Día 2 de la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025: Construyendo una ruta hacia la bioeconomía con un enfoque de justicia

Autoras: Ana Paola González Lara y Claudia Zambrano

Tras un exitoso primer día de la 6ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025, organizada por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), continuamos las discusiones sobre modelos económicos que pongan en el centro a la naturaleza y a las personas.Como punto focal de la jornada se planteó la inversión financiera en proyectos por la naturaleza, no como un costo, sino como una visión de futuro. El objetivo es asegurar la acción climática y brindar certidumbre, claridad y viabilidad económica a los inversores privados, sin olvidar el valor del capital natural.

En la Sesión 1: “Transitando hacia economías basadas en la protección de la naturaleza”, se estableció que son necesarias las soluciones basadas en la naturaleza. No obstante, los limitados recursos fiscales y la falta de planificación sectorial de los gobiernos dificultan el financiamiento de tales iniciativas.Santiago Lorenzo, de la Unidad de Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos (CEPAL), indicó la necesidad de invertir al menos el 5% del PIB regional para financiar mecanismos de adaptación climática. Sin embargo, señaló que esto no sucede debido a la desigual distribución del ingreso en los países del Sur Global —a diferencia de la región asiática, donde destinar dichos recursos no resulta alarmante ni imposible—.

Una temática central fue el tránsito hacia economías basadas en la naturaleza, con ejes en regeneración, restauración y transformación desde los territorios y las sabidurías ancestrales. Estas deben ser medibles mediante indicadores de protección de la biodiversidad y acompañarse con la generación de capacidades para la soberanía de los datos, que a su vez protejan, catalicen inversiones y estandaricen herramientas con esfuerzos nacionales. Esto permitiría orientar el financiamiento hacia la gestión del conocimiento y alinear las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de cada país con metodologías y experiencias territoriales propias y funcionales.

Alineado con la ruta hacia la próxima COP30, la agenda urgente debe centrarse en el fortalecimiento de la gobernanza climática para cumplir las NDC y articularlas con otros instrumentos que orienten y prioricen los esfuerzos del sector financiero y de los sectores de adaptación, mitigación y conservación.

Por otro lado, una de las conclusiones principales de la Sesión 2: “Conectando el financiamiento global con las necesidades locales” fue que los instrumentos y mecanismos financieros para apoyar la sostenibilidad y la acción climática ya existen. Sin embargo, aún es necesario avanzar en varios aspectos para que el financiamiento se traduzca efectivamente en resultados tangibles a nivel comunitario.

En primer lugar, persiste la falta de decisión y voluntad política para intervenir en el sistema financiero y redireccionar los flujos y recursos existentes hacia proyectos que impulsen la acción climática. El financiamiento público juega un papel clave, ya que permite priorizar las necesidades de las comunidades por encima de la rentabilidad inmediata de los proyectos.En segundo lugar, se destacó la importancia de fortalecer la participación de la sociedad civil en la implementación de fondos y recursos, de modo que estos lleguen directamente a las comunidades que más los necesitan. El acceso directo al financiamiento se convierte así en un elemento esencial para cerrar brechas y garantizar que los recursos respondan realmente a las necesidades locales.

La discusión de esta sesión subrayó que el desafío no radica tanto en movilizar nuevos recursos, sino en reorientar los existentes —particularmente aquellos destinados a actividades extractivas— hacia iniciativas sostenibles. Finalmente, se enfatizó que el enfoque debe centrarse en mejorar la calidad más que la cantidad del financiamiento, promoviendo condiciones de acceso más equitativas, requisitos proporcionales y plazos adecuados. Así, el reto actual no es la falta de mecanismos, sino su efectiva implementación y la creación de puentes reales entre el financiamiento internacional y las necesidades locales.

Revive el día 2 de la #SFC2025

En la Sesión 3, dedicada a explorar la relación entre la deuda externa y la justicia financiera, se destacó una reflexión central de Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, quien planteó que la deuda externa y la deuda climática son dos caras de una misma moneda. Su intervención evidenció que los países más endeudados —en su mayoría pertenecientes al Sur Global— enfrentan mayores restricciones internas para financiar la adaptación climática, a pesar de ser los que menos han contribuido al calentamiento global y los que más apoyo financiero necesitan para transitar hacia modelos sostenibles.

Asimismo, el panel coincidió en que las deudas insostenibles limitan el desarrollo y profundizan las crisis sociales y ambientales, ya que muchos gobiernos se ven obligados a destinar más recursos al pago de intereses de la deuda soberana que a la inversión en servicios públicos y en la satisfacción de las necesidades básicas de la población.

Una de las discusiones más potentes giró en torno al involucramiento de la ciudadanía en la gestión y supervisión de la deuda. Alicia Isabel Maldonado Félix, de DeudaXClima, enfatizó la necesidad de auditar integralmente las deudas públicas —tanto a nivel nacional como internacional— para investigar sus orígenes y legitimidad. Si se demuestra que las deudas fueron adquiridas por motivos ajenos al bienestar de la población, no deberían ser asumidas por esta, en nombre de la justicia social y la soberanía económica.

En esta línea, se propuso avanzar hacia auditorías ciudadanas y procesos de reestructuración transparentes, con participación activa de la sociedad civil, de modo que las decisiones sobre endeudamiento no continúen siendo un instrumento de condicionamiento geopolítico.En conjunto, la sesión permitió reafirmar que la crisis climática y la crisis de deuda están profundamente interconectadas, y que avanzar hacia una justicia financiera real requiere no solo reformas estructurales en el sistema internacional, sino también una ciudadanía activa, informada y con poder de decisión sobre el destino de los recursos públicos.