Arquitectura financiera en tensión: el repliegue de Estados Unidos y sus efectos sobre la acción climática

Autores:  

Alan Serna, Asociado en Finanzas Climáticas Internaciones para Brasil 

Janeth Ugalde, Asociada en Finanzas para la Transición Energética Justa  

La decisión del gobierno de Estados Unidos, oficializada el 7 de enero de 2026 mediante un memorando presidencial, de cesar su participación y financiamiento a 66 organismos internacionales representa un impacto significativo para la arquitectura económica y financiera global. Más allá de la narrativa de “restaurar la soberanía”, esta medida implica una reconfiguración deliberada de los espacios donde se construye previsibilidad, se coordinan políticas públicas y se gestionan riesgos sistémicos de alcance transfronterizo, debilitando la capacidad colectiva para proveer bienes públicos globales. 

El impacto es particularmente crítico en el ámbito del financiamiento climático, un mercado aún inmaduro, altamente dependiente de recursos públicos, garantías multilaterales y marcos regulatorios comunes. La salida de Estados Unidos de instituciones clave —incluida la CMNUCC, el IPCC, UN Energy y organismos vinculados al desarrollo y la cooperación técnica— reduce la previsibilidad de los flujos financieros, no solo por el recorte potencial de aportaciones directas, sino también por el deterioro de las señales de largo plazo que orientan decisiones de inversión, política pública y asignación de capital. Al debilitarse los marcos de coordinación entre ciencia, gobernanza climática y arquitectura financiera, se erosionan las condiciones habilitantes para movilizar financiamiento a escala. Para las economías en desarrollo, esta dinámica suele traducirse en mayores costos de capital, menor acceso a financiamiento concesional y una dependencia creciente de instrumentos de deuda, restringiendo la capacidad de financiar la transición climática sin comprometer la estabilidad macroeconómica. 

Desde una perspectiva macroeconómica, la retirada estadounidense refuerza un patrón de desplazamiento del gasto público: menos inversión en cooperación internacional y más asignación de recursos a defensa, con un presupuesto militar proyectado en 1,5 billones de dólares para 2027. Esta reasignación no es neutral.  Mientras el gasto militar tiende a generar retornos concentrados y con escasos efectos multiplicadores globales, el financiamiento climático canalizado vía instituciones multilaterales opera como una inversión en reducción de riesgos sistémicos, al fortalecer capacidades, prevenir pérdidas económicas futuras y amortiguar impactos asociados a desastres climáticos. En regiones altamente vulnerables como América Latina y el Caribe, la contracción de la cooperación climática no implica un ahorro fiscal, sino un aumento de los costos económicos, sociales y financieros en el mediano y largo plazo. 

Este movimiento ocurre en un contexto ya marcado por brechas estructurales de financiamiento. El incumplimiento histórico de los compromisos de los países desarrollados —incluyendo la meta de USD 100 mil millones anuales— y las limitaciones del nuevo Objetivo Global de Financiamiento Climático (NCQG) hacen que cada retroceso político tenga efectos multiplicadores.  El repliegue de uno de los principales contribuyentes del sistema multilateral reduce la previsibilidad de los recursos, incrementa la volatilidad del financiamiento y profundiza las barreras de acceso, especialmente para países con altos niveles de endeudamiento, restricciones fiscales o baja calificación crediticia, afectando directamente la capacidad de los países de América Latina y el Caribe para implementar sus NDCs y planes de transición justa de manera consistente con sus necesidades de desarrollo y resiliencia. 

 En una perspectiva de justicia climática, este giro adquiere una dimensión adicional. Estados Unidos es uno de los mayores emisores históricos y uno de los principales emisores actuales, por lo que su repliegue de los principales foros climáticos tensiona el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y debilita los espacios donde se negocian compromisos, se evalúa la ambición colectiva y se exige corresponsabilidad histórica. La medida no es neutral: traslada de facto una mayor carga de ajuste a países y comunidades que han contribuido menos a la crisis climática y que enfrentan impactos desproporcionados, profundizando asimetrías estructurales en la gobernanza global.

Además, el debilitamiento de los organismos multilaterales refuerza una tendencia preocupante: el desplazamiento del financiamiento climático desde esquemas públicos, concesionales y basados en reglas hacia mecanismos fragmentados, bilaterales o guiados por intereses geopolíticos. Esto erosiona principios clave como la adicionalidad, la transparencia, la responsabilidad común pero diferenciada y el acceso equitativo, pilares históricos de la agenda climática internacional defendida por el GFLAC.  El resultado es un sistema menos eficiente y alineado con los objetivos climáticos globales, no solo por su menor escala, sino por una degradación en la calidad del financiamiento, caracterizada por mayor condicionalidad política, menor previsibilidad y una creciente subordinación a ciclos políticos nacionales. 

En este contexto, la decisión de Estados Unidos no solo genera un vacío político, sino también un déficit económico estructural en la provisión de financiamiento climático.  Al mismo tiempo, abre una fase de reacomodo geopolítico en la que otros actores, como China o la Unión Europea, pueden buscar ampliar su influencia y posicionarse como defensores del multilateralismo, redefiniendo los equilibrios de poder en la gobernanza financiera internacional y la capacidad de incidir en estándares, prioridades y reglas de acceso.

Para América Latina y el Caribe, el desafío es doble: enfrentar un entorno financiero más restrictivo y, al mismo tiempo, reforzar la defensa de una arquitectura financiera internacional que movilice recursos a escala, con calidad y con criterios de justicia climática, evitando que el financiamiento climático quede subordinado a coyunturas políticas internas o a lógicas puramente geopolíticas. En última instancia, la viabilidad de la acción climática depende de instituciones estables que garanticen previsibilidad, equidad y corresponsabilidad, incluso en contextos de alta volatilidad política internacional. 

Fuente: Withdrawing the United States from International Organizations, Conventions, and Treaties that Are Contrary to the Interests of the United States - Presidential Memoranda - January 7, 2026 - https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/withdrawing-the-united-states-from-international-organizations-conventions-and-treaties-that-are-contrary-to-the-interests-of-the-united-states/