principales: promover la autosuficiencia nacional basada en ingresos propios (para reducir el financiamiento en asistencia oficial para el desarrollo), impulsar la apertura en minerales críticos vinculados a la seguridad económica, y priorizar la energía abundante y confiable, que está vinculada a combustibles fósiles como gas y petróleo, así como las plantas de carbono. Este enfoque genera tensiones con el sistema multilateral, al cuestionar el rol de las instituciones internacionales y su capacidad para abordar desafíos globales como el cambio climático o la gobernanza económica. Esta visión divergente cobra más relevancia ya que este año Estados Unidos tiene la presidencia del Grupo de los 20 (G20). Hecho significativo, pues parte de las reformas del sistema financiero internacional y de bancos multilaterales provienen de este foro. A esto se suma que en este año se tiene un grupo de trabajo específico enfocado en el regreso de las energías fósiles. Recordando también que este año la administración estadounidense amenazó con abandonar la Agencia Internacional Energía si continuase con sus objetivos de descarbonización en la hoja de ruta anual para reducir emisiones, es crucial preguntarse si esto puede tener una incidencia de largo plazo en la agenda climática. La coyuntura actual denota las grandes complejidades que enfrena la atención del cambio climático y la transición energética en particular, pues todavía existe una alta dependencia de los combustibles fósiles, que genera inseguridad energética global y afecta a la sostenibilidad del planeta. Es importante que los procesos de discusiones como las Reuniones de Primavera avancen hacia metas comunes que beneficien a todos, por lo que seguir estos procesos y que mantengan sus objetivos iniciales será clave.

La Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se llevó a cabo en Nassau, Bahamas, entre el 21 y el 24 de abril de 2026. Este espacio regional reunió a gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales y representantes del público para evaluar avances y desafíos en la implementación del tratado, considerado el principal instrumento de democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Desde el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, la participación en este espacio se enmarcó en el seguimiento a temas clave como el acceso a la información, la transparencia, particularmente en financiamiento climático, y la participación pública en la toma de decisiones. Articulación desde la sociedad civil: una base para la incidencia Previo al inicio formal de la Conferencia, se desarrolló una reunión con Representantes Electos del Público, en la que se analizó el estado de implementación del Acuerdo en la región y se construyó una posición articulada desde la sociedad civil. Este espacio permitió integrar las perspectivas de organizaciones, comunidades y personas defensoras del ambiente, fortaleciendo la incidencia en las negociaciones posteriores. Este proceso evidenció que, si bien existen avances institucionales, persisten importantes brechas en el ejercicio efectivo de los derechos de acceso en distintos países. Avances en la implementación y persistencia de brechas Durante la COP4, los Estados Parte presentaron informes sobre el progreso en la implementación del Acuerdo. Algunos países, como Chile, Panamá y Granada, expusieron avances mediante la elaboración de hojas de ruta que establecen líneas base y acciones prioritarias. Otros, como Bolivia, México y Colombia, destacaron procesos en desarrollo, en algunos casos con enfoques participativos relevantes. No obstante, desde la sociedad civil se señaló una brecha persistente entre los avances reportados y la realidad en los territorios. Problemas estructurales relacionados con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia continúan limitando la implementación efectiva del Acuerdo. En este contexto, los informes independientes, como los informes sombra, resultan fundamentales para complementar la información oficial y ofrecer una visión más integral del estado de cumplimiento. Participación pública y el rol de las juventudes La COP4 destacó por una participación del público en las sesiones, aspecto reconocido por diversos actores. En particular, los espacios paralelos, incluyendo aquellos liderados por juventudes, permitieron visibilizar tanto avances como desafíos en la participación efectiva. Las juventudes están consolidando su rol como actores clave en la implementación del Acuerdo, impulsando procesos de incidencia, generación de conocimiento y articulación regional. Sin embargo, aún es necesario fortalecer mecanismos que garanticen una participación significativa y vinculante en los procesos de toma de decisión. Reflexiones desde GFLAC: transparencia y financiamiento como ejes clave Desde GFLAC, la COP4 reafirma la importancia de fortalecer la transparencia como un pilar para la implementación del Acuerdo de Escazú Luz Andina, representante de GFLAC en la COP4 En particular, la disponibilidad y calidad de la información sobre financiamiento climático sigue siendo un desafío en la región. El paso siguiente es claro: avanzar hacia una implementación efectiva que garantice el ejercicio pleno de los derechos de acceso, incorporando de manera significativa a la sociedad civil, las comunidades locales y las juventudes. Desde GFLAC, continuaremos contribuyendo en este proceso mediante el análisis, monitoreo y fortalecimiento de capacidades en torno a la transparencia y el financiamiento climático en América Latina y el Caribe.