Del 10 al 22 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la 30a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en la Ciudad de Belém, Brasil.     Esta COP tenía como reto deliberar un paquete de decisiones en temas como adaptación, perdidas y daños, mitigación, financiamiento y transparencia. Este paquete debía partir de procesos ya existentes en la agenda de trabajo, sin embargo, al arranque de la COP, una serie de nuevos elementos de agenda fueron propuestos por las partes, creando un proceso paralelo de discusión, que cambió el ritmo de la negociación.    Fotografía: COP30 Amazônia (Flickr oficial A este nuevo paquete de decisiones se le denominó el paquete Mutirao, nombre indígena al espíritu de colaboración que Brasil dijo traer en este proceso.   En este paquete se integraban algunos de los temas más complejos pues muchos de ellos, tenían importantes divergencias entre las partes: medidas unilaterales de comercio, que creció en interés, tras la creación de medidas en la Unión Europea que imponen estándares en materia de reducción de emisiones y deforestación, a las importaciones de productos provenientes de países en desarrollo; la consideración del reporte de Contribuciones Determinadas a nivel Nacional, para mantener la temperatura en menos de 1.5oC; y en materia de financiamiento, la propuesta de triplicar el financiamiento para la adaptación y crear un plan de trabajo para abordar el artículo 9.1 relacionado a las obligaciones de los países desarrollados.     Este paquete fue el que acaparó el mayor tiempo del proceso de negociación, la primera y la segunda semana de la COP. Y pese a que el resto de los temas se discutieron de manera paralela, su resultado estaba condicionado a lo discutido en este paquete Mutirao.     ¿Qué nos dejó el paquete Mutirao?  Fotografía: COP30 Amazônia (Flickr oficial) El paquete concluyó, principalmente con 4 cosas:     Una decisión para tener un diálogo de alto nivel ministerial para reflexionar sobre la implementación de la nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento climático (NCQG por sus siglas en inglés), sin integrar un resultado específico que acelere dicha implementación.   Una decisión de triplicar el financiamiento para la adaptación para 2035, sin clarificar cual es la línea base. Además de que esta meta se hace en el contexto del NCQG, es decir, financiamiento proveniente de fuentes públicas de países desarrollados, pero también movilización de otras fuentes, como las privadas. En esta decisión se esperaba que se triplicara a 2030 y que fuera con base solo en recursos públicos. Es decir, esta es una decisión que no responde a la urgencia y mucho menos a la necesidad de cubrir la adaptación con recursos no generadores de deuda.  Una decisión de establecer diálogos sobre comercio y clima en próximas reuniones, sin un resultado específico, más que generar un espacio para hablar del tema, para lo cual se espera que los diálogos permitan determinar si es un tema que debe o no abordarse en la Convención.   Un plan de trabajo por dos años para hablar de artículo 9.1, en el marco del artículo 9 sobre financiamiento, sin perjuicio de lo que se discuta en el marco del NCQG. Los países en desarrollo querían que esto se diera por separado del NCQG, aunque algunos argumentaban que era mejor tener claridad de los aspectos relacionados a artículo 9.1. y las obligaciones de los países desarrollados también dentro del NCQG. El punto es que no hubo acuerdo, y la decisión es ambigua.      En conclusión, lo acordado en el paquete de Mutirao, que fueron más de carácter declaratorio, como las cartas de la presidencia, fueron poco ambiciosos. No obstante, esto condicionó otros espacios, dos de ellos fueron, la meta global de adaptación y los temas asociados al plan de trabajo de mitigación.     ¿Qué pasó con la meta global de adaptación?  Era sabido que uno de los aspectos más importantes a trabajar en la COP era el tema de la meta global de adaptación, para lo cual una serie de indicadores debían ser acordados. Sin embargo, además de que se acordaron un número menor de indicadores de los que se venían discutiendo (pasando de 100 a 59), se establece que su implementación no generará más implicaciones financieras, es decir, los países en desarrollo tendrán que hacerlo con sus propios medios. Ya que, si bien se asume que la meta de triplicar financiamiento para la adaptación sería para alcanzar esta implementación, dicha meta solo se plantea un cumplimiento de cara al 2035, sin claridad de su avance.   Fotografía: Marisol Marín, GFLAC. Esto en general, pone de relieve que el tema más importante de la COP, quedó con los resultados más laxos, sin dejar de señalar la falta de claridad del proceso, a la que referiré más adelante.     ¿Qué pasó con el plan de trabajo de mitigación?  El plan de trabajo de mitigación, quedó limitado en alcance pues dos de las actividades principales, como son las reducciones de emisiones por deforestación y por producción de combustibles fósiles no fueron incluidos como acuerdos. Pese a que estos temas fueron impulsados por el presidente Lula, y enfatizados durante su presencia en la COP a mediados de la segunda semana, e incluso hubo una declaración apoyada por más de 80 países, incluidos varios latinos como Colombia, Chile y Panamá. Pero de acuerdo con la Presidencia, muchas otras partes no estuvieron de acuerdo con incluir rutas para tratar estos temas. En resumen, los países árabes bloquearon todo progreso en esta vía.   Fotografía: Marisol Marín, GFLAC.   Sin embargo, Programa de trabajo de Transición Justa sí se considera la necesidad de progresar en materia de eficiencia energética, y de generación de renovables, con un enfoque integral, tanto ambiental como social, pero tampoco considera del todo, una transición alejada de los combustibles fósiles. Dejando el resultado, nuevamente, limitado en ambición.    ¿Qué pasó con la Ruta de Bakú a Belén para movilizar 1.3 billones de Dólares?  Fotografía: Marisol Marín, GFLAC. Aunque estuvimos por un año deseando contar con una Ruta para movilizar al menos 1.3 billones de dólares, el documento presentado por la presidencia de Brasil pocos días antes de la COP, pasó desapercibido. Se presentó en un evento paralelo, con formato limitado para intervenir y/u opinar sobre el documento. Por lo que en el texto final del Mutirao, se da la bienvenida al esfuerzo de las presidencias de Brasil y de Azerbaiyán, pero se toma nota del documento, sin algún tipo de proceso de seguimiento, más que el ingenuo deseo que los actores aludidos la vean como una orientación de trabajo en años por venir. Lo cierto, es que ningún país se sintió con ganas de apoyarla, tanto por falta de agrado, como por falta de transparencia en su diseño. Esto significa que la Ruta se quedó como un documento más presentado por las presidencias, cuyo destino es totalmente incierto. En conclusión, una oportunidad pérdida.       Problemas de procedimiento y transparencia   Si bien el contenido de muchas decisiones quedó corto de ambición, el otro problema, igual o más grave, fue un asunto de procedimiento . Brasil decidió tomar todas las decisiones y aprobarlas en un paquete integrado, pese a que la naturaleza del paquete Mutirao era diferente del resto. El problema es que muchas de las decisiones no acordadas en sala, no fueron discutidas a nivel ministerial tampoco. Es decir, la propuesta de Brasil fue centrar las discusiones ministeriales en 3 elementos del paquete Mutirao, y con ellos aprobar el paquete completo. Aunque esto nunca fue claro.  Fotografía: COP30 Amazônia (Flickr oficial) De esta forma se tuvo a los ministros desde el viernes a medio día, y hasta las 8 de la mañana del sábado centrados en principalmente dos temas, la propuesta de triplicar el financiamiento para adaptación, y el reporte de las NDCs, lanzando un “Acelerador Global de Implementación”, del que hoy nadie tiene claridad.   Por eso, al llegar a plenaria, no se tenía claro el procedimiento pues no hubo discusión sobre el resto de los temas. Y cuando el presidente comenzó a adoptar decisiones NO acordada, países como Uruguay, Panamá, el grupo de integridad ambiental y otros, se opusieron. Particularmente lo relacionado con la meta global de adaptación, centro de la conversación y para la cual no hubo mayores acuerdos. Sin embargo, la presidencia decidió solo “tomar nota” de las objeciones y no paró la aprobación, señalando que las objeciones vinieron después del martillazo de adopción, cuando en realidad las objeciones vinieron antes, pero la presidencia las ignoró.      Un aspecto importante que pocos saben es que, en el cuarto de negociación durante la noche, solo 2 países por grupo fueron invitados a participar. Si bien los grupos de negociación tienen ideas a fines, esto no significa que tienen las mismas posiciones e intereses, de manera que limitar el espacio a dos países por grupo, tampoco es el mejor método para el multilateralismo.   Esta falla en el procedimiento llevó a la presidencia a ser considerada una de las menos transparentes en su método y, por tanto, una de las más cuestionadas. Pues, aunque se celebró su conclusión, fueron diversos países los que se opusieron al resultado final. Esto no fue como COP29, en donde solo India se opuso a la resolución de la nue va meta de financiamiento climático, en esta COP30 fueron muchos países los que se opusieron al resultado final, y hay que decirlo.   La geopolítica de la COP  El anuncio de la presidencia de Brasil para esta COP30, fue altamente celebrada en el mundo, tanto por países desarrollados como por países en desarrollo. Entre otras cosas, porque venían de una carrera diplomática gestionando procesos como BRICS, G20 y otros. Lo cierto, es que la CMNUCC, no es nada como estos otros procesos. Es un espacio, que requiere una gran comprensión de la diversidad de visiones e intereses, y sobre todo requiere de la capacidad de articular para obtener el mejor balance posible.    Fotografía: COP30 Amazônia (Flickr oficial) En este contexto, Brasil tuvo dos grandes fallas. La primera es que durante gran parte del tiempo, puso mucho esfuerzo en agendas que no eran parte de la negociación, como el lanzamiento del Fondo de Bosques para Siempre (TFFF por sus siglas en inglés) que si bien es innovador, no era parte del paquete “oficial” a acordar en la COP, como tampoco lo era la agenda de acción. Y aunque estaba bien impulsar estas iniciativas, éstas debían ser en complemento del proceso de la negociación.     La segunda es que Brasil se olvidó de que la COP era una COP latina, y se encargó de crear lazos y acuerdos con grupos como los BRICS, e incluso con el grupo africano y los países de pensamiento similar (likeminded) en donde están los países árabes e India, que a cambio apoyaron su gestión en todo momento. Pero se olvidó de su propio grupo de negociación, y de los grupos de su región, evitando con esto la concreción de una agenda regional.    Lo anterior le jugó en contra al final de la COP, pues inconformes con la gestión y la falta de transparencia, países latinos en sus diversos grupos, manifestaron su oposición al proceso y al contenido de los acuerdos. Lo que dio como resultado la salida de Brasil del grupo Sur.   Conclusión: ¿el vaso medio lleno o medio vacío?  Nadie puede negar que Brasil es un país con una gran carrera diplomática, pero este proceso se les salió de las manos cuando trataron de operarlo como el G20, y se olvidaron de los consensos necesarios. Además de que eventos desafortunados como el incendio, el calor en las salas, el limitado abasto de alimentos, y otros, les jugaron en contra.   Pese a la aprobación de un paquete diverso, es importante entender que hay objeciones importantes al mismo, y sobre todo es importante entenderlo de cara a la siguiente COP que será hospedad en Turquía, pero liderada a nivel de negociaciones por Australia. Si estos países no lograron ponerse de acuerdo por un año, para ver quien hospedaría la COP, ¿cómo esperan lograr darle forma un proceso que se quedó con un vaso medio vacío? Será un tema para analizar en otra edición.  Por ahora, es importante celebrar lo que Brasil hizo bien, que fue dar cabida a una movilización enorme de comunidades indígenas, aunque muchas de ellas quedaron insatisfechas, pues sienten que fueron usadas porque no se les dieron los espacios prometidos. No obstante, diversas referencias a ellas y ellos aparecen en textos y se espera que este tema siga cobrando fuerza en conversaciones por venir.   La COP30 queda con un paquete incompleto, pero importante. El multilateralismo sigue quedando en tela de juicio y se teme que estos avances limitados, den paso a la apertura de más fuerzas conservadoras que no creen en la cooperación internacional. El ejemplo de Estados Unidos hoy invade la narrativa en Europa, en América Latina y otros espacios, de los que pronto hablaré. Lo cierto es que debemos dejar a las COPs deliberar sobre los asuntos internacionales climáticos pendientes y debemos reducirle la carga y la presión.   No es sostenible seguir teniendo tantos eventos paralelos y espacios que no coadyuvan a los resultados de la negociación, sino que generar una importante distracción, sobre todo aquellos financiados por las grandes corporaciones.   La presidencia querrá ver el vaso medio lleno, otros lo vemos medio vacío, lo importante es que el vaso ya tiene muchos elementos que ya establecen hacia donde avanzar en la implementación. Es decir, ya no se vale solo echarle la culpa a las COPs por los fracasos en la acción climática, los acuerdos necesarios ya están en la mesa. Las COPs ahora solo son para afinar dichas decisiones, pero el paquete más grande ya existe, se llama Acuerdo de París, así que aquellos detractores del sistema climático no esperen más y aceleren la acción, que el tiempo se agota…

COP30 in Belém, Brazil, is set to be a pivotal moment for Latin America and the Caribbean. A decade since the Paris Agreement, the region is attending this summit with a heightened awareness of the climate crisis, yet fiscal systems remain anchored in extractive models that finance crises more than their solutions.   The   Sustainable Finance Index (IFS) 2025 , with data up to 2024, provides an overview of these partial advances: overall, the 20 countries with the highest emissions in the region continue to receive more revenue and allocate more budget to carbon-intensive activities than to sustainable activities. This contrasts with the commitments made in their Nationally Determined Contributions (NDCs) . Many of them have submitted their 3.0 contributions but with limited strategy and financial capacity to implement them. In this context, COP30, which is a regional summit, will be a summit of truth, as President Lula called it, and therefore a summit of accountability, where the capacity and real interest of Latin American countries to convert their climate goals into concrete fiscal decisions will be put to the test. What is the outlook for sustainable finance in the region ahead of COP30? The IFS 2025 shows that the region is making uneven progress toward sustainable public finances. On average, carbon-intensive revenues exceed sustainable revenues  by a factor of eleven, and spending on polluting sectors is five times higher than sustainable spending . Together, the 20 countries analyzed generated USD 199.5 billion in fossil fuel revenues , compared to only USD 17.9 billion in sustainable revenues . In terms of spending, USD 71.3 billion went to carbon-intensive activities , and only USD 13.1 billion  to sustainable activities. These figures reveal a significant gap between rhetoric and the alignment of public finances with climate change concerns. None of the countries assessed has yet reached a balanced structure in its public finances. In this version of the index, Panama scored 3.5 out of 4.0 points , meaning that its performance and transition toward more sustainable finances  improved compared to other years. This can be explained by its low dependence on income from carbon-intensive activities and an increase in the receipt of international sustainable financing. At the opposite end of the spectrum, Trinidad and Tobago  has the lowest scores, although with slight improvements over previous years. In the case of Cuba , it appears in lower categories due to limited information for analysis. In terms of revenue, the Dominican Republic has the highest percentage of financing for biodiversity and climate change out of the total development financing received, representing nearly 50%. However, countries such as Ecuador, Mexico, Trinidad and Tobago, and Peru continue to rely heavily on revenues from carbon-intensive activities and extractive sectors, which limits their energy and fiscal transition. In terms of budget, the 20 countries analyzed devote on average less than 1%  of their budget to activities related to climate change, energy transition, and biodiversity protection. El Salvador  is the country with the highest allocation of sustainable budget  from its total budget, exceeding 5% . Meanwhile, resources allocated to carbon-intensive activities represent on average about 4%  of the total budget. Some countries, such as Bolivia  and Costa Rica , even exceed 15%  of their public spending in these areas. 2025 Sustainable Finance Ranking. Source: Prepared internally based on fiscal documents from the 20 countries analyzed, corresponding to the year 2024. How are countries in the region progressing in terms of NDCs? Between November 6, 2024, and November 5, 2025, 15 countries in the region submitted new NDCs to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) . However, only eight of them correspond to the so-called NDCs 3.0, considered “state-of-the-art” because they integrate broader approaches to equity, adaptation, and climate justice. This partial progress reflects an uneven landscape, marked by institutional and financial constraints  that prevent many governments from meeting deadlines or firmly raising their ambition. At GFLAC, we evaluated these new NDCs under our methodological framework of “10 points to make NDCs financeable instruments.” The results show a mixed picture: there is notable progress in incorporating principles of climate justice, equity, biodiversity, and transparency,  and in creating monitoring systems and institutional strengthening.  But fundamental challenges remain. Few countries have defined actual implementation costs, as was the case with Barbados, Bolivia, Nicaragua, and Venezuela. Few countries, such as Belize, Chile, Colombia, and Ecuador, have identified financing gaps in their economies. Eight of the fifteen updated NDCs (from Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Saint Lucia, and Uruguay) mention the formulation of national climate finance strategies. Uruguay stands out for innovating with sovereign financial instruments indexed to climate and biodiversity indicators, such as climate change-indexed bonds and loans, which link environmental goals to national economic policy. In the case of Small Island Developing States (SIDS), such as Barbados and Belize, the NDCs present a good level of technical and financial detail: Barbados has mobilized resources through debt swaps for nature and resilience, and Belize quantifies its financing gap at USD 1.3 billion, equivalent to 85% of its total needs. In most cases, access to resources remains conditional and dependent on international support, which limits the autonomy to advance the just and sustainable transition that the region needs. The region arrives in Belém with progress in discourse, but still with a need for international climate finance, which is why the discussion of Article 9.1 of the Paris Agreement, which addresses the financial commitments of developed countries, is very relevant for the region. It is also important to advance the transformation of public finances, as suggested by Article 2.1.c, which is also under discussion at COP30. This article calls for all financial flows to be consistent with low-carbon development, and although some countries in the region are already on track, they will depend on various factors to achieve this at a pace compatible with the climate crisis. How is Brazil doing in terms of sustainable finance? Brazil comes to COP30 with a central role in the global climate finance agenda. According to the Overview of Climate Finance in Brazil (iCS, 2025) , the country mobilizes an average of USD 208 million annually for mitigation , concentrated mainly in the Amazon (80%) and in the land use sector (76%) . Although it depends on a small group of international donors (75% of the total) and allocates only 1.5% to institutional strengthening, Brazil has launched innovative initiatives such as the Ecological Transformation Plan , the Brazil Investment Platform (BIP) , and the Tropical Forest Forever Fund (TFFF) , which seek to connect sustainable projects with national and international capital. The IFS 2025 shows that Brazil has an average level of sustainable finance performance  with a rating of 1.9 out of 4.0 points . The country earned 11 times more revenue from carbon-intensive activities (USD 36.1 billion) than from sustainable financing (USD 3.2 billion), and allocated four times more budget to carbon-intensive sectors  (USD 12.1 billion) than to sustainable initiatives (USD 2.9 billion). In its first subnational edition in Brazil, the Subnational Sustainable Finance Index (IFSS)  from GFLAC (2025), with data from 2024, reveals that Brazilian states generate 13 times more revenue from carbon-intensive sources (R$18.5 billion) than from sustainable revenue  (R$6.2 billion), mainly from oil royalties and vehicle taxes. In contrast, they allocate 1.5 times more resources to carbon-intensive sectors (R$32.6 billion)  than to sustainable activities (R$21.1 billion). In terms of sustainable revenues, Pará (3.3%)  and Rio de Janeiro (2.4%)  stand out. In the case of Pará , this is due to its high collection of environmental taxes and fines , while Rio de Janeiro  obtained significant revenues from compensation related to the use of water resources. However, Rio de Janeiro also has a particularly high level of carbon-intensive revenue (26.9%) , mainly linked to the oil industry, followed by São Paulo (8.3%)  and Espírito Santo (6.7%) . In terms of spending, Alagoas (6.2%) , Ceará (3.7%) , and Bahia (2.9%)  allocate more to sustainable sectors, but the amounts remain small Ranking of Subnational Sustainable Finance in Brazil in 2025  -Source: Prepared internally based on data from the Brazilian Public Sector Fiscal Information System (SICONFI) for the year 2024. Brazil updated its Second NDC  in 2024, raising its emission reduction target to 53% by 2030  and reaffirming carbon neutrality by 2050 . However, the document lacks a detailed financial plan. The absence of a national climate finance framework with clear governance  limits the possibility of turning this ambition into measurable results. In summary, Brazil arrives at COP30 with political leadership  and a key role in the global climate finance architecture, but with a persistent gap  between ambition and execution.   How is Mexico doing in terms of sustainable finance? For Mexico, COP30 comes at an important moment. According to the IFS 2025 results, the country has a low-medium level of performance in sustainable finance, with a score of 1.3 out of 4.0 points . Mexico earned 85 times more revenue from carbon-intensive activities  (USD 117.1 billion) than sustainable financing  (USD 1.3 billion), and allocated 15 times more budget to carbon-intensive sectors  (USD 44.4 billion) than to sustainable activities  (USD 2.8 billion). For its part, the results of the Subnational Sustainable Finance Index (IFSS) 2025  confirm that fiscal sustainability is still in its infancy in Mexico. In 2024, the 32 federal entities generated 24.1 billion pesos in sustainable revenues , compared to 117.8 billion pesos from carbon-intensive sources , a ratio of almost five to one . The trend is repeated in spending: 30.3 billion pesos in sustainable budgets  compared to 105.1 billion pesos in polluting and carbon-intensive activities. No state has yet reached a balanced allocation of its public finance. Overall, Zacatecas (2.4 points)  and Oaxaca (2.3)  performed above average, while Sinaloa, Aguascalientes, Baja California, Colima, and Chihuahua  ranked at the bottom, with low sustainable finances. In terms of sustainable revenues , Yucatán (3.69%)  and Mexico City (3.29%)  are in the upper-middle range, reflecting progress in diversifying their sources of financing. In contrast, states such as Chihuahua (11.08%)  and Campeche (8.05%)  remain heavily dependent on revenues from carbon-intensive activities . In terms of sustainable spending , Mexico City (4.59%) , Jalisco (2.19%) , and Tabasco (1.93%)  top the list, although no entity has yet exceeded the threshold of 5% of its total budget for sustainable spending. In contrast, when looking at spending on carbon-intensive activities , Mexico City  once again stands out, this time as the entity with the highest proportion of spending on carbon-intensive sectors (15.53%) , followed by Nuevo León (6.35%)  and Chihuahua (6.22%) . Ranking of Subnational Sustainable Finance in Mexico in 2025 -  Source: Prepared internally using data from the Revenue and Budget Law of the federal entities for Fiscal Year 2024, consulted in 2025. Mexico has not yet formally submitted its NDC 3.0. In preparation for this process, the Ministry of Environment and Natural Resources (SEMARNAT) , in collaboration with GFLAC, carried out a participatory process: the National Dialogue on Climate Finance and NDC 3.0 , held on August 12, 2025. This meeting brought together actors from the public and private sectors, academia, international cooperation, and civil society, with the aim of fostering a technical and strategic meeting space between key actors linked to the provision, mobilization, and management of climate finance. Its purpose was to identify viable financial and economic mechanisms and instruments that would inform the design of NDC 3.0. Throughout the dialogue, key elements for strengthening the country's financial architecture were addressed. Among the topics discussed were: the need to build economic and financial instruments that support the climate transition; improving inter-institutional coordination to avoid fragmentation of efforts; strengthening access to, management and use of international climate finance; and moving towards monitoring and evaluation systems that allow for greater clarity, transparency and traceability of climate finance . These reflections made it possible to identify progress, challenges, and opportunities to guide NDC 3.0 toward clearer, more coherent, and more sustainable implementation mechanisms. The relevance of this process becomes evident when considering the outlook presented by the IFS and IFSS for Mexico, where significant gaps persist in the country's financial, budgetary, and institutional conditions. Against this backdrop, the national dialogue generated inputs and points of convergence that can contribute to a more realistic reflection on the financial challenges facing NDC 3.0. The participation of multiple sectors made it possible to identify commonalities, gaps, and needs, reinforcing the urgency of moving toward sufficient and sustainable financial mechanisms, reducing institutional fragmentation, and strengthening intersectoral coordination.  Only through a more solid and coherent financial architecture will Mexico be able to turn its NDC 3.0 into an applicable instrument with real implementation capacity. Conclusions Latin America and the Caribbean arrive at COP30 with progress in climate planning, but with significant delays in the alignment of their public finances . The results of the IFS and national IFSS confirm that the region continues to finance the crisis more than its solution . This scenario will be key in the COP negotiations, because while more and better international climate finance must be demanded, progress must also be made in making financing flows more compatible with low-carbon and climate-resilient development. In this regard, countries must translate their commitments into comprehensive financial strategies, with coherent budgets, robust monitoring systems, and participatory governance. Brazil and Mexico , the two largest economies in the region, have a strategic responsibility: to lead with consistency . Brazil must consolidate its climate finance framework; Mexico must close the gaps between subnational planning and execution. Subnational analyses of both countries reveal that there is still a strong dependence on carbon-intensive  revenues and that budget allocations do not yet prioritize sustainability , which slows down the consolidation of a just transition in the territory. COP30 in Belém is a historic opportunity to redefine regional financial architecture. Latin America and the Caribbean can—and must—turn their finances into allies for climate action, not only to meet their international commitments, but also to ensure a more just, resilient, and sustainable future for the next generations. We are sharing resources to complement the information in this blog! Click here to learn more about IFS Brazil Click here to learn more about IFS Mexico Click here to learn more about IFS Regional

La COP30 en Belém, Brasil, se perfila como un punto de inflexión para América Latina y el Caribe. Diez años después del Acuerdo de París, la región llega a esta cumbre con una mayor conciencia sobre la crisis climática, pero con sistemas fiscales todavía anclados en modelos extractivos que financian más las crisis que sus soluciones.  El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2025 , con datos a 2024, ofrece una radiografía sobre estos avances parciales: en conjunto los 20 países más emisores de la región siguen recibiendo más ingresos, y destinando más presupuesto a actividades intensivas en carbono, que a actividades sostenibles. Esto contrasta con los compromisos asumidos en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) . Pues muchos de ellos han presentado sus contribuciones 3.0 pero con una limitada estrategia y capacidad financiera para implementarlas. En este contexto, la COP30 que es una cumbre de la región, será una cumbre de la verdad, como lo llamó el Presidente Lula, y por lo tanto una cumbre de rendición de cuentas, en dónde se pondrá a prueba la capacidad y el interés real de los países latinoamericanos para convertir sus metas climáticas en decisiones fiscales concretas.  ¿Cuál es el panorama de finanzas sostenibles en la región de cara a la COP30? El IFS 2025 muestra que la región avanza de forma desigual hacia finanzas públicas sostenibles. En promedio, los ingresos intensivos en carbono superan once veces a los ingresos sostenibles , y el gasto en sectores contaminantes quintuplica al gasto sostenible . Portada del Resumen Ejecutivo del IFS2025 En conjunto, los 20 países analizados generaron 199.5 mil millones de dólares por ingresos fósiles , frente a sólo 17.9 mil millones por ingresos sostenibles . En el gasto, 71.3 mil millones se dirigieron a actividades intensivas en carbono , y apenas 13.1 mil millones  a actividades sostenibles. Estas cifras evidencian una importante brecha entre el discurso y la alineación de las finanzas públicas con la atención del cambio climático. Ningún país  de los analizados ha logrado un balance en sus finanzas públicas . En esta versión del índice, Panamá obtuvo 3.5 de 4.0 puntos , es decir, su desempeño y tránsito hacia finanzas más sostenibles  mejoró respecto a otros años. Esto se puede explicar, a su baja dependencia de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono y a un incremento en la recepción de financiamiento sostenible internacional. En el extremo opuesto, Trinidad y Tobago  tiene los puntajes más bajos, aunque con ligeras mejoras respecto a años pasados. En el caso de Cuba , aparece en categorías más bajas, debido a la limitada información para el análisis. En cuanto a ingresos se refiere, República Dominicana , se presenta como el país con el mayor porcentaje de financiamiento para biodiversidad y clima, del total del financiamiento para el desarrollo recibido, representando cerca del 50%. Sin embargo, países como Ecuador, México, Trinidad y Tobago y Perú  siguen dependiendo fuertemente de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono y sectores extractivos, lo que limita su transición energética y fiscal. En cuánto a presupuesto se refiere, los 20 países analizados dedican en promedio menos del 1%  de su presupuesto a actividades asociadas al cambio climático, transición energética, y protección de la biodiversidad. El Salvador  es el país con mayor asignación del presupuesto sostenible  total de su presupuesto, superando el 5% .  Por su parte, los recursos orientados a actividades intensivas en carbono representan en promedio cerca del 4%  del presupuesto total. Algunos países como Bolivia  y Costa Rica , superan incluso el 15%  de su gasto público en estos rubros.  Ranking Finanzas Sostenibles 2025. Fuente. Elaboración propia con base en documentos fiscales de los 20 analizados, correspondientes al año 2024. ¿Cómo avanzan los países de la región en materia de las NDCs? Entre el 6 de noviembre de 2024 y el 5 de noviembre de 2025, 15 países de la región presentaron nuevas NDCs ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) . Sin embargo, solo ocho de ellas corresponden a las llamadas NDCs 3.0, consideradas de “última generación” por integrar enfoques más amplios de equidad, adaptación y justicia climática. Este avance parcial refleja un panorama desigual, marcado por limitaciones institucionales y financieras  que impiden a muchos gobiernos cumplir los plazos o elevar con firmeza su ambición. Desde GFLAC evaluamos estas nuevas NDCs bajo su marco metodológico de los “10 puntos para hacer de las NDCs instrumentos financiables”. Los resultados muestran un escenario mixto: hay progresos notables en la incorporación de principios de justicia climática, equidad, biodiversidad y transparencia,  y en la creación de sistemas de monitoreo y fortalecimiento institucional.  Pero los desafíos de fondo persisten.  Pocos países han definido costos reales de implementación como fue el caso de Barbados, Bolivia, Nicaragua y Venezuela . También pocos países, a ejemplo de Belice, Chile, Colombia y Ecuador  han identificado brechas de financiamiento en su economía. Ocho de las quince NDCs actualizadas (de los países Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Santa Lucía y Uruguay ) mencionan la formulación de estrategias nacionales de financiamiento climático.  Uruguay  se destaca por innovar con instrumentos financieros soberanos indexados a indicadores climáticos y de biodiversidad, como los bonos y préstamos indexados al cambio climático, que vinculan metas ambientales con la política económica nacional. En el caso de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS), como Barbados y Belice , las NDCs presentan buen nivel de detalle técnico y financiero: Barbados ha movilizado recursos mediante canjes de deuda por naturaleza y resiliencia, y Belice  cuantifica su brecha financiera en 1.3 mil millones de dólares, equivalente al 85% de sus necesidades totales.  En la mayoría de los casos, el acceso a recursos sigue siendo condicionado y dependiente del apoyo internacional, lo que limita la autonomía para avanzar en la transición justa y sostenible que la región necesita. La región llega a Belém con avances discursivos, pero aún con una necesidad de recibir financiamiento climático internacional, por lo que la discusión del artículo 9.1 del Acuerdo de París, que habla de los compromisos financieros de los países desarrollados, es muy relevante para la región. Mientras que también es relevante avanzar en la transformación de sus finanzas públicas, como lo sugiere el Artículo 2.1.c que también está en discusión en la COP30. Este artículo llama a hacer todos los flujos financieros consistentes con el desarrollo bajo en carbono, y aunque hay países de la región que están en marcha, dependerán de diversos aspectos para lograrlo a un ritmo compatible con la crisis climática.  ¿Cómo llega Brasil en materia de finanzas sostenibles? Brasil llega a la COP30 con un papel central en la agenda de financiamiento climático global. De acuerdo con el Panorama del Financiamiento Climático en Brasil (iCS, 2025) , el país moviliza en promedio 208 millones de dólares anuales para mitigación , concentrados principalmente en la Amazonía (80%) y en el sector de uso del suelo (76%) . Aunque depende de un grupo reducido de donantes internacionales (75% del total) y destina sólo el 1.5% a fortalecimiento institucional, Brasil ha lanzado iniciativas innovadoras como el Plan de Transformación Ecológica , la Plataforma Brasil de Inversiones (BIP)  y el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) , que buscan conectar proyectos sostenibles con capital nacional e internacional. El IFS 2025 muestra que Brasil registra un nivel medio de desempeño de finanzas sostenibles  con una valoración de 1.9 de 4.0 puntos . El país obtuvo 11 veces más ingresos de actividades intensivas en carbono (36.1 mil millones de dólares) que en financiamiento sostenible (3.2 mil millones de dólares), y destinó 4 veces más presupuesto a sectores intensivos en carbono  (12.1 mil millones de dólares) que a iniciativas sostenibles (2.9 mil millones de dólares). En su primera edición a nivel subnacional en Brasil, el Índice de Finanzas Sostenibles Subnacional (IFSS)  de GFLAC (2025), con datos a 2024, revela que los estados de Brasil generan 13 veces más ingresos de fuentes intensivas en carbono (18.5 mil millones de reales) que de ingresos sostenibles  (6.2 mil millones de reales), principalmente por regalías petroleras e impuestos vehiculares. En contraparte, destinan 1.5 veces más recursos a sectores intensivos en carbono (32.6 mil millones de reales)  que a actividades sostenibles (21.1 mil millones de reales). En ingresos sostenibles destacan Pará (3,3%)  y Río de Janeiro (2,4%) . En el caso de Pará , esto se debe a su alta recaudación por tasas y multas ambientales , mientras que Río de Janeiro  obtuvo ingresos significativos por compensaciones relacionadas con el uso de recursos hídricos. No obstante, Río de Janeiro  también concentra un nivel particularmente alto de ingresos intensivos en carbono (26,9%) , principalmente vinculados a la industria petrolera, seguido de São Paulo (8.3%)  y Espírito Santo (6.7%) . En gasto, Alagoas (6.2%) , Ceará (3.7%)  y Bahía (2.9%)  destinan más a sectores sostenibles, pero los montos siguen siendo reducidos. Ranking de Finanzas Sostenibles Subnacional de Brasil en 2025 -Fuente. Elaboración propia con base en datos del Sistema de Informaciones Fiscales del Sector Público Brasileño (SICONFI), correspondientes al año 2024. Brasil actualizó su Segunda NDC  en 2024, elevando su meta de reducción de emisiones al 53% para 2030  y reafirmando la neutralidad de carbono para 2050 . Sin embargo, el documento carece de un plan financiero detallado. La ausencia de un marco nacional de financiamiento climático con gobernanza clara  limita la posibilidad de convertir esa ambición en resultados medibles. En síntesis, Brasil llega a la COP30 con  liderazgo político  y un papel clave en la arquitectura global del financiamiento climático, pero con una brecha persistente  entre ambición y ejecución.  ¿Cómo llega México en materia de finanzas sostenibles? Para México, la COP30 llega en un momento importante. De acuerdo con los resultados del IFS 2025, el país presenta un nivel medio bajo de desempeño en finanzas sostenibles, con una valoración de 1.3 sobre 4.0 puntos . México obtuvo 85 veces más ingresos de actividades intensivas en carbono  (117.1 mil millones de dólares) que financiamiento sostenible  (1.3 mil millones de dólares), y destinó 15 veces más presupuesto a sectores intensivos en carbono  (44.4 mil millones de dólares) que a actividades sostenibles  (2.8 mil millones de dólares).  Por su parte, los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles Subnacional (IFSS) 2025 , confirman que la sostenibilidad fiscal sigue siendo incipiente en México. En 2024, las 32 entidades federativas generaron 24.1 mil millones de pesos en ingresos sostenibles , frente a 117.8 mil millones de fuentes intensivas en carbono , una proporción de casi cinco a uno . En el gasto, la tendencia se repite: 30.3 mil millones de pesos en presupuestos sostenibles  frente a 105.1 mil millones en actividades contaminantes e intensivas en carbono. Ningún estado presenta un balance en la asignación de sus finanzas públicas. Pero a nivel general, Zacatecas (2.4 puntos)  y Oaxaca (2.3)  tuvieron un desempeño medio alto, mientras que Sinaloa, Aguascalientes, Baja California, Colima y Chihuahua  se ubican en el extremo inferior, con finanzas sostenibles bajas. En materia de ingresos sostenibles , Yucatán (3.69%)  y la Ciudad de México (3.29%)  se posicionan en niveles medio alto, reflejando avances en la diversificación de sus fuentes de financiamiento. En contraste, estados como Chihuahua (11.08%)  y Campeche (8.05%)  mantienen una fuerte dependencia de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono . En el ámbito del gasto sostenible , la Ciudad de México (4.59%) , Jalisco (2.19%)  y Tabasco (1.93%)  encabezan la lista, aunque ninguna entidad supera aún el umbral del 5% de su presupuesto sostenible del total de su presupuesto. En contraste, cuando se observa el gasto destinado a actividades intensivas en carbono , la Ciudad de México  vuelve a destacar, esta vez como la entidad con mayor proporción de gasto a sectores intensivos en carbono (15.53%) , seguida por Nuevo León (6.35%)  y Chihuahua (6.22%) . Ranking de Finanzas Sostenibles Subnacional de México en 2025 - Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Ingresos y de Presupuestos de las entidades federativas para el Ejercicio Fiscal 2024, consultados en 2025 México aún no ha presentado formalmente su NDC 3.0. En preparación para este proceso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) , en colaboración con el GFLAC, llevaron a cabo un proceso participativo: el Diálogo Nacional sobre Financiamiento Climático y NDC 3.0 , realizado el 12 de agosto de 2025. Este encuentro reunió a actores del sector público, privado, academia, cooperación internacional y sociedad civil, con el objetivo de propiciar un espacio de encuentro técnico y estratégico entre actores clave vinculados con la provisión, movilización y gestión del financiamiento climático. Su propósito fue identificar mecanismos e instrumentos financieros y económicos viables que nutran el diseño de la NDC 3.0. A lo largo del diálogo se abordaron elementos clave para fortalecer la arquitectura financiera del país. Entre los temas discutidos estuvieron: la necesidad de construir instrumentos económicos y financieros que apoyen la transición climática; mejorar la coordinación interinstitucional para evitar la fragmentación de esfuerzos; fortalecer el acceso, gestión y uso del financiamiento climático internacional; y avanzar hacia sistemas de seguimiento y evaluación que permitan mayor claridad, transparencia y trazabilidad del financiamiento climático . Estas reflexiones permitieron identificar avances, desafíos y oportunidades para orientar la NDC 3.0 hacia mecanismos de implementación más claros, coherentes y sostenibles. La relevancia de este proceso se vuelve evidente al considerar el panorama que presentan el IFS y el IFSS para México, donde persisten brechas significativas en las condiciones financieras, presupuestarias e institucionales del país . Frente a este escenario, el diálogo nacional generó insumos y puntos de convergencia que pueden contribuir a una reflexión más realista sobre los desafíos financieros que enfrenta la NDC 3.0. La participación de múltiples sectores permitió identificar coincidencias, vacíos y necesidades, reforzando la urgencia de avanzar hacia mecanismos financieros suficientes y sostenibles, reducir la fragmentación institucional y fortalecer la coordinación intersectorial.  Solo mediante una arquitectura financiera más sólida y coherente México podrá convertir su NDC 3.0 en un instrumento aplicable y con capacidad real de ejecución. Conclusiones América Latina y el Caribe llegan a la COP30 con avances en planeación climática, pero con grandes rezagos en la alineación de sus finanzas públicas . Los resultados del IFS y los IFSS nacionales confirman que la región sigue financiando más la crisis que su solución . Este escenario será clave en las negociaciones de la COP, pues mientras se debe exigir más y mejor financiamiento climático internacional, también se tendrá que avanzar en los medios para hacer los flujos de financiamiento más compatibles con el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. En este sentido, los países deberán traducir sus compromisos en estrategias financieras integrales, con presupuestos coherentes, sistemas de monitoreo sólidos y una gobernanza participativa. Brasil y México , las dos economías más grandes de la región, tienen una responsabilidad estratégica: liderar con coherencia . Brasil debe consolidar su marco de financiamiento climático; México, cerrar las brechas entre planeación y ejecución subnacional. Los análisis subnacionales de ambos países revelan que persiste una fuerte dependencia de ingresos intensivos en carbono  y que la asignación presupuestaria aún no prioriza la sostenibilidad , lo que frena la consolidación de una transición justa en el territorio. La COP30 en Belém  es una oportunidad histórica para redefinir la arquitectura financiera regional. América Latina y el Caribe pueden —y deben— convertir sus finanzas en aliadas de la acción climática , no solo para cumplir con sus compromisos internacionales, sino para garantizar un futuro más justo, resiliente y sostenible  para las próximas generaciones. ¡Te compartimos los recursos para complementar la información de este blog! Haz click aquí para saber más sobre el IFS Brasil Haz click aquí para saber más sobre el IFS México Haz click aquí para saber más sobre el IFS Regional

COP30 kicks off in Belém, Brazil, and feelings are running high about what this conference of the Parties can really do for the world. At a time when the credibility of the United Nations international system is in crisis and countries are moving toward accelerated regression in terms of their commitments, not only to climate, but even to democracy itself and the protection of human rights, the world needs hope.   Photo: Oficial COP30 Despite this scenario, there is a clear call for this COP to be successful and to make firm progress towards the fulfillment of the Paris Agreement. However, hopes for a successful outcome package from the COP appear to be complicated by the lack of agreement on key issues such as adaptation, financing, and just transition, and by the lack of clarity on the strategy and priorities of the Brazilian presidency to guide these talks.    This is because every COP requires the political and diplomatic commitment of the presidency to reach agreements. The truth is that COP30 can only be credible if it is accompanied by clear progress in the provision and mobilization of climate finance, particularly around adaptation.   What elements should be included in the climate finance package at COP30?   Many aspects of financing will be discussed, because after the signing of the Paris Agreement, everything moved towards an implementation scheme in which the resources to achieve it are fundamental.   In this regard, although there are 17 items on the financing agenda, there are four aspects that are critical and require a response or decision at this COP:   The Baku to Belém Roadmap to mobilize $1.3 trillion: during COP29 in Baku, a New Collective Quantified Goal for climate finance (NCQG) was agreed upon as part of Article 9, which promotes financial support for developing countries. Despite the demand for a financial commitment that would meet the needs of these countries, it was only agreed to triple the target of $100 billion that had been agreed upon since 2009. In other words, the new target was set at $300 billion per year starting in 2026. This generated great discontent in developing countries, as trillions are needed to meet these needs. Therefore, a group of developing countries proposed generating a Roadmap to mobilize at least $1.3 trillion as an aspirational goal. This Roadmap was to be led by the presidencies of Brazil and Azerbaijan, conducting consultations with the parties. Almost a year after this agreement, and just three days before the start of the COP,  the Roadmap was presented with various positive aspects, some negative and others unacceptable.   Despite pointing out that this is a non-negotiable issue because the COP29 decision does not provide for it as such, it is an element that requires a response, even if only symbolic. Possible scenarios are:   a)      Countries decide to welcome it, adopt it, and create a process to review and implement it in the coming years. b)      No adoption process is agreed upon, but a transparency framework is reaffirmed that allows the Standing Committee on Finance to prepare a report on the roadmap as part of the NCQG's mandate. c)      Given the lack of transparency and inclusion in the process, the parties do not welcome it and it remains just another document from the COP presidency, with no future.   While other scenarios could be possible, the truth is that there is little consensus on this document, its content, and the process that gave it life, and only a diplomatic maneuver by Brazil could help give it a respite, although according to the presidency, this is not one of its priorities.    2.      Article 9.1 on the provision of climate finance for developing countries: Although this article was integrated as part of Article 9, which is the basis for the new climate finance target, this target does not include a provision element, i.e., it does not clearly establish the allocation of finance from the public budgets of developed countries. For this reason, developing countries, especially like-minded countries (LMDCs), have demanded that this be a new element of negotiation, which was well received by groups of developing countries, but not by developed countries, which point out that this element is already integrated into the NCQG. Some possible scenarios are: a)      Create a new negotiating element on Article 9.1 to ensure clarity in the provision. This has already generated diverse points of view, and developed countries do not agree. b)     Identify a space where greater clarity is integrated on what developed countries provide as provision; this could be through provisions related to transparency and the provision of information by developed countries (9.5). However, they do not integrate aspects of quality of finance.   c)      No space is created to discuss the issue, and it is discarded.   There are other possible scenarios, such as continuing to push the agenda item, but continuing to insist on this provision in other spaces.   3.      Article 2.1.c and making all financing flows consistent with low-carbon development: This is one of the most important elements at the heart of the Paris Agreement, which promotes making all financing flows consistent with low-carbon and climate-resilient development. In this regard, a process was created to discuss what it means to make these flows "consistent," "comparable," and "aligned" with the agreement, a dialogue that lasted three years and is coming to an end at this COP. The debate among countries is whether the dialogue should continue and in what format and duration, if countries so decide. There are several scenarios: a)      Agree to continue the dialogue for another three years, under the current format. b)     Agree to continue the dialogues, but with a clearer structure and a tangible goal to be achieved, namely the formulation of a monitoring framework, under the development of a work program. c)      Not agreeing on a follow-up process.   This process has been driven by developed countries, and although developing countries have participated actively, they have always made it clear that for developing countries to align their finances, it is possible if and only if they have financial support to do so, i.e., associated with Article 9, which refers to financial support for developing countries.   Given the lack of clarity on the provision in the NCQG, it would be clear that developing countries would not want to push forward with the discussions on 2.1.c, which would also have implications for them.   4.      Financing for adaptation: Securing financing for adaptation is one of the most relevant issues for this COP. On the one hand, because the creation of indicators for monitoring the global adaptation goal, in which the issue of financing is key, is under discussion. Additionally, this year marks the end of the period for meeting the goal of doubling financing for adaptation, agreed upon in Glasgow. In view of this, the least developed countries are talking about the possibility of tripling (instead of doubling) adaptation financing, and that this should be the minimum to be achieved at this COP. There is a debate about whether to talk about a new target, or whether it is part of the financing target (NCQG). The truth is that the demand is to find ways to accelerate this increase. Some possible scenarios are:   a)      Encouraging developed countries to renew the Glasgow commitment, but tripling the target instead of just doubling it. b)     Agreeing on a process for a new target as part of the Global Adaptation Goal conversation. c)      Promoting a reporting system by the Standing Committee on Finance, so that what is presented as a report on the new financing goal includes an analysis of financing for adaptation. d)     A combination of the above, given that there is currently no specific negotiation  item associated with this issue.    Although there is no specific agenda item on adaptation financing, there is talk of an urgent call for COP30 to achieve not only a narrative but also clear commitments in this regard. This is because the Roadmap to mobilize 1.3 sought to integrate this issue, and although it is in the narrative, the proposals are very weak.   Can COP be successful without a financing package?   One of the issues promoted by the Brazilian presidency was the Tropical Forest Forever Fund (TFFF). This was one of the proposals championed by the presidency for two years to promote the mobilization of financing to ensure that forests and jungles remain intact. Although major commitments were sought prior to COP, a few days earlier, at the Leaders' Summit, commitments of $5.5 billion were announced, less than expected.   Photo: oficial COP30 Although this was a good sign to kick off the COP process, the truth is that this is a commitment made outside the convention process, and although the resource could be counted as part of the new financing goal, more clarity is needed on how countries will mobilize at least $1.3 trillion or more.   That is why the COP must conclude with a financing goal that provides certainty to the process and clear indications that the system works and, above all, that it works for the majority, which are the developing countries, particularly those experiencing the ravages of climate change.   Brazil is also experiencing a complicated national political context. After a period of great political momentum, it is close to an electoral change that could jeopardize its climate leadership. In other words, the pressure on the country goes beyond the international process. However, its international leadership will also be key for the world, beyond the realities that the country may be experiencing at the national level, and it is important to be clear about this when conducting the talks. The world has faith in Brazil. What is needed now is for Brazil to strengthen the process and conduct the talks in an effective, transparent, and inclusive manner. The success of this COP will depend on it.

Arranca la COP30 en Belém, Brasil, y afloran los sentimientos sobre lo que esta conferencia de las Partes realmente puede hacer por el mundo.   En un momento en que la credibilidad del aparato internacional de las Naciones Unidas está en una crisis y los países caminan hacia una acelerada regresión en cuanto a sus compromisos -ya no sólo climático- sino incluso compromisos con la propia democracia, y la protección de los derechos humanos, el mundo necesita esperanza.   Foto: Oficial COP30 Pese a dicho escenario, hay un claro llamado para que esta COP sea exitosa y logre avanzar con pasos firmes hacia el cumplimiento del Acuerdo de París. Sin embargo, las esperanzas de un paquete exitoso resultado parecen complejizarse ante la falta de acuerdo sobre temas clave como adaptación, financiamiento y transición justa, y ante la falta de claridad sobre la estrategia y las prioridades de la presidencia de Brasil para guiar estas conversaciones.    Lo anterior porque toda COP requiere del compromiso político y diplomático de la presidencia para alcanzar acuerdos. Lo cierto es que la COP30 solo será creíble si viene acompañada de un claro avance en la provisión y movilización de financiamiento climático, particularmente en materia de adaptación.    Foto: Oficial COP30 ¿Qué elementos deben integrarse en el paquete de financiamiento climático en la COP30?   Muchos son los aspectos de financiamiento que serán discutidos. Después de la firma del Acuerdo de París, todo transitó hacia un esquema de implementación en el que los recursos para lograrlo son fundamentales.   En este sentido -aunque hay 17 elementos en la agenda sobre financiamiento- hay cuatro aspectos que son críticos y necesitan una respuesta o decisión en esta COP:   La Ruta de Bakú a Belém para movilizar 1.3 trillones de dólares: durante la COP29 en Bakú se acordó una nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento climático (NCQG por sus siglas en inglés) como parte del Artículo 9 que promueve apoyo financiero para los países en desarrollo. Pese a la demanda de contar con un compromiso financiero que respondiera a las necesidades de dichos países, solo se acordó triplicar la meta de los 100 mil millones que había sido acordada desde 2009. Es decir, el nuevo objetivo quedó en 300 mil millones anuales a partir de 2026. Esto generó un gran descontento en los países en desarrollo, pues se necesitan billones para atender estas necesidades. Por ello, un grupo de países en desarrollo propusieron generar una Ruta para movilizar al menos 1.3 billones, como una meta aspiracional.  Esta Ruta debía ser liderada por las presidencias de Brasil y de Azerbaiyán, llevando a cabo consultas con los países partes. Tras casi un año de dicho acuerdo, y a escasos 3 días de comenzada la COP, se presentó la Ruta con diversos aspectos positivos, algunos negativos y otros inaceptables   Pese a señalar que se trata de un tema no negociable porque la decisión de COP29, no lo prevé como tal, es un elemento que requiere una respuesta, aunque sea simbólica.    Posibles escenarios son:   a)      Los países deciden darle la bienvenida, adoptarla y crear un proceso para revisarla e implementarla en los próximos años. b)      No se acuerda un proceso de adopción, pero se reafirmar un esquema de transparencia que permita al Comité Permanente de Financiamiento elaborar un reporte sobre la ruta, como parte del mandato del NCQG. c)      Dada la falta de transparencia y de inclusión en el proceso, las partes no dan la bienvenida y queda como un documento más de la presidencia de la COP, sin futuro alguno.    Si bien otros escenarios podrían ser posibles, lo cierto es que hay poco consenso sobre este documento, su contenido y el proceso que le dio vida, y solo una maniobra diplomática de Brasil podría ayudar a darle un respiro, aunque por lo señalado por la presidencia, esta no es una de sus prioridades.    2.      Artículo 9.1 sobre provisión de financiamiento climático para países en desarrollo:  Si bien este artículo se integraba como parte del artículo 9 que es la base de lo que es la nueva meta de financiamiento climático, en dicha meta no se integra un elemento de provisión, es decir, no se establece con claridad cual es la asignación de financiamiento proveniente de los presupuestos públicos de países desarrollados. Por ello los países en desarrollo, especialmente los países de ideas afines (like minded countries, LMDCs) han exigido que este sea un nuevo elemento de negociación, que fue bien recibido por los grupos de países en desarrollo, pero no por los países desarrollados que señalan que este elemento ya está integrado en el NCQG. Algunos posibles escenarios son: a)      Crear un nuevo elemento de negociación sobre artículo 9.1 para asegurar que haya claridad en la provisión. Esto ya generó diversos puntos de vista y los países desarrollados no están de acuerdo. b)     Identificar un espacio en donde se integre mayor claridad sobre lo que los países desarrollados brindan como provisión; puede ser a través de las disposiciones asociadas a transparencia y a la provisión de información de parte de los países desarrollados (9.5). Pero no integran aspectos de calidad del financiamiento. c)      No se crea ningún espacio para discutir el tema y se desecha.   Existen otros posibles escenarios, como seguir impulsando el punto de agenda, pero seguir insistiendo en esta provisión en otros espacios.   3.      El Artículo 2.1.c y hacer todos los flujos de financiamiento compatible con el desarrollo bajo en carbono: Siendo uno de los elementos la más importantes e integrado en el corazón del Acuerdo de París, que promueve hacer todos los flujos de financiamiento con el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Al respecto se creó un proceso para dialogar sobre lo que significa hacer estos flujos “consistentes”, “comparables”, “alineados”, con el acuerdo, diálogo que duró tres años y que llegan a su fin en esta COP. El debate de los países es si el diálogo debe seguir y bajo que formato y duración, si es que así los países deciden hacerlo.  Diversos son los escenarios: a)      Acordar la continuación del diálogo por otros tres años, bajo el formato actual. b)     Acordar la continuación de los diálogos, pero con una estructura más clara y con un objetivo tangible a alcanzar, es decir, la formulación de un marco de seguimiento, bajo el desarrollo de un programa de trabajo. c)      No acordar un proceso de seguimiento.   Este proceso ha sido impulsado por países desarrollados, y aunque países en desarrollo han participado activamente, siempre han dejado claro, que para que los países en desarrollo, alinear sus finanzas es posible, si y solo si, tienen apoyo financiero para hacerlo, es decir, asociado al Artículo 9 que se refiere al apoyo de financiamiento para países en desarrollo. Ante una falta de claridad sobre la provisión en el NCQG, sería claro que los países en desarrollo no quisieran impulsar las discusiones de 2.1.c que también tendrían implicaciones para ellos. 4.      Financiamiento para adaptación: asegurar financiamiento para la adaptación se presenta como uno de los temas más relevantes para esta COP. Por un lado, porque está en discusión la creación de indicadores para el seguimiento de la meta global de adaptación, en la cual el tema de financiamiento es clave. Adicionalmente, este año se cumple el periodo de cumplimiento de la meta de duplicar el financiamiento para la adaptación, acordada en Glasgow. Ante ello, los países menos desarrollados, hablan de la posibilidad de triplicar (en lugar de duplicar), el financiamiento para adaptación, y que ese sea el mínimo para obtener en esta COP. Hay un debate sobre si se debe hablar de una nueva meta, o si es parte de la meta de financiamiento (NCQG), lo cierto, es que la demanda es encontrar espacios para acelerar este incremento. Algunos posibles escenarios son:   a)      Promover que los países desarrollados renueven el compromiso de Glasgow, pero triplicando, en lugar de solo duplicando la meta. b)     Acordar un proceso para una nueva meta como parte de la conversación de la Meta Global de Adaptación. c)      Promover un sistema de reporte por parte del Comité Permanente de Financiamiento, para que lo que se presente como reporte de la nueva meta de financiamiento integre un análisis del financiamiento para adaptación. d)     Una mezcla de los anteriores, dado que hoy no existe un ítem de negociación asociado a esto como tal.    Si bien no existe un ítem de agenda específico sobre financiamiento para adaptación, se habla de un llamado urgente para que la COP30 alcancé no solo una narrativa sino compromisos claros al respecto. Lo anterior, porque la Ruta para movilizar 1.3 buscaba integrar este tema, y aunque está en la narrativa, las propuestas son muy débiles.   ¿Puede la COP ser exitosa sin un paquete de financiamiento?   Uno de los temas que se impulsó desde la presidencia de Brasil, fue el denominado Fondo de Bosques por Siempre (TFFF por su nombre en inglés). Esta fue una de las propuestas que la presidencia abanderó durante dos años, para promover la movilización de financiamiento para asegurar que los bosques y selvas se mantengan intactas. Si bien se buscaban grandes compromisos previos a COP, unos días antes, en la Cumbre de Líderes se anunciaron compromisos por 5,500 millones de dólares, menor a lo esperado.   Fotos: Oficial COP30 Si bien esta fue una buena señar para arrancar el proceso de COP, lo cierto, es que este es un compromiso gestado fuera del proceso de la convención y aunque el recurso podría contarse como parte de la nueva meta de financiamiento, se necesita más claridad, sobre como los países van a movilizar al menos 1.3 o más billones de dólares.   Por eso se requiere que la COP concluya con una meta de financiamiento que de certeza al proceso y que de claras indicaciones de que el sistema funciona y sobre todo que funciona para la mayoría, que son los países en desarrollo, en particular para quienes viven los estragos del cambio climático.   Es claro que Brasil también vive un contexto nacional político complicado, tras una racha de mucho apogeo político, está cercano a un cambio electoral, que podría poner en riesgo su liderazgo climático. Es decir, la presión para el país va más allá del proceso internacional. Sin embargo, su liderazgo internacional, también será clave para el mundo, más allá de las realidades que pueda estar experimentando el país a nivel nacional, y es importante tener esa claridad a la hora de conducir las conversaciones. El mundo tiene fe en Brasil, lo que se busca ahora es que Brasil de fuerza al proceso y conduzca las conversaciones de manera efectiva, transparente e incluyente. De eso dependerá el éxito de esta COP. Les invitamos a complementar la lectura con nuestra nota https://www.gflac.org/single-post/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-la-ruta-de-bak%C3%BA-a-bel%C3%A9m-para-movilizar-1-3-billones-de-d%C3%B3lares-para-a

With COP30 just days away in Belém, Brazil, the Brazilian and Azerbaijani presidencies responsible for designing the Baku to Belém Roadmap to mobilize at least $1.3 trillion have finally published an 81-page document. The long-awaited Roadmap has generated expectations, not only because it is the agreed path to go from the $300 billion agreed at COP29 to the $1.3 trillion (aspirational goal), but also because it represents the commitment and signals that the system is still committed to supporting the actions of developing countries, above all, to achieve the implementation of Nationally Determined Contributions (NDCs) and National Adaptation Policies (NAPs), among other relevant instruments. Photo: Rafa Neddermeyer/COP30 The document , which has a structure very similar to the document produced by the so-called Circle of Ministers coordinated by the Brazilian Ministry of Finance, has some positive aspects, some negative aspects, and some that should not have been included at all.   The good: Diversity of instruments: it refers to the importance of mobilizing a diversity of instruments, recognizing the importance of debt relief and expanding fiscal space so as not to further affect developing countries. Inclusion of critical thematic areas: it recognizes the importance of adaptation as an important area, also acknowledging the issue of loss and damage, in addition to listing other key sectors such as forests, oceans, agriculture, and mountain ecosystems, all of which require specific and different financial treatment, introducing some measures. Recognition of the vulnerability of islands and least developed countries: the various sections of the Roadmap recognize the high vulnerability of island countries and least developed countries, but do not always mention all the regions that make up the global south, such as those in Africa, Latin America, and Asia. Local capacities, readiness mechanisms, and project preparation: The Roadmap discusses the importance of continuing to strengthen countries' capacities to access financing and the importance of readiness programs for this purpose, including the preparation of proposals, which have been some of the most important demands of developing countries.  Strengthening local financial institutions such as National Development Banks (NDBs): The importance of strengthening national financial institutions, such as development banks, and how they can better coordinate with institutions such as multilateral development banks and others is discussed. Climate and nature synergies:  Emphasizes the importance of working on interconnections such as synergies between climate and nature conventions, in addition to other thematic agendas, which would facilitate coordination processes in developing countries, if there is no double counting of financing. Vision for the future: despite the repeated message that the Roadmap is not a negotiating element within COP30, the presidencies included a series of possible options to further strengthen the path opened by this document, allowing us to envisage a scenario that goes beyond the COP itself.   Although several points included allow for a forward-looking vision, the Roadmap has many other elements that make it a document with little transformative power, resulting in a repetition of failed measures. The bad: Weak call to fulfill the obligations of developed countries: while the Roadmap stems from Article 9 of the Paris Agreement, which calls on developed countries to take the lead in providing and mobilizing finance, the Roadmap refers to bilateral cooperation as a minor element, leaving aside the possibility of creating stronger, more transparent, and more predictable commitments for this finance from the public budgets of developed countries, which is what gives predictability to other types of instruments. Partial treatment of debt: despite recognizing the debt crisis as a major barrier for developing countries, the Roadmap limits itself to considering debt sustainability mechanisms, rather than appropriate treatment according to the conditions of each country, which in some cases will require cancellations, in others there will be opportunities for change, and only in a few will there be possibilities for making it sustainable. This is without mentioning that it does not discuss the possibility of creating a more robust apparatus to address the debt issue beyond the voluntary activities presented in the Seville Platform. Critical role of multilateral development banks, but with a vague call for attention: the importance of the role of MDBs as key actors of change and mobilization is stated, but vague measures for their structural reform are included, not to mention that it is suggested that only by improving transparency will institutions achieve the major actions that are required. The call to MDBs is weak and suggests a "business as usual" trajectory for them. Adaptation in narrative, but not in proposals : it attempts to list a series of measures, including those for key sectors such as adaptation, but it sticks to short-range measures to achieve resource scalability, leaving the issue of adaptation as mere narrative rather than at the center of the objectives. This is because it does not present clear, diverse, and cross-cutting proposals to ensure that financing is fair, accessible, and in the form of grants for adaptation, leaving philanthropy with the message that it should be the one to address this issue. Call to improve access, without measures to achieve it: it is recognized that access to financing is another key issue in the poor quality of financing, but it does not clearly indicate the need to create schemes or windows of access for the most vulnerable populations, such as indigenous communities, Afro-descendants, youth, women, children, and other vulnerable groups. While harmonizing processes helps, the problem is that there are no facilities for vulnerable populations. Increasing effectiveness without impact measures : Although it calls for increased effectiveness as a key part of future actions, it does not integrate the need to generate differentiated impact measures to ensure that financing not only comes and is provided in an appropriate manner, but is also allocated through the appropriate means to achieve the appropriate impact, which must be differentiated in terms of mitigation, adaptation, loss and damage, but also by population segments, women, men, and other aspects. Limited options for increasing climate finance, no call to reduce high-carbon investments : the roadmap refers to limited measures to actually mobilize climate finance. The biggest gap is that it fails to mention the reduction of carbon-intensive investments as an effective, clear, and perhaps unique way to increase the efficiency and impact of climate finance. Expanding fiscal space in the narrative, but not in the proposals : the roadmap discusses the importance of expanding countries' fiscal space, but does not include concrete measures to support this process, nor does it refer to other ongoing processes such as the Fiscal Convention, which should be linked to the medium- and long-term process. Measures for transparency but not to end greenwashing: it is recognized that measures such as the implementation of an interoperable framework for the implementation of sustainable taxonomies and the creation of more transparency schemes for the private sector will help to mobilize more of this capital . However, it lacks proposals to regulate and end greenwashing by companies, and avoids addressing the necessary mandatory nature of these schemes to ensure long-term success.  These are just some of the measures that make the Roadmap somewhat transformative, but there are perhaps three other measures that should not be included in it for any reason. The ugly: Accounting for remittances: it is clear that developing countries will need all kinds of resources to increase their climate finance, but counting all the resources generated by countries is not associated with the responsibilities of developed countries to provide finance. Perhaps it can be related to making all flows compatible with low-carbon development, but that is associated with Article 2.1.c and not with the Roadmap. Integration of measures that do not contribute to low-carbon development at their root: the integration of measures such as carbon capture and storage has been highly questioned due to their inability to transform development trajectories. However, the Roadmap integrates them as areas of investment, which should not be considered. Integration of market mechanisms as a source of financing:  Market mechanisms are discussed as one of the sources of financing, despite the fact that it has been argued that these resources should not be mixed, because not all developing countries have access to these mechanisms, which have also not proven to be effective in reducing emissions. In general, the Roadmap confuses actions to support developing countries with actions to transform all financing flows. In other words, it confuses the origin and purpose of Article 9, which focuses on supporting developing countries, with Article 2.1.c, which is dedicated to transforming all financing flows. This is a central flaw in the narrative and integration of the document. A major flaw is that it fails to make the necessary connections, both within and outside the Convention, which makes the Roadmap a visionless instrument. The future Given that the Roadmap lacks tangible and transformative responses associated with the needs of all developing countries, as many of the alternatives may be true in some emerging country contexts but not in all developing countries, what can be done is to agree on some steps forward: 1.       Accept the Roadmap as a first effort , but set a maximum period of one year for its review and integration of tangible actions to move towards the real mobilization of financing with the characteristics included in the Roadmap's mandate, in collaboration and coordination with the parties and entities observing the process. This will require a major diplomatic effort on the part of Brazil to work with countries on the adoption of this document as a critical element of COP30. 2.       Mandate the Standing Committee on Finance to conduct a detailed review of the elements of the Roadmap, as part of the follow-up to the decision on the new target, but integrating a mandate that addresses the review of both quantitative and qualitative aspects, to avoid a report that does not allow for course correction. 3.       Mandate that the new climate finance target and the Roadmap take into account and connect with other processes within and outside the Convention, so that it marks a path of connection and not a parallel path that is independent and disconnected from the processes. Many of us have invested time in this process because we believe it can be transformative, but in the wrong hands it can be a barrier to progress. This is a call to Brazil, and to all countries, to work together to make this Roadmap the path we need to scale up fair, sustainable, and truly transformative financing.

A escasos días de la COP30, a celebrarse en Belém, Brasil, las presidencias de Brasil y de Azerbaiyán responsables de diseñar la Ruta de Bakú a Belém para movilizar al menos 1.3 billones de USD, han finalmente publicado un documento de 81 páginas. La esperada Ruta ha generado expectativas, no solo porque es la vía acordada para ir de los 300 mil millones acordados en la COP29, a los 1.3 billones (meta aspiracional), sino porque representa el compromiso y las señales de que el sistema aún está comprometido con apoyar las acciones de los países en desarrollo, sobre todo, para alcanzar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés) y las Políticas Nacionales de Adaptación (NAPs por sus siglas en inglés), entre otros instrumentos relevantes. Foto: Rafa Neddermeyer/COP30 El documento que presenta una estructura con muchas similitudes al documento producido por el denominado Círculo de ministros coordinador por el Ministerio de Hacienda de Brasil, tiene algunos aspectos positivos, otros negativos, y algunos que no debieran haber sido incluidos de ninguna manera.   Lo bueno: Diversidad de instrumentos:  hace alusión a la importancia de movilizar una diversidad de instrumentos, reconociendo la importancia de la atención de la deuda y la ampliación del espacio fiscal para no afectar más a los países en desarrollo. Inclusión de áreas temáticas críticas: reconoce la importancia de la adaptación como área importante, reconociendo también el tema de las pérdidas y los daños, además de que enlista otros sectores clave como bosques, océanos, agricultura, ecosistemas de montaña, todos que requieren un tratamiento financiero particular y diferente, introduciendo algunas medidas. Reconocimiento de la vulnerabilidad de las islas y los países menos  desarrollados: se reconoce en las diversas secciones de la Ruta la alta vulnerabilidad de los países insulares, y de los países menos desarrollados, sin embargo, no siempre se mencionan todas las regiones que conforman el sur global, como son aquellas de África, América Latina y Asia. Capacidades locales, mecanismos de preparación y preparación de proyectos: se habla de la importancia de seguir fortaleciendo las capacidades de los países para que accedan a financiamiento, y la importancia de programas de preparación para ello, incluyendo preparación de propuestas que han sido algunas de las demandas más importantes de los países en desarrollo.  Fortalecimiento de instituciones financieras locales como la Banca Nacional de Desarrollo (NDBs):  Se habla de la importancia de darle más fuerza a las instituciones financieras nacionales, como la banca de desarrollo, y como pueden articularse mejor con instituciones como la banca multilateral y otras. Sinergias clima y naturaleza:  enfatiza la importancia de trabajar en interconexiones como las sinergias entre las convenciones de clima y naturaleza, además de otras agendas temáticas, lo que facilitaría procesos de coordinación en países en desarrollo, siempre y cuando no se caiga en doble contabilización de financiamiento, que discuto abajo.   Visión de futuro: pese al repetido mensaje de que la Ruta no es un elemento de negociación dentro de la COP30, las presidencias incluyeron una serie de posibles opciones para seguir robusteciendo el camino que abre este documento, lo que permite pensar en un escenario que vaya más allá de la COP misma.   Pese a que varios puntos incluidos permiten una visión hacia adelante, la Ruta tiene muchos otros elementos que la hacen un documento poco transformador, y que resultan en una repetición de medidas fallidas. Lo malo: Llamado tibio a cumplir con las obligaciones de los países desarrollados:  mientras que la Ruta nace del artículo 9 del Acuerdo de París, que llama a los países desarrollados a tomar el liderazgo en la provisión y movilización de financiamiento, la ruta habla de la cooperación bilateral como un elemento menor, dejando de lado la posibilidad de crear compromisos más fuertes, transparentes y predecibles de este financiamiento proveniente de los presupuestos públicos de los países desarrollados, que es lo que da predictibilidad a otro tipo de instrumentos. Tratamiento parcial de la deuda:  pese a reconocer la crisis de deuda como una gran barrera para los países en desarrollo, la ruta se limita a pensar en mecanismos de sostenibilidad de la deuda, y no un tratamiento adecuado según las condiciones de los países, que en algunos casos necesitaran cancelaciones, en otros habrá oportunidades de cambio, y solo en algunos habrá posibilidades de hacerla sostenible. Esto sin dejar de lado, que no habla de la posibilidad de crear un aparato más robusto que trate el tema de la deuda más allá de las actividades voluntarias presentadas en la Plataforma de Sevilla.   Rol crítico de los bancos multilaterales de desarrollo, pero con vago llamado de atención: se enuncia la importancia de rol de los BMDs, como actores clave del cambio y de la movilización, pero se integran medidas vagas para su reforma estructural, sin dejar de mencionar que se sugiere que solo mejorando la transparencia las instituciones lograrán las grandes acciones que se requieren. El llamado a las BMD es débil y sugiere una trayectoria “bussiness as usual” para ellos. Adaptación en la narrativa, pero no en las propuestas : intenta enlistar una serie de medidas, incluyendo aquellas para sectores clave, como la adaptación, pero se queda con medidas de corto alcance para alcanzar la escalabilidad de los recursos, dejando el tema de adaptación en mera narrativa y no en el centro de los objetivos. Lo anterior porque no presenta propuestas claras, diversas y transversales para asegurar que el financiamiento sea justo, accesible y en forma de donaciones para la adaptación, dejando a la filantropía el mensaje de que debe ser quien lo atienda.   Llamado a mejorar el acceso, sin medidas para lograrlo : se reconocer que el acceso al financiamiento es otro de los temas clave de la escasa calidad del financiamiento, sin embargo, no señala con claridad la necesidad de crear esquemas o ventanas de acceso a para poblaciones más vulnerables, como comunidades indígenas, afrodescendientes, jóvenes, mujeres, niñez y otros grupos en estado de vulnerabilidad. Si bien armonizar procesos ayuda, el problema es que no hay facilidades para poblaciones vulnerables. Elevar la efectividad sin medidas de impacto : si bien llama a incrementar la efectividad, como pieza clave de las acciones por venir, no integra la necesidad de generar medidas de impacto diferenciadas, para asegurar que el financiamiento no solo viene y se provee de la manera adecuada, sino que se asigna por lo medios adecuados para lograr el impacto adecuado, que debe ser diferenciado en cuando a mitigación, adaptación, pérdidas y daños, pero también por segmentos de la población, mujeres, hombres y otros aspectos.   Cortas opciones para aumentar el financiamiento climático, nulo llamado a bajar las inversiones altas en carbono : la ruta habla de medidas limitadas para realmente movilizar financiamiento climático, el mayor vacío es que es incapaz de hablar de la reducción de inversiones intensivas en carbono, como una vía eficaz, clara y quizá única, para elevar la eficiencia y el impacto del financiamiento climático. Ampliar el espacio fiscal en la narrativa, pero no en las propuestas : se habla de la importancia de ampliar el espacio fiscal de los países pero no se integran medidas concretas que favorezcan este proceso, y no se hace alusión a otros procesos en marcha como la Convención Fiscal, que debiera conectarse con el proceso de mediano y largo plazo. Medidas para la transparencia pero no para acabar con el green washing:  se reconoce que medidas como la puesta en marcha de un marco inter operable para la implementación de las taxonomías sostenibles, y generar más esquemas de transparencia del sector privado, serán las que ayudarán a movilizar más ese capital sin embargo, carece de propuestas para regular y acabar con el green washing de las empresas, y evita entrar a la necesaria obligatoriedad de estos esquemas para asegurar el éxito en el largo plazo.  Estas son solo algunas medidas que hacen de la Ruta una poco transformadora, pero quizá hay otras tres medidas que no deberían estar en ella, por ninguna razón. Lo feo: Contabilizar remesas:  es claro que los países en desarrollo van a necesitar todo tipo de recursos para elevar su financiamiento climático, pero el contar todos los recursos generados por los países no se asocia a las responsabilidades de países desarrollados con la provisión de financiamiento. Quizá se puede relacionar a hacer todos los flujos compatibles con el desarrollo bajo en carbono, pero eso está asociado a artículo 2.1.c y no a la Ruta. Integración de medidas que no contribuyen con el desarrollo bajo en carbono de raíz: la integración de medias como captura y almacenamiento de carbono, han sido altamente cuestionadas por su falta de capacidad de transformar las trayectorias de desarrollo, sin embargo, la Ruta lo integra como áreas de inversión, lo cual no debe considerarse. Integración de mecanismos de mercado como una fuente de financiamiento: se habla de los mecanismos de mercado como una de las fuentes de financiamiento, pese a que se ha hablado que estos recursos no debieran mezclarse, porque no todos los países en desarrollo tienen   acceso a estos mecanismos, que tampoco han demostrado ser efectivos para reducir emisiones. En general la Ruta confunde las acciones de apoyo a los países en desarrollo, de las acciones para transformar todos los flujos de financiamiento, es decir, confunde el origen y el propósito del Artículo 9 enfocado al apoyo de los países en desarrollo, con el Artículo 2.1.c dedicado a la transformación de todos los flujos de financiamiento, este es un fallo central en la narrativa y en la integración del documento. Un fallo mayor es que no logra hacer las conexiones necesarias, tanto de procesos dentro de la Convención, como de procesos fuera de la Convención, lo que hace de la Ruta un instrumento carente de visión. El futuro Dado que la Ruta carece de respuestas tangibles y transformadoras, asociadas a las necesidades de todos los países en desarrollo, pues muchas de las alternativas, pueden ser verdad en algunos contextos de países emergentes, pero no de todos los países en desarrollo, lo que se puede hacer es acordar algunos pasos hacia adelante: 1.       Dar recepción a la Ruta como un primer esfuerzo , pero dar un plazo máximo de un año para su revisión e integración de acciones tangibles para avanzar hacia la real movilización de financiamiento con las características que se incluyen en el mandato de la ruta, en colaboración y coordinación con las partes y entidades observadoras del proceso. Esto requerirá de un esfuerzo diplomático muy grande de parte de Brasil, para trabajar con los países en la adopción de este documento como elemento crítico de la COP30. 2.       Mandatar al Comité Permanente de Financiamiento  la revisión detallada de los elementos de la Ruta, como parte del seguimiento de la decisión de la nueva meta, pero integrando un mandato que hable de la revisión de aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, para evitar que sea un reporte que no permita corregir el camino. 3.       Mandatar que lo derivado de la nueva meta de financiamiento climático y de la Ruta tome en cuenta y se conecte con otros procesos dentro y fuera de la Convención, para que marque un camino de conexión y no un camino paralelo independiente y desconectado de los procesos. Muchas personas hemos invertido tiempo en este proceso, porque creemos que puede ser trasformador, pero en las manos equivocadas puede ser una barrera para avanzar. Este es un llamado para Brasil, y a todos los países, para que trabajen conjuntamente, para hacer de esta Ruta el camino que necesitamos para escalar un financiamiento justo, sostenible y realmente transformador.

Autor : Percy Luis García  El quinto día de la 6ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025  estuvo lleno de entusiasmo, reflexiones, sugerencias, experiencias y un llamado a actuar de manera más contundente para preservar los ecosistemas amazónicos para las futuras generaciones, con una fuerte crítica a las actividades extractivas y haciendo énfasis en que el financiamiento climático debe tener una mirada de justicia y de género. La primera sesión, denominada " Mujeres amazónicas por las finanzas sostenibles: una visión con perspectiva de género " , comenzó con una reflexión por parte de Valezka Ruiz, moderadora, sobre el papel que Oxfam realiza en diversos países de América Latina, orientado a encontrar soluciones a los problemas que enfrentan todas las personas del territorio amazónico. Luego se planteó a todos los panelistas la pregunta: “¿Por qué es importante proteger los ecosistemas como el amazónico cuando hablamos de un sistema financiero justo, sostenible e inclusivo desde una perspectiva de género?” Belén Páez, de la Fundación Pachamama de Ecuador, hizo mención a la economía regenerativa, vinculada con una economía para la vida. Señaló que el concepto de género no es solo una cuestión de equidad, sino también ecológica, y destacó la necesidad de pasar de sistemas extractivos a sistemas vivos. Juana Demarchi, del Fondo de Mujeres del Sur de Argentina, comentó cómo el cambio climático afecta a las comunidades a través de sequías, inundaciones y escasez de alimentos, y destacó el apoyo que brindan a mujeres de la Amazonía, señalando que muchas veces llega con condicionamientos. Por su parte, Lorena Terrazas de PAZINOE Bolivia resaltó la importancia de promover propuestas específicas para que las mujeres accedan a fondos climáticos. A la pregunta “¿Qué mecanismos financieros permiten que las mujeres amazónicas tengan incidencia en políticas públicas?” , las panelistas coincidieron en que los mecanismos deben organizarse por biorregiones que reconozcan la diversidad de formas de vida y deben ser reconocidos como inversiones para la vida. También señalaron que las mujeres necesitan recursos para sostener lo que ya hacen y crear alternativas de vida, que los financiamientos sean flexibles y a largo plazo, y que se tenga en cuenta la fragilidad de quienes viven cerca de lugares donde el extractivismo está presente como actividad económica. Finalmente, Fany Kuiru de COICA, Colombia, comentó que las mujeres indígenas son restauradoras genuinas de los territorios y actoras claves en la gobernanza climática, y que ese rol debe ser reconocido. Solicitaron financiamientos sostenibles en el tiempo y la importancia de sostener la microeconomía local para que la economía circule, destacando la necesidad de fortalecer a las mujeres en temas financieros con acompañamiento permanente. En la sesión 2, sobre Pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales: conocimientos, derechos y gobernanza de bienes comunes , Isabel Iturralde, moderadora, contextualizó la estrategia biocultural implementada en la Amazonía ecuatoriana, que aporta a la ejecución de compromisos globales del proyecto. Joel Koupermann, representante de la Fundación Pachamama, mencionó que la estrategia biocultural es liderada por las propias comunidades, quienes deciden cómo gestionar sus recursos pensando en futuras generaciones, destacando la necesidad de desarrollar capacidades en tecnologías y sistemas financieros. Verónica Tentets, Coordinadora Territorial de la estrategia biocultural, mencionó los conocimientos ancestrales que permiten vivir en la Amazonía, así como la transmisión de tecnología a los jóvenes en sus propios idiomas. Gisel Booman destacó la importancia del blockchain para una gestión transparente y trazable de las finanzas climáticas. Los panelistas enfatizaron que los efectos del cambio climático son visibles día a día en la Amazonía y resaltaron la importancia de la hermandad y el liderazgo comunitario. También subrayaron la necesidad del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades para acceder a financiamiento climático, y destacaron la relevancia de proyectos bioculturales para que los niños no pierdan las costumbres y la cultura de sus antepasados. Asimismo, hicieron notar que si la población de la Amazonía no está sana, el hábitat tampoco lo estará. Finalmente, recalcaron la importancia de proteger los datos territoriales de la Amazonía para el beneficio de las comunidades, reconocieron el capital natural no valorizado hasta ahora y hicieron un llamado a la COP30 para visibilizar el mundo indígena, enfatizando que los recursos financieros climáticos no deben generar deudas. La sesión 3 estuvo dedicada a los jóvenes, bajo el título “Bioeconomía y nuevos imaginarios de futuro” , espacio donde se describió cómo las juventudes del continente impulsan cambios desde sus comunidades, construyendo nuevos imaginarios y prácticas económicas centradas en la regeneración y la vida. Verónica Montenegro, moderadora, preguntó: “¿Cuáles son las propuestas que las juventudes, en especial las mujeres jóvenes, tienen para cambiar el rumbo hacia sistemas más justos e inclusivos?” Mayrelis Moya, del Pueblo Warao (Venezuela), señaló que las mujeres tienen gran responsabilidad con su entorno, comunidad y territorio, mencionó la relación especial con el árbol moriche, considerado fuente de vida y base de economía local, y recordó que no hay justicia ambiental sin justicia social y equidad económica. Adela Tuy, de Guatemala, destacó que la COP30 se centrará en adaptación y representa oportunidades para visibilizar demandas y perspectivas jóvenes, mencionando la limitante de idioma en eventos internacionales. Mariana Campos, de México, señaló que iniciativas locales pueden tener impacto global, citando un caso llevado a la Corte Internacional sobre responsabilidad de gobiernos locales. Luz Yenid Espinoza, de Colombia, recalcó la importancia de que los jóvenes se organicen en red para participar en eventos de incidencia política. Mayrelis Moya también destacó que el diálogo entre saberes ancestrales y propuestas de bioeconomía juvenil es esencial para un futuro sostenible, insistiendo en que las propuestas territoriales deben respetarse con equidad y comprensión mutua. Mariana Campos reiteró que la incidencia política de la sociedad civil es posible mediante la organización de eventos que involucren gobierno y comunidad internacional. Adela Tuy señaló que es posible crear nuevas formas de economía usando productos ancestrales, y Luz Yenid Espinoza enfatizó el relevo generacional que garantice la economía de mujeres indígenas y afrodescendientes. Sesión de cierre: Construyendo el futuro sostenible — Reconocimiento a mujeres líderes GFLAC reconoció a cinco mujeres de América Latina que lideran avances en financiamiento sostenible a favor de mujeres indígenas y juventudes. Luz Andina (GFLAC) dio paso a Sandra Guzmán, fundadora y directora de la organización, quien anunció los reconocimientos: Belén Páez — Fundación Pachamama (Ecuador), Mariuz Calvet — Directora de Sostenibilidad de Santander (México), Carol Riofrío — Women in Finance (Ecuador), Tatiana Assali — Programas Nint (Brasil), Luisa Montes — Ecovalores (México) El evento concluyó con un reconocimiento a panelistas, aliados y voluntariado por su compromiso en la organización . f En resumen, el quinto día de la 6ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025  evidenció que la Amazonía es el corazón de la resiliencia planetaria y que las mujeres indígenas desempeñan un rol protagónico en su defensa. Se abogó por mecanismos financieros flexibles que reconozcan la diversidad biocultural y promuevan economías para la vida. Las juventudes presentaron propuestas transformadoras basadas en innovación con identidad. Se destacó la importancia del consentimiento comunitario, la protección de datos territoriales y el fortalecimiento de capacidades financieras. El evento visibilizó barreras estructurales pero también oportunidades como la COP30 y reconoció el liderazgo de mujeres que abren caminos hacia finanzas más justas, sostenibles e inclusivas en América Latina. Les invitamos a revivir este día en el siguiente enlace:

Por: Julissa García Durante décadas, el concepto de “progreso” se ha medido con indicadores que ignoran la desigualdad, las raíces culturales y la destrucción ambiental que deja a su paso. Pero en este penúltimo día de la 6ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025, organizada por el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), esa idea fue desafiada. El cuarto día inició con la sesión "Repensando el desarrollo desde el Sur Global" , donde Lala Peñaranda, coordinadora regional de Trade Unions for Energy Democracy (TUED), hizo una crítica contundente hacia la infraestructura económica actual, la cual fue diseñada desde el colonialismo y el neoliberalismo. Como evidencia, señaló que más del 80 % de las grandes empresas energéticas en América Latina se encuentran en manos privadas y extranjeras. Desde esta perspectiva, Peñaranda destacó la necesidad urgente de recuperar la propiedad pública de los recursos, dejar de tratarlos como mercancías y democratizar su gestión. Su propuesta busca integrar la justicia económica, ambiental y social, vinculándola directamente con la soberanía de los pueblos originarios sobre sus territorios. Esta perspectiva se vio profundizada por otras voces fundamentales. En particular, el líder maya Francisco Rocacal aportó al debate una dimensión cultural indispensable, al señalar que todo desarrollo auténtico debe cimentarse en una "economía plural de interés público y social que respete la cosmovisión de los pueblos" . Desde su perspectiva, este camino conduce hacia una economía comunitaria, descolonizada y despatriarcalizada, donde la filosofía del "buen vivir" desplaza definitivamente la obsesión por un crecimiento sin límites. Desde el ámbito de la economía, Mariana Matamoros, Coordinadora en Dejusticial, complementó esta visión con una propuesta concreta. Ella abogó por reformar el sistema de contabilidad económica para que, además de los aspectos financieros, incluya el valor de la naturaleza y el bienestar real de las personas. Según explicó, este cambio es fundamental porque permitiría dejar atrás el uso del PIB como única medida del progreso y, al mismo tiempo, alinear de manera más efectiva la acción climática con la justicia social y la salud de las comunidades. La segunda sesión, titulada “Trazando rutas de financiamiento hacia nuevas formas de desarrollo: las NDCs como una oportunidad” , exploró el potencial de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) como instrumentos que trascienden lo climático para convertirse en herramientas de desarrollo. Andrea Hurtado, Directora de Cambio Climático de SEMARNAT, lo resumió claramente al afirmar que "la NDC no es un plan climático, es una hoja de ruta para un mejor desarrollo" . Durante su intervención, recalcó la necesidad de transformar estos compromisos en carteras de proyectos tangibles y participativos, que involucren a todos los sectores y prioricen las soluciones basadas en la naturaleza. Desde Colombia, Claudia Merchán, del Departamento Nacional de Planeación, añadió que es urgente dirigir las NDC hacia alternativas productivas que promuevan tanto la transición justa como la biodiversidad. Subrayó que la coherencia entre las políticas de desarrollo y climáticas resulta indispensable para evitar que los esfuerzos se queden en declaraciones sin acciones concretas. Por su parte, Abdiel Douglas, del Ministerio de Ambiente de Panamá, hizo hincapié en que las NDC deben diseñarse con transparencia, metas medibles y sostenibilidad financiera, considerando que los fondos climáticos disponibles siguen siendo limitados y altamente competitivos. Por lo tanto, las NDC pueden actuar como puentes entre las demandas locales y el financiamiento internacional, siempre que se fundamenten en una visión de desarrollo territorial, inclusivo y de largo alcance. En la tercera sesión, titulada “Trazando el futuro de la bioeconomía en Brasil: camino a la COP30” , se mostró la bioeconomía como un campo de experimentación prometedor, entendida como una forma de valorar los recursos naturales más allá del simple extractivismo. Con la mira puesta en la COP30, se aspira a liderar soluciones basadas en la naturaleza, utilizando la vasta biodiversidad como base para un modelo económico regenerativo. En la sesión se remarcó que la bioeconomía no debe reducirse a un eslogan atractivo, sino que requiere políticas públicas bien estructuradas que fomenten la investigación, innovación e integración social, en particular de las comunidades amazónicas y rurales. La Fundación Pervivir de Colombia cerró el cuarto día de la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible con la ponencia “Proyecto transformador: Fundación Pervivir-Colombia” , en la cual presentaron su modelo de desarrollo regenerativo, un enfoque que sitúa a la tierra, la cultura y la comunidad en el centro de la actividad económica. A través de su trabajo en soberanía alimentaria, bienestar colectivo y restauración de paisajes, demuestran que es posible construir sistemas sostenibles sin perder la identidad ni afectar el equilibrio ambiental. El concepto de "pervivir" guía su propuesta, definido como "saber ser y estar siendo sin dejar de ser como somos a través del tiempo" . Esta filosofía refleja la esencia del Sur Global: la capacidad de resistir, adaptarse y transformarse desde las raíces, sin renunciar a la identidad. En esta era de crisis planetaria, repensar el desarrollo desde la perspectiva del Sur Global ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad urgente y un acto de justicia histórica. Para que la transición sea verdaderamente justa, es fundamental reconocer la deuda climática acumulada y construir procesos de toma de decisiones horizontales y descentralizados. Estos deben trascender los centros tradicionales de poder para incluir de manera interseccional a las periferias, garantizando que las voces y los saberes de los pueblos originarios sean escuchados y tengan un papel protagónico. Solo así podremos construir un futuro donde el vivir y el permanecer signifiquen, al mismo tiempo, regenerar. Les invitamos a revivir este día en el siguiente enlace:

Por Ana Paola González Lara y Claudia Zambrano. La crisis climática no es entendida como una prioridad global lo suficiente como para movilizar los recursos públicos en un espacio fiscal ya tensionado, y transformarlos en políticas fiscales con metas de sostenibilidad que impulsen el crecimiento y la resiliencia, tanto económica como humana, y que concluyan con eficiencia en el gasto. Con este fuerte mensaje, Nathalie Beghin arrancó el tercer día de la 6ta Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025, organizada por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) y organizaciones aliadas. Empezando con la Sesión 1: Ampliación del espacio fiscal para invertir en la vida y en la naturaleza , se abordó la coordinación regional e internacional en materia fiscal, con énfasis en la necesidad de establecer reglas que prevengan el abuso y el desperdicio de recursos públicos. Asimismo, se resaltó la integración de objetivos climáticos al diseñar la política fiscal por los ministerios de Hacienda (o ministerios de Economía, en algunos países de la región), dado la posición privilegiada de este tipo de instituciones dentro de los gobiernos correspondientes. Se tomó como eje rector la conexión entre la ampliación del espacio fiscal y el gasto. Como señala Daniela Torres Peláez con información desde el BID (Banco Iberoamericano de Desarrollo): “por cada dólar ahorrado en infraestructura resiliente se obtienen 4 dólares de beneficios netos”. Otro punto a resaltar es la importancia de reconocer la interconexión de la biodiversidad con la crisis climática y la estabilidad macroeconómica, ya que la pérdida de biodiversidad asegura una caída del 3,3 % del PIB regional. Se mencionó el papel de la convención fiscal como una herramienta de movilización y como un espacio de articulación del Sur Global frente a los desafíos de justicia fiscal. Finalmente, se retomó el debate sobre los impuestos al carbono, señalando que su recaudación no siempre se reinvierte en acciones climáticas, y que estos instrumentos, por sí solos, no bastan sin una transformación profunda del modelo de producción y consumo. Durante la Sesión 2: Incrementando la cantidad y la calidad del financiamiento para la protección del clima y la biodiversidad , los ponentes destacaron la importancia de identificar y promover proyectos “bancables”, es decir, iniciativas que no solo sean financieramente viables, sino también significativas para la población y que contribuyan a concientizar sobre la urgencia del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Se subrayó el rol de los fondos verdes, como los de la CAF, en brindar reconocimiento y visibilidad a proyectos ambientales que fortalecen las cadenas de valor sostenibles, por ejemplo, aquellos orientados a la protección de manglares. De manera similar a lo enfatizado en sesiones anteriores, se resaltó la necesidad de trabajar a nivel subnacional, donde los gobiernos locales están más cerca de las comunidades, de las mujeres y de las verdaderas necesidades territoriales. Así, la participación ciudadana es un eje central en el financiamiento sostenible, para incentivar la toma de acciones climáticas. Al respecto, en la sesión se planteó fortalecer la red de biodiversidades y crear nuevos instrumentos financieros que faciliten la participación local. También se enfatizó que el lenguaje y la medición del impacto son elementos fundamentales en el proceso de los bancos de desarrollo, que avanzan en la incorporación del riesgo climático como riesgo financiero. A largo plazo, el riesgo climático puede generar un impacto negativo mayor en la bancabilidad de los proyectos sostenibles. Finalmente, se discutió cómo acelerar la ejecución de proyectos que aún no son bancables, reduciendo la exposición al riesgo y construyendo confianza para atraer más inversión hacia la acción climática y la conservación de la biodiversidad. Sobre este punto, y como se explicó en otras sesiones, es importante mencionar que la reducción del riesgo puede ir de la mano no solo con la participación de entidades privadas, sino especialmente con el involucramiento de las entidades públicas. En la Sesión 3: Transitando el financiamiento a través de las taxonomías sostenibles , se discutió una de las herramientas más importantes para identificar, medir y supervisar proyectos de sostenibilidad: la implementación y aprobación de taxonomías. Los expositores destacaron que la transparencia y los datos abiertos son la base para una acción climática efectiva, así como la creación de una red coordinada de datos, con metodologías y lenguaje comunes, que contribuya a democratizar el conocimiento y fortalecer la toma de decisiones en materia de sostenibilidad. A través del Observatorio de Taxonomías de América Latina y el Caribe , se presentó un mapa global y regional de taxonomías sostenibles, que identifica los procesos en desarrollo, en planeación y los casos abandonados, con un enfoque regional que busca cerrar brechas de información y vincular los sectores económicos involucrados. Estas taxonomías en progreso se adaptan a las necesidades de cada país, manteniendo al mismo tiempo un marco global comparable, basado en los principios de inclusión social, transición justa y protección de la biodiversidad, para alinear las finanzas con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible. En América Latina, las taxonomías aún se encuentran en una etapa temprana, lo que limita la medición de su impacto. No obstante, como señaló Davide Fiedler, Líder del Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles de Guatemala – CCFS , el caso de Guatemala muestra avances en la creación de un lenguaje común y criterios compartidos, que podrían convertirse en la base de un sistema coherente de captación y movilización de actores del mercado, ofreciendo herramientas técnicas y acceso simplificado al financiamiento verde. Finalmente, se destacó la verificación de la información como un elemento esencial. Este proceso debe comenzar con una comunicación clara sobre su uso, la aplicación de marcos de referencia técnicos y la alineación con taxonomías o criterios que eviten daños significativos, garantizando salvaguardas sociales y facilitando el seguimiento y la trazabilidad de las inversiones sostenibles. Te invitamos a revivir esta encuentro completo en Youtube:

Autoras: Ana Paola González Lara y Claudia Zambrano Tras un exitoso primer día de la 6ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025, organizada por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), continuamos las discusiones sobre modelos económicos que pongan en el centro a la naturaleza y a las personas.Como punto focal de la jornada se planteó la inversión financiera en proyectos por la naturaleza, no como un costo, sino como una visión de futuro. El objetivo es asegurar la acción climática y brindar certidumbre, claridad y viabilidad económica a los inversores privados, sin olvidar el valor del capital natural. En la Sesión 1: “Transitando hacia economías basadas en la protección de la naturaleza” , se estableció que son necesarias las soluciones basadas en la naturaleza. No obstante, los limitados recursos fiscales y la falta de planificación sectorial de los gobiernos dificultan el financiamiento de tales iniciativas.Santiago Lorenzo, de la Unidad de Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos (CEPAL), indicó la necesidad de invertir al menos el 5% del PIB regional para financiar mecanismos de adaptación climática. Sin embargo, señaló que esto no sucede debido a la desigual distribución del ingreso en los países del Sur Global —a diferencia de la región asiática, donde destinar dichos recursos no resulta alarmante ni imposible—. Una temática central fue el tránsito hacia economías basadas en la naturaleza, con ejes en regeneración, restauración y transformación desde los territorios y las sabidurías ancestrales. Estas deben ser medibles mediante indicadores de protección de la biodiversidad y acompañarse con la generación de capacidades para la soberanía de los datos, que a su vez protejan, catalicen inversiones y estandaricen herramientas con esfuerzos nacionales. Esto permitiría orientar el financiamiento hacia la gestión del conocimiento y alinear las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de cada país con metodologías y experiencias territoriales propias y funcionales. Alineado con la ruta hacia la próxima COP30, la agenda urgente debe centrarse en el fortalecimiento de la gobernanza climática para cumplir las NDC y articularlas con otros instrumentos que orienten y prioricen los esfuerzos del sector financiero y de los sectores de adaptación, mitigación y conservación. Por otro lado, una de las conclusiones principales de la Sesión 2: “Conectando el financiamiento global con las necesidades locales”  fue que los instrumentos y mecanismos financieros para apoyar la sostenibilidad y la acción climática ya existen. Sin embargo, aún es necesario avanzar en varios aspectos para que el financiamiento se traduzca efectivamente en resultados tangibles a nivel comunitario. En primer lugar, persiste la falta de decisión y voluntad política para intervenir en el sistema financiero y redireccionar los flujos y recursos existentes hacia proyectos que impulsen la acción climática. El financiamiento público juega un papel clave, ya que permite priorizar las necesidades de las comunidades por encima de la rentabilidad inmediata de los proyectos.En segundo lugar, se destacó la importancia de fortalecer la participación de la sociedad civil en la implementación de fondos y recursos, de modo que estos lleguen directamente a las comunidades que más los necesitan. El acceso directo al financiamiento se convierte así en un elemento esencial para cerrar brechas y garantizar que los recursos respondan realmente a las necesidades locales. La discusión de esta sesión subrayó que el desafío no radica tanto en movilizar nuevos recursos, sino en reorientar los existentes —particularmente aquellos destinados a actividades extractivas— hacia iniciativas sostenibles. Finalmente, se enfatizó que el enfoque debe centrarse en mejorar la calidad más que la cantidad del financiamiento, promoviendo condiciones de acceso más equitativas, requisitos proporcionales y plazos adecuados. Así, el reto actual no es la falta de mecanismos, sino su efectiva implementación y la creación de puentes reales entre el financiamiento internacional y las necesidades locales. Revive el día 2 de la #SFC2025 En la Sesión 3 , dedicada a explorar la relación entre la deuda externa y la justicia financiera, se destacó una reflexión central de Daniela Vilar , ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, quien planteó que la deuda externa y la deuda climática son dos caras de una misma moneda . Su intervención evidenció que los países más endeudados —en su mayoría pertenecientes al Sur Global— enfrentan mayores restricciones internas para financiar la adaptación climática, a pesar de ser los que menos han contribuido al calentamiento global y los que más apoyo financiero necesitan para transitar hacia modelos sostenibles. Asimismo, el panel coincidió en que las deudas insostenibles limitan el desarrollo y profundizan las crisis sociales y ambientales, ya que muchos gobiernos se ven obligados a destinar más recursos al pago de intereses de la deuda soberana que a la inversión en servicios públicos y en la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Una de las discusiones más potentes giró en torno al involucramiento de la ciudadanía en la gestión y supervisión de la deuda. Alicia Isabel Maldonado Félix , de DeudaXClima , enfatizó la necesidad de auditar integralmente las deudas públicas —tanto a nivel nacional como internacional— para investigar sus orígenes y legitimidad. Si se demuestra que las deudas fueron adquiridas por motivos ajenos al bienestar de la población, no deberían ser asumidas por esta, en nombre de la justicia social y la soberanía económica. En esta línea, se propuso avanzar hacia auditorías ciudadanas y procesos de reestructuración transparentes, con participación activa de la sociedad civil, de modo que las decisiones sobre endeudamiento no continúen siendo un instrumento de condicionamiento geopolítico.En conjunto, la sesión permitió reafirmar que la crisis climática y la crisis de deuda están profundamente interconectadas, y que avanzar hacia una justicia financiera real requiere no solo reformas estructurales en el sistema internacional, sino también una ciudadanía activa, informada y con poder de decisión sobre el destino de los recursos públicos.

Cada vez es más claro el rol del cambio climático en la redefinición de las condiciones necesarias para el desarrollo. Esto es especialmente cierto en Latinoamérica y el Caribe, donde enfrentamos el desafío de transformar nuestros flujos de capital en otros que reconozcan el valor de la naturaleza, así como nuestras metas climáticas y de sostenibilidad. El primer día de la 6ta Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025, organizada por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), se analizaron los flujos de financiamiento climático, las brechas en el acceso a este y la necesidad de construir una arquitectura financiera que ponga en el centro la naturaleza y el bienestar de la población. La jornada comenzó con la sesión de inauguración, moderada por Sandra Guzmán , fundadora y directora del GFLAC, donde se abordaron los caminos hacia una economía inclusiva y sostenible basada en la protección de la naturaleza. Dentro de esta primera sesión se enfatizó el papel de Latinoamérica en el escenario de la COP30, no solo por ser la primera en realizarse en la Amazonía y por tener un papel protagónico en la región, sino también por la necesidad de pasar de la implementación de compromisos a la acción. Otros puntos a destacar en este sentido son la urgencia de valorar los activos naturales. Según Gonzalo Canseco (Director, Investigación y Desarrollo, Onepoint5) las especies “se están desvaneciendo ante nosotros” y es necesario diseñar instrumentos financieros e incentivos públicos que aseguren que los beneficios de la conservación lleguen a quienes habitan y cuidan los territorios. Por su parte, Fany Kuiru Castro, coordinadora de COICA, hizo un llamado a alejarnos del extractivismo, incluso al considerar modelos de “economía basada en la naturaleza”. Latinoamérica es una región rica en recursos naturales, pero sigue atrapada en mecanismos financieros injustos y de endeudamiento que afectan el desarrollo. Ya en la segunda sesión se presentaron los hallazgos preliminares del informe del Índice de Finanzas Sostenibles 2025, presentado por el GFLAC. Los resultados ofrecen un panorama revelador sobre el avance y las limitaciones del financiamiento climático en América Latina y el Caribe. Tres hallazgos del informe llaman la atención: los recursos destinados a la acción climática y la biodiversidad han aumentado, pero siguen siendo insuficientes; el financiamiento en mitigación es mayor al de adaptación; y el acceso a los fondos internacionales también es desigual en la región. Presentación del índice de Finanzas Sostenibles 2025 Una cosa es clara: no hemos desligado el uso de combustibles fósiles de nuestras economías ni hemos integrado el financiamiento climático en los presupuestos nacionales. La solución, según la ponente, pasa por reformas fiscales profundas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles. Continuando la jornada, la tercera sesión abordó el papel de las finanzas públicas y privadas en la construcción de bienestar. “Los empleos verdes los necesitamos en un futuro inmediato”, señaló uno de los panelistas. Las prioridades son claras: ampliar los fondos climáticos, fortalecer las capacidades nacionales, impulsar soluciones financieras escalables e integrar los riesgos climáticos en las políticas macroeconómicas. En Brasil, por ejemplo, se han creado plataformas de inversión para movilizar recursos privados, generando una línea directa de financiación. Desde África, Chantal Naidoo (Fundadora RABIA) compartió una reflexión que resuena en el contexto latinoamericano: las transiciones energéticas deben ser justas, reconociendo las desigualdades históricas y evitando nuevas formas de exclusión; se trata de redefinir la relación entre economía y naturaleza. El mensaje fue contundente y la declaración de Sara Jane Ahmed (Fundadora del Financial Futures Center) lo resume a la perfección: “no puede haber estabilidad macroeconómica sin estabilidad climática y natural”. Las políticas financieras deben dejar de centrarse únicamente en el retorno económico. Para ello, es urgente avanzar hacia mecanismos de financiamiento basados en métricas nacionales que reflejen la realidad de cada país y garanticen que los fondos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan: las comunidades y territorios en primera línea de la crisis climática. La presentación del proyecto transformador de este primer día es el ejemplo perfecto de este último mensaje. Constanza Gómez Mont expuso NaturaTech LAC , que busca redefinir el desarrollo económico desde la naturaleza y las personas. El proyecto propone un cambio profundo en la forma de entender la innovación: no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio del buen vivir y la salud de los ecosistemas. “Entender la tecnología no solo desde la modernidad, sino también desde la sabiduría ancestral” fue una de las ideas más poderosas y centrales de la sesión. La región cuenta con conocimientos milenarios que pueden ser la base de nuevas soluciones tecnológicas. La innovación, señaló, debe ser sistémica, biocultural y ética, con procesos de gobernanza que respeten la riqueza cultural, los tiempos y los derechos de las comunidades. El financiamiento, y en especial el financiamiento en América Latina y el Caribe, está en un punto de inflexión y, de alguna manera, también en esta oportunidad se encuentra en el centro del escenario: la región debe transformar sus economías y estructuras financieras para colocar la naturaleza, la justicia social y el bienestar colectivo en el centro de las decisiones. Las sesiones dejaron claro que no basta con aumentar los flujos de financiamiento, sino que es necesario redirigirlos hacia modelos económicos post-extractivistas, inclusivos y resilientes. Pueden revivir esta primer día en el siguiente enlace: