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COP30: América Latina y el Caribe llegan con buenas intenciones pero con compromisos climáticos limitados
- GFLAC
- 13 nov
- 10 Min. de lectura
La COP30 en Belém, Brasil, se perfila como un punto de inflexión para América Latina y el Caribe. Diez años después del Acuerdo de París, la región llega a esta cumbre con una mayor conciencia sobre la crisis climática, pero con sistemas fiscales todavía anclados en modelos extractivos que financian más las crisis que sus soluciones.
El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2025, con datos a 2024, ofrece una radiografía sobre estos avances parciales: en conjunto los 20 países más emisores de la región siguen recibiendo más ingresos, y destinando más presupuesto a actividades intensivas en carbono, que a actividades sostenibles. Esto contrasta con los compromisos asumidos en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs). Pues muchos de ellos han presentado sus contribuciones 3.0 pero con una limitada estrategia y capacidad financiera para implementarlas.
En este contexto, la COP30 que es una cumbre de la región, será una cumbre de la verdad, como lo llamó el Presidente Lula, y por lo tanto una cumbre de rendición de cuentas, en dónde se pondrá a prueba la capacidad y el interés real de los países latinoamericanos para convertir sus metas climáticas en decisiones fiscales concretas.
¿Cuál es el panorama de finanzas sostenibles en la región de cara a la COP30?
El IFS 2025 muestra que la región avanza de forma desigual hacia finanzas públicas sostenibles. En promedio, los ingresos intensivos en carbono superan once veces a los ingresos sostenibles, y el gasto en sectores contaminantes quintuplica al gasto sostenible.
En conjunto, los 20 países analizados generaron 199.5 mil millones de dólares por ingresos fósiles, frente a sólo 17.9 mil millones por ingresos sostenibles. En el gasto, 71.3 mil millones se dirigieron a actividades intensivas en carbono, y apenas 13.1 mil millones a actividades sostenibles.
Estas cifras evidencian una importante brecha entre el discurso y la alineación de las finanzas públicas con la atención del cambio climático.
Ningún país de los analizados ha logrado un balance en sus finanzas públicas. En esta versión del índice, Panamá obtuvo 3.5 de 4.0 puntos, es decir, su desempeño y tránsito hacia finanzas más sostenibles mejoró respecto a otros años. Esto se puede explicar, a su baja dependencia de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono y a un incremento en la recepción de financiamiento sostenible internacional.
En el extremo opuesto, Trinidad y Tobago tiene los puntajes más bajos, aunque con ligeras mejoras respecto a años pasados. En el caso de Cuba, aparece en categorías más bajas, debido a la limitada información para el análisis.
En cuanto a ingresos se refiere, República Dominicana, se presenta como el país con el mayor porcentaje de financiamiento para biodiversidad y clima, del total del financiamiento para el desarrollo recibido, representando cerca del 50%. Sin embargo, países como Ecuador, México, Trinidad y Tobago y Perú siguen dependiendo fuertemente de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono y sectores extractivos, lo que limita su transición energética y fiscal.
En cuánto a presupuesto se refiere, los 20 países analizados dedican en promedio menos del 1% de su presupuesto a actividades asociadas al cambio climático, transición energética, y protección de la biodiversidad. El Salvador es el país con mayor asignación del presupuesto sostenible total de su presupuesto, superando el 5%.
Por su parte, los recursos orientados a actividades intensivas en carbono representan en promedio cerca del 4% del presupuesto total. Algunos países como Bolivia y Costa Rica, superan incluso el 15% de su gasto público en estos rubros.
¿Cómo avanzan los países de la región en materia de las NDCs?
Entre el 6 de noviembre de 2024 y el 5 de noviembre de 2025, 15 países de la región presentaron nuevas NDCs ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Sin embargo, solo ocho de ellas corresponden a las llamadas NDCs 3.0, consideradas de “última generación” por integrar enfoques más amplios de equidad, adaptación y justicia climática. Este avance parcial refleja un panorama desigual, marcado por limitaciones institucionales y financieras que impiden a muchos gobiernos cumplir los plazos o elevar con firmeza su ambición.
Desde GFLAC evaluamos estas nuevas NDCs bajo su marco metodológico de los “10 puntos para hacer de las NDCs instrumentos financiables”. Los resultados muestran un escenario mixto: hay progresos notables en la incorporación de principios de justicia climática, equidad, biodiversidad y transparencia, y en la creación de sistemas de monitoreo y fortalecimiento institucional. Pero los desafíos de fondo persisten.
Pocos países han definido costos reales de implementación como fue el caso de Barbados, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. También pocos países, a ejemplo de Belice, Chile, Colombia y Ecuador han identificado brechas de financiamiento en su economía. Ocho de las quince NDCs actualizadas (de los países Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Santa Lucía y Uruguay) mencionan la formulación de estrategias nacionales de financiamiento climático.
Uruguay se destaca por innovar con instrumentos financieros soberanos indexados a indicadores climáticos y de biodiversidad, como los bonos y préstamos indexados al cambio climático, que vinculan metas ambientales con la política económica nacional. En el caso de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS), como Barbados y Belice, las NDCs presentan buen nivel de detalle técnico y financiero: Barbados ha movilizado recursos mediante canjes de deuda por naturaleza y resiliencia, y Belice cuantifica su brecha financiera en 1.3 mil millones de dólares, equivalente al 85% de sus necesidades totales.
En la mayoría de los casos, el acceso a recursos sigue siendo condicionado y dependiente del apoyo internacional, lo que limita la autonomía para avanzar en la transición justa y sostenible que la región necesita. La región llega a Belém con avances discursivos, pero aún con una necesidad de recibir financiamiento climático internacional, por lo que la discusión del artículo 9.1 del Acuerdo de París, que habla de los compromisos financieros de los países desarrollados, es muy relevante para la región.
Mientras que también es relevante avanzar en la transformación de sus finanzas públicas, como lo sugiere el Artículo 2.1.c que también está en discusión en la COP30. Este artículo llama a hacer todos los flujos financieros consistentes con el desarrollo bajo en carbono, y aunque hay países de la región que están en marcha, dependerán de diversos aspectos para lograrlo a un ritmo compatible con la crisis climática.
¿Cómo llega Brasil en materia de finanzas sostenibles?
Brasil llega a la COP30 con un papel central en la agenda de financiamiento climático global. De acuerdo con el Panorama del Financiamiento Climático en Brasil (iCS, 2025), el país moviliza en promedio 208 millones de dólares anuales para mitigación, concentrados principalmente en la Amazonía (80%) y en el sector de uso del suelo (76%).
Aunque depende de un grupo reducido de donantes internacionales (75% del total) y destina sólo el 1.5% a fortalecimiento institucional, Brasil ha lanzado iniciativas innovadoras como el Plan de Transformación Ecológica, la Plataforma Brasil de Inversiones (BIP) y el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), que buscan conectar proyectos sostenibles con capital nacional e internacional.
El IFS 2025 muestra que Brasil registra un nivel medio de desempeño de finanzas sostenibles con una valoración de 1.9 de 4.0 puntos. El país obtuvo 11 veces más ingresos de actividades intensivas en carbono (36.1 mil millones de dólares) que en financiamiento sostenible (3.2 mil millones de dólares), y destinó 4 veces más presupuesto a sectores intensivos en carbono (12.1 mil millones de dólares) que a iniciativas sostenibles (2.9 mil millones de dólares).
En su primera edición a nivel subnacional en Brasil, el Índice de Finanzas Sostenibles Subnacional (IFSS) de GFLAC (2025), con datos a 2024, revela que los estados de Brasil generan 13 veces más ingresos de fuentes intensivas en carbono (18.5 mil millones de reales) que de ingresos sostenibles (6.2 mil millones de reales), principalmente por regalías petroleras e impuestos vehiculares. En contraparte, destinan 1.5 veces más recursos a sectores intensivos en carbono (32.6 mil millones de reales) que a actividades sostenibles (21.1 mil millones de reales).
En ingresos sostenibles destacan Pará (3,3%) y Río de Janeiro (2,4%). En el caso de Pará, esto se debe a su alta recaudación por tasas y multas ambientales, mientras que Río de Janeiro obtuvo ingresos significativos por compensaciones relacionadas con el uso de recursos hídricos.
No obstante, Río de Janeiro también concentra un nivel particularmente alto de ingresos intensivos en carbono (26,9%), principalmente vinculados a la industria petrolera, seguido de São Paulo (8.3%) y Espírito Santo (6.7%). En gasto, Alagoas (6.2%), Ceará (3.7%) y Bahía (2.9%) destinan más a sectores sostenibles, pero los montos siguen siendo reducidos.
Brasil actualizó su Segunda NDC en 2024, elevando su meta de reducción de emisiones al 53% para 2030 y reafirmando la neutralidad de carbono para 2050. Sin embargo, el documento carece de un plan financiero detallado. La ausencia de un marco nacional de financiamiento climático con gobernanza clara limita la posibilidad de convertir esa ambición en resultados medibles.
En síntesis, Brasil llega a la COP30 con liderazgo político y un papel clave en la arquitectura global del financiamiento climático, pero con una brecha persistente entre ambición y ejecución.
¿Cómo llega México en materia de finanzas sostenibles?
Para México, la COP30 llega en un momento importante. De acuerdo con los resultados del IFS 2025, el país presenta un nivel medio bajo de desempeño en finanzas sostenibles, con una valoración de 1.3 sobre 4.0 puntos. México obtuvo 85 veces más ingresos de actividades intensivas en carbono (117.1 mil millones de dólares) que financiamiento sostenible (1.3 mil millones de dólares), y destinó 15 veces más presupuesto a sectores intensivos en carbono (44.4 mil millones de dólares) que a actividades sostenibles (2.8 mil millones de dólares).
Por su parte, los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles Subnacional (IFSS) 2025, confirman que la sostenibilidad fiscal sigue siendo incipiente en México. En 2024, las 32 entidades federativas generaron 24.1 mil millones de pesos en ingresos sostenibles, frente a 117.8 mil millones de fuentes intensivas en carbono, una proporción de casi cinco a uno.
En el gasto, la tendencia se repite: 30.3 mil millones de pesos en presupuestos sostenibles frente a 105.1 mil millones en actividades contaminantes e intensivas en carbono.
Ningún estado presenta un balance en la asignación de sus finanzas públicas. Pero a nivel general, Zacatecas (2.4 puntos) y Oaxaca (2.3) tuvieron un desempeño medio alto, mientras que Sinaloa, Aguascalientes, Baja California, Colima y Chihuahua se ubican en el extremo inferior, con finanzas sostenibles bajas.
En materia de ingresos sostenibles, Yucatán (3.69%) y la Ciudad de México (3.29%) se posicionan en niveles medio alto, reflejando avances en la diversificación de sus fuentes de financiamiento. En contraste, estados como Chihuahua (11.08%) y Campeche (8.05%) mantienen una fuerte dependencia de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono.
En el ámbito del gasto sostenible, la Ciudad de México (4.59%), Jalisco (2.19%) y Tabasco (1.93%) encabezan la lista, aunque ninguna entidad supera aún el umbral del 5% de su presupuesto sostenible del total de su presupuesto. En contraste, cuando se observa el gasto destinado a actividades intensivas en carbono, la Ciudad de México vuelve a destacar, esta vez como la entidad con mayor proporción de gasto a sectores intensivos en carbono (15.53%), seguida por Nuevo León (6.35%) y Chihuahua (6.22%).
México aún no ha presentado formalmente su NDC 3.0. En preparación para este proceso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en colaboración con el GFLAC, llevaron a cabo un proceso participativo: el Diálogo Nacional sobre Financiamiento Climático y NDC 3.0, realizado el 12 de agosto de 2025. Este encuentro reunió a actores del sector público, privado, academia, cooperación internacional y sociedad civil, con el objetivo de propiciar un espacio de encuentro técnico y estratégico entre actores clave vinculados con la provisión, movilización y gestión del financiamiento climático. Su propósito fue identificar mecanismos e instrumentos financieros y económicos viables que nutran el diseño de la NDC 3.0.
A lo largo del diálogo se abordaron elementos clave para fortalecer la arquitectura financiera del país. Entre los temas discutidos estuvieron: la necesidad de construir instrumentos económicos y financieros que apoyen la transición climática; mejorar la coordinación interinstitucional para evitar la fragmentación de esfuerzos; fortalecer el acceso, gestión y uso del financiamiento climático internacional; y avanzar hacia sistemas de seguimiento y evaluación que permitan mayor claridad, transparencia y trazabilidad del financiamiento climático. Estas reflexiones permitieron identificar avances, desafíos y oportunidades para orientar la NDC 3.0 hacia mecanismos de implementación más claros, coherentes y sostenibles.
La relevancia de este proceso se vuelve evidente al considerar el panorama que presentan el IFS y el IFSS para México, donde persisten brechas significativas en las condiciones financieras, presupuestarias e institucionales del país. Frente a este escenario, el diálogo nacional generó insumos y puntos de convergencia que pueden contribuir a una reflexión más realista sobre los desafíos financieros que enfrenta la NDC 3.0. La participación de múltiples sectores permitió identificar coincidencias, vacíos y necesidades, reforzando la urgencia de avanzar hacia mecanismos financieros suficientes y sostenibles, reducir la fragmentación institucional y fortalecer la coordinación intersectorial. Solo mediante una arquitectura financiera más sólida y coherente México podrá convertir su NDC 3.0 en un instrumento aplicable y con capacidad real de ejecución.
Conclusiones
América Latina y el Caribe llegan a la COP30 con avances en planeación climática, pero con grandes rezagos en la alineación de sus finanzas públicas. Los resultados del IFS y los IFSS nacionales confirman que la región sigue financiando más la crisis que su solución. Este escenario será clave en las negociaciones de la COP, pues mientras se debe exigir más y mejor financiamiento climático internacional, también se tendrá que avanzar en los medios para hacer los flujos de financiamiento más compatibles con el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.
En este sentido, los países deberán traducir sus compromisos en estrategias financieras integrales, con presupuestos coherentes, sistemas de monitoreo sólidos y una gobernanza participativa.
Brasil y México, las dos economías más grandes de la región, tienen una responsabilidad estratégica: liderar con coherencia. Brasil debe consolidar su marco de financiamiento climático; México, cerrar las brechas entre planeación y ejecución subnacional. Los análisis subnacionales de ambos países revelan que persiste una fuerte dependencia de ingresos intensivos en carbono y que la asignación presupuestaria aún no prioriza la sostenibilidad, lo que frena la consolidación de una transición justa en el territorio.
La COP30 en Belém es una oportunidad histórica para redefinir la arquitectura financiera regional. América Latina y el Caribe pueden —y deben— convertir sus finanzas en aliadas de la acción climática, no solo para cumplir con sus compromisos internacionales, sino para garantizar un futuro más justo, resiliente y sostenible para las próximas generaciones.
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