Día 3 de la 6ta Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025: Financiando nuevas rutas para una economía que respete la vida y la naturaleza
- Voluntarias SFC2025

- 23 oct
- 4 Min. de lectura
Por Ana Paola González Lara y Claudia Zambrano.
La crisis climática no es entendida como una prioridad global lo suficiente como para movilizar los recursos públicos en un espacio fiscal ya tensionado, y transformarlos en políticas fiscales con metas de sostenibilidad que impulsen el crecimiento y la resiliencia, tanto económica como humana, y que concluyan con eficiencia en el gasto. Con este fuerte mensaje, Nathalie Beghin arrancó el tercer día de la 6ta Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025, organizada por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) y organizaciones aliadas.
Empezando con la Sesión 1: Ampliación del espacio fiscal para invertir en la vida y en la naturaleza, se abordó la coordinación regional e internacional en materia fiscal, con énfasis en la necesidad de establecer reglas que prevengan el abuso y el desperdicio de recursos públicos. Asimismo, se resaltó la integración de objetivos climáticos al diseñar la política fiscal por los ministerios de Hacienda (o ministerios de Economía, en algunos países de la región), dado la posición privilegiada de este tipo de instituciones dentro de los gobiernos correspondientes.
Se tomó como eje rector la conexión entre la ampliación del espacio fiscal y el gasto. Como señala Daniela Torres Peláez con información desde el BID (Banco Iberoamericano de Desarrollo): “por cada dólar ahorrado en infraestructura resiliente se obtienen 4 dólares de beneficios netos”. Otro punto a resaltar es la importancia de reconocer la interconexión de la biodiversidad con la crisis climática y la estabilidad macroeconómica, ya que la pérdida de biodiversidad asegura una caída del 3,3 % del PIB regional.
Se mencionó el papel de la convención fiscal como una herramienta de movilización y como un espacio de articulación del Sur Global frente a los desafíos de justicia fiscal. Finalmente, se retomó el debate sobre los impuestos al carbono, señalando que su recaudación no siempre se reinvierte en acciones climáticas, y que estos instrumentos, por sí solos, no bastan sin una transformación profunda del modelo de producción y consumo.
Durante la Sesión 2: Incrementando la cantidad y la calidad del financiamiento para la protección del clima y la biodiversidad, los ponentes destacaron la importancia de identificar y promover proyectos “bancables”, es decir, iniciativas que no solo sean financieramente viables, sino también significativas para la población y que contribuyan a concientizar sobre la urgencia del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Se subrayó el rol de los fondos verdes, como los de la CAF, en brindar reconocimiento y visibilidad a proyectos ambientales que fortalecen las cadenas de valor sostenibles, por ejemplo, aquellos orientados a la protección de manglares.
De manera similar a lo enfatizado en sesiones anteriores, se resaltó la necesidad de trabajar a nivel subnacional, donde los gobiernos locales están más cerca de las comunidades, de las mujeres y de las verdaderas necesidades territoriales. Así, la participación ciudadana es un eje central en el financiamiento sostenible, para incentivar la toma de acciones climáticas. Al respecto, en la sesión se planteó fortalecer la red de biodiversidades y crear nuevos instrumentos financieros que faciliten la participación local.
También se enfatizó que el lenguaje y la medición del impacto son elementos fundamentales en el proceso de los bancos de desarrollo, que avanzan en la incorporación del riesgo climático como riesgo financiero. A largo plazo, el riesgo climático puede generar un impacto negativo mayor en la bancabilidad de los proyectos sostenibles. Finalmente, se discutió cómo acelerar la ejecución de proyectos que aún no son bancables, reduciendo la exposición al riesgo y construyendo confianza para atraer más inversión hacia la acción climática y la conservación de la biodiversidad. Sobre este punto, y como se explicó en otras sesiones, es importante mencionar que la reducción del riesgo puede ir de la mano no solo con la participación de entidades privadas, sino especialmente con el involucramiento de las entidades públicas.
En la Sesión 3: Transitando el financiamiento a través de las taxonomías sostenibles, se discutió una de las herramientas más importantes para identificar, medir y supervisar proyectos de sostenibilidad: la implementación y aprobación de taxonomías. Los expositores destacaron que la transparencia y los datos abiertos son la base para una acción climática efectiva, así como la creación de una red coordinada de datos, con metodologías y lenguaje comunes, que contribuya a democratizar el conocimiento y fortalecer la toma de decisiones en materia de sostenibilidad.
A través del Observatorio de Taxonomías de América Latina y el Caribe, se presentó un mapa global y regional de taxonomías sostenibles, que identifica los procesos en desarrollo, en planeación y los casos abandonados, con un enfoque regional que busca cerrar brechas de información y vincular los sectores económicos involucrados. Estas taxonomías en progreso se adaptan a las necesidades de cada país, manteniendo al mismo tiempo un marco global comparable, basado en los principios de inclusión social, transición justa y protección de la biodiversidad, para alinear las finanzas con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible.
En América Latina, las taxonomías aún se encuentran en una etapa temprana, lo que limita la medición de su impacto. No obstante, como señaló Davide Fiedler, Líder del Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles de Guatemala – CCFS, el caso de Guatemala muestra avances en la creación de un lenguaje común y criterios compartidos, que podrían convertirse en la base de un sistema coherente de captación y movilización de actores del mercado, ofreciendo herramientas técnicas y acceso simplificado al financiamiento verde.
Finalmente, se destacó la verificación de la información como un elemento esencial. Este proceso debe comenzar con una comunicación clara sobre su uso, la aplicación de marcos de referencia técnicos y la alineación con taxonomías o criterios que eviten daños significativos, garantizando salvaguardas sociales y facilitando el seguimiento y la trazabilidad de las inversiones sostenibles.
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