Perspectivas desde el cuarto Webinar de los Diálogos Ciudadanos Rumbo a la COP 28 El compromiso con la sostenibilidad económica y ambiental es una tarea fundamental en el mundo actual. En esta búsqueda de soluciones, realizamos el cuarto Webinar titulado "Alternativas para el tratamiento de la deuda en los países de América Latina y el Caribe: Propuestas del Fondo Monetario Internacional y de las Agencias de Crédito a la Exportación", el cual se convirtió en un espacio crucial de discusión. Este evento formó parte de los Diálogos Ciudadanos Rumbo a la COP 28, una iniciativa coorganizada por GFLAC y diversas organizaciones aliadas. Uno de los conceptos que se abordaron durante el Webinar fue el de los Derechos Especiales de Giro (DEG). Son un activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1969 para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Aunque no constituyen una moneda en sí misma, su valor se basa en una cesta compuesta por cinco monedas: el dólar estadounidense, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina. En un contexto marcado por la pandemia de COVID-19, la Junta de Gobernadores del FMI aprobó en agosto de 2021 la emisión de DEG por un valor de US$650 mil millones, con la intención de afrontar el impacto económico y social derivado de la crisis. Esta emisión fue acreditada en las cuentas de los países miembros ese mismo mes. Durante la COP 26, Mia Mottley, primera ministra de Barbados propuso una emisión anual de $500 mil millones en DEG para financiar la transición hacia políticas de mitigación y adaptación climáticas. En seguimiento a estas discusiones, la Cumbre Internacional por un Nuevo Pacto Global de Financiamiento, celebrada en junio de 2023 en París, anunció una asignación de 100.000 millones de USD en DEG por parte del FMI. Esta medida se concibió con el propósito de combatir la pobreza, construir resiliencia y promover la sostenibilidad mediante el compromiso de 14 países de renunciar al menos al 20% de sus DEG. Nuestra directora de GFLAC, Sandra Guzmán, resaltó en el evento la importancia de cambiar el enfoque macroeconómico, el cual perpetúa la dependencia de los combustibles fósiles, subrayando que esta perspectiva debe transformarse para abordar los desafíos ambientales y económicos. Por su parte, Ariel Slipak, Coordinador del Área de Investigaciones de la FARN, destacó el papel de las agencias de crédito a la exportación como "financistas silenciosos", los cuales obstaculizan la transición energética justa. Señaló que estas agencias sostienen la dependencia entre el Sur Global y el Norte Global, respaldando proyectos fósiles inviables con perfil bajo y sin monitoreo público. Leonardo Stanley, Investigador Asociado del Departamento de Economía del CEDES, abordó la importancia de la resiliencia y la sustentabilidad financiera en el contexto de reformas impulsadas por el FMI. Hizo hincapié en la necesidad de evitar que lo ambiental quede subyugado a lo económico y en la relevancia de considerar tanto los créditos de organismos como el financiamiento que incide en sectores públicos y privados. Pablo Nemiña, Investigador Adjunto del CONICET, profundizó en los usos de los DEG, recomendando su fortalecimiento para aumentar reservas, liquidez y redistribución. Subrayó la flexibilidad de los DEG en comparación con los créditos tradicionales, lo que permite una mayor adaptabilidad a las necesidades económicas de los países. El Webinar concluyó con una reflexión colectiva sobre la necesidad de visualizar el futuro y avanzar hacia soluciones sostenibles, reconociendo la relevancia de liderazgos y decisiones que aceleren las transiciones hacia una economía más resiliente y respetuosa con el medio ambiente. En este escenario de desafíos, el diálogo y la colaboración entre diferentes actores se erigen como elementos fundamentales para construir un futuro más prometedor y equitativo en América Latina y el Caribe.

(ENGLISH VERSION BELOW) Por: Sandra Guzmán, Directora General, GFLAC / Marisol Marín, Coordinadora de Comunicación, GFLAC Se realizó la primera Cumbre de América Latina y el Caribe para una Tributación Global Incluyente, Sostenible y Equitativa en Cartagena, Colombia, los días 27 y 28 de julio, donde se propuso una cooperación regional en materia tributaria para hacer frente a retos que tienen los países de la región y del mundo, como evasión fiscal, paraísos fiscales y otros que comprometen las economías y el bienestar de la población. Pese a que la representación de las y los funcionarios de 11 países de los 16 confirmados, no fueron de alto nivel, se tomaron importantes decisiones como la de crear una Plataforma, en cuyos objetivos se destaca la construcción de una posición unificada a nivel regional que fortalezca la voz de América Latina y el Caribe en las negociaciones internacionales sobre asuntos tributarios. Esto representa una oportunidad sin precedentes para abogar por políticas fiscales que promuevan la justicia, la equidad y la sostenibilidad en el contexto global. Como parte de las prioridades, los países identificaron temas de suma importancia que serán trabajados a partir de este encuentro, entre ellos la progresividad del sistema tributario, beneficios tributarios, tributación ambiental y la tributación relacionada con la era digital y las nuevas formas de trabajo. Es importante resaltar que las discusiones en Cartagena, no se limitaron a las reuniones oficiales entre ministros de finanzas y representantes de los países, que se hicieron a puerta cerrada con espacios solo para diez representantes de la sociedad civil. Precisamente, del 25 al 28 de julio, diversas organizaciones de la sociedad civil, impulsadas por un grupo motor de organizaciones, a la que se sumaron decenas de organizaciones como GFLAC, trabajaron arduamente para presentar propuestas concretas para garantizar que los acuerdos alcanzados fueran justos, inclusivos y sostenibles. Las recomendaciones de las organizaciones enfatizaron la importancia de considerar visiones transversales como el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, como principios fundamentales en la toma de decisiones fiscales, así como la promoción de la progresividad y equidad en los sistemas tributarios y la revisión de beneficios tributarios con transparencia y equidad. En el ámbito específico del cambio climático, GFLAC y organizaciones aliadas destacaron la importancia de promover el establecimiento de un precio al carbono, la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, el tratamiento de la deuda como vía para ampliar el espacio fiscal y establecer una tributación ambiental que proteja la naturaleza, la biodiversidad y fomente la transición energética justa. Esto para desacoplar el modelo de desarrollo de las actividades extractivas y generar ingresos que se inviertan en la transición sin dejar a nadie atrás. Además, se abogó por promover mejores estándares de transparencia, resaltando la importancia de la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú como una vía para garantizar el acceso a información, a la justicia y a la participación en asuntos fiscales que conciernen al ambiente y a la lucha contra el cambio climático. En este sentido, desde GFLAC participamos en las conversaciones sobre política fiscal y cambio climático brindando insumos derivados del aprendizaje obtenido en el marco del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) y las recomendaciones derivadas del mismo en el marco de la política fiscal y de transparencia. Si bien las entidades de gobierno reconocieron el rol que la sociedad civil tiene, no se especificó cuál será el mecanismo de participación respecto a la Plataforma creada. No obstante, se ha señalado que la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) tendrá la secretaría técnica, mientras que el gobierno de Colombia tendrá la presidencia por un año. En este sentido, la CEPAL y la Presidencia deberán establecer los mecanismos para garantizar una adecuada participación de la sociedad civil en el proceso. En conclusión, la primera Cumbre de América Latina y el Caribe para una Tributación Global Incluyente, Sostenible y Equitativa representa un paso importante hacia la construcción de un futuro más justo y sostenible para la región y el mundo. En el futuro inmediato será necesario un trabajo colaborativo entre gobiernos, en donde la participación de los ministros de finanzas, pero también los ministerios de medio ambiente, y otros relevantes, será fundamental. Además de una participación adecuada y activa de la sociedad civil, que es la memoria de muchos de estos procesos, pues los gobiernos cambian con el tiempo y con ello las prioridades. El éxito de la Plataforma por tanto dependerá de un balance entre lo técnico y lo político, tomando en cuenta las diferentes necesidades de los países, pero guiándose por un objetivo común de cara a una política tributaria equitativa, inclusiva y verdaderamente sostenible, que pueda adoptarse no solo regionalmente sino también a nivel global. Desde GFLAC agradecemos a las organizaciones del grupo motor como son Oxfam México, Latindadd, la Red de Justicia Fiscal, CIEDUR, Foro Social Panamazónico, la Iniciativa Global de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ICRICT, Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la política Fiscal y otras, por hacer posible la participación de sociedad civil en esta importante conversación, cuyo proceso comienza y en el cual trabajaremos arduamente. Towards a Sustainable Global Taxation: Advances from the Fiscal Policy Summit in Latin America and the Caribbean On July 27th and 28th, the Caribbean Summit for an Inclusive, Sustainable, and Equitable Global Tax was held in Cartagena, Colombia. During the summit, regional cooperation on tax matters was proposed to address challenges faced by countries in the region and around the world, such as tax evasion, tax havens, and other issues that impact economies and the well-being of the population. Even though the representation of officials from 11 out of the 16 confirmed countries was not at the highest level, significant decisions were made, including the creation of a platform with the objective of building a unified regional position to strengthen the voice of Latin America and the Caribbean in international tax negotiations. This represents an unprecedented opportunity to advocate for fiscal policies that promote justice, equity, and sustainability in the global context. As part of the priorities identified, countries highlighted several crucial issues that will be addressed following this meeting, including the progressivity of the tax system, tax benefits, environmental taxation, and taxation related to the digital era and new forms of work. The discussions in Cartagena went beyond the closed-door official meetings between finance ministers and representatives of countries. From July 25th to the 28th, various civil society organizations, driven by a core group of organizations and joined by dozens of others like GFLAC, worked together to present concrete proposals to ensure that the agreements reached were fair, inclusive, and sustainable. The recommendations emphasized the importance of considering cross-cutting perspectives, such as respect for human rights and the fulfillment of the Sustainable Development Goals, as fundamental principles in making fiscal decisions. The promotion of progressivity and equity in tax systems and the transparent review of tax benefits were also highlighted. Regarding the specific issue of climate change, GFLAC and allied organizations emphasized the importance of promoting the establishment of a carbon price, reducing subsidies for fossil fuels, treating debt to expand fiscal space, and implementing environmental taxation to protect nature, biodiversity, and promote a just energy transition. This aims to decouple the development model from extractive activities and generate income for an inclusive transition that leaves no one behind. Additionally, efforts were made to promote higher transparency standards, underscoring the importance of the effective implementation of the Escazú Agreement to guarantee access to information, justice, and participation in fiscal matters related to the environment and the fight against climate change. In this context, GFLAC participated in discussions on fiscal policy and climate change, providing insights from the knowledge gained through the Sustainable Finance Index (SFI) and the resulting recommendations in the areas of fiscal policy and transparency. While government entities acknowledged the role of civil society, the specific mechanism for civil society participation in the created Platform was not specified. However, it was indicated that the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) would provide technical support, while the government of Colombia would hold the presidency for one year. In this regard, ECLAC and the Presidency should establish mechanisms to ensure adequate civil society participation in the process. In conclusion, the first Caribbean Summit for an Inclusive, Sustainable, and Equitable Global Tax represents a significant step towards building a fairer and more sustainable future for the region and the world. Immediate collaborative efforts among governments are necessary, involving not only finance ministers but also environmental and other relevant ministries. Adequate and active civil society participation, which carries the memory of many of these processes as governments change over time, is also crucial. The success of the Platform will thus depend on a balance between technical and political considerations, considering the unique needs of countries but guided by a common objective of pursuing an equitable, inclusive, and truly sustainable tax policy that can be adopted not only regionally but also globally. GFLAC expresses its gratitude to the core group of organizations, such as Oxfam Mexico, Latindadd, the Tax Justice Network, CIEDUR, the Pan-Amazonian Social Forum, the Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights, ICRICT, the Initiative for Human Rights Principles in Fiscal Policy, and others, for making civil society participation in this crucial conversation possible. The process has just begun, and GFLAC will work tirelessly to contribute to it.

(VERSIÓN INGLÉS ABAJO) Por: Dra. Sandra Guzmán, Directora General, GFLAC Los días 17 y 18 de julio se llevará a cabo un encuentro entre representantes de los países de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Este encuentro no se había dado anteriormente debido a la pandemia y otros problemas que afectan a ambas regiones, pero es fundamental para diseñar una agenda común frente a múltiples crisis globales, como la de salud, la económica, la guerra y la climática. En este contexto y con el objetivo de avanzar hacia una agenda integral, también se reunirán los días 13 y 14 de julio en Bruselas representantes de la sociedad civil, la academia y otros sectores clave de estas regiones, con el fin de construir propuestas que serán presentadas ante los gobiernos. Es evidente que el escenario actual al que se enfrenta el mundo no es óptimo para el desarrollo de ninguna de las dos regiones. Las diferencias económicas y sociales crean una brecha significativa que, en lugar de acercarlas, las aleja. No obstante, existe un creciente interés en fortalecer no solo la cooperación, sino también la colaboración en temas críticos que definirán el futuro de las poblaciones y los territorios en ambas regiones. Ante este escenario, en el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), como participantes del espacio de trabajo de la sociedad civil, hemos identificado al menos cinco áreas urgentes en el contexto de la crisis climática que es necesario posicionar en la agenda de ambas regiones y enfatizar su implementación. Estos cinco temas no son exhaustivos, pero forman parte de una transformación urgente que permitirá avanzar hacia un bienestar de bajas emisiones y resiliencia climática, con un enfoque en justicia climática, equidad y respeto a los derechos humanos y de todas las especies en ambas regiones. 1. Acelerar la transición energética justa: El combate al cambio climático es un imperativo y es bien sabido que la única forma de lograrlo es reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en aquellos sectores que contribuyen en mayor medida a estas emisiones, como el sector energético y el de transporte. En este sentido, si bien ha habido una creciente inversión europea en la transición energética y en la electrificación del transporte en América Latina y el Caribe (LAC), esto no se ha llevado a cabo con un enfoque de justicia y derechos humanos, que considere el bienestar de la población. El éxito de las intervenciones financieras entre ambas regiones dependerá de este bienestar social, por lo que las inversiones y la cooperación en la transición deben ser justas, evitando aumentar las brechas de desigualdad y generando bienestar para la mayoría de la población, al tiempo que se evitan externalidades negativas ambientales y sociales. Medidas como el mecanismo de ajuste de carbono en las fronteras (conocido en inglés como Carbon Border Adjusment Mechanism ) promovido por la Unión Europea para reducir emisiones, debe venir acompañado de medidas que ayuden a los países en desarrollo a mejorar sus esquemas de producción y adopción tecnológica para cumplir con ella, en lugar de ser una imposición que puede tener consecuencias económicas y sociales adversas. 2. Acelerar el financiamiento para la adaptación: Durante años, se ha considerado al sur global como la región más vulnerable a los estragos del cambio climático. Sin embargo, las olas de calor en Europa en la última década, los incendios cada vez más frecuentes y otros impactos han demostrado que los países europeos también son vulnerables, aunque su capacidad de respuesta es diferente, lo que genera una brecha entre ambas regiones. Ante esta situación, es necesario incrementar de manera urgente el financiamiento para programas de adaptación a corto, mediano y largo plazo, en diferentes escalas, desde pequeña hasta gran escala. Esto permitirá fortalecer la investigación, la creación de capacidades y la transferencia de tecnología en este frente, lo cual será beneficioso para ambas regiones. Estos programas, enfocados en sectores críticos como el agua, los bosques y la agricultura, serán de suma importancia para mejorar la comprensión de los impactos en ambas regiones y hacer frente a problemas en aumento como la migración y el incremento de la inseguridad asociada. Además, es fundamental establecer compromisos para abordar las pérdidas y los daños derivados del cambio climático, que van más allá de lo que los esfuerzos de adaptación pueden manejar. 3. Transformar el sector financiero: Ambas regiones han sido parte de un importante debate internacional sobre la reforma del sistema financiero internacional. Sin embargo, no siempre han mantenido posiciones comunes. Por un lado, LAC al igual que otras regiones en desarrollo, enfrenta un desafiante problema de deuda externa que limita el espacio fiscal disponible para la inversión en acción climática. Por lo tanto, se requiere un enfoque integral de la deuda que incluya la cancelación de la deuda de los países menos desarrollados, así como la renegociación y transferencia de la deuda hacia otras economías que necesitan espacio fiscal. La Unión Europea, como un importante colaborador en la región, necesita el compromiso de los países de LAC en la lucha contra el cambio climático, lo cual puede lograrse a través de cambios en los esquemas de financiamiento que permitan desvincular las economías de las actividades extractivas y destinar recursos a la creación de condiciones que faciliten esta cooperación. En este sentido, la Unión Europea debe respaldar los esfuerzos de renegociación de la deuda y la ampliación del espacio fiscal, o de lo contrario, sus iniciativas de cooperación y financiamiento climático en la región no serán efectivas. 4. Nuevos y transformadores esquemas de financiamiento local: Durante años, se ha confiado en la cooperación entre gobiernos como la medida por excelencia para acercar a las regiones. Sin embargo, es ampliamente conocido que los cambios políticos no han logrado mantener acciones sostenibles a largo plazo. Por lo tanto, es necesario generar nuevos esquemas de cooperación que favorezcan y faciliten el acceso a actores no gubernamentales, en particular a las poblaciones locales, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y otras culturas. Son estas comunidades las que permanecerán en el tiempo y serán quienes protejan los territorios, incluso ante cambios políticos. 5. Transparencia al centro de la acción climática: La construcción de la confianza es uno de los principales elementos en la relación entre ambas regiones, que si bien tienen diversos niveles de desarrollo han mostrado por años el potencial de colaboración. Sin embargo, esto requiere de importantes esquemas de transparencia que permitan monitorear los compromisos, pero también ayudar al entendimiento de las necesidades. La transparencia será clave como un principio de acción, que debe acompañarse de participación y acceso a la justicia, todos partes del Acuerdo de Escazú que LAC tiene como instrumento y que la Unión Europea puede y debe apoyar para su propio beneficio, al enfrentar los problemas de violencia, inseguridad que vive en LAC y que amenazan los esfuerzos de inversión y cooperación de la UE. Estos son todos pasos necesarios para fortalecer la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Además, lograrlo requiere la participación de los gobiernos. Más importante aún, es necesario fortalecer las relaciones birregionales a través de los actores no gubernamentales, de quienes depende la continuidad de la política, ya que los gobiernos pueden cambiar, pero la sociedad civil representa la memoria histórica de los procesos. En este sentido, esta relación birregional debe perder el miedo a lo local, a lo nuevo, a lo diverso y a lo transformacional. La UE y LAC tienen una relación importante en tiempos de crisis y el éxito de los acuerdos dependerá de una visión balanceada y colaborativa. Latin America and the Caribbean and the European Union: An important relationship in the face of the climate crisis On July 17th and 18th, a meeting will take place between representatives from the countries of Latin America and the Caribbean and the European Union in Brussels, Belgium. This meeting has not previously taken place due to the pandemic and other issues affecting both regions, but it is crucial to design a common agenda in response to multiple global crises, including health, economy, war, and climate. In this context, representatives from civil society, academia, and other key sectors of these regions will also gather on July 13th and 14th in Brussels to develop proposals that will be presented to the governments. The current global scenario is not conducive to the development of either region. Economic and social differences create a significant gap that, instead of bringing them closer, keeps them apart. However, there is a growing interest in strengthening not only cooperation but also collaboration on critical issues that will shape the future of populations and territories in both regions. Considering this, the Climate Finance Group of Latin America and the Caribbean (GFLAC), as participants in the civil society working space, has identified at least five urgent areas within the context of the climate crisis that need to be prioritized on the agenda of both regions and emphasized in their implementation. These five topics are not exhaustive but are part of an urgent transformation that will advance low-emission well-being and climate resilience, with a focus on climate justice, equity, and respect for human rights and all species in both regions. 1. Accelerating a just energy transition : Combating climate change is imperative, and it is well known that the only way to achieve it is by reducing greenhouse gas emissions, especially in sectors that contribute the most, such as energy and transportation. While there has been increasing European investment in energy transition and transportation electrification in Latin America and the Caribbean (LAC), it has not been accompanied by a focus on justice and human rights that considers the well-being of the population. The success of financial interventions between both regions will depend on this social well-being. Therefore, investments and cooperation in the transition must be fair, avoiding widening inequality gaps and generating well-being for most of the population while avoiding negative environmental and social externalities. 2. Accelerating financing for adaptation: For years, the global South has been considered the most vulnerable region to the impacts of climate change. However, the heatwaves in Europe in the last decade, the increasing frequency of wildfires, and other impacts have shown that European countries are also vulnerable, although their response capacity is different, creating a gap between both regions. In response to this situation, urgent financing for short, medium, and long-term adaptation programs at different scales is necessary. This will strengthen research, capacity building, and technology transfer, which will benefit both regions. Programs focused on critical sectors such as water, forests, and agriculture will be essential to enhance understanding of the impacts in both regions and address growing issues such as migration and associated insecurity. Additionally, commitments are needed to address losses and damages resulting from climate change that cannot be addressed through adaptation efforts alone. 3. Transforming the financial sector: Both regions have been part of an important international debate on the reform of the international financial system. However, common positions have not always been maintained. On the one hand, LAC, like other developing regions, faces a challenging external debt problem that limits fiscal space for climate action investment. Therefore, a comprehensive debt approach is required, including debt cancellation for the least developed countries and the renegotiation and transfer of debt to other economies in need of fiscal space. The European Union, as a significant partner in the region, needs the commitment of LAC countries in the fight against climate change, which it's possible to achieve through changes in financing schemes that decouple economies from extractive activities and allocate resources to create conditions that facilitate this cooperation. In this regard, the European Union must support debt renegotiation efforts and fiscal space expansion; otherwise, its cooperation and climate financing initiatives in the region will not be effective. 4. New and transformative local financing schemes: For years, government cooperation has been relied upon as the ultimate measure to bring regions closer. However, it is widely known that political changes have not been able to maintain sustainable actions in the long run. Therefore, new cooperation schemes that favor and facilitate the participation of non-governmental actors, especially local populations including indigenous peoples, Afro-descendants, and other cultures, are necessary. These communities will remain over time and will be the ones protecting the territories, even in the face of political changes. 5. Transparency at the center of climate action: Building trust is a key element in the relationship between both regions, which, despite having varying levels of development, have demonstrated the potential for collaboration over the years. However, this requires significant transparency schemes that allow for monitoring commitments and facilitating understanding of needs. Transparency will be crucial as a guiding principle, accompanied by participation and access to justice, all of which are part of the Escazu Agreement, an instrument that LAC possesses and that the European Union can and should support for its own benefit, as it addresses the issues of violence and insecurity in LAC that threaten EU investment and cooperation efforts. These are all necessary steps to strengthen the relationship between the European Union and Latin America and the Caribbean. Furthermore, achieving this requires the participation of governments. Most importantly, it is necessary to strengthen bi-regional relations through the involvement of non-governmental actors, who are the guardians of policy continuity as governments may change, but civil society represents the historical memory of the processes. In this sense, this bi-regional relationship must overcome the fear of the local, the new, the diverse, and the transformative. The EU and LAC have a relevant relationship in times of crisis, and the success of agreements will depend on a balanced and collaborative vision.

En nuestro Seminario 3 titulado "¿Cuál es el rol del canje de deuda por acción climática?" , se habló de los resultados de la cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global, en el que expert@s y representantes de diversas organizaciones compartieron sus perspectivas. Aunado a ello se habló del rol que instrumentos como el canje de deuda por acción climática pueden tener en este nuevo pacto, y los retos y oportunidades que tienen para la región de América Latina y el Caribe. Sandra Guzmán , Directora General de GFLAC, mencionó que la cumbre Nuevo Pacto de Financiamiento Global, celebrada en París, fue un importante espacio para discutir las reformas del sistema financiero y atender problemas profundos como el tema de la deuda externa de los países en desarrollo. Sin embargo, hubo temas que no fueron abordados con mayor detalle como la necesaria reducción de inversiones en los combustibles fósiles. Si bien no fue un espacio de negociación oficial, es importante que los acuerdos se lleven ahora a espacios de acuerdos vinculantes, pues es ya reconocido que el sistema financiero debe cambiar para atender las múltiples crisis que aquejan al mundo y que están profundizando las vulnerabilidades de países en desarrollo. Por su parte, Jazmín Rocco , Coordinadora de Política Climática de FARN, destacó la importancia de la transparencia en la gestión de la deuda y lo importante de que el financiamiento climático no genere más deuda. En ese sentido, habló de la propuesta de la creación de un grupo de expertos sobre deuda, naturaleza y clima, propuesta por Colombia, Kenia, Alemania y Francia. Esta propuesta puede ser un tema a dar seguimiento por parte de países de América Latina y el Caribe y lograr la definición de propuestas que consideren las diversas realidades de los países en desarrollo. Además, se hizo hincapié en la necesidad de coordinación de espacios, como este proceso de la reforma con los temas enmarcados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El coordinador nacional de la iniciativa BIOFIN en Argentina, Nicolás Xanthopoulo s, habló de lo que son los canjes de deuda, como instrumentos que se han usado en el pasado, resaltando que los problemas de deuda son históricos y altamente preocupantes para la región de América Latina que es una de las regiones más endeudadas del mundo. Manifestó preocupación por la posible pérdida de soberanía de los recursos naturales y los efectos indeseados en la inflación. Subrayó que el canje de deuda es un instrumento que puede ser utilizado, pero no como instrumento único, sino acompañado de otros como los bonos, para evitar contar con una solución de alcance limitado. Jonathan Ryan , miembro fundador de Planisphera, enfatizó la importancia de que los canjes de deuda y otros instrumentos financieros sean reconocidos y respaldados oficialmente por acreedores, donantes e instituciones relevantes. Destacó la necesidad de generar políticas que reduzcan los costos de transacción y gestión, facilitando así el uso efectivo de estos instrumentos. Además, se mencionó que los canjes de deuda no siempre atienden a los países con mayores necesidades de conservación y protección de ecosistemas. También se señaló que los canjes podrían afectar las calificaciones de deuda y tener un impacto fiscal marginal si no forman parte de una reestructuración más amplia. José Fernández Alonso , miembro fundador de Argentina 1.5, resaltó la importancia de reconocer las diferencias y las diversas realidades en los países en desarrollo al abordar el canje de deuda por acción climática. Señaló que no existe un modelo único de canje de deuda aplicable a todos los países, y propuso apostar por un enfoque multilateral que tuviera en cuenta las condiciones particulares de cada nación en América Latina, pero sobre todo que se realice bajo observancia y esquemas de transparencia amplios. En su intervención Daniel Ortega, Ex Ministro de Ambiente del Ecuador, habló del caso del canje recientemente emitido y asociado a la protección de Galápagos. Comentó que los canjes de deuda bien diseñados y bien aplicados, pueden ser una alternativa de financiamiento para la acción climática, pero el éxito dependerá de la participación, transparencia y de una buena gobernanza de los instrumentos. Comento que Ecuador como muchos países de la región tienen importantes oportunidades para acceder a estos mecanismos. A partir de las intervenciones de los expertos, se identificaron varios desafíos y oportunidades en el canje de deuda por acción climática. Entre los desafíos se encontraba la necesidad de transparencia en la gestión de la deuda, el espacio fiscal limitado y los altos costos de transacción. Además, se destacó la diversidad de estructuras de deuda en cada país y la necesidad de una coordinación internacional efectiva para abordar este tema. Como parte de sus conclusiones, se destacó que el canje de deuda por acción climática plantea desafíos y oportunidades para los países en desarrollo y que es fundamental asegurar que el financiamiento climático no aumente las deudas existentes y que se promueva la transparencia de su gestión. Esto, gracias a que a medida que avanzamos hacia un nuevo paradigma financiero sostenible, es esencial considerar las diversas realidades y necesidades de cada país.

Imagen: The big shift ¿Vamos por buen camino? Por: Sandra Guzmán Luna Los días 22 y 23 de junio se llevará a cabo un importante encuentro titulado “ Un Nuevo Pacto Financiero Global ”, en París, Francia, originalmente convocado por el presidente Emmanuel Macron, de Francia, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley . El encuentro nació de una importante demanda de países en desarrollo que, presionados financieramente por la pandemia, la crisis económica y la crisis climática, se han visto obligados a pedir financiamiento a instituciones que lejos de ayudar a su estabilidad, han incrementado su deuda externa. El limitado espacio fiscal ha reducido la capacidad de los países de invertir en la atención del cambio climático, y ha incrementado la incapacidad de atender problemas estructurales como es la profundización de la pobreza, el desempleo y el aumento de actividad ilegal en respuesta a la precariedad económica que se vive en muchos países, y que atenta contra la seguridad de la población, particularmente en el caso de América Latina y el Caribe. En el marco de la pandemia, las actividades ilegales asociadas a la venta de drogas aumentaron en la región y en el mundo, intensificando los niveles de violencia (EL PACCT, 2022). En las decisiones derivadas de la COP27 se llamó por primera vez a las instituciones financieras internacionales, incluidos los bancos multilaterales de desarrollo, así como bancos centrales y otros, a actuar ante el cambio climático. Este llamado no fue una casualidad, fue resultado de una constante presión por conectar la realidad de las instituciones financieras internacionales con las necesidades cambiantes que se viven en el mundo. Si bien las instituciones que hacen parte del Grupo del Banco Mundial han venido desarrollando lo que llaman “Alineación con el Acuerdo de París” (BM, 2022), en el que se busca no solo incrementar el financiamiento climático, sino también alinear sus operaciones a este propósito, existe una duda fundamental sobre la “obligatoriedad” de dichas acciones y hasta qué punto son realmente un cambio de paradigma. En Bonn, Alemania en las sesiones de negociación de cara a la COP28 se retomó este tema como parte de las discusiones del Balance Global ( Global Stocktake ), en donde se hicieron preguntas sobre el rol de estas instituciones financieras en la movilización y provisión de financiamiento. Es de resaltar que representantes de países como Arabia Saudita, señalaron que el rol de estas instituciones no debiera ser objeto de discusión en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). No obstante, la mayoría de los participantes reconocieron que los gobiernos de los países que son signatarios y ratificantes de estos acuerdos globales, también son “accionistas” de estas instituciones financieras, y, por lo tanto, son quienes deben mandar las señales y mandatos claros para que estas instituciones cambien el formato y el rumbo de las decisiones. Y es que, en el mes de marzo, en el marco de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional se enfatizó que estas instituciones creadas en un contexto de post guerra y reconstrucción viven en un momento muy diferente de crisis múltiples que deben moverlas hacia una reforma. Aunque es más bien una transformación lo que se requiere, en la que se redefinan sus objetivos y esquemas de acción y funcionamiento. Las y los dirigentes de estas instituciones no pueden seguir operando bajo las mismas premisas de hacer dinero de la extracción de la naturaleza y de los países ya empobrecidos. Sus dirigentes deben entender que la crisis climática amenaza la estabilidad de todo aparato financiero. Los servicios y actividades productivas ya se ven amenazadas en un contexto de crisis climática y esto limita la generación de capital económico, lo que obligará a los países a pedir más “apoyo” financiero e incrementará su demanda y dependencia ante estas instituciones, sin embargo, su limitada capacidad de repago también será una amenaza para el sistema financiero, que pronto se verá con un flujo limitado de capital. Esto es parte de un círculo vicioso que afectará el aparato financiero, cuyas fallas de origen deben atenderse o será un sistema fallido que dejará de ser funcional, dando paso a nuevas formas de financiar acciones que alimentarían las actividades ilícitas en los países. Si bien hay avances en cuanto a la consideración del cambio climático en las instituciones financieras, y hay una creciente ola de iniciativas en la materia (TCFD, TNFD, GFANZ, y otras), la realidad es que la integración del tema en el top de las prioridades de dichas instituciones se ve aún lejano. Acelerar las capacidades de las instituciones en la materia y a todos los niveles (directivos y técnicos) será un reto importante. Pero también tendrá que venir acompañado del fortalecimiento de la ciudadanía que pueda exigir una mejor rendición de cuentas y que pueda dar acompañamiento a estos procesos de manera estructural. Es decir, la sociedad civil en sus diversas formas jugará un rol muy importante para presionar a que estos cambios se den. Los gobiernos tendrán que avanzar en las regulaciones que mandaten estos cambios estructurales; mientras que el sector privado, también en sus diferentes formas, jugará un rol, pero cuya participación tendrá que darse en un contexto de reglas claras y no de esquemas voluntarios que hasta hoy no se garantiza el éxito. En conclusión, las instituciones financieras no son inmunes al cambio climático, por el contrario, son altamente vulnerables y por ende deben ser más responsables de su atención. Aunque ya hay acciones en marcha, el camino es aún largo, pero no hay tiempo para esperar, por lo que es necesario tomar acciones más radicales y profundas si se quiere realmente combatir el problema. En este sentido hay un debate internacional sobre lo que debiera surgir de esta cumbre a celebrarse en París, y desde la sociedad civil se han analizado diversos mensajes que podrían marcar el termómetro y que podrían indicar un avance: 1. La redefinición de los esquemas de endeudamiento histórico : Esto incluye cancelación de la deuda a los países más vulnerables y con menores niveles de desarrollo. Renegociación de los esquemas de deuda para aquellos países que necesitan espacio fiscal para la acción climática, como economías emergentes. Estos esquemas pueden ser los denominados canjes de deuda por acción climática y la protección de la naturaleza, pero cuyos acuerdos se deben hacer bajo principios de equidad, transparencia y respeto a los derechos humano, evitando la creación de incentivos perversos. 2. La redefinición de esquemas de financiamiento de acuerdo con las necesidades de los países en desarrollo : Esto implica acelerar la financiación pública para la adaptación y la atención de las pérdidas y los daños, en forma de donaciones y cuyos esquemas de acceso al financiamiento sean directos, pues esta es la principal necesidad de los países en desarrollo. Acompañado de una inversión en los procesos para desacoplar las economías de actividades extractivas, pues en América Latina y el Caribe, los países con mayores emisiones reciben 10 veces más ingresos por actividades mineras y petroleras que por actividades sostenibles (GFLAC, 2022) patrón que debe cambiar. 3. La movilización inmediata de los 100 mil millones comprometidos y su escalamiento. El cumplimiento de la provisión de 100 mil millones es una obligación y su cumplimiento es un acto necesario para aumentar la confianza. Su escalamiento es muy importante para cubrir las necesidades de los países, y así diseñar una nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento climático, que debe ser de un mínimo de 500.000 millones de dólares anuales, considerando las necesidades identificadas en países en desarrollo. Mismas que deberán ser contabilizadas de manera integral y con ayuda internacional, para tener un mejor cálculo. Estas necesidades inmediatas deben cubrirse por recursos públicos y predecibles y mediante mecanismos como el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación y otros con mejor equidad en la toma de decisiones, pero cuyos esquemas de acceso también deben reformarse. 4. Cese a las inversiones en nuevas plantas de combustibles fósiles . Esto debe incluir un anuncio para parar las inversiones en plantas nuevas para extracción, exploración y producción de combustibles fósiles a partir de 2025 como vía central para estabilizar las emisiones hacia 2030 y según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2022). 5. Transformación de los flujos de financiamiento: La señal más clara será enviada cuando las instituciones financieras comiencen a integrar el cambio climático en todas sus operaciones y hagan que todos los flujos de financiamiento sean coherentes con el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, tal y como lo indica el Artículo 2.1.c del Acuerdo de París. 6. Mejorar esquemas de transparencia y participación: Estos cambios solo podrán ser posibles si las instituciones financieras y los países se comprometen a crear estructuras robustas y transparentes que muestren el avance de dichos cambios en el flujo de las inversiones. Y esto debe acompañarse de un fuerte esquemas de participación ciudadana incluyendo grupos de mujeres, jóvenes, y comunidades locales e indígenas que puedan realmente verificar de manera activa que estos cambios están sucediendo. Esto es, permitir que las organizaciones y grupos dejen de ser observadoras para ser entidades activas para el alcance de los objetivos. ¡Conoce el comunicado de sociedad civil latina y súmate!: https://bit.ly/42P2QLI Para leer la versión en inglés de este documento: https://shorturl.ac/7aipk

Image: The big shift Are we on the right track? By: Sandra Guzmán Luna On 22-23 June, a major meeting entitled " A New Global Financial Compact " will take place in Paris, France, originally convened by President Emmanuel Macron of France and the Prime Minister of Barbados, Mia Mottley . The meeting was born out of a strong demand from developing countries that, under financial pressure from the pandemic, the economic crisis, and the climate crisis, have been forced to seek financing from institutions that, far from helping their stability, have increased their external debt. The limited fiscal space has reduced the capacity of countries to invest in addressing climate change and has increased the inability to address structural problems such as deepening poverty, unemployment, and the increase in illegal activity in response to the economic precariousness experienced in many countries, which threatens the security of the population, particularly in the case of Latin America and the Caribbean. In the context of the pandemic, illegal activities associated with the sale of drugs have increased in the region and the world, intensifying the levels of violence (EL PACCT, 2022). The decisions coming out of COP27 called for the first time for international financial institutions, including multilateral development banks, as well as central banks and others, to act on climate change. This call was not an accident, it was the result of constant pressure to connect the reality of international financial institutions with the changing needs of the world. While the institutions that make up the World Bank Group have been developing what they call "Alignment with the Paris Agreement" (WB, 2022) , which seeks not only to increase climate finance but also to align their operations to this purpose, there is a fundamental question about the "enforceability" of such actions and to what extent they are really a paradigm shift. In Bonn, Germany, in the negotiation sessions leading up to COP28, this issue was taken up again as part of the Global Stocktake discussions , where questions were asked about the role of these financial institutions in mobilising and providing finance. Notably, representatives from countries such as Saudi Arabia pointed out that the role of these institutions should not be discussed in the context of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). However, most participants recognised that the governments of the countries that are signatories and ratifiers of these global agreements are also "shareholders" of these financial institutions and are therefore the ones who must send clear signals and mandates for these institutions to change the format and direction of decisions. In March, in the framework of the spring meetings of the World Bank and the International Monetary Fund, it was emphasised that these institutions, created in a post-war and reconstruction context, are living in a quite different moment of multiple crises that should move them towards reform. However, it is a transformation that is required, in which their objectives and schemes of action and functioning are redefined. The leaders of these institutions cannot continue to operate on the same premises of making money from the extraction of nature and from already impoverished countries. Their leaders must understand that the climate crisis threatens the stability of the entire financial apparatus. Services and productive activities are already threatened in a context of climate crisis and this limits the generation of economic capital, which will force countries to ask for more financial "support" and increase their demand and dependence on these institutions, but their limited repayment capacity will also be a threat to the financial system, which will soon find itself with a limited flow of capital. In other words, this is only part of a vicious circle that will affect the financial apparatus, whose original flaws must be addressed, or it will be a failed system that will soon cease to be functional, giving way to new forms of financing actions that could fuel illicit activities in countries. While there is progress in terms of climate change consideration in financial institutions, and there is a growing wave of initiatives on the subject (TCFD, TNFD, GFANZ, and others), the reality is that the integration of the issue at the top of the priorities of these institutions is still a long way off. Accelerating the capacities of institutions in this area at all levels (managerial and technical) will be a major challenge. But it will also have to be accompanied by the strengthening of citizens who can demand better accountability and who can accompany these processes in a structural manner. In other words, civil society in its various forms will play an especially significant role in pushing for these changes to take place. For their part, governments will have to continue to make progress on the regulations mandating these structural changes; while the private sector, also in its various forms, will play a role, but its participation will have to take place in a context of clear rules and not in voluntary schemes, which to date have not been a guarantee of success. In conclusion, financial institutions are not immune to climate change, on the contrary, they are highly vulnerable and therefore need to be more responsible for addressing it. Although actions are already underway, the road is still long, but there is no time to wait, and more radical and deeper action is needed if the problem is to be tackled. In this sense, there is an international debate on what should emerge from this summit to be held in Paris, and civil society has analysed various messages that could mark the thermometer and indicate progress: 1. Redefining historical debt schemes : This includes debt cancellation for the most vulnerable and least developed countries. Renegotiation of debt schemes for countries that need fiscal space for climate action, such as emerging economies. These schemes can be so-called debt-for-climate action swaps and nature protection, but whose agreements must be made under principles of fairness, transparency, and respect for human rights, avoiding the creation of perverse incentives. 2. Redefining financing schemes according to the needs of developing countries : This implies accelerating public funding for adaptation and addressing loss and damage, in the form of grants and direct access to finance schemes, as this is the main need of developing countries. Accompanied by an investment in processes to decouple economies from extractive activities, as in Latin America and the Caribbean, the countries with the highest emissions receive 10 times more income from mining and oil activities than from sustainable activities (GFLAC, 2022), a pattern that must change. 3. Immediate mobilisation of the 100 billion pledged and it is scaling up. The provision of $100 billion is an obligation and its fulfilment is a necessary act to increase confidence. However, its scaling up is especially important to meet the needs of countries, and thus to design a new collective and quantifiable climate finance target, which should be a minimum of 500 billion dollars per year, considering the needs identified so far in developing countries. These needs should be accounted for in a comprehensive manner and with international assistance, to have a better calculation. These immediate needs must be covered by public and predictable resources and through mechanisms such as the Green Climate Fund, the Adaptation Fund and others that have better equity in decision-making, but whose access schemes must also be reformed. 4. Cessation of investment in new fossil fuel plants . This should include a strong announcement to cease investments in new fossil fuel extraction, exploration, and production plants from 2025 as a central pathway to achieve emissions stabilisation by 2030 and in line with the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2022). 5. Transforming finance flows: The clearest signal will be sent when financial institutions begin to integrate climate change into all their operations and make all finance flows consistent with low-carbon and climate-resilient development, as outlined in Article 2.1.c of the Paris Agreement. 6. Improve transparency and participation schemes: These changes can only be possible if financial institutions and countries commit to creating robust and transparent structures that show the progress of these changes in the flow of investments. And this must be accompanied by strong citizen participation schemes including women's groups, youth, and local and indigenous communities that can actively verify that these changes are happening. That is, to allow organisations and groups to move from being observers to being active entities in achieving the objectives. Get to know the statement from the Latin civil society and join us!: https://bit.ly/42P2QLI To read the Spanish version: https://shorturl.ac/7aibc

Llevamos a cabo el segundo encuentro del ciclo de Diálogos rumbo a la COP28, titulado "Financiamiento Climático y deuda en países en desarrollo: Experiencias en América Latina" , el cual fue moderado por Andreia Banhe, nuestra Coordinadora de Asuntos Internacionales. Durante el evento, Sandra Guzmán , Directora General de GFLAC, destacó las necesidades que tienen los países de Latinoamérica y el Caribe para hacer frente al cambio climático. Se enfatizó sobre la importancia de que el financiamiento climático sea nuevo y adiciona al financiamiento para el desarrollo y que no genere más deuda. Señaló que América Latina es la tercera región receptora de financiamiento climático, después de África y Asia del Pacífico. Sin embargo, este financiamiento ha sido distribuido de manera desigual dentro de la región, con Brasil, México y Colombia recibiendo la mayor parte de los recursos en los últimos 10 años, pero cerca del 70% se ha dado a través de préstamos lo que genera deuda para el país. Resaltó que el 96 % del financiamiento climático en la región se destina a mitigar emisiones, mientras que solo el 4 % se destina a temas de adaptación, aunque la región es altamente vulnerable. También se mencionó la necesidad de desacoplar las economías de actividades extractivas y buscar mecanismos de financiamiento más sostenibles. Por su parte, Federico Sibaja , experto en Re-Course, enfatizó la importancia de reformar las instituciones financieras internacionales para alinearlas con los objetivos climáticos. Se destacó que los países más vulnerables al cambio climático se encuentran en peores condiciones en términos de deuda, y a menudo se ven obligados a recurrir a préstamos de emergencia con condicionalidades. Mencionó la necesidad de evitar crisis climáticas extremas para evitar una mayor acumulación de deuda en los países. También se planteó la posibilidad de destinar recursos de pago de deuda a políticas de adaptación, lo cual podría contribuir a evitar futuras crisis de deuda. En su participación, Juan Pablo Bohoslavsky , investigador del CCONICET en la Universidad Nacional de Río Negro, subrayó la relación entre las medidas económicas y los derechos humanos. Se hizo hincapié en la necesidad de incorporar los cálculos de apropiación atmosférica en las negociaciones sobre el alivio de la deuda y de considerar la sostenibilidad de la deuda desde una perspectiva ambiental En conclusión, el evento puso de manifiesto la importancia de abordar el financiamiento climático y la deuda en países en desarrollo de manera equitativa y sostenible, teniendo en cuenta los impactos del cambio climático en la región y la necesidad de políticas fiscales que promuevan la acción climática. Te invitamos a estar pendiente de futuras actividades relacionadas con este tema y a unirte a nosotros en próximas conversaciones.

Por: Janeth Ugalde, Marisol Marín, Sandra Guzmán Equipo Coordinador GFLAC El Estado de México es la entidad con un mayor número de habitantes y un importante peso en la economía del país. Recibe el mayor presupuesto por parte del gobierno federal cada año [1] y cuenta con una sólida economía representando el 9.2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, ocupando el segundo lugar entre los 32 estados del país. [2] No obstante, lo anterior, se trata de un estado con alta vulnerabilidad ante el cambio climático debido a que, dentro de su territorio existe una variada población de pueblos indígenas [3] . Así como, una valiosa riqueza biológica por la presencia de ríos, lagos, presas y bosques de diferentes tipos. De hecho, de acuerdo con datos del Gobierno del Estado de México casi la mitad del territorio está abarcado por varios tipos de vegetación. [4] Por estos y otros motivos, es necesario que cualquier persona con aspiraciones a la gubernatura del Estado, integre una agencia ambiciosa y que considere acciones ante la emergencia climática que ya afecta su territorio y población. Aspectos como la crisis hídrica, una mejor planeación urbana, la mejora de la calidad del aire, debido a que, de acuerdo con el ranking de IQAirs, el municipio de Metepec en 2022 fue la ciudad con mayor contaminación en el país. Ante el panorama anteriormente expuesto, las dos candidatas a la gubernatura han dado a conocer sus propuestas en materia ambiental por medio de su página web y lo expuesto en el 2do debate de fecha 18 de mayo de 2023 [5] , que pondrían en marcha de ser elegidas: Delfina Gómez Álvarez , ha incluido en su plataforma planes para mejorar las redes de distribución de agua, combatir el robo de agua y aprovechar el agua de lluvia como una fuente adicional. También, ha enfatizado la importancia de preservar y restaurar ríos, humedales y cuerpos de agua. En el ámbito del transporte, Gómez propone expandir las opciones de transporte mediante el aumento del número de unidades y rutas, así como la extensión de las líneas de transporte existentes. Además, ha abogado por una gestión adecuada de los desechos a través de la creación de nuevos rellenos sanitarios y se opone a la privatización del agua, los bosques y otros recursos. Asimismo, Gómez se ha comprometido a defender los derechos de las comunidades indígenas, garantizando su participación en la vida pública y promoviendo la justicia para todos. Por su lado, Alejandra del Moral Vela , ha propuesto medidas clave en áreas como el agua, el medio ambiente, la infraestructura urbana, la movilidad y el campo. Entre sus propuestas destacan el rescate del Río Lerma, la protección de los bosques mexiquenses, la mejora de la infraestructura hídrica, la promoción de transporte público más económico y sostenible, la ampliación de la red de ciclopistas, la inversión en el campo con apoyo para fertilizantes y semillas mejoradas, y la implementación del Seguro Agropecuario ante Cambios Climáticos. También se promoverá la investigación en cultivos como el aguacate, café y mezcal, y se buscará la construcción de cuerpos de almacenamiento de agua en zonas rurales. Ante este panorama, recientemente organizaciones de la sociedad civil se unieron para construir el Plan de Descarbonización y Resiliencia Climática en México visión 2024-2030 , con el objetivo de que el país reduzca significativamente su dependencia a combustibles fósiles y actividades extractivas y transite hacia una economía regenerativa y de bajas emisiones. Este Plan está basado en un enfoque de derechos humanos e igualdad y prioriza la visión y participación de comunidades locales, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, juventudes e infancias, en el diseño e implementación de normas, políticas, estrategias y acciones a nivel nacional y local. Al analizar las propuestas de las candidatas en el marco de dicho Plan, se identifica que ninguna de las candidatas cumple con la integración de la perspectiva de cambio climático de manera comprehensiva ya que, no se toma en consideración la necesaria transición hacia un modelo de economía circular regenerativa, que promueva suelos vivos, una transición energética justa y mecanismos de finanzas sostenibles, bajo un enfoque de justicia, protección y salvaguarda a los derechos humanos. Si bien las candidatas contemplan ciertos elementos del mencionado Plan como ciudades sostenibles, agua y defensa del territorio, sus propuestas no abordan el origen de algunos problemas, como es el caso de la falta de actualización de la legislación de aguas que no se alinean en su totalidad con las exigencias del Plan; y no se menciona la urgente necesidad de actualización o creación de legislación en materia ambiental, así como de instrumentos dotados de presupuesto que permitan la correcta aplicación de la misma. A pesar de que las candidatas tienen presente la crisis hídrica del estado, sus propuestas no permiten dar una atención integral a la emergencia climática. En este sentido, es necesario enfatizar la urgencia de abordar la acción climática y ponerla en el centro de la agenda política. La ciudadanía debe analizar y considerar detenidamente las propuestas de las candidatas, y una vez electa, exigir el cumplimiento y la atención adecuada de medidas como las integradas en el Plan de Descarbonización y Resiliencia Climática, mientras que la ganadora tendrá que integrar las medidas del Plan si desea hacer cambios sustantivos en su mandato. Es importante recordar que quien gane las elecciones del Estado de México, como quien gane más adelante las elecciones presidenciales, tendrán en su poder la ventana más importante de oportunidad ante la crisis climática, debido a que el año 2030 es la fecha límite para aumentar la ambición, y evitar daños irreversibles provocados por el cambio climático en el ambiente y en la sociedad. [1] Este año tiene como monto propuesto: $261,062,104,75 PPEF 2023 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Infografia_PPEF_2023 [2] México, ¿Cómo vamos? Estado de México – México ¿cómo vamos? (mexicocomovamos.mx) [3] Gobierno del Estado de México 202, https://coespo.edomex.gob.mx/sites/coespo.edomex.gob.mx/files/files/2021/Poblaci%C3%B3n%20indigena%20del%20Estado%20de%20M%C3%A9xico%20Marzo%20COESPO%202021.pdf [4] Secretaria de Educación del Estado de México 2018, https://ceape.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/BOSQUES_-1-50.pdf [5] INE 2023 https://www.youtube.com/watch?v=cATi8ltog44

Iniciamos una serie de conversaciones virtuales dedicadas a la transformación del Sistema Financiero Internacional y sus implicaciones en Latinoamérica y el Caribe, explorando las reformas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con la finalidad de generar propuestas para una verdadera transformación del sector, considerando las implicaciones sociales, humanitarias, económicas y ambientales en apoyo a la acción climática y a favor de las personas. Durante la primera sesión, los participantes contribuyeron con valiosas reflexiones. Para Pilar Assefh, cofundadora de Periodistas x el Planeta, es crucial resaltar la importancia de tener una mayor representatividad en el board de instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Actualmente, el board de estas instituciones está dominado por los votos de paises desarrollados, debido a su capacidad de apertura de mercado. Sin embargo, en la actualidad, las economías emergentes han experimentado un crecimiento significativo, pero no cuentan con una cuota de votos que se ajuste a su capacidad de influencia en el mercado. La experta también remarcó que es fundamental la promoción de una mayor inclusión y representación de las economías emergentes en el proceso de toma de decisiones, para una distribución más justa del poder y asegurar que las voces y necesidades de estas economías sean debidamente consideradas. Leandro Gómez, coordinador del programa Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en Argentina, advirtió que las reformas promovidas por el Banco Mundial y el FMI buscan aumentar los préstamos, generando un mayor endeudamiento con múltiples condiciones. Según él, estas son soluciones falsas que no abordan la problemática de raíz. Además, señaló que el repago de la deuda por financiamiento climático se realiza a través de sectores tradicionales vinculados a la desigualdad, la pobreza y la explotación de bienes comunes, lo cual tiene impactos ambientales y climáticos en América Latina. A su vez remarcó la importancia de promover una mayor representación de los países del sur global en el board del FMI y el Banco Mundial. Esto porque considera necesario implementar cambios en el sistema fiscal, la cooperación internacional y la transparencia, así como eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Esto debido a que considera que se requiere una modificación del sistema de análisis para integrar perspectivas ambientales y de derechos humanos. Por último, es importante contar con cláusulas que permitan revisar los pagos de deudas en situaciones de crisis externas, como el cambio climático y la pandemia de COVID-19, con la finalidad de garantizar un desarrollo sostenible y equitativo, es necesario reformar las instituciones internacionales y los sistemas fiscales y energéticos. Por su parte Emilio Spataro, asesor en política pública de Avaaz, puntualizó que América Latina es una región clave en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, representando el 40% de la diversidad global. Sin embargo, enfrenta desafíos debido a la desiguald ad en términos de indicadores sociales y a un alto nivel de endeudamiento, que supera el 90% en relación con el PIB. Subrayó que el sistema financiero está relacionado con la pérdida ambiental y la violación de los derechos humanos, y aunque algunos gobiernos han tomado medidas, estas son lentas en comparación con la crisis ambiental actual en América Latina. Spataro también comentó que es fundamental que se promueva el cumplimiento de los derechos humanos y se integren criterios ambientales sólidos. Sin embargo, no podemos pasar por alto la importancia de la participación plena de las comunidades afectadas en este proceso, debido a que es crucial que la reforma se enfoque en una escala territorial adecuada, considerando las características y necesidades específicas de cada región. Esto implica no solo financiar obras de desarrollo, sino también aplicar condiciones que se ajusten a las particularidades de cada territorio. Por lo tanto, la reforma debe abordar tanto las demandas sociales y económicas como las ambientales, buscando un equilibrio sostenible que promueva el desarrollo sin comprometer los derechos humanos ni el medio ambiente. Una de las conclusiones a las que llegaron l@s ponentes, es lo crucial que es adaptar las instituciones financieras a las necesidades actuales, reconociendo las responsabilidades no asumidas en la pérdida ambiental y el crecimiento de la desigualdad poblacional, los cuales conllevan a la violación de los derechos humanos. Cabe mencionar que la moderadora del evento y nuestra Fundadora y Coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), Sandra Guzmán, remarcó la importancia de evitar prácticas que generen más deudas, ya que las reformas propuestas por el Banco Mundial y el FMI aumentan los préstamos que conllevan a un endeudamiento mayor con un sinfín de condicionalidades y atados a los mercados de carbono, son falsas soluciones y no atacan la problemática de raíz. Agradecemos la valiosa contribución de l@s participantes y su interés en este importante tema. Las preguntas planteadas en el evento, enriquecieron el diálogo y nos impulsarán a avanzar hacia un sistema financiero más justo y sostenible. Si no pudiste asistir al evento, te invitamos a estar pendiente de futuras actividades relacionadas con este tema y a unirte a nosotros en próximas conversaciones.

Inició ya la segunda semana de la COP26 en Glasgow donde se discute y acordará la reducción de emisiones de carbono, mientras que México llega con una política energética que incrementará las emisiones de gases de efecto invernadero y se niega a sumarse a iniciativas para reducirlas. México, un país altamente emisor de gases de efecto invernadero en la región, no podrá adaptarse. No será posible si no se reducen las emisiones que causan el cambio climático. Organizaciones de la sociedad civil mexicanas que atienden presencialmente la COP26, en Glasgow, Escocia, expresan su preocupación por la falta de coherencia que existe en la posición del gobierno mexicano en materia de cambio climático, ya que el gobierno ha estado presente en la Cumbre con una narrativa de supuesto incremento de la ambición, cuando en realidad no se han aumentado las metas en materia de mitigación. Por el contrario, la política energética del país tendiente a la explotación de hidrocarburos producirá un aumento de 0.3 GtCO2e (Informe sobre la Brecha de Emisiones, PNUMA,2021). Además de ello, se prevé que con las políticas que se vienen implementando (relegar renovables, promover el uso del carbón y el combustóleo, la construcción de una refinería) las emisiones de México serán superiores en 2030 respecto a las de 2010. Si bien se han integrado acciones adicionales en materia de adaptación en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) respecto a la de 2015, lo cual es positivo, tal esfuerzo se debilita a la luz de las crecientes emisiones en el sector energético pues cabe recordar que tener menos ambición en la reducción de emisiones significa mayor inversión en acciones de adaptación y más pérdidas y daños. Algunas de las acciones con las que México llegó a la COP26, son: La cancelación y modificación de instrumentos para fomentar la transición energética como las subastas del sector eléctrico y los certificados de energía limpia. La cancelación del Fondo para el Cambio Climático. La construcción de una refinería nueva y la rehabilitación de otras seis. Las mismas metas de reducción de emisiones que tenían en 2016, fallando al principio de progresividad en la acción climática y permitiendo de hecho más aumento de emisiones. La disminución de presupuesto al Anexo Transversal de Cambio Climático en el que más del 70% se destina al servicio de transporte de gas natural Un presupuesto público que destina menos del 1% al sector ambiental. Además de ello, existen acciones paralelas cuyos efectos incrementarán las emisiones de gases de efecto invernadero. Basta recordar al respecto el retraso en la implementación de las Disposiciones Administrativas para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del Sector Hidrocarburos , o el aplazamiento de la introducción de estándares menos contaminantes de vehículos pesados conforme a la NOM 044, o la concesión hecha a PEMEX nuevamente para retrasar la distribución de Diésel de Ultra Bajo Azufre en todo el territorio nacional. Todas estas acciones impactan el cumplimiento de las ya altamente insuficientes, metas de reducción de emisiones. Mientras que en el marco de la COP26 en donde se formaron coaliciones a las que México no se sumó, como la coalición para la reducción de inversiones públicas en materia de carbón, mientras que a otras se sumó tarde, como la coalición para la reducción de deforestación. Vale la pena recordar que el pasado agosto el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la Naciones Unidas nos recordó que la acción climática no puede seguir esperando y que de hecho, nuestra región será la región en la cual el aumento de temperatura será mayor respecto a la media en el resto del planeta. Un par de meses después, y dada la relevancia de los impactos del cambio climático en el goce y disfrute de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó un mandato para la designación de un Relator Especial (experto de la ONU) sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Es en este contexto, que México NO puede seguir ignorando y minimizando el llamado que hace la ciencia ni el reconocimiento que se hace desde los derechos humanos para tomar acción climática de manera urgente. En el marco de la COP26, exigimos al gobierno mexicano que: Se comprometa a presentar el próximo año ante la CMNUCC, la NDC y su Estrategia de Largo Plazo actualizadas con metas a 2030 y 2050 alienadas con los objetivos 1.5 grados. Presente una hoja de ruta clara con acciones para alcanzar esas metas vinculadas a un presupuesto público que promueva la transición justa y la protección /restauración de los ecosistemas. Incremente el presupuesto público para la transición energética justa. Reactive las subastas eléctricas. Restaure el Fondo para el cambio climático. Publique la Estrategia nacional de electromovilidad. Cese a las actividades de fracking, las cuales en el discurso no van pero en el presupuesto del gobierno federal para el 2022 hay recursos para el fracking. Deje de retrasar la aplicación de las regulaciones administrativas y las normas oficiales mexicanas que ayudarán a la reducción de emisiones. Se comprometa a cerrar las centrales carboeléctricas y la generación con combustóleo en esta década. Promueva el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y los derechos intergeneracionales en todos sus posicionamientos. Asegurar el acceso a la energía como derecho humano, respetando los derechos de las comunidades indígenas y locales. Apoye la consolidación de un mecanismo financiero para atender las pérdidas y daños derivados de los impactos del cambio climático, en particular para países más vulnerables. Acelere la descarbonización de sus finanzas públicas, para lo cual necesita reducir su dependencia a ingresos intensivos en carbono, como los provenientes de las concesiones mineras y petroleras y la venta de gasolinas y diésel. Organizaciones firmantes. Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Extinction Rebellion México Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) Huerto Roma Verde Ruta Cívica

A la red de Hubs de Finanzas Sostenibles por el futuro, un primer llamado. De acuerdo con Álvarez-Vergnani (2019) "El primer requisito para una participación responsable y de peso es contar con la información necesaria para una correcta toma de decisiones", por eso más de 300 jóvenes fueron seleccionados regionalmente para ser partícipes del Programa de Juventudes por las Finanzas Sostenibles para el Futuro durante 3 meses de certificación sobre las finanzas públicas sostenibles. De acuerdo con el mismo autor (2019) "Se comienza a percibir como un proceso de participación más activo cuando se nos solicita o de manera voluntaria, utilizamos un espacio para emitir un criterio a partir de nuestras percepciones, conocimientos adquiridos y experiencias cotidianas". El HUBS de Finanzas Sostenibles se presenta como este espacio que busca percepciones, demanda conocimientos y experiencias desde la juventud en torno al cambio climático y las finanzas sostenibles para el futuro. Más aún como grupo organizado, busca promover la intervención activa, creando y ejecutando ideas específicas, siendo, por lo tanto, parte de procesos de creación conjunta a manos de jóvenes y expertos en lo relativo a las finanzas sostenibles. Queridos miembros, este espacio es de todos. También es para presentar dudas y sugerencias. Y aquí no hay jerarquías. Nuestras estructuras de gobernanza son horizontales. La idea es lograr consolidar los HUBS y buscar la asesoría y participación de GFLAC en el proceso y a futuro. No es algo que se logrará en tres meses, pero con el compromiso de varios en esta red, podemos proponer cimientos sólidos que nos permitan construir con fortaleza hacia ese futuro inmediato y necesario en nuestra comunidad. Somos un “Hub regional” y en él se formarán futuros líderes, tendremos una plataforma de colaboración y aprendizaje, juntos exigiremos procesos e inversiones sostenibles que de lograrse nos continuarán beneficiando a nosotros y próximas generaciones; se harán amistades, aprenderemos y seremos parte de un cambio generacional y estructural al nivel nacional, regional y primero sea, global - al final de todo nos enlistamos a una batalla que no respeta fronteras y que no elegimos - nos heredaron-, y cuyo desenlace ahora tenemos que definir en los espacios de incidencia indicados y/o demandados-. Asi que sí, para muchos aquí presentes esta será su primera gran batalla, una campaña intergeneracional y transnacional que necesita nuestra organización y participación con un verdadero nivel de incidencia. GFLAC es una comunidad de expertos climáticos, quienes se han conocido y apoyado a lo largo de los años. Como saben, por definición, el Hub de Finanzas Sostenibles es un espacio que se abre para contribuir con la creación y fortalecimiento de capacidades de organismos gubernamentales y no gubernamentales, a nivel nacional, regional e internacional, en materia de finanzas sostenibles, para ayudar al alcance de los objetivos planteados en el Acuerdo de París (Campaña Finanzas Sostenibles por el Futuro, 2020). Asi que no olviden que en este grupo no existe jerarquía, solo puentes para cambios que nuestra generación podrá tener el privilegio de vivir y/o de guiar con madurez y responsabilidad mediante la colaboración e incidencia en plataformas operativas como la presente. Ser parte de esta red de HUBS es tener una membresía, no solo al capital humano, sino a los valores de GFLAC que sustentarán nuestras acciones. Asi que es esto, un HUB de Finanzas Sostenibles; es justicia intergeneracional, es justicia climática, es un desarrollo sostenible que se define por inversiones sostenibles, es desarrollo económico inclusivo y por tanto, a una transformación social y ecológica, son finanzas sostenibles por el futuro climático, nuestro futuro. De acuerdo con Granados-Solís (2017) "como ciudadanía debemos utilizar las mejores herramientas y estrategias para demandar la transparencia y la apertura de espacios para ser escuchados e incidir". Las finanzas sostenibles serán nuestra trinchera y estandarte, desde las comunidades indígenas y/o rurales hasta las grandes ciudades latinoamericanas, es una lucha que nos incumbe a todos. Y por eso nos conformamos, por eso nos levantamos, por eso buscamos encarnar los valores o necesidades compartidos de todos los involucrados, por eso somos una red de HUBS de Finanzas Sostenibles por el futuro de nuestra región y desde la voz de los jóvenes. Es una lucha que no ganaremos solos, así que no, no estamos solos, somos un grupo y pronto seremos una comunidad, así como GFLAC lo es a nivel regional. Este es nuestro primer llamado. Este es nuestro mensaje de que estamos aquí y seguimos avanzando con apoyo de una gran comunidad climática. Ricardo De Rosenzweig Díaz. Miembro del Hub de Finanzas Sostenibles México y pasante en GFLAC.

El Programa de Jóvenes sobre las Finanzas Sostenibles que tuvo fecha de marzo a junio del 2021, fue organizado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), en colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Argentina, The Climate Reality Project y la Embajada Británica, además de otros aliados estratégicos. Los objetivos de esta campaña de Finanzas Sostenibles para el Futuro es poner la vida al centro de las inversiones, para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y en particular su artículo 2.1.c., así como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030. Como un espacio que se apertura para intercambiar experiencias y contribuir con la creación y fortalecimiento de capacidades de organismos gubernamentales y no gubernamentales, a nivel nacional, regional e internacional, en materia de finanzas sostenibles, la red latinoamericana de HUBs elaboramos un trabajo final cada uno por país en los que se analizaron diferentes aspectos como los avances de cada uno de los países de LAC en relación con sus finanzas sostenibles, sus progresos ante el Acuerdo de París mediante sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs), y los retos y oportunidades a los que se enfrentan. Una vez examinados estos rubros, se identificaron diferentes desafíos y puntos de mejora, así como también el importante papel que juegan las juventudes. Aprovechamos este momento crucial y de expectativas que representa la COP26. Este es nuestro manifiesto regional y te lo queremos compartir.