Hacia un sistema financiero internacional equitativo, sostenible y transformador
Imagen: The big shift
¿Vamos por buen camino?
Por: Sandra Guzmán Luna
Los días 22 y 23 de junio se llevará a cabo un importante encuentro titulado “Un Nuevo Pacto Financiero Global”, en París, Francia, originalmente convocado por el presidente Emmanuel Macron, de Francia, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. El encuentro nació de una importante demanda de países en desarrollo que, presionados financieramente por la pandemia, la crisis económica y la crisis climática, se han visto obligados a pedir financiamiento a instituciones que lejos de ayudar a su estabilidad, han incrementado su deuda externa.
El limitado espacio fiscal ha reducido la capacidad de los países de invertir en la atención del cambio climático, y ha incrementado la incapacidad de atender problemas estructurales como es la profundización de la pobreza, el desempleo y el aumento de actividad ilegal en respuesta a la precariedad económica que se vive en muchos países, y que atenta contra la seguridad de la población, particularmente en el caso de América Latina y el Caribe. En el marco de la pandemia, las actividades ilegales asociadas a la venta de drogas aumentaron en la región y en el mundo, intensificando los niveles de violencia (EL PACCT, 2022).
En las decisiones derivadas de la COP27 se llamó por primera vez a las instituciones financieras internacionales, incluidos los bancos multilaterales de desarrollo, así como bancos centrales y otros, a actuar ante el cambio climático. Este llamado no fue una casualidad, fue resultado de una constante presión por conectar la realidad de las instituciones financieras internacionales con las necesidades cambiantes que se viven en el mundo. Si bien las instituciones que hacen parte del Grupo del Banco Mundial han venido desarrollando lo que llaman “Alineación con el Acuerdo de París” (BM, 2022), en el que se busca no solo incrementar el financiamiento climático, sino también alinear sus operaciones a este propósito, existe una duda fundamental sobre la “obligatoriedad” de dichas acciones y hasta qué punto son realmente un cambio de paradigma.
En Bonn, Alemania en las sesiones de negociación de cara a la COP28 se retomó este tema como parte de las discusiones del Balance Global (Global Stocktake), en donde se hicieron preguntas sobre el rol de estas instituciones financieras en la movilización y provisión de financiamiento. Es de resaltar que representantes de países como Arabia Saudita, señalaron que el rol de estas instituciones no debiera ser objeto de discusión en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). No obstante, la mayoría de los participantes reconocieron que los gobiernos de los países que son signatarios y ratificantes de estos acuerdos globales, también son “accionistas” de estas instituciones financieras, y, por lo tanto, son quienes deben mandar las señales y mandatos claros para que estas instituciones cambien el formato y el rumbo de las decisiones.
Y es que, en el mes de marzo, en el marco de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional se enfatizó que estas instituciones creadas en un contexto de post guerra y reconstrucción viven en un momento muy diferente de crisis múltiples que deben moverlas hacia una reforma. Aunque es más bien una transformación lo que se requiere, en la que se redefinan sus objetivos y esquemas de acción y funcionamiento.
Las y los dirigentes de estas instituciones no pueden seguir operando bajo las mismas premisas de hacer dinero de la extracción de la naturaleza y de los países ya empobrecidos. Sus dirigentes deben entender que la crisis climática amenaza la estabilidad de todo aparato financiero. Los servicios y actividades productivas ya se ven amenazadas en un contexto de crisis climática y esto limita la generación de capital económico, lo que obligará a los países a pedir más “apoyo” financiero e incrementará su demanda y dependencia ante estas instituciones, sin embargo, su limitada capacidad de repago también será una amenaza para el sistema financiero, que pronto se verá con un flujo limitado de capital. Esto es parte de un círculo vicioso que afectará el aparato financiero, cuyas fallas de origen deben atenderse o será un sistema fallido que dejará de ser funcional, dando paso a nuevas formas de financiar acciones que alimentarían las actividades ilícitas en los países.
Si bien hay avances en cuanto a la consideración del cambio climático en las instituciones financieras, y hay una creciente ola de iniciativas en la materia (TCFD, TNFD, GFANZ, y otras), la realidad es que la integración del tema en el top de las prioridades de dichas instituciones se ve aún lejano. Acelerar las capacidades de las instituciones en la materia y a todos los niveles (directivos y técnicos) será un reto importante. Pero también tendrá que venir acompañado del fortalecimiento de la ciudadanía que pueda exigir una mejor rendición de cuentas y que pueda dar acompañamiento a estos procesos de manera estructural. Es decir, la sociedad civil en sus diversas formas jugará un rol muy importante para presionar a que estos cambios se den. Los gobiernos tendrán que avanzar en las regulaciones que mandaten estos cambios estructurales; mientras que el sector privado, también en sus diferentes formas, jugará un rol, pero cuya participación tendrá que darse en un contexto de reglas claras y no de esquemas voluntarios que hasta hoy no se garantiza el éxito.
En conclusión, las instituciones financieras no son inmunes al cambio climático, por el contrario, son altamente vulnerables y por ende deben ser más responsables de su atención. Aunque ya hay acciones en marcha, el camino es aún largo, pero no hay tiempo para esperar, por lo que es necesario tomar acciones más radicales y profundas si se quiere realmente combatir el problema. En este sentido hay un debate internacional sobre lo que debiera surgir de esta cumbre a celebrarse en París, y desde la sociedad civil se han analizado diversos mensajes que podrían marcar el termómetro y que podrían indicar un avance:
1. La redefinición de los esquemas de endeudamiento histórico: Esto incluye cancelación de la deuda a los países más vulnerables y con menores niveles de desarrollo. Renegociación de los esquemas de deuda para aquellos países que necesitan espacio fiscal para la acción climática, como economías emergentes. Estos esquemas pueden ser los denominados canjes de deuda por acción climática y la protección de la naturaleza, pero cuyos acuerdos se deben hacer bajo principios de equidad, transparencia y respeto a los derechos humano, evitando la creación de incentivos perversos.
2. La redefinición de esquemas de financiamiento de acuerdo con las necesidades de los países en desarrollo: Esto implica acelerar la financiación pública para la adaptación y la atención de las pérdidas y los daños, en forma de donaciones y cuyos esquemas de acceso al financiamiento sean directos, pues esta es la principal necesidad de los países en desarrollo. Acompañado de una inversión en los procesos para desacoplar las economías de actividades extractivas, pues en América Latina y el Caribe, los países con mayores emisiones reciben 10 veces más ingresos por actividades mineras y petroleras que por actividades sostenibles (GFLAC, 2022) patrón que debe cambiar.
3. La movilización inmediata de los 100 mil millones comprometidos y su escalamiento. El cumplimiento de la provisión de 100 mil millones es una obligación y su cumplimiento es un acto necesario para aumentar la confianza. Su escalamiento es muy importante para cubrir las necesidades de los países, y así diseñar una nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento climático, que debe ser de un mínimo de 500.000 millones de dólares anuales, considerando las necesidades identificadas en países en desarrollo. Mismas que deberán ser contabilizadas de manera integral y con ayuda internacional, para tener un mejor cálculo. Estas necesidades inmediatas deben cubrirse por recursos públicos y predecibles y mediante mecanismos como el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación y otros con mejor equidad en la toma de decisiones, pero cuyos esquemas de acceso también deben reformarse.
4. Cese a las inversiones en nuevas plantas de combustibles fósiles. Esto debe incluir un anuncio para parar las inversiones en plantas nuevas para extracción, exploración y producción de combustibles fósiles a partir de 2025 como vía central para estabilizar las emisiones hacia 2030 y según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2022).
5. Transformación de los flujos de financiamiento: La señal más clara será enviada cuando las instituciones financieras comiencen a integrar el cambio climático en todas sus operaciones y hagan que todos los flujos de financiamiento sean coherentes con el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, tal y como lo indica el Artículo 2.1.c del Acuerdo de París.
6. Mejorar esquemas de transparencia y participación: Estos cambios solo podrán ser posibles si las instituciones financieras y los países se comprometen a crear estructuras robustas y transparentes que muestren el avance de dichos cambios en el flujo de las inversiones. Y esto debe acompañarse de un fuerte esquemas de participación ciudadana incluyendo grupos de mujeres, jóvenes, y comunidades locales e indígenas que puedan realmente verificar de manera activa que estos cambios están sucediendo. Esto es, permitir que las organizaciones y grupos dejen de ser observadoras para ser entidades activas para el alcance de los objetivos.
¡Conoce el comunicado de sociedad civil latina y súmate!: https://bit.ly/42P2QLI
Para leer la versión en inglés de este documento: https://shorturl.ac/7aipk