Resultados COP28 y perspectivas de financiamiento climático para 2024
Por: Delfina Braggio
En la 28° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28), celebrada en Dubái, se han adoptado decisiones relevantes en materia de financiamiento, sin embargo, hubo aspectos importantes que no se vieron reflejados en las decisiones finales de las negociaciones. Estas omisiones plantean desafíos a la hora de alcanzar las metas climáticas globales y responder adecuadamente a las necesidades de los países en desarrollo para hacer frente a la crisis climática.
Ante este escenario, realizamos el primer seminario del año de la serie Diálogos Rumbo a la COP, iniciativa coorganizada por GFLAC y organizaciones aliadas, denominado “Resultados COP28 y perspectivas de financiamiento climático para 2024”, con el objetivo de presentar las conclusiones de la conferencia en Dubái en materia de financiamiento climático, destacando las implicancias para América Latina y el Caribe, y analizar las oportunidades y los desafíos que se presentarán al respecto para el 2024, de cara a la celebración de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán. Además de los temas de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), se abordaron otros procesos que se desarrollan a nivel regional e internacional sobre financiamiento, para interconectarlos para impulsar la reforma del sistema financiero internacional en el marco del clima, el desarrollo sostenible y la protección de la naturaleza, para avanzar en el artículo 2.1.c del Acuerdo de París, que establece la necesidad de hacer flujos financieros coherentes con un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.
Al inicio de la sesión, Sandra Guzmán, fundadora y directora general de GFLAC, destacó la presentación del primer balance global (GST, por sus siglas en inglés) durante la COP28, el cual no solo informa acerca del lugar en que nos encontramos respecto del cumplimiento del Acuerdo de París, sino también qué acciones se deben tomar en el futuro. Comentó que en el GST se reconocieron las brechas de financiamiento existentes entre mitigación y adaptación (aunque no se determinó un plan para movilizar más recursos para esta última) pero no así en materia de pérdidas y daños, y el incumplimiento de los compromisos asumidos, como la meta de transferir $100 mil millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo. Además, informó que se resaltó la importancia de continuar el diálogo para el cumplimiento del artículo 2.1.c del Acuerdo de París, y que el GST menciona la necesidad de reformar el sistema financiero internacional, de incrementar el financiamiento climático, especialmente mediante donaciones e instrumentos concesionales, y de generar mecanismos innovadores de financiamiento, pero sin hablar de la necesaria cancelación y tratamiento alternativo de la deuda.
Dos puntos positivos destacados de los acuerdos de la COP28 fueron la puesta en marcha del Fondo para Pérdidas y Daños, con compromisos financieros superiores a los 700 millones de dólares, y la creación de un proceso para establecer la nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento que se aprobará en la COP29. Este proceso incluirá discusiones técnicas y sesiones de negociación, reconociendo la importancia de tener en cuenta las necesidades de los países en desarrollo al definir esta meta. Sandra subrayó que el año 2024 es crucial para el financiamiento climático, enfatizando la necesidad de dar seguimiento y promover cada tema abordado.
Debido a la profunda interconexión que existe entre el cambio climático y la biodiversidad, algunas discusiones y acuerdos de la COP28 también abordaron aspectos relacionados con esta última. En este sentido, Emilio Spataro, asesor de políticas públicas en biodiversidad de Avaaz, remarcó que el GST llamó a detener la deforestación para 2030 y reconoció la importancia del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, por lo que se evidencia cómo la COP de cambio climático empieza a incorporar elementos relacionados con la biodiversidad. Como aspecto negativo, señaló que no hubo avances en relación al artículo 6 del Acuerdo de París, relacionado con los mecanismos de compensación por la conservación de la biodiversidad. Por su parte, Brasil presentó un nuevo fondo, el fondo Tropical Forest Forever (FFTS), el cual propone reunir 250 mil millones de dólares para financiar a 80 países tropicales, aunque Emilio confirmó que aún no se definió cómo se financiará.
En cuanto a las proyecciones para el 2024, destacó la celebración de la COP16 de la Convención para la Diversidad Biológica, en Colombia, de la COP29 de la CMNUCC y de la COP16 de la Convención para Lucha contra la Desertificación, en Arabia Saudita. Confirmó que, en estos eventos, la agenda de financiamiento para la biodiversidad no forma parte de la agenda formal, sino de la discusión política, impulsadas por países como Colombia, con su propuesta de canje de deuda por naturaleza, y Brasil. Otros espacios a tener en cuenta durante este año, de acuerdo a lo expresado por Emilio, son: el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la decisión de esta última de brindar apoyo para garantizar la trazabilidad de productos provenientes de la deforestación; la internalización en los programas de los bancos de desarrollo de los criterios de biodiversidad, conservación y reducción de la deforestación; y el Fondo Amazonia, el cual tendrá una discusión muy importante de cara al G20 con la presidencia de Brasil.
Se observa que en las COP de biodiversidad y de cambio climático se han ido incorporando elementos relacionados con la transformación del sistema financiero y la introducción de mecanismos de financiación innovadores. Otro componente fundamental de este proceso es la reforma de las Instituciones Financieras Internacionales, y sobre este tema expuso Dileymi Orozco, asesora senior de política de E3G, quien comentó que, a pesar de que el progreso en la incorporación de esta agenda en el GST no fue tan contundente como se esperaba, hubo reconocimiento del papel central desempeñado por los bancos multilaterales de desarrollo (BMD).
Con respecto al Fondo Monetario Internacional (FMI), comentó que no se registraron avances en la redistribución del excedente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) de las economías desarrolladas. Además, señaló que el mandato de Kristalina Georgieva como directora general finaliza este año, resaltando la importancia de proveer insumos desde la sociedad civil para determinar las prioridades de los próximos cinco años. En cuanto al Banco Mundial (BM), Dileymi enfatizó la evolución interna bajo el nuevo presidente, Ajay Banga, que incluye la integración del cambio climático dentro de la visión del banco y el objetivo de aumentar el financiamiento climático del 35% al 40% en los préstamos totales. También comentó la adopción de cláusulas de deuda resilientes al clima, que suspenden el pago de la deuda de un país en caso de impactos económicos significativos debido a desastres naturales, aplicándose tanto a nuevos contratos como a contratos ya vigentes.
Dileymi finalizó expresando que para el 2024 se espera que la agenda del proceso de la reforma, incluyendo también la reforma de la gobernanza global, siga desempeñando un papel central en diversos espacios internacionales, más aún teniendo en cuenta que durante el año pasado se han unificado y consolidado las voces de los países en desarrollo en esta materia.
Por otro lado, y con respecto a las brechas de financiamiento climático y de biodiversidad mencionadas, se conversó sobre la Convención Fiscal Internacional y su capacidad para ofrecer una fuente sostenible y equitativa de financiamiento. María Ron Balsera, directora de programa de CESR, comentó que es en el ámbito de la arquitectura financiera existente donde se discuten temas de fiscalidad, particularmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), siendo ésta última el marco global de toma de decisiones sobre impuestos. Sin embargo, y dado que dicha organización funciona en beneficio de los países más ricos, desde la sociedad civil se ha impulsado el desarrollo de un proceso de convención fiscal en el marco de las Naciones Unidas, de manera tal que sea más transparente, democrático y relacionado a los derechos humanos, a la conservación de la biodiversidad y al cambio climático. Así, en noviembre de 2022 el Grupo Africano presentó esta iniciativa, que terminó de aprobarse un año después como una convención marco vinculante, pese a las presiones recibidas por los países del Norte Global.
Durante este año, se celebrarán reuniones del grupo de trabajo de expertos, compuesto por países de diferentes regiones, que se definirán en febrero y, posteriormente, se elaborarán los términos de referencia de la convención. María resaltó que se pueden presentar algunos obstáculos, como el argumento utilizado por los países ricos de que se duplicarían esfuerzos y que la OCDE es el único ámbito de cooperación, y el intento de eliminar los elementos vinculantes.
Trasladando esta cuestión al plano regional, Sergio Chaparro, coordinador del área internacional de Dejusticia, confirmó que, hasta el Foro Económico Mundial de 2023, América Latina y el Caribe (ALC) se encontraba muy descoordinada en materia tributaria. En esa oportunidad, Colombia lanzó una iniciativa de articular los esfuerzos de la región para lograr una mejor coordinación de posiciones de negociación a nivel internacional, a la cual se sumaron Chile y Brasil. Estos tres países convocaron a una cumbre en Cartagena, Colombia, en julio de 2023, en la que se creó un espacio de coordinación permanente denominado Plataforma Tributaria para Latinoamérica y el Caribe (PT-LAC), la cual busca no solo coordinar posiciones en las negociaciones internacionales sino también explorar la implementación de medidas a nivel regional.
Esta plataforma está compuesta por consejos consultivos de la sociedad civil y del sector privado, quienes canalizan sus perspectivas hacia los tres grupos de trabajo: de progresividad tributaria, de incentivos tributarios y de tributación ambiental, este último liderado por Colombia. Sergio comentó que se analizarán impuestos ambientales e impuestos al carbono, a fines de lograr que quienes más contaminan, más paguen. Este proceso se presenta como una oportunidad para el movimiento de justicia climática, en cooperación con el movimiento de justicia fiscal, con el objetivo de obtener medidas de coordinación que traten de reducir los impactos potencialmente regresivos de estos impuestos, que se puedan adoptar no solo a nivel internacional sino también regional.
Finalmente, Cinthia Leone, jefa de prensa de Climainfo, destacó la importancia de la presidencia de Brasil en el G20, oportunidad donde podrán abordarse cada uno de los temas sobre los que se conversó durante este seminario. Específicamente, mencionó tres objetivos, en primer lugar, hacer del clima la agenda principal, aprovechando que el actual gobierno de Brasil ha utilizado la agenda climática como elemento central de su diplomacia y teniendo en cuenta que la COP30 se llevará a cabo en su territorio. En segundo lugar, alinear los flujos de financiamiento hacia una transición en la que se abandone el uso de combustibles fósiles, exigiendo un marco temporal específico. Y, en tercer lugar, destacar la responsabilidad de los países desarrollados en la provisión de financiamiento climático, considerando la necesidad de que las fuentes de los recursos sean diversas y a gran escala, e impulsando una reforma financiera global.
Cinthia expuso acerca de la magnitud de los daños climáticos que ha sufrido Brasil en el último año, como muchos otros países del mundo vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo que es de su interés impulsar la agenda climática, con el objetivo de que el G20 sea centre en el cambio climático y la COP29 se convierta en una COP de financiamiento.
En resumen, el año 2024 es un periodo crítico en el financiamiento, ya que la agenda abarca temas interrelacionados que promueven una reforma integral del sistema financiero internacional. Esta reforma busca responder eficazmente a la acción climática, a la vez que considera la importancia del desarrollo sostenible y la preservación de la naturaleza. La participación activa de la sociedad civil y la coordinación a nivel regional se presentan como elementos fundamentales para avanzar hacia un modelo de financiamiento climático y de biodiversidad que sea más justo, sostenible y equitativo. En este contexto, se hace imperativo seguir de cerca y respaldar cada uno de estos temas, reconociendo la urgencia de actuar de manera concertada para abordar los desafíos ambientales y alcanzar objetivos significativos.