¿Es posible una agenda común para América Latina y el Caribe en financiamiento climático? Reflexiones desde el Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana

América Latina y el Caribe enfrentan una encrucijada crítica: ¿es posible construir una agenda común que responda a la urgencia de la crisis ambiental, pero que además reconozca las particularidades y desigualdades históricas de la región?

Esta pregunta fue el motor del Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana, celebrado a fines de julio en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires. En un escenario marcado por la crisis climática global, la complejidad política local y la crisis del multilateralismo, referentes de gobiernos provinciales, científicos, organizaciones sociales —entre ellas GFLAC— se reunieron para debatir caminos posibles.

Más que un encuentro académico o técnico, el Congreso buscó abrir un espacio de diálogo con perspectiva política y social, partiendo de la base de una injusticia ambiental histórica que afecta con mayor dureza al Sur Global. Allí se abordaron temas cruciales como la movilización de recursos financieros para una transición justa, la integración regional frente a la crisis climática, y los desafíos que impone el avance del negacionismo climático.

En un momento donde Argentina enfrenta retrocesos en su institucionalidad ambiental y una creciente presión económica, el debate adquiere una dimensión concreta y urgente: ¿cómo asegurar que el financiamiento climático llegue realmente a los territorios y sectores que más lo necesitan, sin generar nuevas deudas ni profundizar exclusiones?

Financiamiento climático: de Bakú a Belém, acceso directo y la urgencia de Argentina

Desde GFLAC participamos activamente en la sesión “Balance de la COP29 y perspectivas de cara a la COP30”. Para contextualizar: la COP29 en Bakú fijó una nueva meta de financiamiento climático para los países en desarrollo—300 mil millones de dólares anuales hasta 2035— que, si bien triplica el compromiso original de 100 mil millones acordado en 2009, para gran parte del Sur Global sigue siendo insuficiente. En este marco surgió la Hoja de Ruta de Bakú-Belém, impulsada por países como Colombia, Brasil y Azerbaiyán, entre otros, que propone escalar el monto a 1,3 billones de dólares.

Más allá de las cifras, el debate giró hacia la calidad del financiamiento. Sandra Guzmán, fundadora y directora general de GFLAC, recordó que “no se trata solo de montos, sino de exigir que los recursos lleguen en forma de donaciones o instrumentos concesionales que no agraven la deuda de los países receptores. La meta debe ser financiamiento que amplíe el espacio fiscal y permita cumplir metas de mitigación y adaptación, no fondos con factura escondida”. En sintonía, Nicole Makowski, asociada senior en Financiamiento Climático Internacional, subrayó que “es imperativo mantener vivas las discusiones sobre financiamiento en las negociaciones climáticas” y alinear los flujos con los objetivos del Acuerdo de París.

Les invitamos a leer la nota “¿Podrá Brasil ayudar a movilizar 1.3 billones de dólares para atender la crisis climática del Sur Global? Un análisis de la Ruta de Bakú a Belém” para profundizar:https://www.gflac.org/single-post/opinionrutabakubelem

Para Argentina, este debate es urgente. El acceso a mecanismos de financiamiento directo —como los que ofrece el Fondo de Adaptación mediante Entidades Nacionales de Implementación — permitiría a provincias y municipios presentar y ejecutar proyectos sin depender de la burocracia central. No es un tecnicismo: puede marcar la diferencia entre una respuesta rápida y eficaz o una reconstrucción lenta y fragmentada.

El caso de Bahía Blanca en marzo de 2025 es ilustrativo. En 12 horas cayeron 290 mm de lluvia, más de la mitad del promedio anual. El temporal dejó 16 personas muertas, más de 1.500 evacuadas y daños millonarios. Fue un evento extremo potenciado por el cambio climático, agravado por la ausencia de infraestructura resiliente. La ayuda nacional llegó con un anuncio de 10.000 millones de pesos, mientras que la provincia estimó que se necesitarían más de 400 mil millones solo para la reconstrucción. La brecha entre las necesidades y la realidad es evidente.

Estos fenómenos, que antes podían considerarse excepcionales, hoy forman parte de una tendencia global: el cambio climático está intensificando la frecuencia y magnitud de los impactos. Sin planificación urbana, alertas tempranas e inversión en resiliencia —apoyadas en financiamiento internacional accesible y adecuado— muchas ciudades argentinas serán cada vez más vulnerables.

La combinación de crisis financiera, negacionismo político y falta de planificación deja al país rezagado en el debate técnico sobre financiamiento climático. Pero lo ocurrido en Bahía Blanca es un recordatorio contundente: los impactos ya están aquí, y abordarlos requiere visión regional, acceso directo a fondos y una voluntad política que priorice la adaptación tanto como la estabilidad macroeconómica.

Hacia un Frente Ambiental Latinoamericano: la urgencia de la unidad y la soberanía climática

Al finalizar el Congreso, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, lanzó y reforzó una propuesta clave: conformar un Frente Ambiental Latinoamericano que fortalezca la integración regional y construya un ambientalismo popular y soberano. Esta iniciativa representa un llamado a dejar atrás las fragmentaciones históricas y  articular una respuesta común ante los desafíos climáticos, económicos y sociales que atraviesan a la región.

El llamado a conformar un Frente Ambiental Latinoamericano es también un llamado a transformar cómo se gestiona y accede al financiamiento climático en la región. La fragmentación política y la centralización dificultan que los recursos internacionales lleguen con rapidez y sin trabas burocráticas a las provincias, municipios y comunidades que más los necesitan.

Solo una agenda común, construida desde la integración regional y la soberanía ambiental, puede garantizar que el financiamiento climático no sea una promesa vacía ni un instrumento que profundice las desigualdades. En ese marco, es fundamental que los recursos se canalicen bajo criterios de justicia, evitando generar más deuda y ampliando el espacio fiscal para que las políticas de adaptación y mitigación puedan implementarse con autonomía y efectividad.

Así, la propuesta del Frente Ambiental no solo apunta a unir fuerzas políticas y sociales, sino a asegurar que la movilización de fondos internacionales se traduzca en acciones concretas y transformadoras, capaces de hacer frente a la crisis climática desde las realidades y necesidades propias de América Latina y el Caribe.