Por: Alan Senra, Asociado en Financiamiento Climático Internacional para Brasil La Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, realizada en Santa Marta, marcó un punto de inflexión en la conversación global sobre la transición energética justa. Por primera vez, más de 50 países, junto con gobiernos subnacionales , sociedad civil, academia y organismos internacionales compartieron un mismo espacio para debatir los desafíos de una transición energética justa en una región dependiente de modelos económicos extractivos. El simple hecho de que esta conferencia haya tenido lugar representa, en sí mismo, un avance significativo, ya que reconoce de manera explícita la necesidad de acelerar la salida de los combustibles fósiles en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, incertidumbre energética y una creciente volatilidad en los precios del petróleo. La Conferencia incluyó múltiples espacios de diálogo entre los días 24 a 29 de abril de 2026, desde el Retiro de Organizaciones de la Sociedad Civil y la Pre-asamblea y Asamblea de los Pueblos hasta las plenarias oficiales, mesas temáticas y encuentros subnacionales. Esta diversidad permitió ampliar la conversación sobre transición energética, aunque también evidenció tensiones entre las demandas de la sociedad civil y las limitaciones políticas de varios gobiernos dependientes de la renta fósil. La discusión se estructuró en torno a tres pilares clave: la reducción de la dependencia económica a los combustibles fósiles, la transformación de la oferta y la demanda energética, y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Estos pilares reflejan la profundidad del desafío. La dependencia no es solo energética, sino también fiscal: los subsidios e incentivos siguen condicionando las decisiones públicas. La transformación del sistema energético implica acelerar renovables, electrificar sectores clave y planificar una reducción ordenada del uso de combustibles fósiles. Y la cooperación internacional se vuelve una condición necesaria para sostener la transición, particularmente en el acceso a financiamiento y en la coordinación entre países. La Cumbre de Autoridades fue el momento político central de la Conferencia. Inició el 27 de abril con una recepción oficial organizada por los gobiernos de Colombia y Países Bajos, donde se buscó conectar la transición energética con debates sobre cultura, sostenibilidad y nuevos modelos de desarrollo. El 28 de abril se realizó la plenaria de alto nivel, donde representantes gubernamentales y sectores sociales compartieron sus prioridades en torno a la transición energética. Uno de los momentos más destacados fue la intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien defendió la necesidad de abandonar progresivamente los combustibles fósiles y cuestionó las contradicciones del sistema económico internacional frente a la crisis climática. Las mesas sectoriales realizadas el 29 de abril profundizaron debates sobre financiamiento climático, transición justa, diversificación económica y cooperación internacional. Aunque hubo avances importantes en términos de apertura política, también quedaron evidentes los límites de la discusión frente a temas estructurales como subsidios fósiles, deuda y arquitectura financiera internacional. La Conferencia dejó avances concretos: la creación de un panel científico de expertos para acompañar la toma de decisiones con evidencia, y el compromiso de dar continuidad al proceso en la próxima conferencia de 2027 en Tuvalu, coorganizada por Irlanda. Esto envía una señal clara de que la transición energética justa se está construyendo como un esfuerzo colectivo. Sin embargo, muchos de los consensos alcanzados permanecen en un plano declarativo y sin mecanismos concretos de implementación. El verdadero reto comienza ahora: traducir el impulso político en decisiones que transformen la forma en que se financia la energía y el desarrollo. La participación del GFLAC En este contexto, la participación del GFLAC fue estratégica y transversal. La organización estuvo presente en distintos espacios políticos y técnicos, aportando análisis y articulaciones regionales sobre financiamiento climático y transición energética justa, además de acompañar procesos de movilización social durante la marcha por la transición justa en Santa Marta. Como parte de la preparación hacia Santa Marta, GFLAC también promovió el Diálogo regional “Hacia Santa Marta: condiciones económicas y fiscales para LAC” junto a CANLA y Oxfam México y el blog “Santa Marta: la transición energética en América Latina exige dejar atrás un modelo que ya no es sostenible”. Estos espacios ayudaron a posicionar debates sobre dependencia fiscal fósil, subsidios y financiamiento climático antes de la Conferencia. Previo a la Conferencia, GFLAC impulsó las “10 claves para financiar una transición justa rumbo a Santa Marta”, posicionando temas históricamente poco abordados en los debates energéticos de la región. Entre ellos destacaron la necesidad de revisar subsidios fósiles, fortalecer las finanzas públicas, diversificar las economías y garantizar financiamiento territorial accesible y justo. Posteriormente, en la conferencia GLAC, he conducido una evaluación sobre cómo estos 10 temas clave fueron discutidos en la conferencia. La experiencia de Santa Marta mostró que la discusión sobre la transición justa incluye temáticas que van más allá de las energías renovables e incorporó debates sobre desigualdad, deuda y transformación económica. Sin embargo, muchos de los consensos alcanzados permanecen todavía en un plano declarativo y sin mecanismos concretos de implementación. Aun con esas limitaciones, la Conferencia dejó un precedente político importante para América Latina y el Caribe: El encuentro demostró que actualmente existe una mayor legitimidad para discutir públicamente el futuro de los combustibles fósiles y las condiciones necesarias para una transición energética justa en países dependientes de la extracción. ¿Qué sigue? Mantener el impulso del diálogo y el sentido de urgencia será clave en los siguientes pasos rumbo a las negociaciones intersesionales de Bonn, la COP31 y la próxima conferencia en Tuvalu 2027. Para dar continuidad al proceso, el próximo 21 de mayo se realizará el webinar “Lo que dejó Santa Marta y lo que sigue para la Transición Energética Justa en América Latina y el Caribe”, organizado por REDFIS, GFLAC, Fossil Fuel Treaty, CANLA, CEDES, Argentina 1.5 y GI-ESCR. Con participación de especialistas de la región, el encuentro buscará analizar los principales resultados políticos y financieros de la Conferencia, así como discutir los desafíos hacia Bonn, la COP31 y el proceso rumbo a próxima conferencia más allá de los combustibles fósiles en Tuvalu, 2027.

Por: Diego Escalante, Asociado en Finanzas Públicas para América del Sur Del 13 al 18 de abril, se celebraron en Washington las denominadas Reuniones de Primavera de las instituciones financieras internacionales, como son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, mismas que estuvieron marcadas por una creciente incertidumbre ante el escenario global actual, y por una serie de contradicciones que no permiten avanzar hacia las reformas necesarias que deben liderar. Este encuentro, que concentra a ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales, la sociedad civil y la academia, es un espacio central para discutir temas globales y cómo estas instituciones deben prepararse para atender dichos retos. Uno de los temas que concentró la atención y el debate, fue el conflicto militar tanto en Europa Oriental como en el Medio Oriente, que afectan principalmente a los suministros de energía fósil, los canales de comercio marítimo y las políticas comerciales de tarifas. Estos conflictos afectan los niveles de inflación, la seguridad alimentaria y empeoran las condiciones financieras; en especial para los países en vías de desarrollo. En este contexto, el FMI presentó la agenda de política global para hacerle frente a los impactos derivados de estos conflictos. Mientras que se mostró abierto a apoyar a los países con medidas adaptadas a cada país, con base en su toolkit financiero, estas medidas siguen una línea restrictiva y tradicional basada en deuda. Esto resulta complejo, pues los países se encuentran con espacios fiscales muy limitados, y buena parte de su presupuesto ya está siendo destinado al pago de la deuda e intereses, cuyo monto de salida entre el 2022 y 2024 fue de 741 mil millones de dólares, el más alto en los últimos 50 años. A esto se suma, un conjunto de propuestas con direcciones opuestas, mientras que algunos países están concentrados en continuar con las reformas de la arquitectura financiera internacional (países en desarrollo), otros países priorizan aumentar el financiamiento en defensa militar como la Unión Europea. Aunado a esto, Estados Unidos mantiene con fuerza, sus intereses por sobre las instituciones multilaterales y en materia de combustibles fósiles, lo que obstaculiza el proceso de reforma asociada a la atención del clima que se venía impulsando en años pasados. Avances y retrocesos en la reforma de la arquitectura financiera internacional En el marco de las reuniones de primavera se dio seguimiento a un conjunto de reformas y acciones pendientes con el FMI y el Banco Mundial. Muchas de ellas enfocadas el FMI, entre ellas la 16ava revisión general de cuotas que involucra el aumento de los recursos permanentes de la institución y una posible redistribución del poder de voto entre los países miembros, cuya aprobación por parte del senado de Estados Unidos se encuentra pendiente. Además, continuaron discusiones sobre la recanalización y ampliación de los Derechos Especiales de Giro, un activo de reserva internacional que se asigna a los países para reforzar su liquidez externa. En estas reuniones se discutió su canalización hacia países más vulnerables, especialmente a través de mecanismos como los fondos fiduciarios. Por su parte, el Marco de Sostenibilidad de la Deuda para Países de Ingreso Bajo del FMI-Banco Mundial continúa en discusiones sin llegar a resultados concretos, aunque, de lograrse, permitiría reformar y reestructurar la deuda a países con sobre endeudamiento y vulnerabilidades fiscales. A su vez, el Examen Integral de Supervisión que busca reforzar la capacidad del FMI para apoyar a los países miembros para dirigir al fondo en los próximos 5-10 años. En conjunto, estas discusiones reflejan un esfuerzo por modernizar la arquitectura financiera internacional, aunque persisten desafíos en su implementación efectiva y en la alineación con las necesidades de los países en desarrollo. Si bien muchos países están apoyando estas reformas, destaca el Grupo de los 24, el bloque político del FMI compuesto por países en desarrollo, que además de este apoyo, aboga por una continuación de procesos multilaterales. Entre ellos, mantener un sistema internacional basado en normas y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la continuidad de la movilización de recursos para financiar el desarrollo sostenible, políticas comerciales alineadas a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como la implementación del Nuevo Objetivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) para el financiamiento en acciones climáticas. Instituciones financieras internacionales y acción climática Un elemento significativo para la agenda climática es que en las reuniones de primavera se desarrolló la 15ava reuniones ministerial de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática. La Coalición conformada por ministros de finanzas de 100 países busca movilizar y alinear el financiamiento para planes de acción nacional, una oportunidad que podría liberar 26 billones de dólares (trillion en inglés), así como apoyar en herramientas fiscales, impuestos al carbono y sistemas de comercio de emisiones. Aunque sin acciones concretas en esa semana. El avance de la industria fósil Por otro lado, y en dirección contraria a la acción climática, Estados Unidos propone una agenda de fortalecimiento de la industria fósil, promoviendo cambios en el enfoque de las instituciones multilaterales. En la declaración oficial de Scott Bessent, el secretario del tesoro planteó una agenda basada en el enfoque “América Primero”, centrada en crecimiento económico, creación de empleo, abundancia energética y desregulación. En su intervención, propuso que el FMI retorne a su mandato original, alejándose del desarrollo internacional, cambio climático, género y asuntos sociales, y que el Banco Mundial reduzca su énfasis en financiamiento climático, cuestionando objetivos como el de alcanzar 45% de financiamiento climático en el portafolio del banco. En su discurso se enfatizaron tres objetivos principales: promover la autosuficiencia nacional basada en ingresos propios (para reducir el financiamiento en asistencia oficial para el desarrollo), impulsar la apertura en minerales críticos vinculados a la seguridad económica, y priorizar la energía abundante y confiable, que está vinculada a combustibles fósiles como gas y petróleo, así como las plantas de carbono. Este enfoque genera tensiones con el sistema multilateral, al cuestionar el rol de las instituciones internacionales y su capacidad para abordar desafíos globales como el cambio climático o la gobernanza económica. Esta visión divergente cobra más relevancia ya que este año Estados Unidos tiene la presidencia del Grupo de los 20 (G20). Hecho significativo, pues parte de las reformas del sistema financiero internacional y de bancos multilaterales provienen de este foro. A esto se suma que en este año se tiene un grupo de trabajo específico enfocado en el regreso de las energías fósiles. Recordando también que este año la administración estadounidense amenazó con abandonar la Agencia Internacional Energía si continuase con sus objetivos de descarbonización en la hoja de ruta anual para reducir emisiones, es crucial preguntarse si esto puede tener una incidencia de largo plazo en la agenda climática. La coyuntura actual denota las grandes complejidades que enfrena la atención del cambio climático y la transición energética en particular, pues todavía existe una alta dependencia de los combustibles fósiles, que genera inseguridad energética global y afecta a la sostenibilidad del planeta. Es importante que los procesos de discusiones como las Reuniones de Primavera avancen hacia metas comunes que beneficien a todos, por lo que seguir estos procesos y que mantengan sus objetivos iniciales será clave.

La Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se llevó a cabo en Nassau, Bahamas, entre el 21 y el 24 de abril de 2026. Este espacio regional reunió a gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales y representantes del público para evaluar avances y desafíos en la implementación del tratado, considerado el principal instrumento de democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Desde el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, la participación en este espacio se enmarcó en el seguimiento a temas clave como el acceso a la información, la transparencia, particularmente en financiamiento climático, y la participación pública en la toma de decisiones. Articulación desde la sociedad civil: una base para la incidencia Previo al inicio formal de la Conferencia, se desarrolló una reunión con Representantes Electos del Público, en la que se analizó el estado de implementación del Acuerdo en la región y se construyó una posición articulada desde la sociedad civil. Este espacio permitió integrar las perspectivas de organizaciones, comunidades y personas defensoras del ambiente, fortaleciendo la incidencia en las negociaciones posteriores. Este proceso evidenció que, si bien existen avances institucionales, persisten importantes brechas en el ejercicio efectivo de los derechos de acceso en distintos países. Avances en la implementación y persistencia de brechas Durante la COP4, los Estados Parte presentaron informes sobre el progreso en la implementación del Acuerdo. Algunos países, como Chile, Panamá y Granada, expusieron avances mediante la elaboración de hojas de ruta que establecen líneas base y acciones prioritarias. Otros, como Bolivia, México y Colombia, destacaron procesos en desarrollo, en algunos casos con enfoques participativos relevantes. No obstante, desde la sociedad civil se señaló una brecha persistente entre los avances reportados y la realidad en los territorios. Problemas estructurales relacionados con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia continúan limitando la implementación efectiva del Acuerdo. En este contexto, los informes independientes, como los informes sombra, resultan fundamentales para complementar la información oficial y ofrecer una visión más integral del estado de cumplimiento. Participación pública y el rol de las juventudes La COP4 destacó por una participación del público en las sesiones, aspecto reconocido por diversos actores. En particular, los espacios paralelos, incluyendo aquellos liderados por juventudes, permitieron visibilizar tanto avances como desafíos en la participación efectiva. Las juventudes están consolidando su rol como actores clave en la implementación del Acuerdo, impulsando procesos de incidencia, generación de conocimiento y articulación regional. Sin embargo, aún es necesario fortalecer mecanismos que garanticen una participación significativa y vinculante en los procesos de toma de decisión. Reflexiones desde GFLAC: transparencia y financiamiento como ejes clave Desde GFLAC, la COP4 reafirma la importancia de fortalecer la transparencia como un pilar para la implementación del Acuerdo de Escazú Luz Andina, representante de GFLAC en la COP4 En particular, la disponibilidad y calidad de la información sobre financiamiento climático sigue siendo un desafío en la región. El paso siguiente es claro: avanzar hacia una implementación efectiva que garantice el ejercicio pleno de los derechos de acceso, incorporando de manera significativa a la sociedad civil, las comunidades locales y las juventudes. Desde GFLAC, continuaremos contribuyendo en este proceso mediante el análisis, monitoreo y fortalecimiento de capacidades en torno a la transparencia y el financiamiento climático en América Latina y el Caribe.

Autores: Janeth Ugalde, Asociada en Finanzas para la Transición Energética Justa, GFLAC Laura Restrepo Alameda, Oficial de Incidencia, CANLA Diego Merla, López, Coordinador de la Estrategia de Justicia Fiscal, Oxfam México Diego de la Merced, Socio Fundador y Director de Proyectos Sostenibles, SESSA En el proceso hacia Santa Marta, Colombia, la conversación sobre la transición energética en América Latina y el Caribe adquiere un carácter distinto: deja de centrarse en la urgencia — ya ampliamente reconocida — para desplazarse hacia una cuestión más compleja y políticamente sensible, que es la viabilidad de dicha transición en contextos marcados por dependencia fiscal, restricciones estructurales y asimetrías globales. Más que un espacio de reafirmación discursiva, Santa Marta se posiciona como un punto de inflexión para interrogar las condiciones económicas, fiscales e institucionales que determinan el rumbo de las economías de la región. Desde este encuadre, Sandra Guzmán Luna, Directora General del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), introduce una lectura que sitúa la discusión en el terreno de las contradicciones estructurales. La región no transita desde una base neutra, sino desde economías que han sostenido su funcionamiento a partir de los ingresos fósiles. Como advierte, “en América Latina lamentablemente dependemos de ingresos fósiles para la subsistencia de nuestras economías y hoy simple y sencillamente ese modelo no es sostenible”. Esta afirmación no sólo plantea un diagnóstico económico, sino que abre una tensión política de fondo: la necesidad de transformar un modelo que, al mismo tiempo, ha sido central para la estabilidad fiscal de los países. En este sentido, Santa Marta adquiere relevancia como un espacio que busca trascender la reiteración de esta narrativa para avanzar hacia definiciones más concretas sobre cómo materializar dicha transformación. Este dilema regional se inserta en una problemática global más amplia, expuesta por Tzeporah Berman, Presidenta y fundadora de la iniciativa Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, quien evidenció una brecha persistente en la gobernanza climática internacional. A pesar de los avances en el despliegue de energías renovables, la expansión de los combustibles fósiles continúa avanzando sin restricciones equivalentes. En términos claros, señaló que “no podemos simplemente construir energías renovables… tenemos que detener la expansión de los combustibles fósiles”. Esta idea introduce un elemento central para el debate: la transición no puede entenderse únicamente como un proceso de sustitución tecnológica, sino como una reconfiguración de las dinámicas de producción energética que, hasta ahora, no han sido abordadas con instrumentos vinculantes a nivel internacional. La magnitud de esta brecha se refleja en el hecho de que “estamos en camino de producir 120% más petróleo, gas y carbón de lo compatible con los objetivos del Acuerdo de París”, lo que evidencia que el desafío no radica en la ausencia de compromisos, sino en la falta de alineación entre estos y las decisiones económicas que siguen guiando la expansión del sector fósil. Al trasladar esta discusión al contexto latinoamericano, emerge con mayor claridad la dimensión política de la transición. Diego Merla López, Coordinador de la Estrategia de Justicia Fiscal en Oxfam México, subraya que las dinámicas de desigualdad no son un elemento periférico, sino un factor estructural que condiciona la posibilidad misma de avanzar en la transición. La concentración de riqueza y poder incide directamente en la toma de decisiones económicas, como lo expresa al señalar que “mientras más concentrada está la riqueza y el poder, mayor es el riesgo para la democracia. La concentración extrema de la riqueza permite a unos cuantos influir en decisiones políticas que tienen impactos enormes en las personas y en el planeta.” Esta observación desplaza el análisis hacia el terreno de la economía política, donde la persistencia del modelo fósil se explica no sólo por su peso económico, sino por las relaciones de poder que lo sostienen. En este contexto, la dependencia de ingresos petroleros ha funcionado también como un mecanismo que ha postergado reformas fiscales estructurales, lo que refuerza la relevancia de su planteamiento de que “ya no podemos seguir viviendo del petróleo… y eso nos tiene que obligar a tener muy seriamente la conversación de cómo financiar la acción del Estado de forma justa, progresiva y sostenible”. Esta conversación se complejiza al analizar la estructura del financiamiento climático en la región. Janeth Ugalde, Asociada en Finanzas para la Transición Energética Justa en el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), cuestiona una de las premisas más extendidas en el debate internacional: la insuficiencia de recursos. A partir del análisis del financiamiento disponible, plantea que “la transición energética… no está limitada justamente por esta falta de financiamiento, sino por las prioridades que están reflejando nuestras finanzas y también las decisiones que se están tomando”. Este desplazamiento conceptual es relevante, ya que introduce una lectura en la que el problema no es de volumen, sino de asignación. En términos prácticos, esto implica reconocer que la persistencia del modelo fósil está directamente vinculada a las decisiones presupuestarias y financieras que continúan favoreciendo, incluso en contextos donde la transición se reconoce como prioritaria. Así, la discusión deja de centrarse en la movilización de recursos para enfocarse en la coherencia de las decisiones económicas que estructuran las economías de la región. En este sentido, el Índice de Finanzas Sostenibles 2025 (IFS) desarrollado por GFLAC refuerza este diagnóstico al evidenciar que, en América Latina y el Caribe, las economías nacionales continúan destinando mayores recursos a actividades nocivas que a aquellas alineadas con la sostenibilidad. Esta tendencia se observa tanto en la estructura de ingresos como en los egresos públicos y privados, lo que pone de manifiesto la persistencia de incoherencias en las políticas fiscales y financieras, y subraya la necesidad urgente de reorientar los flujos económicos hacia un desarrollo verdaderamente sostenible. La dimensión social de esta problemática se manifiesta con particular claridad en el debate sobre subsidios, abordado por Matías Cena Trebucq, Economista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien advierte sobre los riesgos de implementar medidas sin considerar las condiciones estructurales de desigualdad. En este sentido, señala que “muchas veces el recorte de estos subsidios termina generando efectos negativos en los hogares de menos ingresos”, lo que evidencia que las decisiones en materia de política energética tienen implicaciones distributivas que no pueden ser ignoradas. Este punto es particularmente relevante para el proceso de Santa Marta, ya que subraya la necesidad de integrar la justicia social como un componente central de la transición, evitando que los costos recaigan desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, la transición se presenta también como una oportunidad para reconfigurar las estructuras productivas de la región. Diego de la Merced, Socio fundador y Director de Proyectos Sostenibles en SESSA, introduce una perspectiva que desplaza la narrativa del costo hacia la del valor, al afirmar que “el verdadero potencial es generar valor donde antes solo existían costos”. Esta lectura sugiere que la transición no debe entenderse únicamente como una respuesta a la crisis climática, sino como una oportunidad para redefinir los modelos de desarrollo, incorporando nuevas dinámicas productivas que permitan generar beneficios económicos sostenibles. Finalmente, la dimensión política de este proceso es retomada por Laura Restrepo Alameda, Oficial de Incidencia en Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), quien enfatiza la necesidad de construir marcos de decisión que trascienden los ciclos políticos y permitan sostener transformaciones de largo plazo. Esta reflexión resulta clave para comprender los límites actuales de la transición: más allá de los diagnósticos y las propuestas, el desafío radica en la capacidad de traducir estos en decisiones sostenidas en el tiempo, en contextos institucionales complejos y, en muchos casos, fragmentados. Asimismo, resulta imperativo desarrollar salvaguardas que trasciendan la visión del recambio tecnológico. En este sentido, la transición solo adquirirá un carácter genuinamente justo si su ejecución se fundamenta en procesos equitativos que aseguren la convergencia entre la descarbonización, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la preservación de la integridad ecológica. En conjunto, las intervenciones convergen en una lectura compartida: la transición energética en América Latina no está restringida por la falta de conocimiento ni por la ausencia de recursos, sino por la persistencia de estructuras económicas, fiscales y políticas que continúan favoreciendo el modelo fósil. En este contexto, Santa Marta se configura como un espacio con potencial para reorientar el debate hacia estas condiciones estructurales, reconociendo que avanzar en la transición implica no solo transformar matrices energéticas, sino también redefinir las bases económicas sobre las que se sostienen las sociedades de la región.

Participantes del foro El Diálogo de alto nivel sobre transparencia y rendición de cuentas del financiamiento climático , organizado de manera conjunta por WRI México  y GFLAC , destacó que el reto principal para el país no es solo aumentar el volumen de recursos, sino corregir deficiencias estructurales en su definición, trazabilidad y uso. En este contexto, el evento funcionó como un espacio estratégico para dialogar con aliados sobre el Observatorio de Financiamiento Climático en México (OFCM) , una iniciativa de GFLAC en el marco de la Green Accountability Platform  promovida por WRI México e impulsada por la Alianza Mundial para la Rendición de Cuentas Sociales del Banco Mundial. Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades institucionales para dar seguimiento al flujo de recursos, identificar brechas en políticas públicas y fomentar una toma de decisiones basada en evidencia que resuelva la contradicción actual, donde el país recibe 85 veces más financiamiento por actividades intensivas en carbono de lo que destina a soluciones sostenibles. Asistentes al encuentro A nivel operativo y subnacional, la implementación enfrenta obstáculos debido a la falta de trazabilidad y asimetrías institucionales entre los estados. Se identificó una desconexión crítica entre los sistemas de planeación climática y la gestión presupuestaria, evidenciada por la dificultad de las instituciones para precisar cuánto se gasta realmente en acciones de cambio climático. Además, la calidad de la información se ve afectada por clasificaciones imprecisas desde el origen y factores estructurales como la informalidad económica, lo que limita el acceso a financiamiento internacional y requiere un fortalecimiento sostenido de las capacidades de monitoreo y verificación. Para consolidar la transición energética, es fundamental adoptar un enfoque sistémico que incluya la homologación de criterios económicos, como la Taxonomía Sostenible, y la integración de la sociedad civil para democratizar la información técnica. La asignación de recursos debe dejar de ser considerada "neutra" para atender sus impactos diferenciados en la población, alineándose con marcos internacionales como el Acuerdo de Escazú. En última instancia, el desafío para México es construir condiciones que garanticen una transición viable y sostenible, logrando una coherencia real entre la política climática y la política fiscal del país. 📘 ¿Quieres profundizar en los desafíos y soluciones para el financiamiento climático en México? [Descarga la nota técnica completa aquí]

La acción climática global está entrando en una fase decisiva. Tras años marcados por compromisos y definiciones estratégicas, el foco se desplaza progresivamente hacia la implementación efectiva de soluciones. En este contexto, el sector privado asume un papel central 1 . Sin embargo, al mismo tiempo que es un actor fundamental de la transición, también se encuentra entre los principales responsables de las emisiones y presiones ambientales que se busca reducir.  GFLAC estuvo presente en el evento “Post-COP 30: El papel de la industria en la agenda climática” , organizado por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil en su sede en Brasilia en el mes de marzo, y que evidenció este momento de inflexión. En este espacio, que tuvo como objetivo debatir los resultados de las negociaciones y de la participación de la industria brasileña en la COP30, así como presentar la estrategia del sector productivo para la COP31. Se destacó que la COP de Belém fue caracterizada como la “COP de la implementación”, señalando un cambio importante desde la ambición hacia la ejecución, y aún persiste una creciente expectativa por mayor claridad sobre los próximos pasos y, sobre todo, sobre cómo traducir las agendas en resultados concretos y medibles.  En este escenario, iniciativas como la Sustainable Business COP (SBCOP) ilustran un movimiento hacia una mayor institucionalización de la participación del sector empresarial en la agenda climática. Más allá de influir en las negociaciones, el sector privado comienza a organizarse para actuar de manera continua, articulada y orientada a la implementación de la agenda climática, en diálogo más directo con gobiernos y otros actores.  No obstante, tratar al “sector privado” como un bloque homogéneo es una simplificación que limita el análisis. Uno de los principales desafíos radica precisamente en comprender su heterogeneidad distinguiendo sectores, perfiles empresariales y niveles de compromiso; no todos avanzan al mismo ritmo ni operan bajo los mismos incentivos.   Comprender quiénes son estos actores, cómo operan y cuál es su papel en la economía real resulta fundamental. Son ellos quienes movilizan una parte significativa de los flujos de capital y toman decisiones de inversión capaces de acelerar (o retrasar) la transición. Esto plantea preguntas clave: ¿qué barreras siguen limitando el avance? ¿En qué medida los incentivos actuales están alineados con los objetivos climáticos? ¿Y hasta qué punto los enfoques predominantemente voluntarios son suficientes para impulsar cambios a escala?  A pesar de la creciente movilización de recursos desde el sector privado hacia iniciativas sostenibles, persisten limitaciones estructurales en términos de transparencia, trazabilidad y monitoreo de estos flujos 2 .  Hoy, una parte significativa del financiamiento climático privado no está plenamente identificada, clasificada ni sistematizada. Esto se refleja, por ejemplo, en la dificultad de distinguir entre recursos efectivamente dirigidos a actividades bajas en carbono y aquellos simplemente etiquetados como sostenibles, así como en la limitada capacidad de hacer seguimiento a su impacto real a lo largo del tiempo. Este desafío es particularmente relevante en sectores clave como energía, transporte, residuos y agricultura.  En países de nuestra región como Brasil y México, se observan avances en la adopción de taxonomías sostenibles y en la incorporación de criterios climáticos en el sistema financiero. Sin embargo, aún persisten brechas importantes en la comprensión de cómo estos instrumentos se están utilizando en la práctica: qué actores los adoptan, con qué nivel de consistencia y qué impactos concretos están generando en sus operaciones y en su alineación con las metas climáticas nacionales.  La ausencia de trazabilidad, entendida como la capacidad de identificar el origen, destino e impacto de los flujos financieros, limita la comprensión del volumen real de recursos movilizados y, sobre todo, de su efectividad. Muchas de las herramientas actuales capturan solo una fracción del capital que circula en la economía, lo que abre espacio a riesgos como la doble contabilidad, la baja adicionalidad y dificultades en la evaluación de resultados.  Mejorar la trazabilidad del financiamiento climático privado no es solo una cuestión técnica, sino que una condición estratégica para la credibilidad de la transición. Esto requiere avanzar en múltiples frentes: fortalecer los sistemas de reporte, estandarizar metodologías, ampliar la calidad y disponibilidad de los datos y desarrollar marcos regulatorios que incentiven mayor transparencia y comparabilidad. Es fundamental que el sector privado invierta en capacidades técnicas, en promover la articulación entre actores y en alinear incentivos entre el sector público, privado y financiero.  Comprender mejor al sector privado no es solo un ejercicio analítico, sino un requisito para orientar decisiones más eficientes y evitar una asignación inadecuada de recursos. Son estos actores quienes tienen la capacidad de transformar cadenas productivas, escalar soluciones y redirigir inversiones, pero esto solo será posible si existe mayor claridad sobre cómo y hacia dónde fluye el capital.  La creciente centralidad del sector privado en la acción climática representa, por tanto, una oportunidad relevante, pero también un riesgo si las brechas actuales persisten. Sin avances consistentes en transparencia y trazabilidad, existe el peligro de inflar percepciones de progreso que no se traduzcan en impactos reales. Por otro lado, el fortalecimiento de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de los datos, desarrollar metodologías y generar evidencia puede desempeñar un papel decisivo en la reducción de estas brechas, contribuyendo a un entorno más transparente, comparable y orientado a resultados.  Entre movilización de capital, calidad de la información y capacidad de monitoreo, donde se definirá la efectividad de la contribución del sector privado a una transición climática que sea consistente con la escala y urgencia del desafío.  En este contexto, la participación de GFLAC en espacios como este resulta estratégica. La creciente centralidad del sector privado en la agenda climática, particularmente en un país como Brasil, que busca posicionarse como líder en soluciones basadas en la naturaleza, bioeconomía y financiamiento sostenible, refuerza la necesidad de contar con actores capaces de generar evidencia, fortalecer la transparencia y acompañar el desarrollo de marcos que orienten los flujos financieros hacia objetivos climáticos concretos. La presencia en estos espacios permite no solo comprender mejor las dinámicas del sector productivo, sino también incidir en la construcción de una agenda que alinee financiamiento, política pública y transición climática en la región.  1 Estadão . “Cómo el sector privado se convirtió en protagonista de las COPs”. Disponible em: https://www.estadao.com.br/economia/como-o-setor-privado-se-tornou-protagonista-das-cops-aproximar-pessoas-da-agenda-climatica/#:~:text=ENVIADA%20ESPECIAL%20A%20BEL%C3%89M%20%2D%20A,j%C3%A1%20eram%20atuantes%20nas%20c%C3%BApulas .  2 OECD . Revisión de la OCDE sobre la alineación de las finanzas con los objetivos climáticos: evaluación del progreso hacia el cero neto y prevención del greenwashing . París: OECD Publishing, 2024. Disponible en: https://doi.org/10.1787/b9b7ce49-en .

El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), representado por su Directora Técnica Lorena Caballero, participó en el taller “Presupuesto para la acción climática” para fortalecer las capacidades del Poder Legislativo en la gestión del gasto público. Durante este encuentro se presentó el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2025 , una herramienta que monitorea los flujos financieros relacionados con el desarrollo sostenible e identifica aquellos recursos que aún se destinan a actividades intensivas en carbono, como los combustibles fósiles y la minería, obstaculizando la transición energética. Los resultados del índice revelan un crítico desbalance estructural tanto a nivel regional como nacional. En México, la brecha es especialmente profunda: los ingresos intensivos en carbono superan ampliamente a los sostenibles, y el gasto público en sectores contaminantes es 15 veces mayor  que el destinado a la sostenibilidad. Esta disparidad se replica a nivel estatal, donde el Índice de Finanzas Sostenibles Subnacional (IFSS) muestra que las entidades federativas generan cinco veces más ingresos y gastan 3.5 veces más recursos en actividades con alta huella de carbono que en acciones climáticas o de biodiversidad. Participantes al evento Para abordar estos retos, se destacó la labor del Observatorio de Financiamiento Climático en México (OFCM) , plataforma que integra análisis detallados para mejorar la transparencia y la toma de decisiones basada en evidencia. La colaboración con el Poder Legislativo es fundamental para transformar la arquitectura financiera del país, asegurando que el presupuesto público se alinee de manera coherente con los objetivos climáticos y los compromisos de desarrollo sostenible. 📘 Descarga la nota técnica completa aquí

El Segundo Foro de Mujeres por las Finanzas Sostenibles reunió a lideresas de la región y puso en foco una tensión central: el crecimiento del financiamiento climático convive con obstáculos estructurales que siguen limitando el acceso de las mujeres a los recursos y a los espacios de decisión. El financiamiento climático en América Latina y el Caribe crece en volumen, en visibilidad y en presencia dentro de la agenda pública. Sin embargo, su distribución continúa atravesada por desigualdades persistentes.  Esa participación, sin embargo, no se refleja en los espacios donde se decide cómo y hacia dónde se asignan los recursos fue uno de los ejes del II Foro de Mujeres por las Finanzas Sostenibles , realizado el 11 de marzo, que reunió a representantes del sector público, privado, organismos internacionales y organizaciones territoriales. El encuentro funcionó como un espacio de análisis técnico y político sobre los límites del sistema financiero actual y las condiciones necesarias para transformarlo. “El financiamiento climático no puede ser neutral al género. Si lo es, lo que haremos es seguir profundizando desigualdades que ya existen”, advirtió Daniela Saade, estudiante de la Maestría en Políticas Públicas en la London School of Economics. Su planteo sintetizó una preocupación compartida: los instrumentos financieros reproducen brechas cuando no incorporan criterios explícitos de equidad. En los últimos años, algunos avances comenzaron a modificar ese escenario. Taxonomías sostenibles como las desarrolladas en México incorporan criterios de género, mientras que en Colombia se integran principios sociales bajo el enfoque de “no hacer daño significativo”. A nivel internacional, organismos como el Fondo Verde del Clima y el Banco Interamericano de Desarrollo exigen planes de acción de género e indicadores diferenciados como condición para el financiamiento.   Pero quizás uno de los puntos más críticos del foro fue la distancia persistente entre las grandes estructuras financieras y los territorios. Allí, la intervención de Sandra Gualinga del Colectivo de Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva expuso con claridad esa brecha: “La Amazonía no es solo un lugar en el mapa. Es nuestro hogar, nuestra farmacia, nuestra escuela y nuestro espacio sagrado”.  Esa desconexión también se expresa en el plano institucional. Gabriela del Valle,  Secretaría Técnica del  Instituto Municipal de Planeación Saltillo advirtió que, sin capacidades técnicas a nivel local, los recursos no logran materializarse: “Sin planificación climática, los fondos no tienen dónde aterrizar”. El resultado es un circuito incompleto, donde los compromisos internacionales no logran traducirse en políticas concretas ni en mejoras en la vida cotidiana. El sector privado, por su parte, tampoco escapa a estas tensiones. Aspecto abordado en la segunda sesión del Foro “Sector privado y financiamiento climático: ¿Estamos incluyendo a las mujeres emprendedoras“. Carolina Kitchen, Líder senior, Inversiones climáticas en South Pole señaló que los criterios tradicionales de inversión siguen dejando afuera a muchas iniciativas lideradas por mujeres: “Los negocios liderados por mujeres muchas veces no encajan en los filtros de los grandes fondos”. Y lejos de suavizar el diagnóstico, llamó a incomodar esas reglas: “Incomodemos, molestemos… porque lo que aprendemos es más grande y lo que evolucionamos es más”. Carol Riofrío, Presidenta y Fundadora de Women in Finance recordó que, en algunos países, las mujeres todavía enfrentan restricciones legales para acceder al crédito, incluyendo la necesidad de autorización de sus parejas. Es decir, la exclusión no es solo financiera: también es normativa, cultural y persistente. “Las mujeres son mejores pagadoras, pero enfrentan peores condiciones de financiamiento”, señaló Luisa Montes, Directora de Ecovalores, evidenciando una contradicción que el mercado aún no corrige. Por su parte, Daniela Hernández, Directora de Earth and Life University , invitó a revisar incluso los propios procesos de formación: “La educación no es la meta, es el medio para generar conciencia y transformación”. Lejos de ser un evento aislado, el foro forma parte de una estrategia más amplia impulsada por GFLAC junto a organizaciones aliadas en la región. El trabajo no se limita a abrir espacios de debate, sino que incluye el fortalecimiento de capacidades técnicas, la generación de redes y la construcción de herramientas concretas para que más mujeres puedan incidir en los espacios donde se toman decisiones financieras y climáticas. En ese proceso, el objetivo es claro: pasar de la participación simbólica a la incidencia real, en ese sentido oficialmente anunciamos una nueva edición del Programa de Mujeres por las Finanzas Sostenibles 2026. Como se destacó durante el encuentro, estos esfuerzos buscan “fortalecer el conocimiento técnico, impulsar el liderazgo y generar redes de colaboración” que permitan transformar el sistema desde adentro . El mensaje final del foro fue claro y, al mismo tiempo, incómodo para la inercia del sistema: la transición hacia economías sostenibles no es neutral. Implica disputar poder, redefinir prioridades y revisar quiénes toman decisiones sobre los recursos. “No se trata solo de acceso al financiamiento, sino de participación en la toma de decisiones”, se remarcó en el cierre . En un contexto donde la crisis climática exige respuestas urgentes, la discusión de fondo ya no es únicamente cuánto financiamiento se moviliza, sino hacia dónde va, bajo qué criterios y con qué actores en el centro.  Les invitamos a revivir el foro en

En el complejo escenario de la crisis climática global, el debate suele centrarse en metas de descarbonización y tecnologías de mitigación. Sin embargo, existe una dimensión  estructural que determina la viabilidad de cualquier esfuerzo: la capacidad fiscal de los Estados. El pasado 25 de febrero de 2026, el webinar " Justicia Fiscal para la Acción Climática " puso sobre la mesa una premisa contundente: la justicia fiscal no es un tema aislado, sino una condición estructural para hacer posible la justicia climática y ambiental en el Sur Global.   Recursos que se escapan de América Latina Uno de los puntos más críticos discutidos es la enorme brecha entre los recursos existentes y los efectivamente recaudados. Actualmente, América Latina y el Caribe pierde aproximadamente el 6,3% del PIB como consecuencia de abusos fiscales, de acuerdo con la CEPAL . Esta cifra no es solo un dato estadístico; representa el financiamiento que la región deja de percibir y que podría destinarse directamente a políticas de mitigación, adaptación y a cubrir las pérdidas y daños (PyD) derivados del cambio climático. Para Ezequiel Steuermann, oficial de programa en GI-ESCR, la agenda de justicia fiscal revela que el problema no es la falta de dinero, sino una cuestión de voluntad política. Se enfatiza que los recursos existen, pero los Estados deben tomar la decisión de cerrar las brechas fiscales y avanzar en la materialización de reformas para liberar el financiamiento necesario. En sus palabras, la política fiscal y el financiamiento climático son ahora "dos lados de la misma moneda" en la conversación sobre la obligación de los Estados y los derechos humanos. La Convención Fiscal de la ONU: Una oportunidad histórica para el Sur Global El sistema tributario internacional ha sido históricamente diseñado en espacios excluyentes. Como señala Sergio Chaparro, coordinador de Dejusticia y Tax Justice Network: "como los países del Sur Global no estaban en la mesa, han terminado en el menú". Sin embargo, la creación de una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional se presenta como el mecanismo clave para cambiar esta dinámica. Principalmente porque se está trabajando en una asignación justa de derechos tributarios para que los países puedan recaudar impuestos que se evaden por una red de tratados que evitan a países del sur puedan  gravar ingresos que hoy se evaden a través de una red de tratados que limita su capacidad recaudatoria. Por otro lado, María Emilia Mamberti, de CESR, resalta que el momento de incidir en el borrador de la convención es ahora, pues el texto todavía se encuentra en  discusión y el borrador final será presentado en septiembre de 2027. Actualmente, se  encuentra abierto un espacio de submissions sobre el texto de la convención marco y los dos protocolos iniciales, donde la sociedad civil puede contribuir a generar textos más ambiciosos.   Y si bien el cambio estructural del sistema de gobernanza de impuestos permite ampliar la base de recaudación, incrementar los ingresos fiscales no es suficiente, también es imperativo dejar de financiar lasindustrias fósiles. Gissele Flores, asociada de GFLAC, advierte que cada dólar destinado a sostener combustibles fósiles es un dólar que no se invierte en energías renovables, salud o resiliencia climática.   Desde 2024, la evidencia demuestra que generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables es más barato que mantener proyectos basados en combustibles fósiles. La clave reside en una reforma gradual y transparente que redistribuya esos recursos hacia infraestructura sostenible, evitando que la eliminación los subsidios se traduzca simplemente en un recorte del gasto social.  Finalmente, si bien la convención tributaria actual es un hito histórico significativo, desde la firma del Acuerdo de Paris, el sistema financiero internacional estuvo evidenciando un conjunto de reformas de las cuales se pueden aprender lecciones entre sus logros y desafíos. Diego Escalante, asociado del GFLAC, explica que las reformas de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) son un ejemplo importante sobre cómo es posible lograr reformas ambiciosas para enfrentar los retos de financiamiento y de impacto climático. Sin embargo, la operacionalización de estas reformas sigue siendo un desafío importantede la cual los BMD enfrentan diversas barreras, lo que limita una transformación coherente con los objetivos establecidos.  A esto se suma que la implementación de reformas es necesaria, especialmente en términos de calidad de financiamiento, pues los BMD todavía utilizan la deuda como principal mecanismo de financiamiento para la transición climática.  Con estas importantes lecciones, se evidencia que la fragmentación entre las políticas fiscales y ambientales reduce la ambición climática global. Para que América Latina logre sus objetivos, es necesario impulsar una transformación profunda del sistema multilateral, que incluya principios fundamentales como el de que quienes contaminen paguen y la incorporación de responsabilidades comunes pero diferenciadas dentro de la cooperación tributaria internacional. La justicia fiscal es uno de los motores financieros para canalizar recursos públicos que permitan que la acción climática sea efectiva, predecible y coherente con las necesidades del Sur Global.

A realização da COP30 em Belém reposicionou o Brasil no centro do debate internacional sobre a ação climática. Iniciativas como o Plano de Transformação Ecológica e o Tropical Forests Forever Facility (TFFF) indicam uma crescente ambição nacional e internacional para avançar na transição para uma economia de baixo carbono. No entanto, a consolidação dessa agenda depende também da atuação dos governos estaduais. Os estados estão mais próximos tanto das causas das emissões quanto das populações afetadas pelos impactos climáticos. Além disso, concentram competências em áreas estratégicas como transporte, infraestrutura, uso do solo, desenvolvimento urbano e proteção ambiental. Como executam uma parcela significativa do orçamento público, a forma como arrecadam e alocam recursos torna-se decisiva para o sucesso da transição para uma economia de baixo carbono. Nesse contexto surge o Índice de Finanças Sustentáveis Subnacional (IFSS) – Brasil 202 5 , uma ferramenta que avalia o grau de alinhamento das finanças públicas estaduais com a ação climática e a sustentabilidade. A análise abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal e busca identificar quais fluxos financeiros contribuem para a sustentabilidade e quais ainda estão associados a atividades intensivas em carbono. A iniciativa dialoga diretamente com o Artigo 2.1(c) do Acordo de Paris , que estabelece que todos os fluxos financeiros — públicos e privados — devem ser compatíveis com trajetórias de desenvolvimento de baixo carbono e resilientes ao clima. Ao tornar esses fluxos mais visíveis, o IFSS busca gerar evidências para apoiar o planejamento e a formulação de políticas públicas climáticas no nível subnacional. No dia 19 de fevereiro de 2026, o GFLAC realizou o webinar “ Índice de Finanças Sustentáveis Subnacional - IFSS: Um olhar sobre o financiamento climático a nível estadual ”, marcando o lançamento do Relatório Completo do IFSS Brasil 2025. O evento reuniu integrantes do GFLAC, representantes de órgãos de controle e especialistas em orçamento público para discutir os principais resultados do índice e o papel das finanças públicas estaduais na transição para uma economia de baixo carbono. “O índice busca preencher uma lacuna entre conhecimento técnico, transparência e ação pública.” Lorena Caballero - GFLAC Resultados do IFSS Brasil 2025 Alguns dos resultados apresentados no webinar demonstram que os estados brasileiros ainda se encontram em uma fase inicial de alinhamento fiscal com a transição climática. Em 2024, arrecadaram 13 vezes mais receitas provenientes de atividades intensivas em carbono (R$ 82,5 bilhões) do que receitas sustentáveis (R$ 6,2 bilhões). No lado das despesas, R$ 32,6 bilhões foram destinados a atividades de alto impacto ambiental — valor 1,5 vez superior aos R$ 21,1 bilhões destinados a setores sustentáveis. Além disso, nenhum estado atingiu os níveis de desempenho “Alto” ou “Muito Alto” em finanças sustentáveis. No âmbito das receitas sustentáveis, destaca-se a baixa diversidade e relevância dos instrumentos de arrecadação voltados à sustentabilidade. Em 24 dos 27 estados, essas receitas não ultrapassam 1% do total arrecadado. Além disso, a maior parte delas tem caráter punitivo ou compensatório — como taxas e multas ambientais — indicando um modelo de arrecadação ambiental reativo e pouco estratégico para induzir práticas sustentáveis de forma contínua. Nas receitas intensivas em carbono, o Rio de Janeiro se destacou com 26,9% de sua arrecadação proveniente dessas fontes, impulsionado pelos royalties do setor petrolífero. Em seguida aparecem São Paulo (8,3%), principalmente devido à arrecadação do IPVA, e Espírito Santo (6,7%), também influenciado pela presença da indústria do petróleo. Essa dependência fiscal mantém incentivos à continuidade de atividades emissoras e aumenta a vulnerabilidade econômica dos estados diante da transição energética global. Nas despesas sustentáveis, um desafio metodológico importante é que a classificação orçamentária brasileira não possui códigos específicos para identificar gastos com mitigação ou adaptação climática. Isso limita a precisão comparativa e evidencia a necessidade de classificações mais detalhadas no orçamento público. Ainda assim, os dados indicam baixa priorização da agenda ambiental: em média, os estados destinaram apenas 1,6% de suas despesas a áreas sustentáveis, e os percentuais mais elevados estão associados a aportes pontuais em áreas específicas. Nas despesas intensivas em carbono, o principal gasto identificado em nível estadual está relacionado à infraestrutura rodoviária. Os maiores percentuais foram observados em Mato Grosso (8,5%), Mato Grosso do Sul (7,0%) e Piauí (6,4%). Nos demais estados, os níveis foram mais baixos, o que indica espaço para redirecionar investimentos para áreas mais alinhadas à sustentabilidade. A baixa arrecadação sustentável, a forte dependência de atividades intensivas em carbono de alguns estados e a limitada priorização orçamentária da sustentabilidade mostram que os estados ainda não estão alinhados com os compromissos assumidos pelo Brasil em sua NDC nem com o Artigo 2.1(c) do Acordo de Paris. O IFSS busca contribuir para essa lacuna, fornecendo elementos concretos para que a sociedade, os órgãos de controle e as autoridades possam exigir e buscar uma maior coerência entre política fiscal e sustentabilidade. “Sem diagnóstico, não existe política climática eficaz.” Guilherme Novaes - GFLAC O papel do controle na governança climática Durante o webinar, Carlos Lustosa, Diretor do Departamento de Auditoria Ambiental do Tribunal de Contas da União (TCU), destacou que a mudança do clima já não pode ser tratada apenas como uma pauta ambiental, mas como um tema transversal para a gestão pública. Seus impactos atingem áreas como infraestrutura, economia, saúde e segurança alimentar, exigindo que a agenda climática seja incorporada ao planejamento e à avaliação das políticas públicas. Nesse contexto, Lustosa ressaltou o papel estratégico dos órgãos de controle na produção de diagnósticos e evidências sobre a ação governamental. Segundo ele, monitorar políticas públicas é essencial para compreender se os recursos estão sendo utilizados de forma eficiente e alinhada aos objetivos climáticos. Em linha com essa discussão, foi apresentada a iniciativa Painel ClimaBrasil , ferramenta do TCU que integra o ClimateScanner  e avalia qualitativamente a atuação dos governos em relação à agenda climática em três dimensões: governança, políticas públicas e finanças . A iniciativa complementa a análise quantitativa realizada pelo IFSS, contribuindo para ampliar a transparência e o acompanhamento das políticas climáticas. “Os órgãos de controle não implementam políticas, mas podem induzir mudanças.” Carlos Lustosa - TCU Integrando o clima ao orçamento público Já Hugo Bertha , especialista em orçamento público e assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), abordou os desafios de incorporar a agenda climática ao planejamento e à execução orçamentária dos governos estaduais. Segundo ele, um dos principais obstáculos é a ausência de classificações específicas no orçamento público que permitam identificar claramente os gastos relacionados à mitigação e adaptação climática. Essa limitação dificulta mensurar o esforço financeiro dos governos e reduz a transparência sobre quanto os estados realmente investem em ação climática. Para Bertha, avançar na criação de indicadores e marcadores orçamentários é um passo essencial para integrar o clima de forma mais estruturada ao ciclo de planejamento público e fortalecer a governança climática no nível estadual. “Os gastos climáticos estão dispersos em diversas funções do orçamento.” Hugo Bertha - ALERJ Por que o IFSS é importante Os resultados do IFSS Brasil evidenciam que a transição para finanças públicas sustentáveis ainda enfrenta desafios estruturais relevantes no nível estadual. A dependência de receitas intensivas em carbono e a baixa priorização de gastos sustentáveis limitam a capacidade dos estados de contribuir efetivamente para o cumprimento das metas climáticas nacionais e internacionais. Nesse cenário, o IFSS se posiciona como uma ferramenta estratégica de diagnóstico, monitoramento e comparação das finanças públicas subnacionais . Ao tornar visíveis os fluxos financeiros e seu grau de alinhamento com a ação climática, o índice ajuda a identificar lacunas, prioridades e oportunidades de transformação. Mais do que um índice, o IFSS busca apoiar gestores públicos, órgãos de controle, pesquisadores e a sociedade civil na construção de estruturas fiscais compatíveis com o Artigo 2.1(c) do Acordo de Paris  e com a transição para uma economia de baixo carbono. 📊 Acesse o relatório completo do IFSS Brasil 2025 e conheça os resultados detalhados para todos os estados brasileiros.

Por: Diego Escalante. Asociado en Finanzas Públicas para América del Sur.  La gobernanza tributaria global está actualmente en un proceso de transformación. La concepción de las instituciones tributarias actuales data de hace casi 100 años , donde, bajo la Sociedad de Naciones —precursora de Naciones Unidas— se establecieron modelos de convención sobre doble tributación entre 1926 y 1928. Asimismo, otra convención central es el Modelo de Convenio de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio de la OECD que data de 1963 —con varias modificaciones a la actualidad — y es la base para una red de más de 3,000 tratados globales. La elaboración de ambas convenciones distó mucho de tener una participación universal y principalmente fueron elaboradas en beneficio de quienes las redactaron.  Si bien estos tratados permiten el fomento de la inversión transfronteriza y la reducción de barreras impositivas, la realidad es que la mayoría de las grandes empresas que operan en múltiples países no pagan impuestos másque en sus sedes, es decir un número bastante reducido de países. Se estima que la pérdida de impuestos de multinacionales e individuos de altos patrimonios asciende a 492 billones de dólares en impuestos anuales. Quienes más pierden en ingresos fiscales son países en desarrollo y del sur global. Sin embargo, la evasión y elusión fiscal, abusos y paraísos fiscales, también erosionan las recaudaciones en países de ingresos altos: por ejemplo, miembros de la OECD pierden hasta un 0.66% de PIB .   La convención tributaria  Con todo lo mencionado, la gobernanza del sistema tributario requiere reformas que se encuentren a la altura de los problemas actuales, en un espacio global de participación horizontal. Esto es justamente lo que busca solucionar la Convención Marco de Cooperación Tributaria Internacional de Naciones Unidas (en corto Convención Tributaria).  La Convención — luego de varios años de trabajo —  oficialmente comenzó con el liderazgo del Grupo África en la Asamblea General de Naciones Unidas y fue apoyada por el Grupo de los 77 y China, dando como resultado la adopción de una resolución en 2022 para iniciar discusiones de una cooperación internacional de impuestos. En 2023 la Asamblea General dio paso a la creación de un Comité Ad Hoc para redactar los términos de Referencia (ToR) de una posible convención. (Un mayor detalle sobre las negociaciones puede revisarse aquí ).   Las negociaciones de los ToR se desarrollaron hasta 2024 y en noviembre de ese año fueron sometidas a votación y aprobadas. En los ToR se establece el objetivo de construir una convención marco para establecer un sistema de gobernanza internacional de cooperación tributaria inclusiva y transparente para el desarrollo sostenible. Uno de los principales compromisos busca la asignación justa de derechos tributarios, que implica un cambio estructural en las convenciones preexistentes.   El proceso posterior a la adopción de los ToR implica un trabajo liderado por Estados Miembros en un Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) para trabajar en un plazo de 9 sesiones de negociación entre 2025 y 2027, donde, finalmente, en septiembre de 2027 se entregaría a votación en Asamblea General. Durante estas sesiones se trabajan 3 líneas de trabajo (workstreams): el texto de la convención marco y dos protocolos iniciales. Los protocolos son instrumentos legalmente vinculantes que implementan la convención marco —aunque cada estado parte decide si forman parte de estos.     El nexus climático  Mucha de la discusión alrededor de impuestos suele percibirse como un tema netamente técnico. Sin embargo no son solamente un problema técnico, sino un problema central de desarrollo. Los impuestos, en gran parte del mundo, no son progresivos sino regresivos, lo que implica un problema de desigualdad. Además, tener la capacidad de evadir impuestos se convierte en un problema de poder económico y político. En términos climáticos — al menos desde un enfoque económico — el problema radica en las externalidades generadas por la contaminación, y los impuestos se convierten en una herramienta para que las empresas asuman los costos sociales asociados (impuestos piguvianos).  De hecho, en la cuarta sesión de negociaciones de febrero uno de los ejes de la discusión se centró en el artículo 4 de desarrollo sostenible, donde una de las críticas fue que este artículo no fue modificado entre las sesiones del INC a pesar de los llamados a su modificación. La actual redacción toca tangencialmente este elemento señalando que “los países partes acuerdan aplicar enfoques de cooperación tributaria internacional que contribuyan al logro del desarrollo en sus tres dimensiones – económica, social y medio ambiental”; sin establecer compromisos sustantivos. En este sentido, este artículo debería responder a la Agenda de Acción Addis Abeba  sobre financiamiento para el desarrollo citada en los ToR. Esta agenda busca soluciones al financiamiento para promover el crecimiento económico protegiendo el medio ambiente y la exclusión social.  En esencia, si realmente existe un compromiso bajo la Convención Tributaria de abordar el medio ambiente como parte de sus ejes, la convención debería ampliar su redacción del artículo para que los impuestos estén vinculados a los impactos de empresas multinacionales implicadas en la contaminación de carbono y otros factores de polución, o el denominado principio de “quien contamina paga”. El financiamiento proveniente de este tipo de impuestos podría aportar a las finanzas públicas con relación a los NDC.   Por otro lado, en el párrafo 17 de los ToR, como parte de los protocolos, se sugiere que uno de ellos podría destinarse a la “cooperación tributaria sobre retos medio ambientales”. Si bien este protocolo no podría discutirse formalmente sino hasta el 2028, cuando debiera de entrar en funcionamiento la nueva convención marco, un impulso sobre esta agenda podría beneficiar un mecanismo de cooperación tributaria para canalizar recursos con relación al Acuerdo de París. Por ejemplo, en estos años se podrían comenzar trabajos de notas o reportes técnicos ( brackground notes) que sirven como documentos técnicos base para las discusiones que exploren opciones y caminos de financiamiento.   Como cautela, se deben considerar tres elementos importantes. Por un lado, la Convención Marco no puede generar disputas por diversas agendas de desarrollo, sino más bien construir diálogos comunes que pueda combinar elementos y objetivos compartidos. Por otro lado, la convención en el artículo 5 de asignación justa de derechos impositivos, que permite recolectar impuestos en las jurisdicciones donde se realicen actividades económicas—y que es el corazón de la convención — sigue un principio fundamental de soberanía sobre las políticas de impuestos. Lo que implicaría que la decisión de qué se hace con los flujos fiscales reside en los países. Finalmente, cualquier nuevo mecanismo financiero derivado de un protocolo no debe generar presiones fiscales, sino más bien aliviarlas.   Todavía queda un largo camino hasta el 2027, pero es importante que más organizaciones comiencen a participar como parte de este debate, con el fin de democratizar las negociaciones, especialmente en la construcción de elementos técnicos que sean tomados en cuenta por el CIN de manera formal. Además, es necesario fortalecer las discusiones a nivel nacional para incentivar un mayor compromiso de las delegaciones ante las Naciones Unidas, con miras a impulsar una convención tributaria más ambiciosa, capaz de contribuir efectivamente al financiamiento de una transición climática justa.

Por: Alan Senra, Asociado en Financiamiento Climático Internacional para Brasil  El estudio “ Análisis del componente de financiamiento en las NDCs de América Latina y Caribe ”  revisa 21 NDCs presentadas entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, evaluando la integración del financiamiento climático con base en la metodología de GFLAC, que se estructura en diez recomendaciones de carácter estratégico y operativo orientadas a: (1) mejorar la coherencia política y la coordinación institucional; (2) identificar y dimensionar las brechas de financiamiento; (3) desarrollar estrategias nacionales de financiamiento climático; (4) definir enfoques diferenciados por sector y nivel de gobierno; (5) promover sinergias entre acción climática, biodiversidad y transiciones justas; (6) fortalecer las capacidades institucionales; (7) ampliar los mecanismos de participación y coordinación intra e interinstitucional; (8) impulsar estrategias lideradas localmente; (9) establecer principios orientadores para el financiamiento climático; y (10) consolidar sistemas de evaluación, monitoreo, reporte y verificación (MRV), con el fin de fortalecer la implementación y credibilidad financiera de las NDCs en la región. Los resultados muestran avances importantes, pero también revelan la existencia de tres trayectorias de comportamiento climático en la región. La primera trayectoria corresponde a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), que se destacan por una planificación más detallada, la estimación de costos, la identificación de brechas y la articulación de esquemas de gobernanza más cohesionados. Su alta vulnerabilidad y estructuras institucionales más compactas permiten acelerar la integración entre metas, financiamiento y acciones. La segunda trayectoria  corresponde a países de mayor peso económico y territorial, como Brasil, México, Colombia y Chile. Aunque cuentan con marcos institucionales robustos, políticas climáticas consolidadas y una arquitectura normativa sólida, sus NDCs presentan vacíos significativos en la operacionalización financiera, lo que genera una brecha entre la ambición declarada y la capacidad real de implementación. La ausencia de estrategias nacionales consolidadas de financiamiento climático sigue siendo un obstáculo transversal. La tercera trayectoria está conformada por los demás países, de carácter intermedio, que muestran avances parciales en planificación, participación y coherencia sectorial, pero aún enfrentan brechas estructurales en capacidades técnicas, financiamiento, articulación intersectorial y territorialización. Sus NDCs tienden a depender fuertemente del apoyo externo y presentan avances fragmentados, sin lograr consolidar marcos integrales de financiamiento. El estudio concluye que, para avanzar en la implementación efectiva de los compromisos climáticos, es esencial fortalecer la dimensión financiera y territorial de las NDCs, mejorar la articulación y  las interdependencias entre clima, biodiversidad y justicia social, y ampliar el acceso equitativo al financiamiento internacional. Solo mediante un enfoque integrado, inclusivo y financieramente viable será posible transformar estas tres trayectorias de ambición climática en rutas efectivas hacia una transición justa y resiliente en América Latina y el Caribe. Este nuevo estudio comparativo sobre las NDCs 3.0 de América Latina y el Caribe se integra de manera estratégica con los documentos previos elaborados por GFLAC, “ NDCs 3.0 y financiamiento climático: 10 recomendaciones para hacer las NDCs financiables ” y el taller  NDCs 3.0 y financiamiento climático: recomendaciones para hacer las NDCs financiables , conformando un conjunto coherente y complementario de conocimientos orientados a fortalecer el vínculo entre ambición climática y financiamiento. Mientras el primer documento establece el marco metodológico y conceptual para construir NDCs financiables, y el segundo recoge las experiencias y aprendizajes compartidos entre múltiples actores regionales, este estudio aporta la evidencia empírica y comparativa de su aplicación en veinteuno países de la región. En conjunto, los tres materiales proporcionan una hoja de ruta integral que combina teoría, práctica y análisis para guiar a los países de América Latina y el Caribe hacia NDCs más robustas, inclusivas y financieramente viables, consolidando el liderazgo regional rumbo a la COP30 y más allá. NDCs 3.0 y financiamiento climático: recomendaciones para hacer las NDCs financiables   Los países de América Latina y el Caribe revisan y actualizan sus NDCs 3.0 rumbo a la COP30 en Belém, Brasil, lo cual representa  una oportunidad para fortalecer las metas de mitigación y adaptación, incorporar la justicia climática, abordar las pérdidas y los daños, y generar sinergias con las agendas de biodiversidad, género y derechos humanos, al tiempo que se aseguren mecanismos de participación ciudadana a nivel territorial. Para lograrlo, se requieren estrategias de financiamiento claras y sostenibles que conviertan las NDCs en hojas de ruta implementables, con objetivos respaldados por planes, instrumentos y actores claramente definidos. En este contexto, GFLAC elaboró el documento “ NDCs 3.0 y financiamiento climático: 10 recomendaciones para hacer de las NDCs instrumentos financiables ” , que ofrece un marco estructurado en cuatro pilares y diez recomendaciones para guiar la construcción de NDCs ambiciosas y financiables. Pilar A – Diagnóstico financiero:  Una NDC financiable requiere un diagnóstico sólido que calcule costos sectoriales, estime necesidades de adaptación y mitigación, e identifique brechas entre los recursos disponibles y los requeridos. Ejemplos de países como Santa Lucía o Zimbabue muestran cómo la cuantificación sectorial traduce compromisos en cifras claras. Pilar B – Arquitectura de financiamiento:  Las NDCs deben contar con estrategias nacionales que integren presupuestos públicos, cooperación internacional y mecanismos innovadores. Un reto central es redirigir flujos dañinos, como los subsidios a los combustibles fósiles, hacia inversiones en transición energética y resiliencia. Pilar C – Coordinación institucional:  La implementación efectiva exige esfuerzos colectivos mediante comisiones interministeriales, unidades técnicas y procesos participativos con comunidades, sector privado y sociedad civil. Experiencias en Uruguay, Brasil y Zambia evidencian que la articulación multinivel refuerza los resultados. Pilar D – Principios guía:  Es clave establecer sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) que rastreen flujos y permitan medir impactos sociales y ambientales, bajo principios de equidad, justicia y participación. Modelos como los de Suiza, Singapur y Colombia destacan la transparencia como habilitadora de un mayor financiamiento. Promoviendo diálogos regionales para compartir experiencias y recomendaciones para las NDCs 3.0   De manera complementaria, el 15 de agosto de 2025 GFLAC llevó a cabo un taller virtual organizado junto con el Centro de Colaboración Regional de ONU Cambio Climático (RCC-CMNUCC) y el NDC Partnership, alineado en la discusión de lineamientos, compartir experiencias y presentar herramientas prácticas para operacionalizar las recomendaciones sobre financiamiento climático en las NDCs 3.0. Participaron representantes de gobiernos, bancos de desarrollo, sector privado, cooperación internacional, academia y sociedad civil. Entre los principales hallazgos destacan ( ver la relatoría completa del taller aquí ):  Integración del financiamiento climático en las NDCs  – Se destacó la importancia de acompañar las NDCs 3.0 con diagnósticos de costos claros, planes de inversión robustos y la inclusión transversal del financiamiento en los presupuestos nacionales. También se subrayó la necesidad de diversificar las fuentes (públicas, privadas e internacionales) y de crear instrumentos innovadores, como canjes de deuda o la eliminación gradual de subsidios fósiles. Buenas prácticas replicables en la región  – Se resaltaron experiencias exitosas, como créditos verdes, microfinanzas comunitarias, canjes de deuda y la emisión de bonos verdes. Asimismo, se identificó la importancia de fortalecer la cooperación internacional, los marcos regulatorios y la articulación entre distintos niveles de gobierno para facilitar un financiamiento más transparente y accesible. Colaboración multisectorial y justicia climática  – El éxito de las NDCs depende de la participación activa de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades locales. Incorporar saberes indígenas, promover la justicia climática y garantizar procesos participativos y transparentes fueron señalados como elementos esenciales para aumentar la ambición climática y transformar compromisos en resultados concretos. Por último, el análisis del documento y las discusiones del taller convergen en una idea central: el éxito de las NDCs 3.0 dependerá de que sean concebidas no solo como compromisos políticos, sino como hojas de ruta financieras viables e implementables. Esto implica contar con diagnósticos claros de costos, estrategias nacionales y sectoriales bien diseñadas, mecanismos de coordinación inclusivos y sistemas robustos de monitoreo. De esta manera, NDCs 3.0 podrán movilizar recursos sostenibles, generar confianza y guiar transformaciones estructurales hacia un desarrollo bajo en carbono, resiliente y justo para América Latina y el Caribe.