Por: Dra. Sandra Guzmán | Fundadora y Directora General (GFLAC) No hay que ser un activista climático para saber que la crisis climática está incrementando la presión financiera de muchos países en el mundo, especialmente de aquellos del denominado Sur Global, donde no solo se dan las afectaciones más profundas, sino también es donde las poblaciones están menos equipadas para atender los impactos. La demanda histórica de los países en desarrollo, sobre todo de las islas y de los países menos desarrollados, ha sido que necesitan financiamiento accesible, nuevo y adicional a la ayuda al desarrollo para hacer frente a los retos que el cambio climático y otros problemas traen consigo.  No obstante, el llamado creciente de contar con más recursos por parte de los países desarrollados no ha hecho eco. Pese a que dicho desarrollo ha sido en buena medida posible gracias a la extracción y usufructo de los recursos, poblaciones y territorios del Sur Global, para enriquecer sus economías, tecnologías y servicios, esto lo han hecho bajo un modelo industrial que ha causado alteraciones en los ecosistemas y la emisión de contaminantes, responsables no solo del cambio climático, sino también de la contaminación del suelo, el aire y el agua; sin dejar de mencionar las graves violaciones a los derechos humanos derivadas de estas actividades.  Es este legado de contaminación el argumento base que hace a los países desarrollados responsables de pagar por lo causado históricamente. En especial, deben pagar a aquellas poblaciones y territorios que, lejos de contribuir con estas afectaciones, han sido víctimas de las consecuencias. La demanda es legítima.  Por ello, el resultado de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en su edición número 29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, causó tanto enojo. Ya que concluyó con un acuerdo para movilizar 300 mil millones de dólares a países en desarrollo, sustituyendo la meta de 100 mil millones acordada en 2009. Triplicar una meta en 15 años resulta, a todas luces, insuficiente y hasta insultante.  Es verdad que los países europeos y otros del bloque de los países desarrollados señalaron no tener más dinero público para comprometerse, pero, sobre todo, hacían referencia a que los equipos de ambiente y clima dentro de los países desarrollados que han estado impulsando por más recursos, tienen poca o nula capacidad de acción frente al fisco de sus países.  Y así, los países desarrollados salieron con un acuerdo que era “poco creíble” ante los ojos de quienes ven en el cambio climático una realidad cotidiana en sus territorios, pero resultaba “entendible” para quienes ven que los políticos del denominado primer mundo no están alineados con la acción climática, y mucho menos con la idea de “ayudar” al Sur Global —y aún menos a aquellas economías emergentes que están transitando hacia modelos de altas emisiones, como China.  Digámoslo alto y claro: los países desarrollados no quieren seguir financiando el desarrollo de países como China, que hoy son sus competidores comerciales. El problema de fondo es que no todos los países en desarrollo son China; de hecho, solo un puñado de países del Sur podría considerarse hoy una economía emergente con un Producto Interno Bruto creciente. Sin embargo, es importante aclarar que esto no implica bienestar per cápita, ni significa que estos países hayan resuelto todos sus retos de desarrollo; sus niveles de pobreza y desempleo siguen siendo altos. Por ello, siguen siendo economías emergentes.  La Ruta de Bakú a Belém para movilizar 1.3 billones de dólares: ¿la solución o el problema?      Ante la terrible idea de salir de Bakú con una meta de 300 mil millones de dólares, algunos países propusieron una ruta de acción que permitiera movilizar un billón, como meta deseable, de tal manera que se pudiera aspirar a un número más “justo” para los países del Sur Global. Algunos países, entre ellos Colombia, bajo el liderazgo de la exministra Susana Muhammad, impulsaron la creación de una Ruta de Bakú a Belém para planear la movilización de 1.3 billones de dólares. La propuesta es que Brasil, como presidente entrante de la COP30, y Azerbaiyán, como presidente de la COP29, sean quienes lideren este proceso para determinar cómo movilizar esta cantidad de recursos.  La idea de salir con 1.3 billones, en lugar de 300 mil millones, era sin duda mejor. Pero el problema no estaba en la cantidad, sino en cómo definir el tipo de recursos que debían ser parte de esta ruta. Por eso, se estableció que el financiamiento dentro de esta ruta debería “incrementar el financiamiento para países en desarrollo, para apoyar sus rutas de reducción de emisiones y de desarrollo resiliente al clima, e implementar sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) y sus Planes Nacionales de Adaptación, incluyendo a través de donaciones, instrumentos concesionales y no generadores de deuda, y medidas que amplíen el espacio fiscal”. (Decisión del NCQG, COP29, 2024).  Lo que nos dice la decisión que dio pie a la ruta es que no se trata de contabilizar cada centavo que fluye por el mundo en materia de cambio climático como parte de la ruta, sino solo aquel que cumpla con las características antes señaladas. Esto significa que los países deben ponerse más claros sobre qué sí y qué no cuenta. Sobre todo, porque se habla de una diversidad de fuentes, públicas y privadas. Pero los adjetivos clave son: “donaciones, instrumentos concesionales y no generadores de deuda, y medidas que amplíen el espacio fiscal” …    En este contexto, la Ruta es un documento altamente deseable para pasar de la acción a la implementación en el Sur Global, pero la pregunta de fondo es: ¿pueden Brasil y Azerbaiyán construir una ruta que sea capaz de atender las necesidades de los países en desarrollo, y responder a las limitadas expectativas que tienen los países desarrollados de la ruta?  Empecemos por decir que, dado la forma en que está redactada la decisión que le da vida al proceso, no se determina que será un elemento de negociación. Es decir, una vez construida, no parece haber un elemento que obligue a que sea adoptada por los países. Esto reduce la carga política, pero incrementa la incertidumbre sobre lo que puede ser el documento, reporte o cualquier otro tipo de entregable que se presente en la COP30.  Lo cierto es que Brasil ha arrancado un proceso de consulta para pedir insumos que puedan ayudar a diseñar esta ruta. Comenzaron con un llamado para hacer “ submissions ” por parte de países parte y actores no gubernamentales, recibiendo 191 insumos, pero solo 19 de países parte. Luego continuaron con reuniones informales al margen de otros eventos, como las reuniones del Banco Mundial, entre otros. Pero fue en Bonn, Alemania, en la sesión número 62 de los cuerpos subsidiarios de la CMNUCC, que se llevaron a cabo consultas “formales” para recibir visiones por parte de los actores interesados.  No obstante, en Bonn hubo tiempo limitado para hacer consultas. Esto, junto con otros factores, ha generado un entorno de incertidumbre sobre el proceso y el “entregable” a presentar en la COP30. Gobiernos y organizaciones regresaron de Bonn con más dudas que respuestas sobre la capacidad de Brasil (y de Azerbaiyán) para liderar un proceso que puede ser determinante para los países en desarrollo.  Existe la percepción de que esta Ruta no solo carece de un proceso formal, sino que también genera dudas sobre su contenido y sobre si realmente será una ruta implementable, y no solo un diagnóstico más, con datos ya conocidos, de organismos y organizaciones ya conocidas, cuyas recomendaciones no han cambiado el rumbo de la acción.  Pero no solo son las dudas sobre el contenido, sino sobre sus puntos de implementación. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la Ruta será capaz de distinguir entre la meta de los 300 mil millones y el 1 billón, o hasta qué punto podrá atender las necesidades reales como incrementar el financiamiento para la adaptación de manera significativa, o incluso hasta qué punto podrá fortalecer una serie de mecanismos de financiamiento que den certeza y predictibilidad, buscando una clara participación entre lo público y lo privado?  En este y otros puntos, hay claras tensiones que requieren un tratamiento especial. Por lo anterior, hoy es difícil determinar si la Ruta es una solución o si es un instrumento que, por su falta de claridad, se está volviendo un problema y una distracción.  Brasil: De la coordinación interna a la movilización internacional       Las altas expectativas generadas ante la llegada de Brasil como presidencia de la COP30 responden a su reconocida capacidad diplomática, demostrada en espacios como el G20, el grupo BRICS y otros foros multilaterales. No cabe duda de que Brasil podría tener la capacidad de construir un puente entre países desarrollados y países en desarrollo. No obstante, es fundamental que estas expectativas se traduzcan en una alineación nacional que permita alcanzar la movilización global que se requiere.  En la Ruta de Bakú a Belém, esta coordinación es clave. Por un lado, porque quien ha venido liderando el proceso es el Ministerio de Finanzas, reconocido por su gestión en el marco del G20, un espacio que dista mucho de las conversaciones y aspiraciones propias de la CMNUCC. Si bien el Ministerio ha mostrado una importante capacidad de interlocución, su visión sobre el involucramiento de actores externos, como el sector privado, para que la Ruta sea implementable, resulta importante y pragmática, pero deja de lado la realidad y el origen de la Ruta: un proceso orientado a atender las necesidades de los países en desarrollo, especialmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, donde el sector privado no suele tener interés ni un rol predominante.  Por ello, el espacio por excelencia para atender dichas necesidades ha sido la CMNUCC. Aunque esta requiere de la acción externa, la Ruta no puede obviar lo que debe suceder dentro del marco de la Convención.  En este sentido, la Ruta requiere de dos procesos interactivos: uno que conecte con las realidades “externas”, como las instituciones financieras internacionales, otros procesos de Naciones Unidas (como la conversación sobre financiamiento para el desarrollo, la convención fiscal, la posible convención sobre deuda, entre otros); y otro que mantenga una conexión clara con los procesos internos de la CMNUCC, como la Meta Global de Adaptación, el financiamiento a largo plazo, el Comité Permanente de Financiamiento, el Balance Global, los fondos climáticos y demás mecanismos oficiales que requieren una alineación precisa para que los recursos movilizados bajo esta nueva meta de financiamiento climático realmente tengan impacto y sean contabilizados de forma eficaz.  Es decir, el Ministerio de Finanzas debe enfocar sus esfuerzos no solo en la cantidad, sino y aún más importante, en la calidad del financiamiento. Recordemos que los puntos clave son: “ donaciones, instrumentos concesionales y no generadores de deuda, y medidas que amplíen el espacio fiscal ”…    Ahora bien, en este ánimo constructivo, el Ministerio de Finanzas de Brasil ha creado un círculo de ministros de Finanzas para construir un documento con propuestas. El primer borrador fue presentado en Sevilla, España, en el marco de la Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo, durante un evento cerrado. Sin embargo, en recientes consultas con la sociedad civil se ha aclarado que dicho documento (que no es público y al que solo algunos países parte han tenido acceso)  no es  la Ruta de Bakú a Belém, sino únicamente un insumo. Es decir, si el trabajo que ha venido impulsando el Ministerio de Finanzas no constituye la Ruta, la pregunta es: ¿qué entidad la está elaborando y bajo qué proceso?  Hasta el momento se ha indicado que hay cinco prioridades de este documento: 1) Financiamiento concesional y optimización de fondos climáticos; 2) Reforma de los Bancos Multilaterales de Desarrollo para escalar el financiamiento sostenible; 3) Impulsar capacidades domésticas y plataformas nacionales  voluntarias para inversiones climáticas; 4) Desarrollo de instrumentos financieros innovadores para movilización de capital privado; y Fortalecimiento de enfoques regulatorios para financiamiento climático. Sin embargo, en recientes consultas con sociedad civil, se ha clarificado que este documento (que no es público y al que solo algunos países parte han accedido) no es la Ruta de Bakú a Belém y que solo es un insumo. Es decir, si el trabajo que ha venido impulsando el Ministerio de Finanzas no es la Ruta, la pregunta es ¿qué y quién está elaborando la Ruta? Estamos a escasos meses de la COP y la falta de claridad sobre la Ruta, genera una decepción y una frustración, pues aún cuando la ruta sea un elemento “no negociable”, es fundamental determinar que es, que contiene y sobre todo se debe garantizar un espacio y un proceso transparente. De lo contrario, se corre el riesgo de que lo que se presente, nazca y muera en la propia COP. ¿De qué depende el éxito de la Ruta? Ante este nivel de incertidumbre, existen algunos puntos que son clave para enmendar el camino y que pueden ayudar a avanzar:   ·      Claridad en el proceso: la Hoja de Ruta representa una oportunidad estratégica para orientar la movilización de recursos hacia la atención de las necesidades de los países en desarrollo, incluyendo las necesidades inmediatas y las de mediano plazo. Esto quiere decir, que es crucial tener claro el plan para alcanzar los 300 mil millones y el plan para alcanzar el 1.3 billones.  Sin embargo, su carácter no negociable y la falta de transparencia en el proceso limitan la posibilidad de una interacción sustantiva, que permita visualizar su adopción e implementación.  Se han generado rumores de que habrá un borrador de la ruta hacia el mes de septiembre y quizá un borrador final en octubre, para su presentación oficial durante la COP30. En este contexto, es fundamental que las presidencias de Azerbaiyán y Brasil proporcionen claridad sobre el proceso, así como sobre la manera en que los distintos insumos serán procesados e incorporados en la Hoja de Ruta. Claridad de los objetivos : a falta de un borrador inicial no queda claro como la Ruta será coherente con las provisiones del Acuerdo de París. En particular, debe explicitar con claridad su objetivo dentro del marco del Artículo 9, haciendo énfasis sobre como dará cumplimiento a los aspectos integrados en artículo 9.1 y otros.  Esto será clave para dar certeza sobre qué tipo de recursos serán integrados y contabilizados, en donde la definición de lo que vendrá de países desarrollados como parte de sus compromisos es el centro de las conversaciones. Adaptación en el centro: la Hoja de Ruta debe incorporar a la adaptación como un eje prioritario, asegurando que la totalidad, o al menos la mayor parte, de los 300 mil millones de dólares anuales se destinen a este fin. Es importante que estos recursos provengan principalmente de fuentes públicas, en forma de donaciones y otros instrumentos no generadores de deuda, tal y como lo establece la decisión. El gobierno de Brasil y las partes deben tomar en cuenta que no hay otro espacio en la negociación en donde el tema de financiamiento para la adaptación tomará lugar de manera central. Si esta Ruta no pone la adaptación al centro, será un esfuerzo fallido de las presidencias y del sistema climático en su totalidad, pues es en la adaptación en donde están las necesidades de los países en desarrollo.  Claridad de las fuentes: una de las principales limitaciones de la nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento ha sido la falta de definición sobre la proporción de recursos provenientes de fuentes públicas frente a fuentes privadas, en especial aquellos que vendrán de países desarrollados. En el círculo de ministros se incluyen temas como innovación para movilización de capital privado, pero esta distinción debe abordarse con mayor precisión e integrarse estratégicamente en la Hoja de Ruta, con el fin de brindar certidumbre a los países en desarrollo y garantizar transparencia en el seguimiento de los compromisos financieros. Esto tiene una relación clave con el tipo de medidas a ser abordadas. Es decir, la adaptación no podrá depender de recursos privados, y si esto no es reconocido en la Ruta se correrá el riesgo de replicar y de arrastrar problemas del pasado y de retrasar procesos adaptativos que generarán más pérdidas y daños y con ellos más costos. Claridad de los instrumentos : en este sentido, es crucial establecer con claridad qué tipos de instrumentos serán considerados en la Hoja de Ruta. De igual manera el círculo de ministros habla de recursos concesionales, el rol de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, y otros, pero no deja claro como esto alimenta a la Ruta y sus objetivos.  La calidad del financiamiento debe atender lo establecido en la decisión del NCQG, que promueve recursos no generadores de deuda y que amplíen le capacidad fiscal de los países en desarrollo. Por lo tanto, se requiere mayor precisión respecto a los instrumentos financieros libres de deuda que serán contemplados, en contraste con aquellos que podrían ser apalancados mediante otros mecanismos. El llamado a Brasil y al resto del mundo, es a ser precavidos y evitar contabilizar todos los recursos posibles, pues la Ruta no es un tema de cantidad de recursos. Para eso tenemos el artículo 2.1.c que si llama a hacer todos los flujos compatibles con el desarrollo bajo en carbono. Esta Ruta es para asegurar un financiamiento de calidad para los países en desarrollo.   La Presidencia de Brasil debe ser capaz de entender las brechas y errores que se han cometido en el pasado, para integrar este aprendizaje en la Ruta y evitar así arrastrar los problemas que ya conocemos y que sabemos han evitado avanzar en la adecuada provisión y movilización del financiamiento para países en desarrollo. Y no olvidar que la Ruta debe considerar aspectos para trabajar dentro de la Convención, sin dejar de mandar mensajes claros a proceso fuera de ésta, tales como la reforma del sistema financiero internacional, la Convención Fiscal y otros foros. Esta articulación resulta clave para asegurar un impacto significativo en el conjunto del ecosistema financiero global. A la presidencia de Brasil, les pedimos transparencia, y al resto del mundo, les pedimos coherencia. No podemos permitir que 2025, sea otro año perdido para el clima. Ya no podemos darnos ese lujo. Dejar que la Ruta nazca y muera en la COP, es negligencia, con las presentes y con las futuras generales.

Por: Dr. Sandra Guzmán, Directora General; Isabel González, Asociada en Financiamiento climático para Colombia y Marisol Marín, Asociada Senior en Comunicación Estratégica Internacional, GFLAC  Sevilla, España, será la sede de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4). Del 30 de junio al 3 de julio, el mundo se reunirá para discutir la visión del financiamiento que se espera dé forma a la agenda en los próximos diez años. Esta es la cuarta conferencia de su tipo, y si bien se lleva a cabo en un contexto de alta incertidumbre política, económico y de seguridad, será un espacio para redefinir el futuro de la cooperación para el desarrollo.     Algunos retos como la reciente salida de Estados Unidos del proceso, la reducción del financiamiento para el desarrollo, un contexto de guerra y conflicto, son algunos de los problemas que estamos viviendo en el contexto internacional. Pese a ello, se espera que el documento acordado ( Compromiso de Sevilla ) por los países sea adoptado en Sevilla para arrancar una nueva era de colaboración.     Los temas centrales que se integran en el documento elaborado por los co-facilitadores (México, Nepal,  Noruega y Zambia) son:  Movilización de recursos públicos  n acionales para el desarrollo sostenible  Inversión del sector privado  en el crecimiento, la transición digital y la creación de empleo  Cooperación internacional para el desarrollo ,  cooperación triangular y rol de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD)  Deuda, sostenibilidad de la deuda  y marcos de endeudamiento/préstamo responsable  Comercio internacional  como motor del crecimiento inclusivo y la erradicación de la pobreza  Reforma de la arquitectura financiera internacional,  con mayor representación de los países en desarrollo  Ciencia, tecnología, innovación  y fortalecimiento de capacidades  Datos, monitoreo y seguimiento  para una toma de decisiones informada    Los temas integrados en este nuevo documento marcan un antes y un después en la agenda de financiamiento para el desarrollo, pues se reconocer que la cooperación bilateral no será suficiente para transformar, y que reformas más estructurales son necesarias. Sin embargo, el llamado a reformas profundas no debe desdibujar el hecho de que, sin el financiamiento público de países desarrollados a países en desarrollo, no será posible que éstos últimos avancen en sus transiciones.     Uno de los temas de mayor contención en este sentido, fue precisamente la relación entre financiamiento para el desarrollo y financiamiento climático. Entre otras cosas, porque países en desarrollo han señalado que buena parte del financiamiento climático por parte de los países desarrollados, ha sido una desviación del financiamiento para el desarrollo, es decir, que no ha sido nuevo y adicional, dejando descubiertas agendas como el de la reducción de la pobreza.    No obstante, y después de meses de discusión el documento acordado, incluye aspectos importantes sobre financiamiento climático. En este sentido, el texto:   Reconoce   importancia de los fondos climáticos y ambientales ,  y se propone mejorar su alineación con las necesidades y prioridades nacionales, así como promover la complementariedad y coherencia entre ellos. También se propone simplificar el acceso para los países en desarrollo y   fortalecer la cooperación con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y las instituciones nacionales de desarrollo .    Hace un llamado a  proveer y movilizar recursos financieros incrementales para los países en desarrollo , en línea con los objetivos y compromisos respectivos en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París . Esto incluye, pero no se limita, a las decisiones sobre la Nueva Meta Colectiva y Cuantificable en materia de financiamiento climático acordada en Bakú, el Fondo para Pérdidas y Daños, el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde para el Clima y el Fondo Especial para el Cambio Climático;  Respalda la implementación de las   Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y los Planes Nacionales de Adaptación (NAP) .;  Espera con interés el lanzamiento de la  Hoja de Ruta de Bakú a Belém ,  que hace un llamado a todos los actores a escalar los fondos públicos y privados hasta alcanzar al menos USD 1,3 billones anuales para 2035  Subraya la importancia de la  transparencia   en la presentación de informes sobre financiamiento climático.    Por su parte, el documento integra también aspectos de biodiversidad, reconociendo que la agenda de desarrollo se verá afectada no solo por el cambio climático, sino por la devastación ambiental, incluyendo la pérdida de biodiversidad.  Al respecto el documento:     Insta a una  implementación rápida, plena y efectiva  del  Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal,   en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y subraya la urgencia de aumentar los recursos financieros provenientes de todas las fuentes.  Reconoce el  establecimiento y la puesta en marcha del Fondo del Marco Mundial de Biodiversidad, así como el lanzamiento del Fondo de Cali   para la Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios derivados del uso de Información de Secuencia Digital de Recursos Genéticos (DSI).  Expresa su expectativa respecto al establecimiento, hacia 2030, del   mecanismo financiero permanente previsto en el Artículo 21 del Convenio sobre la Diversidad Biológica , como parte del esfuerzo por cerrar la brecha global de financiamiento para la biodiversidad.    En general, es positivo que el documento reconoce la implementación   plena del Acuerdo de París y del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming–Montreal   e incluye llamados a  reformas en la arquitectura financiera internaciona l , incluyendo los sistemas monetarios y financieros. Sin embargo, hay aspectos ausentes y/o debilitados:    Nulo compromiso para eliminar subsidios e inversiones en combustibles fósiles:  Pese a largas conversaciones sobre la importancia de la eliminación de los subsidio e inversiones dañinas para el ambiente, como las relacionadas con los combustibles fósiles, el documento acordado no incluyó la importancia de promover dicha eliminación, perpetuando así que las finanzas públicas y privadas del mundo, sigan dependiendo de recursos finitos que han causado grandes problemas ambientales y sociales en el mundo.     Incapacidad de garantizar la adicionalidad del financiamiento climático más allá de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD):  Tras años de demandas por parte de los países en desarrollo para asegurar que el financiamiento climático y el destinado a la protección de la biodiversidad sea nuevo y adicional con respecto al asignado para el desarrollo, el documento acordado, no permita enfatizar esta importante necesidad de que el financiamiento debe ser incrementado para atender las diversas crisis. Si bien el clima, la naturaleza y el desarrollo, son parte de una misma dimensión para asegurar el bienestar de la población, traen consigo diversas demandas que necesitan más recursos nuevos, adicionales e incrementales.    Ausencia de una mención más directa y firme del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas:  Algunos países destacaron que el documento no refleja adecuadamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en particular en lo que respecta a la financiación climática. Las referencias a las medidas climáticas deben garantizar una aplicación justa y diferenciada. Países en desarrollo hicieron hincapié en que los compromisos financieros relacionados con el cambio climático deben tener en cuenta las responsabilidades históricas diferenciadas y las diversas capacidades de los países.    Conexión con metas de financiamiento más amplias como el artículo 2.1.c. del Acuerdo de París:  Algunos países subrayaron que los Principios de Río deben considerarse en su conjunto y lamentaron la supresión del lenguaje sobre la financiación climática del texto final, rechazando el bajo nivel de ambición en materia de financiación climática, especialmente teniendo en cuenta los compromisos existentes en el marco de la CMNUCC y el Acuerdo de París. Asimismo, se destacó la preocupación de que los países en desarrollo tuvieran que conformarse con lo mínimo en materia de financiación climática, especialmente los países vulnerables. El Grupo de Países de Renta Media (PRM) también instó a seguir avanzando en la reforma del FMI y el Banco Mundial, y señaló que habría sido beneficioso incluir el riesgo climático en el texto.   Llamado firme a reformar la arquitectura financiera internacional:   muchos países pidieron profundas reformas estructurales del sistema financiero mundial para que sea más inclusivo, transparente y receptivo a las necesidades de los países en desarrollo. Esto incluye una representación más equitativa de los países en desarrollo en los procesos de toma de decisiones y un llamamiento a ir más allá del PIB como única medida del desarrollo, reconociendo las vulnerabilidades multidimensionales.  No obstante, algunas partes “países desarollados”, han señalado que las Naciones Unidas no son el espacio para mandatar a las instituciones financieras internacionales. Mayor atención a la sostenibilidad de la deuda y a una arquitectura de la deuda más justa :  muchos países pidieron mecanismos más eficaces y justos para reestructurar la deuda soberana, especialmente para las naciones vulnerables. Las propuestas incluían una mayor transparencia en la gestión de la deuda y una mejor coordinación entre las iniciativas existentes para evitar la fragmentación. Algunos países acogieron con satisfacción los avances en la vinculación de la deuda, el clima y la naturaleza en el texto, en particular la creación de un mecanismo para apoyar los canjes de deuda por naturaleza, aunque se señala que estos mecanismos no serán sostenibles, ni la única solución, si el sistema financiero no se reforma en su conjunto.     Necesidad de una mayor movilización de los recursos internos y de un mayor espacio fiscal : se destacó que la movilización de los recursos internos era esencial para la sostenibilidad a largo plazo. Diversos países desarrollados pidieron medidas más enérgicas para combatir los flujos financieros ilícitos, mientras que países en desarrollo hablaron de generar mejores políticas fiscales que apoyen el desarrollo sostenible y amplíen el espacio fiscal.    Mayor inclusión de la igualdad de género en el texto:   Diverso países lamentaron que el lenguaje relacionado con el género no fuera más ambicioso o explícito de manera más transversal a lo largo del documento. Mientras que países como Estados Unidos y Argentina, se opusieron a su consideración como eje central en las conversaciones.     Evitar la duplicación y garantizar la coherencia en los flujos de financiamiento:  muchos países hicieron hincapié en la necesidad de que la financiación para el desarrollo sea pragmática y complementaria a los mecanismos existentes. Los países advirtieron que la creación de nuevos procesos, diálogos o mandatos podría dar lugar a ineficiencias, fragmentación institucional o incluso conflictos con los compromisos internacionales existentes.    Conclusiones     Sevilla y lo que suceda después será clave para redefinir la arquitectura de la cooperación para el desarrollo, considerando los cambios políticos, económicos y de seguridad que enfrenta el mundo. Ante esto, hay una necesidad de optimizar y maximizar  esfuerzos generando las conexiones correctas, entre las agendas de clima, naturaleza y desarrollo, sin dejar de insistir en que atenderlas requiere más y mejores recursos financieros. En este sentido, el llamado político y social es a seguir fortaleciendo las sinergias, fortaleciendo las estructuras que funcionan y llamando a reformas profundas de aquellas instituciones y mecanismos que no han logrado responder a los retos del presente siglo, como los Bancos Multilaterales de Desarrollo, y los esquemas fiscales actuales     El Documento acordado ofrece puntos de partida, pero   aún no alcanza el nivel de ambición necesario.   Debemos seguir   desafiando la inercia institucional   y presionando por un sistema financiero que esté al  s ervicio de las personas, la naturaleza y el planeta.   El multilateralismo y la acción colectiva siguen siendo fundamentales   — la sociedad civil cumple un rol vital al visibilizar las inequidades y exigir rendición de cuentas a todos los actores.    Por último, la mayoría de los países coincidieron en que el multilateralismo y las acciones colectivas son la única vía viable para abordar los retos globales interconectados y que la sociedad civil debe seguir siendo una fuerza motriz para desafiar la inacción, denunciar las desigualdades e impulsar un sistema financiero que sirva a las personas, la naturaleza y el planeta. No se trata solo de un debate político, sino de un llamamiento a la acción. La transformación sistémica es una necesidad urgente tanto para las personas como para el planeta.       Dr. Sandra Guzmán, Directora General, GFLAC   Isabel González, Asociada en Financiamiento climático para Colombia, GFLAC   Marisol Marín, Asociada Senior en Comunicación Estratégica Internacional, GFLAC   Alejandra Pérez, Asociada en diseño creativo, GFLAC

Por: Sandra Guzmán, Directora General de GFLAC, Janeth Ugalde, Asociada en Finanzas para la Transición Energética Justa, GFLAC y Dana Oyarzaba, Pasante en Diplomacia Climática, GFLAC. La Hoja de Ruta Bakú–Belém para movilizar 1.3 billones de dólares es uno de los acuerdos para poner en operación el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificable (NCQG) de financiamiento climático acordado en la COP 29.  A diferencia de compromisos previos centrados en metas cuantitativas, como el objetivo de transferir  100 mil millones de dólares anuales de países desarrollados a países en desarrollo, el NCQG busca establecer un marco funcional que no sólo determine cuánto financiamiento debe movilizarse, sino también cómo se moviliza, desde qué fuentes, hacia qué prioridades, y bajo qué marcos de seguimiento y gobernanza, es decir, no solo se fija en la cantidad, sino también en la calidad del financiamiento.  Desde distintos sectores de la sociedad, incluyendo actores gubernamentales y no gubernamentales, se ha identificado que el desafío central no es únicamente lograr un nuevo compromiso financiero multilateral, sino asegurar que éste se construya sobre condiciones estructurales que corrijan las fallas históricas del sistema financiero. Las deficiencias en transparencia, acceso, rendición de cuentas y alineación con las necesidades reales del Sur Global han sido ampliamente expuestas, y constituyen el punto de partida para demandar que la Hoja de Ruta no sea un simple instrumento de orientación política, sino un acuerdo que traiga consigo compromisos y acciones desde diversas entidades del sector financiero.  De acuerdo a visiones vertidas en el evento “Hoja de Ruta Bakú–Belém: Perspectivas desde la sociedad civil” , organizado por la Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible (REDFIS), existen todavía diversas percepciones de lo que debe ser la ruta, pero un acuerdo clave es que debe ser transparente y operativa. Principales riesgos Se considera que uno de los principales riesgos es que el proceso para el diseño de la Ruta quede reducido a una meta numérica sin mecanismos de implementación efectivos. Si bien el diseño de esta Ruta ya parte de un contexto poco claro, dada la falta de acuerdos sobre la definición de lo que es el financiamiento climático, que no permite distinguir recursos nuevos y adicionales, es importante que “no se limite a un número, sino a un plan de acción, con hitos, y objetivos claros”, como lo señala Sandra Guzmán del GFLAC .  Otro riesgo latente y que se basa en la visión sobre el rol que puede o debe jugar el sector privado, es que hay países y organismos que consideran que es el sector privado el que jugará el mayor rol en la movilización de recursos. Sin embargo, no es claro quien representa a este sector privado y hasta qué punto realmente participará de esta movilización, sobre todo cuando se trata de recursos destinados a la adaptación, como una de las grandes necesidades de los países en desarrollo.  En este sentido, mientras que algunos países promueven la participación amplia del sector privado, otros  cuestionan su efectividad para atender necesidades estructurales en regiones altamente vulnerables. Eleonora Cogo de ECCO Climate , señaló que el sector privado tendrá un rol, pero que es importante establecer criterios de elegibilidad para asegurar que las inversiones sean efectivas. De lo contrario, el riesgo es que los flujos prioricen sectores rentables y dejen fuera áreas críticas como la adaptación comunitaria, la resiliencia territorial o la acción climática liderada por mujeres. En este sentido, un riesgo evidente es que la decisión alcanzada en la COP 29, no corrigió la falta de definición de compromisos pasados, como los 100 mil millones de dólares . Pues la demanda de los países en desarrollo, en particular, de los países africanos, era que los 1.3 billones de dólares , fueran de carácter público, es decir, proveniente de países desarrollados. Sin embargo, la decisión habla de que estos 1.3 billones integrarán todas las fuentes, públicas y privadas, lo que limita la transparencia como lo señaló Iskander Erzini Vernoit, de Imal Initiative for Climate & Development, quien alertó que un riesgo es que “volveremos a repetir el fracaso del pasado: promesas que no se traducen en flujos efectivos para quienes más lo necesitan”.  Visión hacia adelante Considerando los riesgos mencionados, un aspecto fundamental es que la Hoja de Ruta cuente con anclajes normativos claros. Esto es, que se respeten los principios bajo los cuales fue concebido, como el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En este sentido, Rebecca Thissen de CAN-I subrayó que “la justicia no es un elemento decorativo del financiamiento climático: es su fundamento operativo más pragmático”, reforzando la necesidad de alinear el diseño técnico  con marcos de equidad y justicia. Es claro que para el éxito de la Ruta es necesario movilizar y alinear procesos, tanto dentro de la CMNUCC como fuera de la misma. En este sentido, se considera que Brasil es un país que puede jugar un rol único en el tejido de los puentes necesarios para que la Ruta anclada en la Convención tenga impacto en otras esferas. De ahí las consultas que el gobierno ha venido desarrollando a través del Círculo de Ministros de Finanzas, y otros. Ante ello,  Lucca Rizzo de iCS señaló que “la credibilidad del proceso se medirá en qué tan duradero y verificable sea su legado”. Este llamado no se refiere solo a la longevidad de la ruta, sino a su clara influencia en la reforma del sistema financiero global en el largo plazo. En síntesis, la Hoja de Ruta Bakú–Belém para movilizar 1.3 billones de dólares, se posiciona como un componente estructural dentro de la arquitectura del nuevo régimen financiero, con implicaciones técnicas y políticas que van más allá de la definición de metas cuantitativas. Su relevancia estratégica reside en su capacidad para establecer condiciones habilitantes concretas que permitan traducir el NCQG en flujos efectivos, predecibles y coherentes con los compromisos del Acuerdo de París. Esto implica construir un documento metodológicamente robusto, que incorpora definiciones operacionales claras, mecanismos verificables de seguimiento, y marcos de gobernanza que aseguren corresponsabilidad, transparencia y participación efectiva. Sin embargo, para que cumpla su función estructurante, debe estar estrechamente articulada con otros mandatos clave del régimen financiero, como la reforma de las instituciones financieras internacionales, la convención fiscal, y el debate de un mecanismo global para tratamiento de la deuda de los países en desarrollo. Solo mediante esta coherencia entre instrumentos se podrá garantizar una arquitectura financiera que sea integral, efectiva y alineada con las prioridades del Sur Global. Además, el diseño de esta Hoja de Ruta debe considerar activamente las necesidades estructurales de las regiones en situación de vulnerabilidad, muchas de las cuales han sido históricamente marginadas del acceso equitativo a los recursos financieros. La eficacia del NCQG dependerá no solo de su volumen total, sino de su alineación con los contextos diferenciados y con los criterios de calidad, acceso y justicia que definen la acción climática global.  Esta representa una oportunidad para reconfigurar los principios que rigen el financiamiento climático y garantizar que este cumpla una función habilitante real frente a los desafíos sistémicos.  Conoce recursos como:   Insumos clave para la Ruta Bakú a Belém (documento en inglés) 🇧🇷 Carta abierta al gobierno de Brazil sobre la Ruta

Participantes del foro En un contexto de creciente vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, México enfrenta el reto de reconfigurar su sistema fiscal y financiero para alinearlo con sus compromisos internacionales de sostenibilidad. Con este objetivo, la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la H. Cámara de Diputados, en colaboración con el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), convocó al foro “Financiamiento Climático en México: retos y oportunidades” . Este espacio reunió a representantes del poder legislativo, dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y comunidad académica, con el propósito de analizar el estado actual del financiamiento climático en el país y proponer líneas de acción para su fortalecimiento. Transmisión del Foro Financiamiento Climático en México: retos y oportunidades. La nota técnica  elaborada a partir del foro ofrece un análisis detallado de los principales desafíos estructurales que enfrenta México, como la baja asignación presupuestaria a la acción climática, la dependencia de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono, y la limitada trazabilidad del gasto público en materia ambiental. Asimismo, recoge las recomendaciones presentadas por personas expertas participantes para avanzar hacia un sistema financiero más coherente con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible del país. 📘 Descargue aquí la nota técnica completa  para conocer en profundidad los hallazgos del foro y las propuestas estratégicas para avanzar hacia una transición justa, resiliente y baja en emisiones:

América Latina y el Caribe se encuentran en un momento crucial, impulsado por la doble necesidad de una transición energética que responda al imperativo climático y, fundamentalmente, sea justa. Durante el seminario “Transición Energética Justa y Financiamiento”, diversas voces expertas coincidieron en una idea central: La transición energética trasciende el simple cambio de una fuente de energía y requiere una profunda transformación de los modelos de desarrollo, inversión y distribución de poder en los territorios. Por ejemplo, la gestión de recursos naturales críticos para las nuevas tecnologías o la inclusión de comunidades vulnerables en los beneficios de la energía renovable. Diego de la Merced,  Director de Proyectos Sostenibles en Soluciones Estratégicas Sustentables , fue claro al explicar que la transición energética justa implica mucho más que sustituir combustibles fósiles por otras fuentes de energías más limpias. Se trata de un proceso complejo que atraviesa toda la cadena de valor, desde la extracción de materiales hasta su reutilización o reciclaje, pasando por la fabricación de la tecnología, generación, distribución, almacenamiento y consumo por parte del usuario final. “ La comprensión de esta cadena de valor es fundamental para identificar los impactos y los beneficios de esta transición para mejorar o proponer nuevas políticas públicas, así como mitigar las tensiones sociales y ambientales que surgen en cada eslabón del proceso ”. El financiamiento debe ser un motor coherente con la transformación estructural que exige una transición energética justa. Janeth Ugalde, Asociada en Finanzas para la Transición Energética del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) , presentó los hallazgos del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2024, aplicado a los 20 países con mayores emisiones de la región. Uno de los principales hallazgos es que ningún país se encuentra actualmente en un alto nivel de financiamiento sostenible: la mayoría se ubica en niveles bajos o muy bajos, lo que refleja una profunda desconexión entre la política fiscal y los compromisos climáticos. En promedio, los países de la región generaron 19 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono que por financiamiento climático y biodiversidad, una brecha que se amplía a 25 veces si solo se considera el financiamiento etiquetado específicamente para cambio climático.  Además, se gasta 12 veces más en actividades fósiles que en acciones sostenibles como energías renovables, eficiencia energética o conservación. Como señaló Janeth, “ la región sigue financiando más las causas del problema que sus soluciones, lo que refuerza la necesidad de transformar cómo se generan, asignan y rastrean los recursos públicos ”. A pesar de algunos avances significativos en ciertos países, la región sigue sosteniendo estructuras presupuestarias centradas en ingresos y egresos vinculados a actividades extractivas. Esta falta de coherencia limita la capacidad de los Estados para planificar una transición energética con enfoque de justicia, y subraya la urgencia de transformar no solo las fuentes de energía, sino también las reglas presupuestarias, los marcos fiscales y las prioridades de inversión pública. La alta dependencia de la deuda es otro de los obstáculos estructurales. Cerca del 90% del financiamiento climático que llega a la región lo hace en forma de préstamos. No solo aumenta la vulnerabilidad fiscal, sino que también limita el margen de maniobra para una transición energética que ponga en el centro el bienestar y los derechos. Jorge Martínez, Coordinador de Justicia Climática, OXFAM México , dijo que es necesario reformar la arquitectura financiera internacional. El llamado a un nuevo momento de tipo Bretton Woods, impulsado por el Secretario General de la ONU, se presenta como una ventana política para insertar criterios climáticos en el corazón de la conversación económica global. En este contexto, enfatizó que “es posible pasar de los miles de millones a los billones necesarios ” si se adoptan medidas como un impuesto a los ultrarricos, al carbono o a las ganancias extraordinarias de sectores contaminantes. Según dijo, para que el financiamiento climático sea efectivo, dijo, “debe alinearse con los objetivos de política pública y prioridades nacionales”, asegurando al mismo tiempo salvaguardas sociales, ambientales y de género, y mecanismos reales de acceso directo. Desde Brasil, Jessica Holles, Coordinadora de Proyectos Socioambientales, Instituto Maira , planteó con fuerza que, sin una visión socioambiental clara, el financiamiento puede convertirse en un vehículo de nuevos impactos. Compartió experiencias de comunidades afectadas por megaproyectos de litio, eólicos y monocultivos que, aunque presentados como iniciativas verdes, han provocado desplazamientos, contaminación, violencia de género y ruptura del tejido comunitario. “ Nuestros territorios están siendo considerados como oportunidades de inversión que rápidamente se convierten en zonas de sacrificio, al nombre del desarrollo ”, señaló. Si la transición, no forma parte de las voces de los pueblos y su derecho a decidir sobre sus territorios, corre el riesgo de repetir los patrones del extractivismo bajo otro nombre. Por su parte, Loreto Vasquez Salvador, representante de Fundación Acue ; hizo hincapié desde una perspectiva ecofeminista. Afirmó que el concepto de transición energética justa, como se está promoviendo desde el norte global, reproduce lógicas coloniales. “ Da lo mismo hacia qué transicionemos o cuál sea la fuente, si los niveles de consumo y producción siguen siendo los mismos ”. Para que la transición sea verdaderamente justa, sostuvo, se deben integrar las experiencias y formas de vida de los pueblos como base de conocimiento, no como ornamento. También llamó a cuestionar el uso técnico del consentimiento previo, libre e informado, que muchas veces se convierte en una formalidad que niega la posibilidad de decir “no”. Los datos presentados y testimonios revelan una verdad ineludible: la transición energética en América Latina y el Caribe no prosperará sobre fundamentos financieros obsoletos. No basta con movilizar más capital, se requiere una profunda reingeniería de cómo distribuimos, supervisamos y la calidad de cada financiamiento, entrelazándose intrínsecamente con la justicia social y los derechos humanos. Herramientas como los bonos verdes y los impuestos al carbono son fuentes de posibilidad fiscal, pero estos deben aplicarse con transparencia y equidad. Las soluciones arraigadas en los territorios claman, asimismo, por reconocimiento, fortalecimiento y, en última instancia, financiamiento. La cuestión es clara: no discutimos si habrá una transición, sino cómo se materializará. ¿Será un proceso que impida desigualdades o una oportunidad para superar nuestro futuro colectivo? La respuesta reside en las decisiones que tomemos hoy sobre los recursos, las condiciones y, principalmente, para quién construimos este nuevo horizonte energético. Autores: Grupo de Transición Energética Justa de REDFIS Camila Mercure , Coordinadora de Política Climática en FARN Diego de La Merced , Director de Proyectos Sostenibles en Soluciones Estratégicas Sustentables  Janeth Ugalde , Asociada en Finanzas para la Transición Energética

Cada 21 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de los Bosques, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el papel crucial que estos ecosistemas desempeñan en la regulación del clima, la preservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades. Los bosques son, sin lugar a dudas, uno de los patrimonios naturales más importantes de la humanidad, pero su conservación sigue estando lejos de ser una certeza. La creciente deforestación, los incendios forestales y los cada vez más evidentes efectos del cambio climático amenazan su integridad. Sin embargo, existe un factor clave que podría marcar la diferencia: un financiamiento adecuado que impulse su conservación, su gestión sostenible y el fortalecimiento de las comunidades que los protegen   Los bosques como guardianes de la biodiversidad global  Los bosques son elementos esenciales para la biodiversidad terrestre, albergando la mayor parte de las especies de flora y fauna del planeta. Desde los bosques tropicales hasta los templados, cada uno de estos ecosistemas desempeña un rol único e irremplazable en la estabilización de los ciclos ecológicos globales. En particular, los bosques tropicales, como la Amazonía, son considerados los “pulmones” del planeta debido a su capacidad para absorber grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) y liberar oxígeno, estabilizando el clima global (Lewis et al., 2015).  Cabe mencionar que ALC alberga el 23% de los bosques del mundo (CEPAL, 2021). Sin embargo, la deforestación y la degradación de estos ecosistemas están alterando de forma irreversible los ciclos biogeoquímicos, lo que tiene consecuencias graves para la biodiversidad. Cada año se pierden cerca de 10 millones de hectáreas de bosques, una cifra alarmante que pone en peligro tanto la estabilidad de estos ecosistemas como la supervivencia de las especies que dependen de ellos.  Por lo tanto, la protección y restauración de los bosques debe ser entendida como una prioridad multidimensional, que involucra tanto la preservación del clima global como el fortalecimiento de las comunidades que los cuidan.   A pesar de los compromisos internacionales establecidos en la Conferencia de las Partes (COP), tanto en el ámbito del cambio climático como en el de la biodiversidad, así como en el marco del Acuerdo de París, es evidente que existe una desconexión entre los compromisos anunciados y los recursos realmente desembolsados para la protección de los bosques.  La necesidad crítica de financiamiento para la biodiversidad y  los bosques   Según datos de la OCDE (2024), aunque se comprometieron 63 mil millones de dólares a nivel global para la biodiversidad y el cambio climático, solo se desembolsaron 17 mil millones, revelando una brecha significativa entre lo prometido y lo realmente entregado. En América Latina y el Caribe, la situación es aún más crítica: según el Índice de Finanzas Sostenibles 10 mil millones de dólares fueron comprometidos, pero apenas 2 mil millones fueron efectivamente desembolsados (GFLAC, 2024). Este desfase no solo pone de manifiesto la escasa efectividad de los compromisos financieros, sino también los desafíos estructurales en la implementación de recursos destinados a la protección de la biodiversidad.  Uno de los principales obstáculos radica en la prevalencia de los préstamos frente a las subvenciones. En lugar de contar con apoyo en forma de recursos no reembolsables, que facilitarían la acción inmediata y efectiva, un abrumador 92,6% del financiamiento comprometido llegó en forma de préstamos. Este modelo genera una carga financiera adicional que dificulta la ejecución de proyectos de conservación, especialmente en economías vulnerables, y profundiza la dependencia de los países de los actores financieros internacionales.  Lo que se revela en esta falta de coherencia financiera no es solo un déficit en los desembolsos, sino la persistente hegemonía de actores internacionales que condicionan el acceso a los fondos de conservación bajo términos que desestabilizan las economías locales. La prevalencia de los préstamos, en lugar de las subvenciones, crea un círculo vicioso de deuda y dependencia, lo que socava la sostenibilidad de las políticas de conservación.  Es en este contexto de escasez de recursos y estructuras de financiamiento inequitativas que los bosques, guardianes de la biodiversidad y reguladores del clima, se ven particularmente afectados. En América Latina y el Caribe, más del 80% de los bosques están en territorios gestionados por comunidades indígenas y locales, que son esenciales no solo para la preservación de la biodiversidad, sino también para la captura de carbono. Según la FAO (2020), estos territorios almacenan alrededor de 34,000 millones de toneladas métricas de carbono, lo que equivale al 30% del carbono almacenado en los bosques de la región y casi el 14% de los bosques tropicales del mundo. Sin embargo, las iniciativas de reforestación y restauración en estos territorios dependen de un financiamiento constante que, hasta ahora, ha sido insuficiente.  La falta de recursos y las condiciones desfavorables para acceder a los fondos necesarios están poniendo en grave riesgo no solo los ecosistemas, sino también las comunidades que los protegen. En lugar de ser beneficiarias de los compromisos globales, estas comunidades se ven atrapadas en un sistema financiero que no responde a sus necesidades ni a la urgencia de la crisis ambiental.  El Día Internacional de los Bosques nos recuerda la urgencia de una acción colectiva y efectiva. No basta con promesas de financiamiento y compromisos internacionales vacíos; es necesario que la cooperación global se transforme en políticas reales y tangibles que prioricen la protección de los bosques. Solo así podremos enfrentarnos de manera efectiva a la crisis climática y garantizar la preservación de nuestra biodiversidad. Para que los países en desarrollo puedan cumplir con sus compromisos ambientales sin comprometer su estabilidad económica, los mecanismos de financiamiento deben ser más accesibles y eficaces. Es hora de actuar de forma decidida y transformar las promesas en resultados concretos.   Referencias  FAO. (2020). El estado de los bosques en el mundo 2020: Forests, biodiversity and people. Food and Agriculture Organization of the United Nations.  GFLAC (2024) Indice de Finanzas Sostenibles https://www.sustainablefinance4future.org/indice-de-finanzas-sostenibles Grassi, G., et al. (2017). The role of forests in climate change mitigation. Global Change Biology, 23(3), 984-998.  Iniciativa Global de Financiamiento para la Biodiversidad. (2018). Financing biodiversity conservation. Global Biodiversity Outlook.  Norris, K., et al. (2020). The implications of biodiversity loss for human health. Science, 353(6302), 1267-1273.  UNFCCC. (2015). Acuerdo de París sobre el cambio climático. United Nations Framework Convention on Climate Change.  Díaz, S., et al. (2019). Indigenous knowledge for forest conservation. Journal of Environmental Management, 247, 144-152.

El 12 de marzo de 2025, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el Primer Foro de Mujeres por las Finanzas Sostenibles , organizado por GFLAC y apoyado por organizaciones aliadas como Ecovalores, SVX MX, Defensoras, Warmi y  Earth and Life University. El Primer Foro de Mujeres por las Finanzas Sostenibles, reunió a expertas y líderes del sector para discutir el papel crucial de las mujeres en la transformación del sistema financiero global. Este evento se presentó como una oportunidad clave para reflexionar sobre el papel de las mujeres en un sector financiero que históricamente ha sido dominado por lógicas masculinas y patriarcales. En una era de crisis ambiental y económica, las finanzas sostenibles emergen como una de las principales herramientas para lograr un futuro equitativo, pero este cambio debe ser liderado de forma inclusiva, reconociendo el rol crucial de las mujeres en la construcción de un nuevo paradigma. La apertura del evento, a cargo de Sandra Guzmán, Fundadora y Directora del GFLAC , fue más que un simple inicio; fue una declaración política contundente: elevar las voces de las mujeres y consolidar liderazgos con una nueva visión del futuro financiero . Este espacio se propuso no solo visibilizar las problemáticas y desafíos que enfrentan las mujeres en finanzas, sino también construir propuestas transformadoras desde una mirada feminista. La conferencia magistral fue dirigida por Mariuz Calvet , Chief Sustainability Officer, Santander México, quien contextualizó la discusión en un panorama global marcado por crisis climática y tensiones geopolíticas. Durante su intervención, Calvet destacó cómo estas crisis tienen un impacto desproporcionado en las poblaciones más vulnerables, especialmente las mujeres. En este escenario, la agenda de desarrollo sostenible, lejos de ser un tema secundario, es el eje de transformación que requiere de una participación equitativa y activa de las mujeres . La sostenibilidad no puede avanzar sin una presencia significativa de las mujeres  en la toma de decisiones. Como bien mencionó Calvet, las mujeres han sido históricamente las cuidadoras de las economías domésticas, lo que las convierte en actores naturales de la sostenibilidad y resiliencia necesarias en tiempos de crisis global. Esto, lejos de ser un concepto anecdótico, se convierte en una estrategia esencial  para el futuro financiero del planeta. Sin embargo, como bien indicó Calvet, para lograr este cambio estructural , se necesita una preparación rigurosa y un respaldo basado en datos sólidos sobre riesgos financieros, brechas de género y compromisos internacionales, como el Acuerdo de París . Además, subrayó la importancia de adaptar el lenguaje y las estrategias de comunicación según la audiencia, para generar un impacto real. Las mujeres no pueden permitirse ceder terreno en un contexto global que ataca la agenda climática y de desarrollo sostenible . El foro continuó con intervenciones de mujeres líderes como Ingrid Ashley Albarrán , Estefanía Michel , y Lida Fabiola Godoy , quienes trazaron un panorama sobre los avances y desafíos del sector en Latinoamérica, donde la inclusión de género sigue siendo una meta lejana, pero alcanzable . En este sentido, Ashley Albarrán, Gerente Regional de Finanzas Sustentables de HSBC México, con claridad, destacó que la sostenibilidad ya no es solo una “moda” ni una cuestión secundaria en la agenda financiera. Es, sin duda, una ventaja competitiva . A pesar de los avances, las resistencias del sistema financiero aún son fuertes. Según Albarrán, el liderazgo femenino ha sido clave para que la sostenibilidad se posicione como una estrategia central , y la integración de criterios ambientales en las decisiones bancarias es un paso hacia el cambio, aunque queda mucho por hacer. Por su parte, Estefanía Michel,   Directora de Finanzas Sostenibles de Banco Santander México, subrayó la alarmante brecha de género  en las posiciones de liderazgo dentro del sector financiero. A pesar de que el 46% de los egresados universitarios son mujeres, solo el 11% ocupa cargos directivos en finanzas y apenas el 3% alcanza puestos de dirección general. Para Michel, esto no es solo una cuestión de acceso a posiciones , sino una falta de reconocimiento a la capacidad de las mujeres para dirigir y transformar el sector financiero hacia un modelo más justo y sostenible. En este marco, Lida Fabiola Godoy, Coordinadora de Finanzas Sostenibles de Banco Contactar,  hizo énfasis en la importancia de transformar la cultura financiera tradicional . Para ella, es crucial vincular los objetivos financieros con metas sociales y ambientales . Además, destacó que la inclusión de la mujer debe ser una prioridad real en este proceso. Aunque solo el 25% de las juntas directivas de bancos en Colombia están compuestas por mujeres, el panorama está cambiando lentamente gracias a las iniciativas que promueven la equidad en el acceso al financiamiento. Una de las reflexiones más contundentes del foro fue la necesidad de eliminar las barreras estructurales  que aún enfrentan las mujeres para acceder a financiamiento. Muchas mujeres siguen trabajando en la informalidad  debido a la falta de garantías y la discriminación sistémica  que limita sus posibilidades de emprender. Es urgente crear políticas públicas que eliminen esas barreras  y que proporcionen herramientas de educación financiera para fortalecer la capacidad de las mujeres para acceder a oportunidades económicas . Durante la siguiente sesión moderada por Glenda Monge , se dio voz a mujeres líderes también egresadas del Programa de Mujeres por las Finanzas Sostenibles que, a pesar de los logros conseguidos, siguen enfrentando los obstáculos de un sistema financiero profundamente patriarcal . Nathaly Vinueza , fundadora de Warmi , destacó cómo la falta de visibilidad  y el techo de cristal  continúan siendo barreras fundamentales para las mujeres. A pesar de los avances en algunos aspectos, el sistema sigue funcionando bajo lógicas que relegan a las mujeres a roles marginales, donde deben demostrar su valía constantemente. Las intervenciones de María Auxiliadora Soria , Gerente de Cumplimiento Regulatorio en Banco Pichincha, y Yetzari Bonilla, CEO de Ecoprodel, hicieron hincapié en que la inclusión no debe limitarse a una mera representación numérica. Las mujeres deben ser parte activa de la transformación estructural del sistema financiero, no solo ocupar más espacios, sino ser protagonistas de la solución que lleve a una economía más justa y sostenible. Cristina Cajiao , Subgerente de Riesgo Legal, Ambiental y Social en Banco del Pacífico, mencionó cómo, a menudo, las mujeres enfrentan el desafío de demostrar que los proyectos sostenibles pueden generar retorno económico, a pesar del escepticismo que persiste en muchos sectores. Sin embargo, destacó el avance en las normativas y la creciente conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad en el ámbito financiero, lo que genera un entorno más favorable para el desarrollo de proyectos que respeten el medio ambiente y promuevan el bienestar social. Por su parte, Marine Castañeda, Profesora y consultora en sostenibilidad, subrayó que ningún esfuerzo es mínimo y que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un impacto. Destacó la importancia de actuar con coherencia e integridad, recordando que todas tienen un rol que cumplir. Además, resaltó que la pasión por el cambio otorga la resiliencia necesaria para seguir adelante, incluso en tiempos difíciles, e invitó a combinar propósito y estrategia en cada ámbito de trabajo para generar un impacto real y construir, juntas, espacios de liderazgo y transformación. El foro cerró con una reflexión clave: la educación y el trabajo colaborativo son fundamentales para transformar el sector financiero . Sandra Guzmán , de GFLAC, cerró el evento destacando el impacto positivo del programa en 57 mujeres de 16 países , preparándolas para enfrentar los desafíos de un futuro sostenible. Además, la participación de Daniela Hernández  de Earth University , resaltó la importancia de integrar la perspectiva de género en la educación financiera . No se trata solo de adquirir conocimientos, sino de recuperar el liderazgo femenino en la gestión de recursos . Para culminar, Luisa Montes  de Ecovalores  subrayó el valor de las redes de apoyo  y el trabajo en equipo para amplificar el impacto de las finanzas sostenibles , mientras que Lorena Terrazas , defensora de derechos humanos, resaltó la necesidad de superar las barreras económicas y sociales para incluir a más mujeres  en el sistema financiero. Este evento, lejos de ser solo una reflexión, es una llamada a la acción : las mujeres tienen un papel central en la construcción de un sistema financiero más justo, equitativo y sostenible. Solo mediante políticas públicas inclusivas, liderazgo femenino constante y la eliminación de las barreras estructurales será posible avanzar hacia una transformación verdadera del sistema financiero global .

Por: Glenda Monge, asociada senior en Financiamiento para la Adaptación y Pérdidas y Daños  Relevancia del financiamiento para la adaptación en el camino hacia la COP30   El financiamiento para la adaptación es un pilar fundamental para fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas frente a los efectos adversos del cambio climático en  América Latina y Caribe . Sin embargo, el monitoreo efectivo de estos flujos sigue siendo un desafío clave, especialmente en términos de transparencia, rendición de cuentas y vinculación con impactos concretos. Además, la calidad del financiamiento es un aspecto crucial, ya que depender sólo de mecanismos generadores de deuda puede comprometer otros ámbitos esenciales de progreso y desarrollo en la región.  "Uno de los mayores problemas en América Latina es que gran parte del financiamiento que recibe la región está vinculado a préstamos. Esto significa que, aunque se accede a esos recursos, los países deben devolverlos, lo que en muchos casos genera un aumento en la deuda".  Sandra Guzmán, GFLAC  Una necesidad que se aborda desde el ámbito internacional   El financiamiento para la adaptación es clave para fortalecer sectores críticos como la infraestructura resiliente, la gestión del agua y la seguridad alimentaria, entre otros. Para guiar estos esfuerzos, el objetivo mundial relativo a la adaptación (GGA, por sus siglas en inglés) surge del Artículo 7.1 del Acuerdo de París y busca establecer un marco de referencia para medir el progreso en estas áreas. Para ello, se estructura en 11 metas -cuatro temáticas y siete dimensionales-, cuyo cumplimiento depende de medios de implementación adecuados que no representen una carga adicional para los países en desarrollo.  El Marco de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para la Resiliencia Climática Global, adoptado en la 28° Conferencia de las Partes (COP28, por sus siglas en inglés), marca un avance en el monitoreo de la adaptación al proporcionar una guía para evaluar la reducción de la vulnerabilidad, el fortalecimiento de la resiliencia y la mejora de la capacidad de adaptación. Sin embargo, la selección de indicadores debe ser acotada, metodológicamente viable y adaptada a los contextos nacionales para garantizar su aplicabilidad. Además, estos indicadores pueden facilitar la orientación del financiamiento hacia las áreas con mayores necesidades, optimizando los recursos disponibles para fortalecer la acción climática.  "El marco y sus metas solo pueden ser alcanzadas a través de medios de implementación y de apoyo pertinentes y apropiados a la escala de cada una de estas metas, de manera tal que no suponga una carga adicional".    Luz Falivene, Argentina 1.5  El avance de los mandatos financieros del Acuerdo de París   A pesar de la adopción del nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) en la COP29, las brechas en los compromisos financieros persisten. La insuficiencia de recursos y la falta de garantías sobre la calidad de los fondos continúan siendo preocupaciones clave. Para los países en desarrollo, es esencial que el financiamiento para la adaptación sea altamente concesional, accesible y libre de cargas de deuda, un punto que sigue siendo un tema central de debate en las negociaciones climáticas.  En este contexto, la “Hoja de Ruta de Bakú a Belém hacia 1.3 billones” busca promover mecanismos de financiamiento más inclusivos y sostenibles. Sin embargo, la brecha entre las necesidades y los recursos disponibles sigue siendo significativa. Garantizar que el financiamiento para la adaptación no empeore el endeudamiento de los países es fundamental para lograr una resiliencia climática efectiva y equitativa.  "El financiamiento climático debe ser inclusivo y garantizar que los países en desarrollo tengan acceso a recursos adecuados sin que ello implique un sacrificio en su soberanía económica".   Nicole Makowski, GFLAC  Brechas, retos y oportunidades para LAC   El Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS)  del GFLAC revela que menos del 10% del financiamiento climático en la región se destina a adaptación, mientras que la mayor parte sigue enfocándose en mitigación. A esto se suma que gran parte de los fondos disponibles llegan en forma de préstamos, incrementando la presión fiscal sobre los países en desarrollo y limitando su capacidad de inversión en resiliencia climática.  Uno de los desafíos clave es la necesidad de fortalecer la cooperación con organismos multilaterales para garantizar la existencia de fondos específicos destinados a proyectos de adaptación. Es fundamental que estos recursos se otorguen prioritariamente en forma de donaciones y no de préstamos, para evitar mayores cargas de deuda en los países receptores.  Además, los marcos presupuestarios nacionales continúan priorizando inversiones en sectores intensivos en carbono, lo que retrasa la transición hacia modelos económicos resilientes y sostenibles. Para revertir esta tendencia, es esencial redireccionar el gasto público hacia iniciativas de adaptación y establecer sistemas de etiquetado presupuestario específicos que permitan un seguimiento detallado de los recursos asignados y su impacto en la reducción de las vulnerabilidades climáticas.  Otro punto crítico es el acceso efectivo al financiamiento. Para garantizar que los fondos lleguen a las comunidades más vulnerables y a nivel subnacional, se necesita fortalecer los sistemas de medición, reporte y verificación (MRV). Esto no solo permitirá mayor transparencia en la asignación de recursos, sino que también facilitará el acceso a financiamiento adicional basado en resultados medibles.  En este contexto, el fortalecimiento de estrategias nacionales y reformas fiscales orientadas a la sostenibilidad también juegan un papel clave. Medidas como la implementación de impuestos al carbono, la emisión de bonos verdes y la creación de mecanismos innovadores de financiamiento pueden ayudar a movilizar mayores recursos para la adaptación en la región. Asegurar un financiamiento climático alineado con las necesidades de adaptación en LAC es un paso imprescindible para construir economías más resilientes y equitativas.  "Es esencial redireccionar el presupuesto intensivo en carbono hacia actividades que promuevan la biodiversidad y la acción climática. Para esto, proponemos crear clasificadores presupuestarios específicos que permitan dar seguimiento y evaluación a los recursos asignados".  Orlando Barbosa, GFLAC  Retos y recomendaciones: perspectiva desde los casos de dos países de la región   Caso de Colombia   En Colombia, el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) ha permitido rastrear el financiamiento climático desde 2011. A través de este sistema, se evidencia que el sector público aporta un 69,5% de los recursos, mientras que el sector privado solo un 10,27%. La falta de mecanismos atractivos para la inversión privada sigue siendo un obstáculo clave. Para abordar esto, se han implementado bonos verdes y esquemas de pago por servicios ambientales, con el objetivo de mejorar la canalización de recursos hacia la adaptación.  En cuanto a los retos generales, uno de los principales es la integración de la adaptación con la competitividad empresarial, especialmente en sectores clave como la agricultura y la infraestructura. La necesidad de movilizar recursos financieros sostenibles de largo plazo es crucial para cumplir los compromisos climáticos, lo que exige un mayor acceso al financiamiento concesional y el desarrollo de mecanismos innovadores, como los bonos verdes y los incentivos fiscales.  Monitorear y reportar el financiamiento es esencial para identificar brechas y necesidades de inversión. Las recomendaciones incluyen acelerar la inversión en territorios vulnerables, estandarizar métricas y metodologías para un seguimiento preciso, y fortalecer las plataformas de datos para asegurar la transparencia.   “El involucramiento del sector privado y la mejora en la recopilación y reporte de datos son aspectos fundamentales para avanzar en la adaptación al cambio climático".  Liliana Merchán, Departamento Nacional de Planeación de Colombia  Caso de Honduras   Los países con alta vulnerabilidad climática, como Honduras, enfrentan barreras significativas para acceder a financiamiento concesional, especialmente para la adaptación al cambio climático. Sectores clave como los recursos hídricos y agroalimentario requieren mecanismos diferenciados que permitan abordar las necesidades tanto de grandes empresas como de pequeños productores rurales. Estos sectores, al involucrar una amplia gama de actores, demandan instrumentos específicos que aseguren que los fondos se dirijan de manera efectiva hacia las distintas etapas de la adaptación.  Uno de los principales desafíos radica en la falta de mecanismos financieros que atraigan al sector privado, debido a los altos riesgos asociados con inversiones en países vulnerables a fenómenos climáticos extremos. En este contexto, la adaptación no suele ser vista como un sector rentable, lo que dificulta la movilización de recursos privados. Además, la escasa disponibilidad de datos claros y evidencia sobre los impactos de las inversiones en adaptación complica aún más el acceso a fondos, lo que subraya la necesidad de contar con indicadores claros para evaluar su efectividad.  El monitoreo y reporte del financiamiento para la adaptación es esencial para asegurar su transparencia y efectividad. Sin la medición adecuada, es imposible mejorar los procesos de inversión y movilización de recursos. En el caso de Honduras, el seguimiento del presupuesto dedicado al cambio climático permite identificar fuentes de financiamiento y aumentar el apalancamiento para acceder a fondos internacionales. Es fundamental establecer políticas nacionales de este tipo de financiamiento que puedan estructurar mejor el uso de los recursos y cumplir con los compromisos en adaptación.    "Sólo lo que se mide y se monitorea se puede mejorar, y es a través de este seguimiento que podemos garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente y logren los objetivos de adaptación".    Elena Pereira, Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Honduras    Reflexiones finales   El financiamiento para la adaptación en la región requiere un enfoque integrado que permita rastrear y caracterizar los flujos financieros, identificar brechas y mejorar la coordinación entre las áreas involucradas. Es crucial integrar la adaptación en los presupuestos nacionales y garantizar la transparencia y la participación activa, especialmente a nivel subnacional y con el apoyo de la sociedad civil. Además, el monitoreo constante y la creación de taxonomías claras son esenciales para asegurar el uso efectivo de los fondos y fortalecer la resiliencia en todos los niveles.  "Es fundamental articular los esfuerzos interregionales para garantizar que el financiamiento para la adaptación se traduzca en resultados tangibles que fortalezcan la resiliencia de nuestras comunidades y ecosistemas vulnerables".  Glenda Monge, GFLAC

Por: Nicole Makowski, asociada senior en Financiamiento Climático Internacional  Este año estará marcado por una serie de eventos y procesos clave en el ámbito del financiamiento internacional, con implicaciones directas para América Latina y el Caribe (ALC). Desde la reforma fiscal hasta la movilización de recursos para la biodiversidad, la región deberá posicionarse estratégicamente para aprovechar oportunidades en un contexto de creciente demandas por un sistema financiero internacional más inclusivo y equitativo.  “Hay muchos espacios donde es muy importante la voz de ALC. Nuestros gobiernos están cambiando muchísimo, lo que también trae un cambio de prioridades que no siempre es en beneficio de la población. Por eso es importante estar informadxs.”  Sandra Guzmán, GFLAC  Convención Fiscal: hacia una mayor justicia tributaria  La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, también conocida como Convención Fiscal, busca corregir las desigualdades en la distribución de los recursos fiscales mundiales, combatiendo, entre otros, la evasión fiscal que limita la capacidad de los países en desarrollo para financiar su desarrollo sostenible. A su vez, representa una alternativa al status quo  en materia tributaria dominado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), permitiendo la participación de todos los países.  Aunque se espera que las negociaciones sobre la Convención se extiendan hasta mediados de 2027, con unas tres reuniones programadas por año, en la última sesión de febrero los países realizaron avances significativos: acordaron cómo se aprobarán las decisiones y  empezaron a negociar los protocolos relativos a empresas de la economía digital y la resolución de disputas.  Para ALC, la Convención Fiscal representa una oportunidad crucial para movilizar recursos y fortalecer su capacidad fiscal en un contexto donde la recaudación insuficiente sigue siendo un obstáculo para la inversión no sólo en infraestructura, salud y educación, sino también en materia de lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.   “La Convención puede no sólo crear más redistribución, sino también dar mayor espacio fiscal soberano para todos los países de ALC. Para combatir las guaridas fiscales; los flujos financieros ilícitos; impedir la concesión de incentivos inefectivos; lograr que las multinacionales tributen en los países donde generan beneficios; promover el intercambio automático de información; y establecer normas que permitan procesos más justos e inclusivos.”  María Ron Balsera, CESR  Financiamiento para el desarrollo: por la democratización del sistema financiero  Del 30 de junio al 3 de julio, España (Sevilla) será la sede de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4, por sus siglas en inglés), un espacio donde los países abordarán estrategias para garantizar recursos adecuados para el desarrollo sostenible.  Esta Conferencia, cuya primera edición se remonta a 2002 y es organizada por los propios países, busca democratizar la gobernanza económica global, destacándose como temas clave cuestiones vinculadas a deuda; la Convención Fiscal; la reforma de la arquitectura financiera internacional; y el financiamiento climático.   ALC deberá impulsar discusiones sobre mecanismos innovadores de financiamiento, reestructuración de deuda y acceso a financiamiento concesional. Además, la región tiene la oportunidad de reforzar su llamado a una reforma del sistema financiero internacional para garantizar una mayor representatividad y acceso a recursos en condiciones justas.  “Es muy importante que haya más colaboración entre los movimientos que están haciendo incidencia y campañas en justicia económica, climática y de género... Es fundamental pensar estos procesos (deuda, cambio climático, Convención Fiscal) en conjunto... Es importante que América Latina esté trabajando en conjunto con sus otros socios.”  Mariana Paoli, Christian Aid   COP30 de cambio climático: ir más allá de los compromisos   La 30° Conferencia de las Partes (COP30, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), programada en la ciudad amazónica de Belém en Brasil entre el 10 y el 21 de noviembre, será un punto de inflexión en la implementación del Acuerdo de París, especialmente en lo que respecta a la adopción de los indicadores –incluyendo los relativos a financiamiento- del objetivo mundial relativo a la adaptación (GGA, por sus siglas en inglés).  Asimismo, deberá establecerse cómo continuará el “Diálogo de Sharm el-Sheij" relativo al Artículo 2.1.c de París, que busca alinear los flujos financieros con el desarrollo resiliente y bajo en carbono, y cuya importancia radica en el involucramiento de todo el ecosistema financiero internacional.   Los pasos a seguir sobre la "Hoja de ruta de Bakú a Belén hacia los 1,3 billones", establecida en el marco del nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) en la COP29 de Bakú, Azerbaiyán, también será clave para garantizar un financiamiento climático más ambicioso, no sólo para la adaptación, sino también para cerrar la brecha entre los 300 mil millones y los 1,3 billones de manera efectiva, mediante recomendaciones concretas.   “La región tiene una oportunidad para demostrar su liderazgo en la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, a través de la presentación de NDC, pero también cuáles son sus necesidades; qué es lo que efectivamente requerimos para acceder de manera eficiente al financiamiento climático”.   Nicole Makowski, GFLAC  COP16 de biodiversidad: punto de inflexión en el financiamiento   Del 25 al 27 febrero, Roma, Italia, acogerá la reanudación de la COP16 del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), con un enfoque en la movilización de recursos para la implementación del Marco Mundial de Diversidad Biológica de Kunming-Montreal.  Aunque el año pasado los países adoptaron el Fondo de Cali relativo a los recursos genéticos, el panorama en materia de financiamiento continúa siendo preocupante: con estimaciones en términos de la brecha financiera que superan los 900 mil millones de dólares y los 400 mil millones para que la región implemente el Marco Mundial.   Para ALC, que alberga algunos de los ecosistemas más ricos del planeta, asegurar financiamiento para la protección de la biodiversidad es fundamental. La región deberá abogar por mecanismos financieros que reconozcan el valor de la naturaleza y faciliten inversiones sostenibles que protejan tanto a sus ecosistemas como comunidades.  “Como región ocupamos, según un informe de la OCDE, el segundo o tercer lugar (según el año) en lo que hace a movilización de recursos para la biodiversidad. Tenemos allí un desafío para captar más dinero, siendo fundamental la participación de los países como bloque... Las situaciones de deuda, las necesidades y oportunidades de desarrollo, protegiendo la biodiversidad, son prácticamente las mismas en la región.”  Emilio Spataro, GFLAC  Hacia un sistema financiero internacional más inclusivo: eje común de las discusiones  Todos estos eventos ocurren en un contexto geopolíticamente cada vez más complejo y con creciente presión por una reforma del sistema financiero internacional que garantice mayor inclusión y acceso a recursos para los países en desarrollo. Además, la reforma no debe centrarse únicamente en las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo, sino también en los bancos nacionales y regionales.  Las organizaciones de la sociedad civil han sido clave en este debate, exigiendo medidas concretas para transformar las instituciones financieras globales y reducir la carga de la deuda en los países más vulnerables. La articulación de esfuerzos entre gobiernos, sociedad civil y actores del sector privado, entre otros, será crucial para aprovechar estas oportunidades y garantizar un futuro con mayores recursos para el desarrollo sostenible.   Para ALC, 2025 representa entonces una oportunidad única para influir en estas discusiones globales y posicionarse como una región clave en la lucha por un financiamiento más equitativo y sostenible.  “Hemos tenido campeones super importantes: uno de ellos ha sido Colombia... México, Barbados (con Bridgetown que sigue siendo una agenda muy activa y evolucionando) (también Brasil). Será fundamental que finalmente logremos consolidarnos como bloque, que es algo que todavía no hemos logrado. En cada crisis o desafío hay una oportunidad, el cambio geopolítico nos está obligando a repensar cómo ALC se puede unir para reflejar sus puntos específicos.”  Laura Sabogal, E3G

Por: Rolf Bateman, Diretor (GFLAC - Brasil) Por:  Rolf Bateman, Diretor (GFLAC - Brasil) O Brasil foi o segundo país a apresentar a terceira revisão da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC). O compromisso, entregue pelo vice-presidente Geraldo Alckmin ao secretário executivo do clima da ONU, Simon Stiell durante a 29ª Conferência das Partes realizada na cidade de Baku, Azerbaijão . A revisão da NDC brasileira estabeleceu uma meta de redução de emissões líquidas de gases do efeito estufa de 59% a 67% até 2035, em comparação aos níveis de 2005. Este é um aumento considerável em relação às metas anteriores e está alinhado ao objetivo de alcançar a neutralidade climática até 2050. No entanto, a meta de banda foi criticada pela sociedade civil, que a considerou muito ampla, permitindo interpretações divergentes e potencialmente menor ambição climática. Isso também pode dificultar o alinhamento pleno com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5°C.​ Nesta linha, apesar das metas declaradas para redução do desmatamento, é possível afirmar que a nova NDC não assegura efetivamente o cumprimento do desmatamento zero até 2030 , como anteriormente prometido​ pelo governo Lula. Também entendemos ser de suma importância a ampliação da consulta pública e a participação de diferentes setores, especialmente das populações mais vulneráveis. O documento contém menções importantes às grandes consequências dos eventos climáticos extremos no país, como as fortes secas na Amazônia e a tragédia acarretada por enchentes no Rio Grande do Sul, ressaltando a maior vulnerabilidade das pessoas mais fortemente atingidas por estes. Neste mesmo sentido, a Justiça Climática é descrita como um princípio orientador da nova NDC, incluindo o cidadão e a dignidade humana como ponto central do combate às mudanças climáticas, da proteção à natureza e da implementação do Pacto Nacional pela Transformação Ecológica e do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o que é ponto crítico no sentido da integração com políticas domésticas já em curso. Outros pontos que consideramos como avanços significativos desta nova NDC são a inclusão de planos setoriais abrangentes para mitigação das emissões e a instrumentalização financeira através do Fundo Clima, da Taxonomia Sustentável Brasileira, dos Títulos Soberanos Sustentáveis e das transações financeiras internacionais utilizando sistemas do mercado de carbono. Além disso, configura-se um grande avanço para participação descentralizada de governos subnacionais a incorporação da iniciativa CHAMP e o Compromisso para o Federalismo Climático. A revisão da NDC é um passo importante dentro do Acordo de Paris , alinhada ao princípio de aumentar progressivamente a ambição das metas climáticas​. ​ A nova NDC demonstra uma evolução importante na ambição climática do Brasil, refletindo um compromisso mais estruturado com a sustentabilidade. No entanto, lacunas na definição de metas intermediárias, na garantia de desmatamento zero e nos meios de implementação podem limitar seu impacto prático. A trajetória de liderança climática dependerá não apenas da meta em si, mas da eficácia das ações domésticas e da capacidade de engajar outros países em acordos mais robustos, especialmente pela próxima COP a ser realizada em território brasileiro em 2025.

Por: Rolf Bateman, Director para Brasil (GFLAC) Por:  Rolf Bateman, Diretor (GFLAC - Brasil) Brasil fue el segundo país en presentar la tercera actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). El compromiso fue entregado por el vicepresidente Geraldo Alckmin al Secretario Ejecutivo de ONU Clima, Simon Stiell, durante la 29ª Conferencia de las Partes celebrada en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán. La revisión de la NDC brasileña estableció un objetivo de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero del 59% al 67% para 2035 , en comparación con los niveles de 2005; este es un aumento considerable con respecto a objetivos anteriores y está en línea con el objetivo de lograr la neutralidad climática para 2050. Sin embargo, el objetivo fue criticado por la sociedad civil ya que permitía interpretaciones divergentes y una ambición climática potencialmente menor. Esto también podría dificultar la plena alineación con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C. En este sentido, a pesar de las metas declaradas de reducción de la deforestación, es posible afirmar que la nueva NDC no garantiza efectivamente el logro de la deforestación cero para 2030, como prometió anteriormente el gobierno Lula. También creemos que es de suma importancia ampliar la consulta pública y la participación de los diferentes sectores, especialmente de las poblaciones más vulnerables. El documento contiene importantes menciones a las principales consecuencias de los fenómenos climáticos extremos en el país, como las severas sequías en la Amazonia y la tragedia causada por las inundaciones en Rio Grande do Sul, destacando la mayor vulnerabilidad de las personas más afectadas por ellos. En este mismo sentido, la Justicia Climática se describe como un principio rector de la nueva NDC , incluyendo a la ciudadanía y la dignidad humana como punto central en la lucha contra el cambio climático, la protección de la naturaleza y la implementación del Pacto Nacional para la Transformación Ecológica y el Plan Nacional sobre Cambio Climático , lo que supone un punto crítico en términos de integración con las políticas internas que ya están en marcha. Otros puntos que consideramos avances significativos en esta nueva NDC son la inclusión de planes sectoriales integrales para mitigar emisiones e instrumentación financiera a través del Fondo Climático , la Taxonomía Brasileña Sostenible , los Bonos Soberanos Sostenibles y las transacciones financieras internacionales utilizando sistemas de mercado de carbono. Además, la incorporación de la iniciativa CHAMP y el Compromiso con el Federalismo Climático representa un gran paso adelante para la participación descentralizada de los gobiernos subnacionales. La actualización de la NDC es un paso importante dentro del Acuerdo de París, en línea con el principio de aumentar progresivamente la ambición de los objetivos climáticos. La nueva NDC demuestra una evolución importante en la ambición climática de Brasil, reflejando un compromiso más estructurado con la sostenibilidad. Sin embargo, las lagunas en la definición de objetivos intermedios, la garantía de deforestación cero y los medios de implementación pueden limitar suVimpacto práctico. La trayectoria del liderazgo climático dependerá no solo del objetivo en sí, sino de la efectividad de las acciones internas y la capacidad de involucrar a otros países en acuerdos más sólidos, especialmente para la próxima COP que se celebrará en territorio brasileño en 2025.

Por: Sandra Guzmán, Fundadora y directora general / Orlando Barbosa,Asociado de investigación y divulgación (GFLAC) América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra en un punto crítico para redefinir su modelo financiero hacia uno más sostenible. El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2024 , desarrollado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), ofrece una visión detallada de los desafíos y oportunidades que enfrenta la región en su camino hacia la sostenibilidad.  A pesar de compromisos internacionales, los países siguen teniendo dificultades de acceso al financiamiento internacional , incrementando su deuda externa, debido a que buena parte del financiamiento climático viene en forma de préstamos; mientras que a nivel nacional, siguen invirtiendo en actividades que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, dificultando la transición hacia un modelo económico más sostenible. Sin embargo, el informe también revela avances y áreas de oportunidad clave para fortalecer las finanzas sostenibles en la región. Panorama general de finanzas sostenibles en la región ALC El IFS 2024 destaca una brecha significativa entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los países de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por financiamiento climático y para la biodiversidad, y destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que ayudarán a combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región de sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad clave para reorientar los flujos financieros hacia la sostenibilidad, reconociendo que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, y de competitividad económica a largo plazo.  Países mejor posicionados: Guatemala mostrando una mejor tendencia hacia finanzas más sostenibles Si bien no hay ningún país de los analizados que hayan obtenido 4 puntos, calificación máxima del índice. Guatemala presenta una puntuación de 2.6 en el ranking de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático, que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.  Otros países como Honduras, Jamaica, El Salvador y Panamá también han logrado progresos, en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático, aunque también enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de políticas climáticas como las contribuciones nacionalmente determinadas.  El desafío de las economías grandes: Brasil y México Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil con 2.1 puntos y México con 1.3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático. En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1.5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático. A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.  El llamado a la acción: Reorientar los recursos para la sostenibilidad a nivel nacional e internacional El desafío es claro: a nivel nacional los países de ALC deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también expone a la región de los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas, que ya están afectando a muchas comunidades de la región. El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. No obstante, la tarea no es sólo de los países de la región, es muy importante que a nivel internacional, se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes, sobre todo enfocadas en la adaptación, mediante financiamiento público en forma de donaciones, para evitar un aumento incremental de los niveles de deuda de los países. Este nuevo objetivo a aprobarse en la COP19 en Bakú será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.    Conclusión: Un llamado a la acción El IFS 2024 lanza un mensaje urgente: los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, para lo cual necesitarán transformaciones nacionales, pero también apoyo internacional. Para lograrlo, deben implementar reformas fiscales que promuevan el uso de energías limpias, incentiven la eficiencia energética y desincentiven las actividades contaminantes. Además, los países proveedores de financiamiento, las instituciones financieras y bancos de desarrollo deben asumir un papel protagónico en la financiación de proyectos sostenibles, facilitando el acceso directo a capital para aquellos sectores que más lo necesitan. El reto es garantizar que el desarrollo económico de la región sea inclusivo, resiliente y preparado para enfrentar los desafíos del cambio climático. Este es el momento de actuar, el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 proporciona una hoja de ruta clara sobre dónde empezar y cómo avanzar hacia un futuro más justo y sostenible.