Por: Emilio Spataro / Asociado de Diplomacia para la Biodiversidad en GFLAC Uno de los principales procesos que sin duda, será determinante para la mitigación de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la capacidad de adaptación y la atención de las pérdidas y daños en los países desarrollados; es el establecimiento de un Nuevo Objetivo Colectivo  Cuantificado de Financiamiento Climático (NCQG, por sus siglas en inglés). Conforme a las decisiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), este objetivo debe ser diseñado y aprobado antes del año 2025. Entre los temas abordados se encontró: La importancia de establecer objetivos útiles para América Latina como una oportunidad de corrección de un sistema de financiamiento sesgado, especialmente en términos de financiamiento climático destinado mayormente a la mitigación y transición energética. La identificación de elementos clave para una meta robusta, destacando la importancia de criterios políticos y técnicos en su determinación. La necesidad de definir claramente el alcance de la nueva meta, en consonancia con el artículo 9 del acuerdo, y establecer un enfoque a largo plazo con revisiones periódicas cada 5 años para asegurar su cumplimiento efectivo. El evento virtual Luego de las palabras de bienvenida la Dra. Sandra Guzmán, Fundadora y Directora General de GFLAC realizó una contextualización acerca donde nos encontramos con respecto discusión de la NCQG. Al respecto Guzmán mencionó: "el contexto ha cambiado mucho desde que se estableció la meta de los 100,000 millones en 2009 al establecimiento de la nueva meta en 2024. Es una conversación que se ha venido dando a lo largo de los últimos dos años. Hay una gran diferencia en el contexto. Cuando hablábamos de los 100,000 millones, no existía un acuerdo universal; ahora tenemos el Acuerdo de París. Antes no teníamos contribuciones nacionalmente determinadas, aunque teníamos otros instrumentos. Ahora tenemos contribuciones y políticas nacionales de adaptación que son cada vez más robustas, aunque ciertamente todavía tienen muchas áreas de mejora. Antes, la meta de los 100,000 millones se basó en los compromisos políticos de los países donantes, mientras que esta nueva meta debe tomar en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo”. Luego fue el turno de Andrés Mogro, Gerente del Programa de Resiliencia y Transición Climática de Fundación Avina, quien hizo hincapié en los servicios ecosistémicos que América Latina brinda al mundo tanto por su biodiversidad como por la producción de alimentos que colaboran en la seguridad alimentaria de una parte importante del mundo. Por lo cual Mogro plantea que a la hora de definirse el financiamiento climático debería reconocerse el aporte que están haciendo regiones que a su vez sufren las consecuencias del cambio climático y necesitan mayor inversión en adaptación, cuando la tendencia actual ha sido de mayor financiamiento en mitigación. Al respecto dijo: “el financiamiento hasta ahora no no aprecia esto, entonces ha estado enfocado a reducir emisiones y a hacerlo en donde sea más barato y donde donde sea una inversión con más rédito creo que esa es una oportunidad importante, es nuestra oportunidad de corrección”. Este año 2024 hay un plan de trabajo establecido por los facilitadores de esta conversación, en donde se habla de llevar a cabo al menos tres diálogos técnicos y también tener una conversación de alto nivel para el diseño y la identificación de esos elementos. Además, empezar a trabajar sobre un texto que pueda negociarse de manera temprana. Estamos en el tercer año para la definición de la nueva meta. Como toda decisión importante, hay muchos acuerdos y desacuerdos teniendo presente las diferentes visiones que tienen las partes sobre esta meta.  Sin embargo, hay desacuerdos sobre hacia dónde debería ir el financiamiento de esta nueva meta. Algunos países en desarrollo quieren que no solo sea el destino la mitigación y adaptación sino también las pérdidas y daños, incluso hablan de la transición justa. Mientras que los países desarrollados quisieran que solo se refleja la mitigación y adaptación y no tanto las pérdidas y daños. Sobre las fuentes de financiamiento, los países en desarrollo prefieren que el recurso venga de los países desarrollados y que sea principalmente público y basado en donaciones para evitar el incremento de la deuda. Mientras que los países desarrollados quieren integrar financiamiento privado. Continuó la disertación Natalia Alayza, Gerente del Centro de Finanzas Sostenibles de WRI, quien ante la pregunta disparadora ¿Cuáles son los retos más grandes para alcanzar acuerdos respecto a la meta? respondió: “en el marco de la nueva meta creo que aún el proceso en sí mismo ha ayudado a identificar precisamente los elementos que has explicado en la presentación de cuáles son esos elementos claves para poder tener una meta suficientemente robusta que no sea únicamente basada en el número en un número.(...) La nueva meta puede constituir también una meta global de inversiones a las cuales todos los países, todos tienen un rol es decir, un rol no solamente en movilizar recursos sino también alinear sus marcos legales en alinear las políticas y desarrollar las condiciones habilitantes para poder movilizar los recursos”. Por último cerró la lista de oradores Genn Godoy de Global Youth Coalition, Punto de contacto finanzas  y mercados para YOUNGO. Godoy contextualizó acerca de los riesgos que hay que considerar  las necesidades de los países en desarrollo, mencionando: “el enfoque geopolítico y los conflictos que existen están desviando mucho financiamiento del financiamiento climático y de biodiversidad a otras cosas que van completamente en contra, como son la guerra armada”. Godoy también aprovechó para alertar sobre el poco espacio fiscal de los países en desarrollo para invertir en adaptación dado el peso de la deuda externa. Ya en en el debate general los oradores coincidieron en analizar que en cuanto a la línea del tiempo, los países en desarrollo quieren que esta meta se materialice en el corto plazo, no más allá de 5 años. Mientras que los países desarrollados hablan de una visión de largo plazo, incluso proponiendo revisiones cada 10 años. Por último, los aspectos cualitativos son importantes. No hay un acuerdo sobre cómo deben reflejarse temas como acceso, deuda, equidad de género, y derechos humanos. Tampoco hay un acuerdo sobre cuánto debería ser la meta. Los países en desarrollo hablan de considerar las necesidades que van entre 1 a 5.8 trillones de dólares, mientras que los desarrollados no han establecido propuestas cuantitativas claras. Para reflexionar Sabemos que esta meta debe basarse en necesidades. Si analizamos el estado actual del financiamiento versus las necesidades, el 80% del financiamiento climático se va a la mitigación, menos del 15% a la adaptación y una porción muy pequeña a pérdidas y daños. La mayor parte del financiamiento incrementado viene del sector privado, no del público. Las necesidades de los países en desarrollo indican que su prioridad es la adaptación, que no debería incrementarse la deuda, y que haya un acceso más sencillo y efectivo. En resumen este seminario virtual buscó continuar la conversación sobre el estado de las cosas en materia de la nueva meta, para identificar avances, retos y posibles vías para diseñar una meta que sea inclusiva, equitativa y eficaz, con el fin de  contribuir al proceso formal desde la sociedad civil. Revive el diálogo aquí:

Por: Orlando Barbosa Mejía, Asociado de Investigación y Divulgación, GFLAC Los informes científicos más recientes sobre el cambio climático, incluyendo los del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en 2022, subrayan que el aumento de la temperatura global se debe principalmente a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. En este contexto crítico, comprender las necesidades y vacíos de financiamiento a nivel internacional y nacional se vuelve crucial. El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) ha respondido a este desafío con el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS). Esta herramienta monitorea los flujos de ingresos y egresos, tanto a nivel nacional como internacional, que tienen los países en desarrollo para abordar el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Además, identifica las fuentes de ingresos y egresos intensivos en carbono que podrían obstaculizar el avance hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Con el propósito de profundizar en estos temas, llevamos a cabo el evento “El estado de las Finanzas Climáticas en Brasil”, que forma parte de los “Diálogos por las Finanzas Sostenibles 2024”. El objetivo del evento era abordar los desafíos y retos específicos que enfrenta Brasil en su transición hacia finanzas públicas alienadas con un desarrollo bajo en emisiones y resilientes al clima, garantizando una transición justa, equitativa y sostenible. La sesión comenzó con la presentación de Sandra Guzmán, fundadora y directora general de GFLAC, quien destacó que, según con los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2023, Brasil ocupa la sexta posición entre los 20 países analizados, con un nivel “MEDIO” en términos de finanzas sostenibles. Aunque se observa progreso en la asignación de recursos financieros para abordar el cambio climático, Guzmán señaló que el presupuesto destinado a actividades intensivas en carbono supera en 11 veces al presupuesto destinado a actividades sostenibles. Especialmente preocupante es el hecho de que la mayoría de los ingresos en Brasil provienen de actividades intensivas en carbono, como la industria de hidrocarburos. Esto resalta la urgencia de diversificar la economía y reducir la dependencia de combustibles fósiles para promover un desarrollo más sostenible. Guzmán enfatizó la necesidad de una estrategia integral de financiamiento climático y sostenible que alinee mejor las inversiones con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible del país, fomentando la innovación, la diversificación económica y la inversión en proyectos sostenibles. Aunque se observa un aumento del presupuesto climático en Brasil, aún queda pendiente situar al cambio climático en el centro de las instituciones financieras. En este sentido, Nabil Kadri, director general adjunto del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), destacó que, aunque el tema del cambio climático se ha abordado en el ámbito financiero desde una perspectiva de riesgos climáticos, debe considerarse en una política y estrategia de largo plazo. Además, comentó que es fundamental dejar de financiar proyectos de combustibles fósiles e incentivar la inversión en proyectos renovables, sugiriendo que el financiamiento climático se canalice a través de fondos que asuman el riesgo crediticio cambiario para evitar que los costos recaigan en el país. Kadri afirmó que la emisión de bonos sostenibles por parte del Gobierno de Brasil representa un avance significativo en el panorama de las finanzas climáticas y enfatizó que es esencial que la agenda climática demande un enfoque integral que abarque la mitigación, la adaptación y la gestión de pérdidas y daños, para asegurar una respuesta efectiva y sostenible frente a los diversos desafíos climáticos. En cuanto a los retos que Brasil enfrenta para cerrar la brecha entre el financiamiento intensivo en carbono y el financiamiento sostenible, Isabela Rahal, especialista en políticas públicas climática del Instituto Talanoa, señaló que en Brasil se observa una priorización en ciertos aspectos financieros, mientras se dejan de lado preocupaciones importantes como la biodiversidad y las pérdidas y daños. Además, mencionó que la comprensión transversal sobre la necesidad de invertir en temas climáticos en diversas áreas del gobierno brasileño sigue siendo una brecha importante que debe superarse. Rahal también destacó los desafíos significativos en términos de gobernanza, identificación de brechas y atracción de inversiones privadas para alcanzar los objetivos climáticos del país. La adaptación al cambio climático es uno de los principales retos, ya que carece de un plan sólido y de mecanismos específicos para su financiamiento, a pesar de la urgencia resaltada por eventos climáticos extremos, como los ocurridos recientemente en Rio Grande do Sul. En el ámbito internacional, Brasil tiene una oportunidad para cambiar su trayectoria hacia finanzas más sostenibles. Caio Borges, gerente de política, derecho e instituciones climáticas del Instituto Clima e Sociedade (iCS), afirmó que al presidir tanto el G20 como la COP30, Brasil puede liderar iniciativas relacionadas con el financiamiento climático y sostenible, promoviendo acciones concretas para abordar estos desafíos globales. Borges también destacó que los esfuerzos de Brasil para mejorar su sistema regulatorio, permitiendo al sector privado evaluar de manera más precisa los riesgos de las inversiones sostenibles y alineando políticas y acciones con los objetivos climáticos y de desarrollo del país. La movilización de financiamiento para atender el cambio climático es una prioridad, con el objetivo de coordinar internamente las acciones y catalizar las inversiones para apoyar la transición hacia una economía más verde. Por último, Carlos Eduardo Lustosa Da Costa, auditor federal del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) del Gobierno de Brasil, enfatizó el papel fundamental de la rendición de cuentas, la transparencia y los mecanismos de control en la lucha contra el cambio climático. Destacó la importancia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en la conducción de evaluaciones independientes y la promoción de acciones concretas para abordar los desafíos del cambio climático a nivel nacional e internacional. Da Costa presentó ClimateScanner, una herramienta que permite a las EFS evaluar las acciones de sus gobiernos nacionales en temas de cambio climático y proporciona un panorama amplio de cómo los gobiernos manejan la agenda climática, identificando las principales fortalezas y desafíos en acción climática en cada país. El evento concluyó con una serie de recomendaciones detalladas sobre la necesidad de mejorar el panorama financiero climático en Brasil, resaltando las oportunidades como los desafíos en su camino hacia una transición financiera alineada con los principios de sostenibilidad ambiental, fomentando una desarrollo inclusivo, resiliente y respetuoso con le medio ambiente. Agradecemos sinceramente la valiosa contribución de todos las personas participantes e interesadas en este evento. Los invitamos a revivir el evento en nuestras redes sociales y a estar atentos a futuras actividades relacionadas con el tema para participar en las próximas conversaciones.

Por: Delfina Braggio En la 28° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28), celebrada en Dubái, se han adoptado decisiones relevantes en materia de financiamiento, sin embargo, hubo aspectos importantes que no se vieron reflejados en las decisiones finales de las negociaciones. Estas omisiones plantean desafíos a la hora de alcanzar las metas climáticas globales y responder adecuadamente a las necesidades de los países en desarrollo para hacer frente a la crisis climática. Ante este escenario, realizamos el primer seminario del año de la serie Diálogos Rumbo a la COP, iniciativa coorganizada por GFLAC y organizaciones aliadas, denominado “Resultados COP28 y perspectivas de financiamiento climático para 2024”, con el objetivo de presentar las conclusiones de la conferencia en Dubái en materia de financiamiento climático, destacando las implicancias para América Latina y el Caribe, y analizar las oportunidades y los desafíos que se presentarán al respecto para el 2024, de cara a la celebración de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán. Además de los temas de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), se abordaron otros procesos que se desarrollan a nivel regional e internacional sobre financiamiento, para interconectarlos para impulsar la reforma del sistema financiero internacional en el marco del clima, el desarrollo sostenible y la protección de la naturaleza, para avanzar en el artículo 2.1.c del Acuerdo de París, que establece la necesidad de hacer flujos financieros coherentes con un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Al inicio de la sesión, Sandra Guzmán, fundadora y directora general de GFLAC, destacó la presentación del primer balance global (GST, por sus siglas en inglés) durante la COP28, el cual no solo informa acerca del lugar en que nos encontramos respecto del cumplimiento del Acuerdo de París, sino también qué acciones se deben tomar en el futuro. Comentó que en el GST se reconocieron las brechas de financiamiento existentes entre mitigación y adaptación (aunque no se determinó un plan para movilizar más recursos para esta última) pero no así en materia de pérdidas y daños, y el incumplimiento de los compromisos asumidos, como la meta de transferir $100 mil millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo. Además, informó que se resaltó la importancia de continuar el diálogo para el cumplimiento del artículo 2.1.c del Acuerdo de París, y que el GST menciona la necesidad de reformar el sistema financiero internacional, de incrementar el financiamiento climático, especialmente mediante donaciones e instrumentos concesionales, y de generar mecanismos innovadores de financiamiento, pero sin hablar de la necesaria cancelación y tratamiento alternativo de la deuda. Dos puntos positivos destacados de los acuerdos de la COP28 fueron la puesta en marcha del Fondo para Pérdidas y Daños, con compromisos financieros superiores a los 700 millones de dólares, y la creación de un proceso para establecer la nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento que se aprobará en la COP29. Este proceso incluirá discusiones técnicas y sesiones de negociación, reconociendo la importancia de tener en cuenta las necesidades de los países en desarrollo al definir esta meta. Sandra subrayó que el año 2024 es crucial para el financiamiento climático, enfatizando la necesidad de dar seguimiento y promover cada tema abordado. Debido a la profunda interconexión que existe entre el cambio climático y la biodiversidad, algunas discusiones y acuerdos de la COP28 también abordaron aspectos relacionados con esta última. En este sentido, Emilio Spataro, asesor de políticas públicas en biodiversidad de Avaaz, remarcó que el GST llamó a detener la deforestación para 2030 y reconoció la importancia del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, por lo que se evidencia cómo la COP de cambio climático empieza a incorporar elementos relacionados con la biodiversidad. Como aspecto negativo, señaló que no hubo avances en relación al artículo 6 del Acuerdo de París, relacionado con los mecanismos de compensación por la conservación de la biodiversidad. Por su parte, Brasil presentó un nuevo fondo, el fondo Tropical Forest Forever (FFTS), el cual propone reunir 250 mil millones de dólares para financiar a 80 países tropicales, aunque Emilio confirmó que aún no se definió cómo se financiará. En cuanto a las proyecciones para el 2024, destacó la celebración de la COP16 de la Convención para la Diversidad Biológica, en Colombia, de la COP29 de la CMNUCC y de la COP16 de la Convención para Lucha contra la Desertificación, en Arabia Saudita. Confirmó que, en estos eventos, la agenda de financiamiento para la biodiversidad no forma parte de la agenda formal, sino de la discusión política, impulsadas por países como Colombia, con su propuesta de canje de deuda por naturaleza, y Brasil. Otros espacios a tener en cuenta durante este año, de acuerdo a lo expresado por Emilio, son: el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la decisión de esta última de brindar apoyo para garantizar la trazabilidad de productos provenientes de la deforestación; la internalización en los programas de los bancos de desarrollo de los criterios de biodiversidad, conservación y reducción de la deforestación; y el Fondo Amazonia, el cual tendrá una discusión muy importante de cara al G20 con la presidencia de Brasil. Se observa que en las COP de biodiversidad y de cambio climático se han ido incorporando elementos relacionados con la transformación del sistema financiero y la introducción de mecanismos de financiación innovadores. Otro componente fundamental de este proceso es la reforma de las Instituciones Financieras Internacionales, y sobre este tema expuso Dileymi Orozco, asesora senior de política de E3G, quien comentó que, a pesar de que el progreso en la incorporación de esta agenda en el GST no fue tan contundente como se esperaba, hubo reconocimiento del papel central desempeñado por los bancos multilaterales de desarrollo (BMD). Con respecto al Fondo Monetario Internacional (FMI), comentó que no se registraron avances en la redistribución del excedente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) de las economías desarrolladas. Además, señaló que el mandato de Kristalina Georgieva como directora general finaliza este año, resaltando la importancia de proveer insumos desde la sociedad civil para determinar las prioridades de los próximos cinco años. En cuanto al Banco Mundial (BM), Dileymi enfatizó la evolución interna bajo el nuevo presidente, Ajay Banga, que incluye la integración del cambio climático dentro de la visión del banco y el objetivo de aumentar el financiamiento climático del 35% al 40% en los préstamos totales. También comentó la adopción de cláusulas de deuda resilientes al clima, que suspenden el pago de la deuda de un país en caso de impactos económicos significativos debido a desastres naturales, aplicándose tanto a nuevos contratos como a contratos ya vigentes. Dileymi finalizó expresando que para el 2024 se espera que la agenda del proceso de la reforma, incluyendo también la reforma de la gobernanza global, siga desempeñando un papel central en diversos espacios internacionales, más aún teniendo en cuenta que durante el año pasado se han unificado y consolidado las voces de los países en desarrollo en esta materia. Por otro lado, y con respecto a las brechas de financiamiento climático y de biodiversidad mencionadas, se conversó sobre la Convención Fiscal Internacional y su capacidad para ofrecer una fuente sostenible y equitativa de financiamiento. María Ron Balsera, directora de programa de CESR, comentó que es en el ámbito de la arquitectura financiera existente donde se discuten temas de fiscalidad, particularmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), siendo ésta última el marco global de toma de decisiones sobre impuestos. Sin embargo, y dado que dicha organización funciona en beneficio de los países más ricos, desde la sociedad civil se ha impulsado el desarrollo de un proceso de convención fiscal en el marco de las Naciones Unidas, de manera tal que sea más transparente, democrático y relacionado a los derechos humanos, a la conservación de la biodiversidad y al cambio climático. Así, en noviembre de 2022 el Grupo Africano presentó esta iniciativa, que terminó de aprobarse un año después como una convención marco vinculante, pese a las presiones recibidas por los países del Norte Global. Durante este año, se celebrarán reuniones del grupo de trabajo de expertos, compuesto por países de diferentes regiones, que se definirán en febrero y, posteriormente, se elaborarán los términos de referencia de la convención. María resaltó que se pueden presentar algunos obstáculos, como el argumento utilizado por los países ricos de que se duplicarían esfuerzos y que la OCDE es el único ámbito de cooperación, y el intento de eliminar los elementos vinculantes. Trasladando esta cuestión al plano regional, Sergio Chaparro, coordinador del área internacional de Dejusticia, confirmó que, hasta el Foro Económico Mundial de 2023, América Latina y el Caribe (ALC) se encontraba muy descoordinada en materia tributaria. En esa oportunidad, Colombia lanzó una iniciativa de articular los esfuerzos de la región para lograr una mejor coordinación de posiciones de negociación a nivel internacional, a la cual se sumaron Chile y Brasil. Estos tres países convocaron a una cumbre en Cartagena, Colombia, en julio de 2023, en la que se creó un espacio de coordinación permanente denominado Plataforma Tributaria para Latinoamérica y el Caribe (PT-LAC), la cual busca no solo coordinar posiciones en las negociaciones internacionales sino también explorar la implementación de medidas a nivel regional. Esta plataforma está compuesta por consejos consultivos de la sociedad civil y del sector privado, quienes canalizan sus perspectivas hacia los tres grupos de trabajo: de progresividad tributaria, de incentivos tributarios y de tributación ambiental, este último liderado por Colombia. Sergio comentó que se analizarán impuestos ambientales e impuestos al carbono, a fines de lograr que quienes más contaminan, más paguen. Este proceso se presenta como una oportunidad para el movimiento de justicia climática, en cooperación con el movimiento de justicia fiscal, con el objetivo de obtener medidas de coordinación que traten de reducir los impactos potencialmente regresivos de estos impuestos, que se puedan adoptar no solo a nivel internacional sino también regional. Finalmente, Cinthia Leone, jefa de prensa de Climainfo, destacó la importancia de la presidencia de Brasil en el G20, oportunidad donde podrán abordarse cada uno de los temas sobre los que se conversó durante este seminario. Específicamente, mencionó tres objetivos, en primer lugar, hacer del clima la agenda principal, aprovechando que el actual gobierno de Brasil ha utilizado la agenda climática como elemento central de su diplomacia y teniendo en cuenta que la COP30 se llevará a cabo en su territorio. En segundo lugar, alinear los flujos de financiamiento hacia una transición en la que se abandone el uso de combustibles fósiles, exigiendo un marco temporal específico. Y, en tercer lugar, destacar la responsabilidad de los países desarrollados en la provisión de financiamiento climático, considerando la necesidad de que las fuentes de los recursos sean diversas y a gran escala, e impulsando una reforma financiera global. Cinthia expuso acerca de la magnitud de los daños climáticos que ha sufrido Brasil en el último año, como muchos otros países del mundo vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo que es de su interés impulsar la agenda climática, con el objetivo de que el G20 sea centre en el cambio climático y la COP29 se convierta en una COP de financiamiento. En resumen, el año 2024 es un periodo crítico en el financiamiento, ya que la agenda abarca temas interrelacionados que promueven una reforma integral del sistema financiero internacional. Esta reforma busca responder eficazmente a la acción climática, a la vez que considera la importancia del desarrollo sostenible y la preservación de la naturaleza. La participación activa de la sociedad civil y la coordinación a nivel regional se presentan como elementos fundamentales para avanzar hacia un modelo de financiamiento climático y de biodiversidad que sea más justo, sostenible y equitativo. En este contexto, se hace imperativo seguir de cerca y respaldar cada uno de estos temas, reconociendo la urgencia de actuar de manera concertada para abordar los desafíos ambientales y alcanzar objetivos significativos.

Por: Sandra Guzmán, Directora General, GFLAC La COP28 representó una importante parte del proceso multilateral en materia de cambio climático por diversas razones, entre ellas, porque debía presentar el primer balance global sobre el grado de cumplimiento del Acuerdo de París; además de la operacionalización del Fondo de Pérdidas y Daños, y un plan para sacar los subsidios y los combustibles fósiles del plano económico. Además en esta COP se discutieron muchos otros temas críticos para el proceso, incluyendo muchos aspectos de financiamiento. Aquí resalto los aspectos positivos, los negativos y los pendientes de este importante proceso: Lo bueno: - Operacionalización del Fondo de Pérdidas y Daños: contra todo pronóstico, el primer día de la negociación se aprobó la operacionalización del Fondo de Pérdidas y Daños y hay al menos contribuciones por 700 millones de dólares. Si bien esto solo representa una porción mínima de lo que se necesita, un asunto crítico será asegurar que la nueva meta de financiamiento integre asignaciones tanto para adaptación como para mitigación, y para pérdidas y daños. - Diálogo para hacer los flujos de financiamiento consistentes con el desarrollo bajo en carbono: el texto del balance global reconoce la importancia del artículo 2.1.c para hacer los flujos de financiamiento consistentes con el desarrollo bajo en cabo y resiliente al clima, y reconoce que lograr esto debe ser complementario a la provisión de financiamiento de países desarrollados a países en desarrollo como se establece en el artículo 9 del Acuerdo de París. También se habla de que seguirá habiendo un diálogo para mejorar el entendimiento entre partes sobre lo que es el artículo 2.1.c. - Llamado a la reforma del sistema financiero: se establece una clara referencia a la necesidad de reformar la arquitectura financiera (bancos multilaterales y demás instituciones financieras) para escalar “significativamente” el financiamiento climático, y se reconoce que se requieren recursos principalmente en forma de donaciones y financiamiento concesional. Lo malo: - Acuerdo débil para sacar los subsidios a los combustibles fósiles: aunque en el texto del balance global se habla ya de “sacar” y no solo “reducir” subsidios “ineficientes” a los combustibles fósiles que no estén dirigidos a la reducción de la pobreza, señala que debe ser “tan pronto como se pueda”, es decir no hay una fecha clara para alcanzar esto que era crítico para el proceso. Se habla también de transitar lejos de los combustibles fósiles, pero establece el año 2050 como año meta para alcanzar la carbono neutralidad. Pese a que la llaman una COP histórica por el mensaje al sector fósil, no hay un sentido de urgencia para alcanzarlo. En esta parte también se da apertura a tecnologías como la energía nuclear para alcanzar la transición. Todo lo anterior, son puntos de alerta. - No da predecibilidad a recursos para las pérdidas y los daños: ni en el texto del balance global, ni en el texto de la nueva meta se reconoce la provisión de financiamiento para el tema de pérdidas y daños de manera explícita. Por lo que los países tendrán que integrar medidas en materia de pérdidas y daños en sus instrumentos de política como NDCs y NAPs para buscar predecibilidad dd estos recursos. - No escalamiento de financiamiento para adaptación: en el texto del balance global se reconoce la brecha de financiamiento para adaptación pero no se habla de un plan para escalarlo más allá de “duplicarlo” para 2025 como se estableció desde la COP26. Aunque habla de que el financiamiento para adaptación debe ser balanceado con relación al financiamiento para mitigación, esto requeriría al menos 10-18 veces más. Lo pendiente: - El diseño efectivo de una nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento: el texto de la nueva meta establece un proceso para el diseño durante 2024, año en que tendrá que aprobarse. Se habla de un formato que combinará diálogos técnicos con un diseño de texto para entrar en proceso de negociación de manera temprana. Si bien no se acordaron muchos elementos de sustancias, entrar en un proceso de negociación temprana será importante para evitar retrasos en la COP29, ya que la nueva meta será el tema más importante en la COP29. Por su parte el texto del balance global señala que el diseño de la nueva meta tomará en cuenta la urgencia de apoyar la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas y las políticas nacionales de adaptación, y considerará las necesidades cambiantes de los países en desarrollo. Sin embargo hace mención a que se considerarán diversas fuentes de financiamiento, cuando los países en desarrollo querían que la nueva meta fuera primariamente pública. Sobre procedimientos: la Presidencia fue cuestionada en diversos momentos por su interés de acelerar decisiones que pudieron resultar en apresurar discusiones que requerían más tiempo. Lo que es un hecho es que lo sucedido en la COP28 no fue un consenso deseado, una vez más los países más vulnerables lucharon por un paquete integral que no fue respetado por los países con mayores intereses petroleros.

Los cinco temas clave de financiamiento (ENGLISH VERSION BELOW) Por: Sandra Guzmán, Directora General, GFLAC El mundo está a punto de reunirse en la 28a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Esta elección de sede ha sido objeto de controversia debido a que el país es un destacado productor de petróleo, convirtiéndolo así en un contribuyente significativo a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la causa fundamental del problema del cambio climático. Esta reunión, al igual que cada una de las COP, se lleva a cabo en un contexto complejo, agravado en este caso por la guerra e invasión de Israel en Palestina, un suceso que no puede pasar desapercibido en la región. Además, los impactos del cambio climático son cada día más evidentes, y resulta claro que no se han alcanzado metas cruciales, como la estabilización de las emisiones para prevenir un aumento superior a 1.5° C. Incluso en un panorama global, es posiblemente inviable lograr dicha meta en el corto plazo. Todo esto pone en entredicho la credibilidad que la población tiene en el proceso de negociaciones internacionales sobre cambio climático. En este contexto, varios temas serán clave en la COP28 y dependerá de ellos si la endeble credibilidad se fortalece o sigue fracturándose. La agenda de financiamiento es la más crítica y determinará el curso de avances o retrocesos. En este espacio enfatizo 5 de varios temas que serán clave en la COP y que se es necesario seguir de cerca: El primer balance mundial, elemento clave para aumentar la ambición: Los países están inmersos en la implementación del Acuerdo de París, suscrito en 2015, el cual establece revisiones quinquenales del progreso alcanzado. La primera evaluación global se presentará en la COP28, y sus resultados marcarán el compás para las acciones futuras. Esta evaluación, por ende, debe realizar un seguimiento detallado del avance, destacando de manera clara las brechas identificadas. Por ejemplo, las brechas para estabilizar las emisiones y, en cuanto al financiamiento, la brecha existente para lograr la transferencia de los 100 mil millones de dólares comprometidos desde 2009 por países desarrollados a países en desarrollo. También es crucial abordar las brechas entre el financiamiento destinado a la adaptación y la mitigación, siendo este último el principal receptor con más del 80% (OECD, 2022). La evaluación integral también debe ser capaz de emitir señales claras para impulsar la ambición, tanto en términos de cerrar las brechas mencionadas como de llevar a cabo una transformación más sistémica del sector financiero. Este cambio es esencial para lograr el cumplimiento del objetivo 2.1.c del Acuerdo de París, que insta a alinear los flujos financieros con el desarrollo sostenible y la resiliencia climática. Es crucial que la evaluación envíe señales en diversas direcciones, abarcando desde el cumplimiento de los compromisos financieros de los países desarrollados, según lo establecido en el Artículo 9, hasta la transformación integral del sistema financiero, como lo propone el Artículo 2.1.c. Aunque la evaluación global no impondrá sanciones coercitivas a las partes para que actúen, no enviar las señales adecuadas supondría una pérdida de tiempo y esfuerzo invertidos. 2. El diseño de una nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento para reconstruir confianza : Como se señaló previamente, la meta de transferir 100 mil millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo anualmente a partir de 2020, no se ha cumplido. En el informe más reciente de la OECD (2023) se dice que en 2021 se llegó a 89 mil millones, pero que es posible que en 2022 se logre llegar a los 100 mil millones. Lo cierto es que aun cuando se cumpliera es un monto insuficiente, pero necesario para generar confianza entre las partes. En este contexto, se acordó la creación de una nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento, que tome como ejemplo lo ocurrido con los 100 mil millones pero que vaya más allá, considerando aspectos cuantitativos, es decir, debe ser un número que parta de los 100 mil millones como base, pero que también considere aspectos cualitativos. Algunos aspectos cualitativos importantes son: que se base en principios, que garantice acceso, que sea equitativo en su distribución temática, como mitigación, adaptación y pérdidas y daños, este último aún no reconocido por países desarrollados. Y un aspecto fundamental es que esta nueva meta no incremente la deuda de los países. Un aspecto clave es que esta meta debe “tomar en cuenta” las necesidades de los países. De acuerdo con el reporte de necesidades de los países en desarrollo elaborado por el Comité Permanente de Financiamiento (2021), se señaló que las necesidades para implementar, por ejemplo, las contribuciones nacionalmente determinadas (NDCs) es de 5.8 trillones de dólares hacia 2030, esto es en promedio 589 mil millones anuales, cerca de 5 veces más los 100 mil millones. Si bien esto no representa el total de las necesidades, porque no todas las partes en desarrollo han estimado las suyas, es un punto de partida que deja ver que los 100 están muy por debajo de lo que realmente hace falta. Por esta razón, el diseño de la meta representa una oportunidad significativa, no solo para reconstruir la confianza, sino también para cumplir con lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo de París. Hasta la fecha, se han llevado a cabo siete diálogos técnicos para elaborar esta nueva meta, y el octavo se llevará a cabo durante la COP28. Es imperativo que se instruya a los co-facilitadores para que presenten opciones de diseño y que, durante el último año de deliberaciones (2024), se realicen al menos dos sesiones para definir la cantidad que conformará la meta. Esto se debe a que la mayoría de las discusiones hasta ahora se han centrado en la parte cualitativa. Los aspectos para considerar en el diseño de la meta son: - Debe sustentarse en principios como el fácil acceso, la transparencia, el respeto a la capacidad de endeudamiento de los países y la atención a sus necesidades. Además, debe tener una estructura robusta, pero, al mismo tiempo, lo suficientemente flexible para adaptarse a necesidades cambiantes. - Principalmente, debe fundamentarse en financiamiento público, que sea predecible y pueda complementarse con otros tipos de financiamiento para ser escalado. Por ejemplo, podría establecerse una meta de 500 mil millones anuales, que con recursos privados podría escalarse a un trillón anual. - Debe adoptar la forma de donaciones, principalmente para la adaptación. Aunque una forma de escalonarla podría ser mediante recursos privados en forma de préstamos para aquellos que puedan pagarlo, esto no debe constituir la base de la meta. - Debe contemplar recursos para la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños. Este último aspecto es necesario para garantizar la atención a las necesidades de las naciones más vulnerables. - Debe tener una escala temporal que permita un plan a largo plazo, pero con ejecución y contabilidad a corto plazo. Por ejemplo, podría establecerse una meta para el año 2040 que pueda revisarse y adaptarse en 2030 según las necesidades de los países en desarrollo. 3. Un fondo para atención urgente de las pérdidas y daños que sea accesible y transparente: La demanda de que el financiamiento actual es insuficiente ha sido elevada por naciones altamente vulnerables que han tenido severas pérdidas y daños, y quienes han empujado que este tema haya quedado en el Acuerdo de París. Sin embargo, fue hasta la COP27 que se acordó crear un Fondo que responda a dichas pérdidas y daños, para lo cual se creó un comité de transición encargado de crear el fondo, que hasta ahora ha celebrado cinco reuniones previas a la COP28. Si bien se ha intentado aprender de experiencias como la del Fondo Verde del Clima (FVC), persisten dificultades en la resolución de disputas relacionadas con la gobernanza del Fondo. Mientras que los países desarrollados muestran reticencia hacia la introducción de más mecanismos que eviten compromisos financieros adicionales, los países en desarrollo insisten en la necesidad de contar con un Fondo independiente para abordar de manera urgente las catástrofes climáticas y sus consecuencias. En la quinta reunión del Comité, se llevó a cabo una discusión sobre la institución que debería albergar el Fondo, llegando a un acuerdo para que fuera el Banco Mundial, decisión que generó descontento en muchos países en desarrollo debido a sus limitadas capacidades de gestión y acceso. Sin embargo, las partes acordaron una serie de condiciones para prevenir la repetición de prácticas pasadas, como las observadas con el Fondo Verde del Clima (FVC). En este contexto, en la COP28 se deben acordar los siguientes pasos del Fondo, en el que será clave determinar un camino que garantice el acceso directo, y fuentes que eviten incrementar la deuda, además de que sean adicionales al financiamiento para la mitigación y para la adaptación. Y se debe asegurar que el Banco no tenga incidencia en la operación de este, sino que solo actúe como mecanismos fiduciarios. 4. Un plan ambicioso y con metas para reducir subsidios a los combustibles fósiles: Tomó 27 años desde que entró en vigor la CMNUCC, para que se hiciera una mención específica sobre la necesaria reducción de los subsidios “ineficientes” a los combustibles fósiles, lo que sucedió en la COP26. Si bien no se acordó terminar con ellos, pues la palabra utilizada fue “reducir” es muy importante que esta mención pase a un plan efectivo de acción. Por ello la COP28 es un momento único para que los Emiratos Árabes Unidos lideren una discusión y un plan de acción que permita la salida de estos incentivos perversos, en el que se pueda determinar con claridad la fecha límite para alcanzar dicha meta. Una acción de esta naturaleza es la única que podrá demostrar el compromiso del país anfitrión ante la crisis climática. 5. De la alineación a la transformación del sistema financiero: uno de los objetivos más importantes que tiene el Acuerdo de París, es el planteado en el Artículo 2.1.c. del Acuerdo, que como se mencionó antes, invita a hacer los flujos de financiamiento consistentes con el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Si bien este artículo es parte integral del Acuerdo de París, no se estableció una hoja de ruta para alcanzarlo. Por ello, en la COP27 se acordó trazar un programa de trabajo que permita caracterizar las acciones que hacen falta para alcanzarlo. Durante 2023 de llevo a cabo un taller en Ginebra sobre este tema para analizar los aspectos que se deberían considerar en la implementación de este artículo. Si bien no hay un acuerdo sobre lo que debe suceder, existen visiones diferenciadas sobre quienes deben cumplir con este objetivo. Mientras países desarrollados apelan a que todos los países deben alcanzarlo, hay países en desarrollo que apelan a que esta es solo misión de los países responsables del problema. Lo cierto es que, si bien los países desarrollados deben liderar esta alineación, como parte de sus transformaciones internas, también será importante para los países en desarrollo en la medida de sus posibilidades, transformar sus sistemas financieros. El problema fundamental es que en muchos países del sur global aún se depende mucho de ingresos petroleros para generar ganancias, y está transición requiere a su vez del apoyo internacional. Por ello es importante reconocer que no todos los países en desarrollo tienen los mismos retos, y todas aquellas economías con las capacidades de transición deben liderar los esfuerzos para ayudar a que todas eventualmente logren esa alineación de sus sistemas financieros con el Artículo 2.1.c. La COP28 no será una sesión sencilla, pues muchas cosas están en juego. Pero sobre todo está en juego la credibilidad del sistema. Y si bien hay críticas sobre las decisiones y la “lentitud” del mismo, es importante recordar dos aspectos: 1. La representatividad: no hay ningún sistema que pueda atender el cambio climático considerando las voces y visiones de todas las partes como lo puede hacer la CMNUCC. Porque otros espacios de concertación como el G20, la OECD y otros, no parten del mismo principio de representatividad. Sino parten de la base del poder económico que los países tienen para influir en las decisiones. El consenso desagrada a muchos, pero beneficia a todas las partes, porque incluso las más pequeñas pueden ser escuchadas y su voto cuenta. 2. La responsabilidad: se habla de lo retardado e incapaz que es el proceso, sin embargo, es importante recordar que el Acuerdo de París como acuerdo internacional ya sentó las bases para la acción. El retraso en el progreso es responsabilidad de las partes. Y aquí es en donde la acción nacional cobra fuerza y responsabilidad. Claramente no todos los países tienen las mismas posibilidades como tampoco tienen las mismas responsabilidades y por eso el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas cobra fuerza. Mientras países como Estados Unidos y la Unión Europea deben liderar el camino, países como China, Sudáfrica, Brasil, India, México y otros deben a su vez crear las condiciones para transitar, y apoyar a los países que más lo necesitan y cuyas posibilidades de transición son más limitadas. La transición parece inevitable, y los temas a debatir incluyen la velocidad y los métodos para llevarla a cabo. En este caso, la COP28 debe llegar a un conjunto de decisiones, especialmente en lo que respecta al financiamiento, que brinde certeza para el futuro. Les invitamos a conocer y a sumarse el posicionamiento con otros temas clave en materia de financiamiento que no deben perder de vista en la COP28 https://forms.gle/Z2hbuc1KTuSnMdBv5 COP28: The urgency of more and better financing The five key climate finance issues at COP28 By: Sandra Guzmán Managing Director, GFLAC The world is on the verge of gathering at the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Dubai, United Arab Emirates, which is arguably one of the most contested venues in the context of climate change. This is due to being a major oil-producing country and, consequently, a contributor to the greenhouse gas emissions causing the problem. This meeting, like every COP, unfolds in a complex context, notably marked by the Israeli war and invasion of Palestine, a situation that cannot be ignored in the region. The increasing visibility of climate change impacts adds another layer to the complexity. It is also evident that critical goals, such as stabilizing emissions to prevent an increase of more than 1.5° C, remain unfulfilled. This has led to a global scenario where achieving this target in the short term is increasingly deemed unfeasible, casting doubt on people's trust in the international climate change negotiation process. In this context, several issues become pivotal at COP28, determining whether the fragile credibility will be fortified or further eroded. The finance agenda emerges as the most pressing, having the potential to drive progress or setbacks. Within this sphere, I highlight five among various issues that will play a crucial role at COP and necessitate scrutiny: 1. The first global stocktake, a key element for raising ambition: Countries are currently implementing the Paris Agreement, signed in 2015, which includes a five-yearly review of progress. The first global stocktake will be presented at COP28, setting the pace for future action. This stocktake should assess progress, highlighting existing gaps, such as those in stabilizing emissions and the financing gap to achieve the transfer of the pledged $100 billion since 2009 from developed to developing countries. Additionally, it should address the gaps between financing for adaptation and mitigation, with the latter being the primary recipient at over 80% (OECD, 2022). The global stocktake must send clear signals to increase ambition, focusing on closing gaps and initiating a systemic transformation of the financial sector to align with the Paris Agreement's target 2.1.c. The stocktake should signal the fulfilment of developed countries' financial commitments under Article 9 and the transformation of the financial system per Article 2.1.c. Although it won't compel parties to act punitively, failing to send the right signals would be a wasted investment of time. 2. Designing a new collective and quantifiable funding target to rebuild trust : The target of transferring $100 billion annually from developed to developing countries from 2020 onwards has not been met, reaching $89 billion in 2021, as indicated by the most recent OECD report (2023). Even if this target is achieved by 2022, it remains insufficient. To rebuild trust, there is an agreement to create a new collective and quantifiable funding target, surpassing the $100 billion and considering both quantitative and qualitative aspects. In this context, an agreement was reached to establish a new collective and quantifiable funding target. Building on the $100 billion, this target goes further by incorporating quantitative aspects. It should be a figure starting from the $100 billion as a base while also considering qualitative aspects. Some crucial qualitative elements include being principled, ensuring access, and having an equitable thematic distribution, encompassing mitigation, adaptation, and loss and damage—the latter not yet recognized by developed countries. A fundamental requirement is that this new goal should not contribute to increasing countries' debt. Notably, the target must "take into account" the needs of countries. According to the report on developing country needs prepared by the Standing Committee on Finance (2021), the estimated needs to implement, for instance, the Nationally Determined Contributions (NDCs) are projected to be $5.8 trillion by 2030. This averages $589 billion per year, about five times more than the $100 billion. While this doesn't represent the total needs, as not all developing parties have estimated theirs, it serves as a starting point, underscoring that the $100 billion falls significantly short of actual requirements. This underscores why the design of the target is a crucial opportunity, not only for rebuilding confidence but also for compliance with Article 9 of the Paris Agreement. Seven technical dialogues have been conducted to date to design this new target, with the eighth dialogue scheduled for COP28. It is imperative to mandate that co-facilitators can already deliver design options, and during the last year of deliberations (2024), at least two sessions should be held to define the quantity constituting the target. This is essential as most discussions have focused on the qualitative aspect. Aspects to consider in the design of the target are: - It should be grounded in principles such as easy access, transparency, respect for countries' borrowing capacity, and attentiveness to their needs. The structure should be robust yet flexible enough to adapt to their evolving requirements. - The foundation should primarily rely on public funding, ensuring predictability, and allowing complementation by other funding sources for scaling up. For instance, setting a target of 500 billion per year could be achieved by scaling up to one trillion per year with private resources. - The format should predominantly consist of grants, with a primary focus on adaptation. While one method for augmentation might involve private resources in the form of loans for those with the capacity to repay, this should not constitute the foundational premise of the goal. - It must encompass provisions for mitigation, adaptation, and addressing loss and damage. The latter is crucial to guarantee attention to the needs of the most vulnerable nations. - The framework should include a time scale that facilitates long-term planning while ensuring short-term implementation and accountability. For example, setting a 2040 target that can be reviewed and adjusted in 2030 based on the needs of developing countries. 3. A fund for urgent attention to loss and damage that is accessible and transparent: The pressing need for additional funding has been highlighted by highly vulnerable nations that have faced substantial loss and damage. This concern prompted them to advocate for the inclusion of this issue in the Paris Agreement. However, it was only during COP27 that consensus was reached to establish a fund specifically addressing loss and damage. To facilitate the setup of this fund, a transitional committee was formed, which has conducted five meetings in preparation for COP28. The objective is to ensure that the fund is both accessible and transparent, acknowledging the urgency of addressing the unique challenges faced by the most vulnerable nations. While efforts have been made to learn from experiences like the Green Climate Fund (GCF), challenges persist, particularly regarding disputes over the governance of the Fund. Developed countries are resistant to additional mechanisms to sidestep financial commitments, while developing nations insist on the establishment of an independent Fund to promptly address climate catastrophes and their aftermath. During the fifth Committee meeting, the institution designated to host the Fund was a point of contention. Eventually, consensus was reached that the World Bank would host it, a decision met with reluctance from many developing countries due to its limited management capacity and access. To mitigate concerns, parties agreed on specific conditions to prevent a recurrence of issues witnessed with the GCF. In preparation for COP28, it becomes imperative to decide on the Fund's next steps. Key considerations involve establishing a pathway ensuring direct access, identifying funding sources that do not contribute to increased debt, and ensuring the funds are supplementary to those for mitigation and adaptation. Additionally, it is crucial to guarantee that the Bank's role is limited to that of a fiduciary mechanism and does not involve operational control of the Fund. 4. An ambitious plan with targets to reduce fossil fuel subsidies: It took 27 years since the UNFCCC came into force for a specific mention to be made of the necessary reduction of "inefficient" fossil fuel subsidies, a milestone achieved at COP26. Although there was no consensus to eliminate these subsidies, the agreement was to "reduce" them. Transforming this mention into an effective plan of action is now crucial. COP28 presents a unique opportunity for the United Arab Emirates to spearhead a discussion and action plan aimed at dismantling these counterproductive incentives. It is essential to establish a clear deadline for achieving this goal. Only through such decisive action can the host country demonstrate its unwavering commitment to addressing the climate crisis. 5. From alignment to transformation of the financial system: One of the Paris Agreement's pivotal objectives is outlined in Article 2.1.c., emphasizing the necessity of aligning financial flows with low-carbon and climate-resilient development. Despite the significance of this article within the Paris Agreement, no roadmap for its realization was initially established. Consequently, at COP27, an agreement was reached to develop a work program delineating the actions required to fulfil this crucial objective. In 2023, a workshop convened in Geneva to delve into the implementation of Article 2.1.c. of the Paris Agreement. The discussion analysed various aspects, revealing differing views on who bears the responsibility for meeting this target. Developed countries argue for a universal commitment, while some developing nations contend that the obligation lies solely with those historically responsible for the issue. The reality is that while developed countries must spearhead alignment efforts within their internal transformations, it is equally crucial for developing nations to revamp their financial systems to the best of their ability. A significant challenge arises as many countries as possible in the global south heavily depend on oil revenues, necessitating international support for a successful transition. Recognizing the diverse challenges faced by developing nations is essential, and those with transitional capacities must lead initiatives to assist all countries in achieving alignment of their financial systems with Article 2.1.c. COP28 is anticipated to be a challenging session, given the high stakes involved, particularly the credibility of the system. Despite criticisms regarding decisions and perceived sluggishness, two crucial aspects must be kept in mind: 1. Representativeness: The UNFCCC stands as a unique system capable of addressing climate change by incorporating the voices and visions of all parties. In contrast to forums like the G20 or the OECD, the UNFCCC prioritizes representativeness over economic power. While consensus might be challenging, it ensures that even the smallest nations are heard, and their votes carry significance. 2. Responsibility: Criticism often centres around the perceived sluggishness of the process, but it's essential to acknowledge that the Paris Agreement has already set the stage for international action. The responsibility for delayed progress lies with the parties involved. National action becomes paramount in this context, recognizing that not all countries share the same capacities or responsibilities. The principle of common but differentiated responsibilities gains prominence, emphasizing that countries like the United States and the European Union should take the lead, while nations such as China, South Africa, Brazil, India, Mexico, and others must create conditions for transition and support countries with more limited possibilities for change. The transition appears inevitable; the speed and methods are subjects for debate. In this context, COP28 must formulate a comprehensive set of decisions, especially regarding financing, to ensure certainty moving forward. We encourage you to familiarize yourself with and engage in discussions surrounding other pivotal financing issues that should not be overlooked at COP28: https://forms.gle/Z2hbuc1KTuSnMdBv5

Por: Daniela Fernández Campos y Luz Andina Parrado, activistas y fundadoras del Hub de Finanzas Sostenibles Bolivia Hace un par de años, inicié mi viaje en el mundo de las finanzas sostenibles de la mano del GFLAC. Al principio, el concepto me resultaba desconocido, pero despertó mi curiosidad y me llevó a otros espacios de desarrollo y conocimiento. Poco a poco, me involucré más en esta temática, especialmente con el surgimiento del Hub, y me enamoré de la idea de difundir este nuevo enfoque de desarrollo. Un año después, llegué a YOUNGO (Youth Constituency at the United Nations Framework Convention on Climate Change), lo que amplió aún más mi conocimiento más allá de nuestra región. Cuando recibí la invitación para participar como capacitadora en la LCOY Bolivia, la emoción fue abrumadora. Sin embargo, surgió una pregunta crucial: ¿cómo podía estructurar este tema para un grupo que quizás no había tenido contacto previo con él? La respuesta estaba en los primeros días del Programa de Jóvenes Latinoamericanos por las Finanzas Sostenibles. Recurrí a mis antiguos apuntes y a la carpeta inicial que habíamos creado junto a los fundadores del Hub de Bolivia. Mientras trabajaba en la presentación, con la ayuda de Genaro Godoy, una de las figuras destacadas en YOUNGO y también en la RCOY a nivel LATAM, delineamos el panorama actual, las preocupaciones actuales y el papel fundamental de la juventud en este contexto. Por supuesto, faltaba un tema: ¿Qué avances ha hecho Bolivia en la temática? A través de una investigación exhaustiva, pude transmitir un hito reciente: El Banco de Desarrollo Productivo (BPD) es la primera entidad nacional acreditada por el Green Climate Fund, autorizando su Programa de Bonos Sostenibles en el segundo trimestre de 2023, por un monto de 50 millones de dólares. El objetivo de la colocación será financiar inversiones responsables con el ambiente a través de proyectos verdes, sociales o la combinación de ambos en el mercado de valores boliviano. Con todos los insumos finalizados, me puse en contacto con una compañera de la Plataforma Boliviana de Acción por el Cambio Climático (PBACC), y juntas comenzamos a grabar. La LCOY se llevaría a cabo en persona en fases departamentales, pero solo aquellos jóvenes que hubieran completado con éxito las capacitaciones virtuales podrían participar. El módulo de finanzas sostenibles era esencial para esta etapa. Llevamos a cabo la sesión de Finanzas Sostenibles y llegamos a más de 500 jóvenes que se inscribieron para las sesiones virtuales, la importancia que se le está dando a esta temática en los espacios de intervención nacional es inédita. Sin lugar a dudas, el conocimiento se está expandiendo, el país está tomando conciencia de la importancia de la financiación en la matriz de desarrollo que se vislumbra y, sobre todo, los jóvenes están sembrando las semillas del cambio que necesitamos para el futuro. Han pasado dos años desde que inicié este camino, y cada vez estoy más convencida de que estoy en el lugar correcto. Participación del Hub de Finanzas Sostenibles Bolivia en la LCOY Bolivia 2023 La 4ta Versión de la Conferencia Local de la Juventud, LCOY BOLIVIA, con el tema "De la PROPUESTA a la ACCIÓN", se llevó a cabo del 11 al 15 de septiembre de 2023. Durante cinco días, jóvenes de todo el país se reunieron para discutir y proponer soluciones a la crisis climática. El Hub de Finanzas Sostenibles Bolivia participó en la fase departamental de la LCOY en la ciudad de La Paz, representado por Luz Andina Parrado, quien participó en las mesas de finanzas sostenibles y justicia climática, donde presentó su trabajo sobre las problemáticas locales y las posibles soluciones. La participación del Hub de Finanzas Sostenibles Bolivia en la LCOY fue una oportunidad para compartir sus conocimientos y propuestas con otros jóvenes interesados en la acción climática. El Hub de Finanzas Sostenibles Bolivia agradeció la oportunidad de participar en la conferencia y reafirma su compromiso con la construcción de un futuro sostenible para Bolivia.

Por: Ricardo Francisco De Rosenzweig Díaz Baños. Co fundador y Coordinador General del HUB de Finanzas Sostenibles México, 2023. Actualmente, la mayor parte de las estadísticas oficiales corresponden a la economía y la sociedad. En comparación, se sabe mucho menos sobre los recursos naturales y los ecosistemas del planeta. El Producto Interno Bruto (PIB) es una de las estadísticas más comunes reportadas por los gobiernos. Sin embargo, está bien documentado que el PIB sufre graves deficiencias relacionadas con el medio ambiente. En diciembre de 2022, se negoció un nuevo marco global de biodiversidad post-2020 en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, con 4 objetivos para 2050 y 23 metas para 2030. De acuerdo con los recientes avances en el sector financiero y privado, así como los compromisos internacionales, ambos vigentes en la materia (desarrollo sostenible, cambio climático y biodiversidad), existe ahora una enorme necesidad de contabilizar el capital natural e integrarlo en las decisiones políticas, financieras y económicas de nuestras economías. El Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) ha dado un paso importante en el área de indicadores, al evidenciar las prioridades financieras del sector público, bancas públicas y privadas en impulsar las finanzas sostenibles, principalmente en el marco de los compromisos del Acuerdo de París, mediante el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS, por sus siglas). Con motivo de la 4ta edición de la Semana de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe del GFLAC, el HUB de Finanzas Sostenibles México considera oportuno sumarse a la conversación sobre la preservación y protección de la biodiversidad en nuestra región, recomendando impulsar el índice del GFLAC en complementariedad con un abanico de indicadores ambientales y marcos estadísticos que contabilicen y reflejen los servicios ecosistémicos y el capital natural para informar a tomadores de decisiones en el sector público y privado, así como al público en general, en su derecho al acceso a la información ambiental (Acuerdo de Escazú, 2021). La información ambiental es clave para fundamentar la toma de decisiones nacionales y subnacionales sobre el uso de los recursos naturales y la protección ambiental. Sin datos y estadísticas ambientales, es imposible establecer niveles básicos de calidad ambiental y medir el progreso nacional. La ampliación de la medición ambiental ayudará a cerrar la brecha que existe entre las estadísticas socioeconómicas y las estadísticas medioambientales. La Agenda 2030 exige un enfoque holístico y equilibrado que incorpore las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Somos proponentes de una economía verde e indicadores holísticos en la región. Te invitamos a unirte para apoyar nuestros esfuerzos desde México y a mantenerte al tanto de nuestros proyectos en beneficio de las finanzas sostenibles y en atención a las brechas prevalecientes, para actuar en favor de las finanzas sostenibles y la protección de la biodiversidad. Atendamos juntos las brechas de información ambiental en la región. Las finanzas sostenibles requieren un enfoque holístico.

Por: Sandra Guzmán/Dani Valdovinos A nivel internacional se habla de la necesidad de avanzar cada vez más hacia la mitigación y la adaptación al cambio climático, así como hacia la protección de la biodiversidad. Sin embargo, surgen interrogantes sobre ¿qué se considera una inversión en mitigación y/o adaptación? Por ello se plantea la necesidad de crear clasificadores que faciliten la identificación de estas inversiones, y de ahí se deriva la importancia de contar con taxonomías al respecto. En este contexto, realizamos el conversatorio titulado: "Taxonomías de Finanzas Sostenibles: ¿Una herramienta clave en la reforma del sistema financiero?", adquiere un papel relevante. Este evento, fue celebrado el 6 de septiembre como parte de los Diálogos Ciudadanos Rumbo a la COP 28, forma parte de una iniciativa coorganizada por GFLAC y diversas organizaciones aliadas que buscan impulsar la transformación del sistema financiero en respuesta a los desafíos planteados por el cambio climático. Este conversatorio proporciona un espacio crucial para debatir y definir las taxonomías necesarias en el contexto de las finanzas sostenibles, contribuyendo así a la comprensión y la implementación de inversiones de mitigación y adaptación en el ámbito internacional. Durante la sesión, Sandra Guzmán , directora general de GFLAC, habló sobre lo importante que es tener un lenguaje común cuando se habla de financiamiento e inversiones sostenibles, y lo importante que pueden ser las taxonomías sostenibles si se establecen en forma clara, participativa y regulada, sin embargo, existen retos que es necesario considerar para evitar lo que las taxonomías quieren evitar que es el greenwashing . Por su parte, Adriana Bazán Fuster , Asociada Senior de financiamiento climático en CCAP, proporcionó una visión general de las taxonomías sostenibles, que se entienden como mecanismos de clasificación que ayudan a identificar y categorizar activos, proyectos, inversiones y actividades financieras con impactos positivos en el medio ambiente y en la sociedad, utilizando indicadores y criterios. Estas taxonomías buscan brindar mayor claridad, seguridad y certeza a los mercados mediante definiciones consistentes, creando una clasificación lo más unificada posible y basada en la ciencia para determinar qué actividades económicas e inversiones son positivas y cuáles no. Por su parte, Sara Hernández , Coordinadora Regional de la Iniciativa de Regulación Financiera Verde de WWF, destacó la importancia de ver el proceso de construcción de una taxonomía como multifacético e interdisciplinario. Explicó que, en la creación de estos mecanismos, una institución gubernamental debe establecer el marco regulatorio, junto con las instituciones financieras, la sociedad civil y la academia para hacer de los procesos unos más participativos y efectivos. Enfatizó el proceso para el desarrollo de la taxonomía en Colombia que fue la primera en la región, cuyo fundamento fue la taxonomía europea, primera en el mundo. En seguida, Ana Citlalic González , Cofundadora de Planisphera, compartió el caso de la taxonomía en México y lo innovadora que fue al integrar no solo aspectos ambientales, sino también sociales, haciéndola una taxonomía verdaderamente sostenible. Comentó que, en el caso de México, se requirió un análisis para establecer un marco metodológico que cumpla con las salvaguardas mínimas establecidas en los compromisos internacionales y que sea compatible y comparable con otras taxonomías existentes. Sin embargo, también subrayó que las taxonomías en Latinoamérica y en cada país deben responder a las necesidades más apremiantes de los países. Finalmente, el coordinador Económico de Cambio Climático y Energía y Medio Ambiente en CLAPES de la Universidad de Chile, Luis Gonzales , abordó los desafíos más relevantes para los países latinoamericanos en la creación de su taxonomía sostenible. El primero es la compatibilización de las directrices con los contextos nacionales y los procesos internacionales. El segundo es el establecimiento de incentivos, para que los actores eviten el greenwashing . Finalmente, mencionó la importancia de mejorar la información, para tomar mejores decisiones de inversión considerando los retos de desarrollo y productividad de los países. Se concluyó que las nuevas políticas de taxonomía sostenible deben basarse en las experiencias de otros países, para no comenzar desde cero, pero que es importante adaptarlo a los contextos nacionales. Esto implica no solo recuperar perspectivas gubernamentales, sino también incorporar a las instituciones del sector privado para tener indicadores claros que permitan que estos mecanismos sean operables. También se destacó la necesidad de que sean reguladas y eventualmente obligatorias para todas las partes y así generar condiciones justas para asegurar el éxito de su uso. Además, se señaló que, si bien son herramientas clave para avanzar hacia una mejor gobernanza y una mejora en la información relacionada con el medio ambiente, es esencial considerarlas como parte de un conjunto de medidas y no como una solución única, ya que no serán suficientes para transformar los sistemas financieros. Agradecemos la valiosa contribución de todas las personas participantes e interesadas en este tema tan relevante. Te invitamos a visitar este seminario en nuestras redes sociales y a estar pendiente de futuras actividades relacionadas con el tema para formar parte de las próximas conversaciones.

Por: Daniela Hernández Regalado, activista y cofundadora del Hub de Finanzas Sostenibles El Salvador; y Luis Yépez Galarza, líder juvenil en Ecuador. El cambio climático ya no es únicamente un fenómeno natural, sino una problemática real, y se debe principalmente a la acción humana que deriva de actividades como la revolución industrial, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la deforestación y la agricultura a gran escala. De hecho, existe una relación directa de esta problemática con el desplazamiento interno y la migración de jóvenes. En este sentido, el cambio climático ha desencadenado una serie de impactos en la región de América Latina y el Caribe. Aspectos como el aumento de las temperaturas, la variabilidad de las precipitaciones, la intensificación de fenómenos climáticos extremos como huracanes y sequías, y la elevación del nivel del mar, han tenido un impacto significativo en la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la salud y la estabilidad económica de muchas comunidades. Esto, a su vez, ha conducido a un aumento en la migración de jóvenes en la región. Partiendo de esta situación, surge la iniciativa de llevar a cabo un conversatorio a través de la cuenta de Instagram Live del Hub de Finanzas Sostenibles de El Salvador. El tema del conversatorio será "Desplazamiento, migración y cambio climático en América Latina", y lo abordaremos desde los conocimientos y experiencias que hemos adquirido como jóvenes líderes de nuestros países. Esta iniciativa forma parte de un plan de inclusión y equidad en el que estamos trabajando en colaboración con otras personas jóvenes diversas de la región. Este plan se enmarca en nuestra participación en el Programa de Estudio de los Estados Unidos (SUSI), dirigido a jóvenes líderes del Hemisferio Occidental y financiado por el Departamento de Estado de los EE. UU. Este plan incluye pequeñas acciones que hemos definido a nivel individual para generar un impacto a mayor escala. Estas acciones consistieron en llevar a cabo una micro campaña virtual en los canales de comunicación del Hub para informar sobre las causas y efectos de la migración climática en los jóvenes (por parte de Daniela), así como apoyar una campaña de concienciación sobre la situación de los jóvenes que migran debido al cambio climático en el país. También organizamos una protesta virtual a través de redes sociales (por parte de Luis). Todas estas acciones se enmarcan en el enfoque de inclusión y la interseccionalidad que abordamos en un curso de formación virtual del Programa. En este conversatorio, además de presentar el lanzamiento de la micro campaña explicando su objetivo, público objetivo y contenido a publicar, formulamos preguntas que guiarán el desarrollo de la conversación. Estas preguntas giran en torno a exponer las principales causas y efectos del cambio climático que enfrentamos como habitantes de países del Sur Global. Estas regiones han sido históricamente afectadas por la contaminación ambiental y el cambio climático, a diferencia de los países del Norte Global que, además de generar los mayores niveles de contaminación y factores desencadenantes de estos desequilibrios ambientales, no experimentan estos efectos. Para introducir el tema, abordamos la conceptualización y diferenciación del fenómeno de la migración climática y su distinción del desplazamiento interno debido al cambio climático. Esto nos permite identificar quiénes son las personas migrantes y desplazadas climáticas en la región. Estas personas no solo enfrentan los efectos negativos del cambio climático y se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen, sino que también carecen de protección mediante un instrumento de derecho internacional, como un tratado, pacto o protocolo de acción. Como resultado, sus derechos se ven vulnerados y enfrentan diversos obstáculos durante su trayecto y en los países de destino donde se establecen. A continuación, reflexionamos sobre las causas de la migración climática en las juventudes de la región. Las zonas rurales y costeras son las más vulnerables, y cuando el cambio climático afecta los patrones de producción agrícola, ganadería, turismo y otros sectores económicos, los miembros más jóvenes de los hogares son los primeros en migrar. Esto se debe también a factores como la escasez de recursos naturales vitales, como el agua, y la inseguridad alimentaria provocada por los fenómenos climáticos extremos. Finalmente, analizamos las dimensiones en las que la migración y el desplazamiento climático afectan específicamente a las juventudes. Estos efectos incluyen la pérdida de oportunidades educativas y laborales, la vulnerabilidad de habitar en zonas urbanas o rurales marginadas, el riesgo de explotación laboral y violencia, los cambios culturales y sociales a los que se enfrentan, los desafíos en su proceso de adaptación y resiliencia, así como los impactos en su salud mental y bienestar emocional. Estos aspectos adquieren una mayor profundidad en el contexto postpandemia de la COVID-19, especialmente cuando no se dispone de datos cuantitativos, sino solo estimaciones sobre el tema. Esto dificulta un enfoque adecuado y la búsqueda de información precisa. Al concluir el conversatorio, contamos con la participación de Luz Andina, coordinadora adjunta al Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, quien ofreció reflexiones finales sobre el tema. Invitó a la audiencia a seguir participando en estos espacios de incidencia para jóvenes. Con todo lo expuesto, subrayamos la importancia de la cooperación entre gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, instituciones científicas, medios de comunicación, el sector privado y la inclusión de grupos tradicionalmente marginados, como mujeres, niñas, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades locales y minorías étnicas. Esta cooperación es crucial para lograr un desarrollo climático resiliente y aplicar un enfoque de inclusión y equidad en el abordaje interseccional de estas problemáticas ambientales y sociales. ¡Les invitamos a visualizar la transmisión del conversatorio en este link y a estar pendientes de nuestras redes sociales donde continuará el trabajo de esta micro campaña de concientización!

Por: Federika Logwinczuk, Asociada en Comunicación Social GFLAC. En un momento en el que la crisis económica, la problemática ambiental y la desconexión política han tejido un panorama complejo en Argentina, las juventudes asumimos la iniciativa de transformar la situación y forjar el país que anhelamos. En medio de este contexto, he tenido el privilegio de participar de la Cumbre Climática de las Juventudes (LCOY Argentina) que ha insuflado un rayo de esperanza en el oscuro panorama que enfrentamos. Es evidente que ha llegado el momento de cambiar el rumbo y abandonar la pasividad. Las juventudes sabemos que somo la fuerza motriz capaz de dar forma a un país que refleje sus valores y aspiraciones. Este es el espíritu que impulsó la reciente edición, donde las voces jóvenes resonamos con determinación y esperanza. La L-COY se llevó a cabo en la provincia de Tucumán del 19 al 21 de agosto, congregando a más de 300 jóvenes provenientes de todas las provincias del país. Este encuentro no solo nos brindó empoderamiento y nuevos conocimientos, sino que también estableció una red de colaboración y acción con el propósito de abordar la crisis climática. Los ejes de discusión abordaron una variedad de temáticas vitales: urbanismo y ciudades sostenibles, el Acuerdo de Escazú, agroindustria, modelo energético, salud y niñez, gestión de residuos con inclusión de recuperadores urbanos, género y comunidades originarias. El evento concluyó con la Declaración Climática de las Juventudes de Argentina, cimentada en los debates sostenidos durante su desarrollo. Esta declaración encapsula nuestras voces, propuestas y preocupaciones en torno a la crisis climática y la protección ambiental. Es importante destacar que esta declaración será presentada en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP28), que tendrá lugar este año en Emiratos Árabes, y será enviada a los gobernadores de las provincias argentinas, así como al presidente actual, Alberto Fernández. En un país que enfrenta dificultades económicas y un complejo escenario político, eventos como este funcionan como faros de esperanza y oportunidad. Nuestro compromiso es claro: representamos no solo el futuro, sino también el presente de la nación. Por eso también reconocemos con urgencia la necesidad de garantizar y ampliar estos espacios de encuentro y diálogo donde nuestras ideas y acciones se convierten en catalizadores reales de cambio y transformación. Espero pronto poder compartirles la declaración, y futuros encuentros o discusiones.

Perspectivas desde el cuarto Webinar de los Diálogos Ciudadanos Rumbo a la COP 28 El compromiso con la sostenibilidad económica y ambiental es una tarea fundamental en el mundo actual. En esta búsqueda de soluciones, realizamos el cuarto Webinar titulado "Alternativas para el tratamiento de la deuda en los países de América Latina y el Caribe: Propuestas del Fondo Monetario Internacional y de las Agencias de Crédito a la Exportación", el cual se convirtió en un espacio crucial de discusión. Este evento formó parte de los Diálogos Ciudadanos Rumbo a la COP 28, una iniciativa coorganizada por GFLAC y diversas organizaciones aliadas. Uno de los conceptos que se abordaron durante el Webinar fue el de los Derechos Especiales de Giro (DEG). Son un activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1969 para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Aunque no constituyen una moneda en sí misma, su valor se basa en una cesta compuesta por cinco monedas: el dólar estadounidense, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina. En un contexto marcado por la pandemia de COVID-19, la Junta de Gobernadores del FMI aprobó en agosto de 2021 la emisión de DEG por un valor de US$650 mil millones, con la intención de afrontar el impacto económico y social derivado de la crisis. Esta emisión fue acreditada en las cuentas de los países miembros ese mismo mes. Durante la COP 26, Mia Mottley, primera ministra de Barbados propuso una emisión anual de $500 mil millones en DEG para financiar la transición hacia políticas de mitigación y adaptación climáticas. En seguimiento a estas discusiones, la Cumbre Internacional por un Nuevo Pacto Global de Financiamiento, celebrada en junio de 2023 en París, anunció una asignación de 100.000 millones de USD en DEG por parte del FMI. Esta medida se concibió con el propósito de combatir la pobreza, construir resiliencia y promover la sostenibilidad mediante el compromiso de 14 países de renunciar al menos al 20% de sus DEG. Nuestra directora de GFLAC, Sandra Guzmán, resaltó en el evento la importancia de cambiar el enfoque macroeconómico, el cual perpetúa la dependencia de los combustibles fósiles, subrayando que esta perspectiva debe transformarse para abordar los desafíos ambientales y económicos. Por su parte, Ariel Slipak, Coordinador del Área de Investigaciones de la FARN, destacó el papel de las agencias de crédito a la exportación como "financistas silenciosos", los cuales obstaculizan la transición energética justa. Señaló que estas agencias sostienen la dependencia entre el Sur Global y el Norte Global, respaldando proyectos fósiles inviables con perfil bajo y sin monitoreo público. Leonardo Stanley, Investigador Asociado del Departamento de Economía del CEDES, abordó la importancia de la resiliencia y la sustentabilidad financiera en el contexto de reformas impulsadas por el FMI. Hizo hincapié en la necesidad de evitar que lo ambiental quede subyugado a lo económico y en la relevancia de considerar tanto los créditos de organismos como el financiamiento que incide en sectores públicos y privados. Pablo Nemiña, Investigador Adjunto del CONICET, profundizó en los usos de los DEG, recomendando su fortalecimiento para aumentar reservas, liquidez y redistribución. Subrayó la flexibilidad de los DEG en comparación con los créditos tradicionales, lo que permite una mayor adaptabilidad a las necesidades económicas de los países. El Webinar concluyó con una reflexión colectiva sobre la necesidad de visualizar el futuro y avanzar hacia soluciones sostenibles, reconociendo la relevancia de liderazgos y decisiones que aceleren las transiciones hacia una economía más resiliente y respetuosa con el medio ambiente. En este escenario de desafíos, el diálogo y la colaboración entre diferentes actores se erigen como elementos fundamentales para construir un futuro más prometedor y equitativo en América Latina y el Caribe.

(ENGLISH VERSION BELOW) Por: Sandra Guzmán, Directora General, GFLAC / Marisol Marín, Coordinadora de Comunicación, GFLAC Se realizó la primera Cumbre de América Latina y el Caribe para una Tributación Global Incluyente, Sostenible y Equitativa en Cartagena, Colombia, los días 27 y 28 de julio, donde se propuso una cooperación regional en materia tributaria para hacer frente a retos que tienen los países de la región y del mundo, como evasión fiscal, paraísos fiscales y otros que comprometen las economías y el bienestar de la población. Pese a que la representación de las y los funcionarios de 11 países de los 16 confirmados, no fueron de alto nivel, se tomaron importantes decisiones como la de crear una Plataforma, en cuyos objetivos se destaca la construcción de una posición unificada a nivel regional que fortalezca la voz de América Latina y el Caribe en las negociaciones internacionales sobre asuntos tributarios. Esto representa una oportunidad sin precedentes para abogar por políticas fiscales que promuevan la justicia, la equidad y la sostenibilidad en el contexto global. Como parte de las prioridades, los países identificaron temas de suma importancia que serán trabajados a partir de este encuentro, entre ellos la progresividad del sistema tributario, beneficios tributarios, tributación ambiental y la tributación relacionada con la era digital y las nuevas formas de trabajo. Es importante resaltar que las discusiones en Cartagena, no se limitaron a las reuniones oficiales entre ministros de finanzas y representantes de los países, que se hicieron a puerta cerrada con espacios solo para diez representantes de la sociedad civil. Precisamente, del 25 al 28 de julio, diversas organizaciones de la sociedad civil, impulsadas por un grupo motor de organizaciones, a la que se sumaron decenas de organizaciones como GFLAC, trabajaron arduamente para presentar propuestas concretas para garantizar que los acuerdos alcanzados fueran justos, inclusivos y sostenibles. Las recomendaciones de las organizaciones enfatizaron la importancia de considerar visiones transversales como el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, como principios fundamentales en la toma de decisiones fiscales, así como la promoción de la progresividad y equidad en los sistemas tributarios y la revisión de beneficios tributarios con transparencia y equidad. En el ámbito específico del cambio climático, GFLAC y organizaciones aliadas destacaron la importancia de promover el establecimiento de un precio al carbono, la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, el tratamiento de la deuda como vía para ampliar el espacio fiscal y establecer una tributación ambiental que proteja la naturaleza, la biodiversidad y fomente la transición energética justa. Esto para desacoplar el modelo de desarrollo de las actividades extractivas y generar ingresos que se inviertan en la transición sin dejar a nadie atrás. Además, se abogó por promover mejores estándares de transparencia, resaltando la importancia de la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú como una vía para garantizar el acceso a información, a la justicia y a la participación en asuntos fiscales que conciernen al ambiente y a la lucha contra el cambio climático. En este sentido, desde GFLAC participamos en las conversaciones sobre política fiscal y cambio climático brindando insumos derivados del aprendizaje obtenido en el marco del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) y las recomendaciones derivadas del mismo en el marco de la política fiscal y de transparencia. Si bien las entidades de gobierno reconocieron el rol que la sociedad civil tiene, no se especificó cuál será el mecanismo de participación respecto a la Plataforma creada. No obstante, se ha señalado que la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) tendrá la secretaría técnica, mientras que el gobierno de Colombia tendrá la presidencia por un año. En este sentido, la CEPAL y la Presidencia deberán establecer los mecanismos para garantizar una adecuada participación de la sociedad civil en el proceso. En conclusión, la primera Cumbre de América Latina y el Caribe para una Tributación Global Incluyente, Sostenible y Equitativa representa un paso importante hacia la construcción de un futuro más justo y sostenible para la región y el mundo. En el futuro inmediato será necesario un trabajo colaborativo entre gobiernos, en donde la participación de los ministros de finanzas, pero también los ministerios de medio ambiente, y otros relevantes, será fundamental. Además de una participación adecuada y activa de la sociedad civil, que es la memoria de muchos de estos procesos, pues los gobiernos cambian con el tiempo y con ello las prioridades. El éxito de la Plataforma por tanto dependerá de un balance entre lo técnico y lo político, tomando en cuenta las diferentes necesidades de los países, pero guiándose por un objetivo común de cara a una política tributaria equitativa, inclusiva y verdaderamente sostenible, que pueda adoptarse no solo regionalmente sino también a nivel global. Desde GFLAC agradecemos a las organizaciones del grupo motor como son Oxfam México, Latindadd, la Red de Justicia Fiscal, CIEDUR, Foro Social Panamazónico, la Iniciativa Global de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ICRICT, Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la política Fiscal y otras, por hacer posible la participación de sociedad civil en esta importante conversación, cuyo proceso comienza y en el cual trabajaremos arduamente. Towards a Sustainable Global Taxation: Advances from the Fiscal Policy Summit in Latin America and the Caribbean On July 27th and 28th, the Caribbean Summit for an Inclusive, Sustainable, and Equitable Global Tax was held in Cartagena, Colombia. During the summit, regional cooperation on tax matters was proposed to address challenges faced by countries in the region and around the world, such as tax evasion, tax havens, and other issues that impact economies and the well-being of the population. Even though the representation of officials from 11 out of the 16 confirmed countries was not at the highest level, significant decisions were made, including the creation of a platform with the objective of building a unified regional position to strengthen the voice of Latin America and the Caribbean in international tax negotiations. This represents an unprecedented opportunity to advocate for fiscal policies that promote justice, equity, and sustainability in the global context. As part of the priorities identified, countries highlighted several crucial issues that will be addressed following this meeting, including the progressivity of the tax system, tax benefits, environmental taxation, and taxation related to the digital era and new forms of work. The discussions in Cartagena went beyond the closed-door official meetings between finance ministers and representatives of countries. From July 25th to the 28th, various civil society organizations, driven by a core group of organizations and joined by dozens of others like GFLAC, worked together to present concrete proposals to ensure that the agreements reached were fair, inclusive, and sustainable. The recommendations emphasized the importance of considering cross-cutting perspectives, such as respect for human rights and the fulfillment of the Sustainable Development Goals, as fundamental principles in making fiscal decisions. The promotion of progressivity and equity in tax systems and the transparent review of tax benefits were also highlighted. Regarding the specific issue of climate change, GFLAC and allied organizations emphasized the importance of promoting the establishment of a carbon price, reducing subsidies for fossil fuels, treating debt to expand fiscal space, and implementing environmental taxation to protect nature, biodiversity, and promote a just energy transition. This aims to decouple the development model from extractive activities and generate income for an inclusive transition that leaves no one behind. Additionally, efforts were made to promote higher transparency standards, underscoring the importance of the effective implementation of the Escazú Agreement to guarantee access to information, justice, and participation in fiscal matters related to the environment and the fight against climate change. In this context, GFLAC participated in discussions on fiscal policy and climate change, providing insights from the knowledge gained through the Sustainable Finance Index (SFI) and the resulting recommendations in the areas of fiscal policy and transparency. While government entities acknowledged the role of civil society, the specific mechanism for civil society participation in the created Platform was not specified. However, it was indicated that the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) would provide technical support, while the government of Colombia would hold the presidency for one year. In this regard, ECLAC and the Presidency should establish mechanisms to ensure adequate civil society participation in the process. In conclusion, the first Caribbean Summit for an Inclusive, Sustainable, and Equitable Global Tax represents a significant step towards building a fairer and more sustainable future for the region and the world. Immediate collaborative efforts among governments are necessary, involving not only finance ministers but also environmental and other relevant ministries. Adequate and active civil society participation, which carries the memory of many of these processes as governments change over time, is also crucial. The success of the Platform will thus depend on a balance between technical and political considerations, considering the unique needs of countries but guided by a common objective of pursuing an equitable, inclusive, and truly sustainable tax policy that can be adopted not only regionally but also globally. GFLAC expresses its gratitude to the core group of organizations, such as Oxfam Mexico, Latindadd, the Tax Justice Network, CIEDUR, the Pan-Amazonian Social Forum, the Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights, ICRICT, the Initiative for Human Rights Principles in Fiscal Policy, and others, for making civil society participation in this crucial conversation possible. The process has just begun, and GFLAC will work tirelessly to contribute to it.