América Latina y el Caribe se encuentran en un momento crucial, impulsado por la doble necesidad de una transición energética que responda al imperativo climático y, fundamentalmente, sea justa. Durante el seminario “Transición Energética Justa y Financiamiento”, diversas voces expertas coincidieron en una idea central: La transición energética trasciende el simple cambio de una fuente de energía y requiere una profunda transformación de los modelos de desarrollo, inversión y distribución de poder en los territorios. Por ejemplo, la gestión de recursos naturales críticos para las nuevas tecnologías o la inclusión de comunidades vulnerables en los beneficios de la energía renovable. Diego de la Merced,  Director de Proyectos Sostenibles en Soluciones Estratégicas Sustentables , fue claro al explicar que la transición energética justa implica mucho más que sustituir combustibles fósiles por otras fuentes de energías más limpias. Se trata de un proceso complejo que atraviesa toda la cadena de valor, desde la extracción de materiales hasta su reutilización o reciclaje, pasando por la fabricación de la tecnología, generación, distribución, almacenamiento y consumo por parte del usuario final. “ La comprensión de esta cadena de valor es fundamental para identificar los impactos y los beneficios de esta transición para mejorar o proponer nuevas políticas públicas, así como mitigar las tensiones sociales y ambientales que surgen en cada eslabón del proceso ”. El financiamiento debe ser un motor coherente con la transformación estructural que exige una transición energética justa. Janeth Ugalde, Asociada en Finanzas para la Transición Energética del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) , presentó los hallazgos del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2024, aplicado a los 20 países con mayores emisiones de la región. Uno de los principales hallazgos es que ningún país se encuentra actualmente en un alto nivel de financiamiento sostenible: la mayoría se ubica en niveles bajos o muy bajos, lo que refleja una profunda desconexión entre la política fiscal y los compromisos climáticos. En promedio, los países de la región generaron 19 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono que por financiamiento climático y biodiversidad, una brecha que se amplía a 25 veces si solo se considera el financiamiento etiquetado específicamente para cambio climático.  Además, se gasta 12 veces más en actividades fósiles que en acciones sostenibles como energías renovables, eficiencia energética o conservación. Como señaló Janeth, “ la región sigue financiando más las causas del problema que sus soluciones, lo que refuerza la necesidad de transformar cómo se generan, asignan y rastrean los recursos públicos ”. A pesar de algunos avances significativos en ciertos países, la región sigue sosteniendo estructuras presupuestarias centradas en ingresos y egresos vinculados a actividades extractivas. Esta falta de coherencia limita la capacidad de los Estados para planificar una transición energética con enfoque de justicia, y subraya la urgencia de transformar no solo las fuentes de energía, sino también las reglas presupuestarias, los marcos fiscales y las prioridades de inversión pública. La alta dependencia de la deuda es otro de los obstáculos estructurales. Cerca del 90% del financiamiento climático que llega a la región lo hace en forma de préstamos. No solo aumenta la vulnerabilidad fiscal, sino que también limita el margen de maniobra para una transición energética que ponga en el centro el bienestar y los derechos. Jorge Martínez, Coordinador de Justicia Climática, OXFAM México , dijo que es necesario reformar la arquitectura financiera internacional. El llamado a un nuevo momento de tipo Bretton Woods, impulsado por el Secretario General de la ONU, se presenta como una ventana política para insertar criterios climáticos en el corazón de la conversación económica global. En este contexto, enfatizó que “es posible pasar de los miles de millones a los billones necesarios ” si se adoptan medidas como un impuesto a los ultrarricos, al carbono o a las ganancias extraordinarias de sectores contaminantes. Según dijo, para que el financiamiento climático sea efectivo, dijo, “debe alinearse con los objetivos de política pública y prioridades nacionales”, asegurando al mismo tiempo salvaguardas sociales, ambientales y de género, y mecanismos reales de acceso directo. Desde Brasil, Jessica Holles, Coordinadora de Proyectos Socioambientales, Instituto Maira , planteó con fuerza que, sin una visión socioambiental clara, el financiamiento puede convertirse en un vehículo de nuevos impactos. Compartió experiencias de comunidades afectadas por megaproyectos de litio, eólicos y monocultivos que, aunque presentados como iniciativas verdes, han provocado desplazamientos, contaminación, violencia de género y ruptura del tejido comunitario. “ Nuestros territorios están siendo considerados como oportunidades de inversión que rápidamente se convierten en zonas de sacrificio, al nombre del desarrollo ”, señaló. Si la transición, no forma parte de las voces de los pueblos y su derecho a decidir sobre sus territorios, corre el riesgo de repetir los patrones del extractivismo bajo otro nombre. Por su parte, Loreto Vasquez Salvador, representante de Fundación Acue ; hizo hincapié desde una perspectiva ecofeminista. Afirmó que el concepto de transición energética justa, como se está promoviendo desde el norte global, reproduce lógicas coloniales. “ Da lo mismo hacia qué transicionemos o cuál sea la fuente, si los niveles de consumo y producción siguen siendo los mismos ”. Para que la transición sea verdaderamente justa, sostuvo, se deben integrar las experiencias y formas de vida de los pueblos como base de conocimiento, no como ornamento. También llamó a cuestionar el uso técnico del consentimiento previo, libre e informado, que muchas veces se convierte en una formalidad que niega la posibilidad de decir “no”. Los datos presentados y testimonios revelan una verdad ineludible: la transición energética en América Latina y el Caribe no prosperará sobre fundamentos financieros obsoletos. No basta con movilizar más capital, se requiere una profunda reingeniería de cómo distribuimos, supervisamos y la calidad de cada financiamiento, entrelazándose intrínsecamente con la justicia social y los derechos humanos. Herramientas como los bonos verdes y los impuestos al carbono son fuentes de posibilidad fiscal, pero estos deben aplicarse con transparencia y equidad. Las soluciones arraigadas en los territorios claman, asimismo, por reconocimiento, fortalecimiento y, en última instancia, financiamiento. La cuestión es clara: no discutimos si habrá una transición, sino cómo se materializará. ¿Será un proceso que impida desigualdades o una oportunidad para superar nuestro futuro colectivo? La respuesta reside en las decisiones que tomemos hoy sobre los recursos, las condiciones y, principalmente, para quién construimos este nuevo horizonte energético. Autores: Grupo de Transición Energética Justa de REDFIS Camila Mercure , Coordinadora de Política Climática en FARN Diego de La Merced , Director de Proyectos Sostenibles en Soluciones Estratégicas Sustentables  Janeth Ugalde , Asociada en Finanzas para la Transición Energética

Cada 21 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de los Bosques, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el papel crucial que estos ecosistemas desempeñan en la regulación del clima, la preservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades. Los bosques son, sin lugar a dudas, uno de los patrimonios naturales más importantes de la humanidad, pero su conservación sigue estando lejos de ser una certeza. La creciente deforestación, los incendios forestales y los cada vez más evidentes efectos del cambio climático amenazan su integridad. Sin embargo, existe un factor clave que podría marcar la diferencia: un financiamiento adecuado que impulse su conservación, su gestión sostenible y el fortalecimiento de las comunidades que los protegen   Los bosques como guardianes de la biodiversidad global  Los bosques son elementos esenciales para la biodiversidad terrestre, albergando la mayor parte de las especies de flora y fauna del planeta. Desde los bosques tropicales hasta los templados, cada uno de estos ecosistemas desempeña un rol único e irremplazable en la estabilización de los ciclos ecológicos globales. En particular, los bosques tropicales, como la Amazonía, son considerados los “pulmones” del planeta debido a su capacidad para absorber grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) y liberar oxígeno, estabilizando el clima global (Lewis et al., 2015).  Cabe mencionar que ALC alberga el 23% de los bosques del mundo (CEPAL, 2021). Sin embargo, la deforestación y la degradación de estos ecosistemas están alterando de forma irreversible los ciclos biogeoquímicos, lo que tiene consecuencias graves para la biodiversidad. Cada año se pierden cerca de 10 millones de hectáreas de bosques, una cifra alarmante que pone en peligro tanto la estabilidad de estos ecosistemas como la supervivencia de las especies que dependen de ellos.  Por lo tanto, la protección y restauración de los bosques debe ser entendida como una prioridad multidimensional, que involucra tanto la preservación del clima global como el fortalecimiento de las comunidades que los cuidan.   A pesar de los compromisos internacionales establecidos en la Conferencia de las Partes (COP), tanto en el ámbito del cambio climático como en el de la biodiversidad, así como en el marco del Acuerdo de París, es evidente que existe una desconexión entre los compromisos anunciados y los recursos realmente desembolsados para la protección de los bosques.  La necesidad crítica de financiamiento para la biodiversidad y  los bosques   Según datos de la OCDE (2024), aunque se comprometieron 63 mil millones de dólares a nivel global para la biodiversidad y el cambio climático, solo se desembolsaron 17 mil millones, revelando una brecha significativa entre lo prometido y lo realmente entregado. En América Latina y el Caribe, la situación es aún más crítica: según el Índice de Finanzas Sostenibles 10 mil millones de dólares fueron comprometidos, pero apenas 2 mil millones fueron efectivamente desembolsados (GFLAC, 2024). Este desfase no solo pone de manifiesto la escasa efectividad de los compromisos financieros, sino también los desafíos estructurales en la implementación de recursos destinados a la protección de la biodiversidad.  Uno de los principales obstáculos radica en la prevalencia de los préstamos frente a las subvenciones. En lugar de contar con apoyo en forma de recursos no reembolsables, que facilitarían la acción inmediata y efectiva, un abrumador 92,6% del financiamiento comprometido llegó en forma de préstamos. Este modelo genera una carga financiera adicional que dificulta la ejecución de proyectos de conservación, especialmente en economías vulnerables, y profundiza la dependencia de los países de los actores financieros internacionales.  Lo que se revela en esta falta de coherencia financiera no es solo un déficit en los desembolsos, sino la persistente hegemonía de actores internacionales que condicionan el acceso a los fondos de conservación bajo términos que desestabilizan las economías locales. La prevalencia de los préstamos, en lugar de las subvenciones, crea un círculo vicioso de deuda y dependencia, lo que socava la sostenibilidad de las políticas de conservación.  Es en este contexto de escasez de recursos y estructuras de financiamiento inequitativas que los bosques, guardianes de la biodiversidad y reguladores del clima, se ven particularmente afectados. En América Latina y el Caribe, más del 80% de los bosques están en territorios gestionados por comunidades indígenas y locales, que son esenciales no solo para la preservación de la biodiversidad, sino también para la captura de carbono. Según la FAO (2020), estos territorios almacenan alrededor de 34,000 millones de toneladas métricas de carbono, lo que equivale al 30% del carbono almacenado en los bosques de la región y casi el 14% de los bosques tropicales del mundo. Sin embargo, las iniciativas de reforestación y restauración en estos territorios dependen de un financiamiento constante que, hasta ahora, ha sido insuficiente.  La falta de recursos y las condiciones desfavorables para acceder a los fondos necesarios están poniendo en grave riesgo no solo los ecosistemas, sino también las comunidades que los protegen. En lugar de ser beneficiarias de los compromisos globales, estas comunidades se ven atrapadas en un sistema financiero que no responde a sus necesidades ni a la urgencia de la crisis ambiental.  El Día Internacional de los Bosques nos recuerda la urgencia de una acción colectiva y efectiva. No basta con promesas de financiamiento y compromisos internacionales vacíos; es necesario que la cooperación global se transforme en políticas reales y tangibles que prioricen la protección de los bosques. Solo así podremos enfrentarnos de manera efectiva a la crisis climática y garantizar la preservación de nuestra biodiversidad. Para que los países en desarrollo puedan cumplir con sus compromisos ambientales sin comprometer su estabilidad económica, los mecanismos de financiamiento deben ser más accesibles y eficaces. Es hora de actuar de forma decidida y transformar las promesas en resultados concretos.   Referencias  FAO. (2020). El estado de los bosques en el mundo 2020: Forests, biodiversity and people. Food and Agriculture Organization of the United Nations.  GFLAC (2024) Indice de Finanzas Sostenibles https://www.sustainablefinance4future.org/indice-de-finanzas-sostenibles Grassi, G., et al. (2017). The role of forests in climate change mitigation. Global Change Biology, 23(3), 984-998.  Iniciativa Global de Financiamiento para la Biodiversidad. (2018). Financing biodiversity conservation. Global Biodiversity Outlook.  Norris, K., et al. (2020). The implications of biodiversity loss for human health. Science, 353(6302), 1267-1273.  UNFCCC. (2015). Acuerdo de París sobre el cambio climático. United Nations Framework Convention on Climate Change.  Díaz, S., et al. (2019). Indigenous knowledge for forest conservation. Journal of Environmental Management, 247, 144-152.

El 12 de marzo de 2025, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el Primer Foro de Mujeres por las Finanzas Sostenibles , organizado por GFLAC y apoyado por organizaciones aliadas como Ecovalores, SVX MX, Defensoras, Warmi y  Earth and Life University. El Primer Foro de Mujeres por las Finanzas Sostenibles, reunió a expertas y líderes del sector para discutir el papel crucial de las mujeres en la transformación del sistema financiero global. Este evento se presentó como una oportunidad clave para reflexionar sobre el papel de las mujeres en un sector financiero que históricamente ha sido dominado por lógicas masculinas y patriarcales. En una era de crisis ambiental y económica, las finanzas sostenibles emergen como una de las principales herramientas para lograr un futuro equitativo, pero este cambio debe ser liderado de forma inclusiva, reconociendo el rol crucial de las mujeres en la construcción de un nuevo paradigma. La apertura del evento, a cargo de Sandra Guzmán, Fundadora y Directora del GFLAC , fue más que un simple inicio; fue una declaración política contundente: elevar las voces de las mujeres y consolidar liderazgos con una nueva visión del futuro financiero . Este espacio se propuso no solo visibilizar las problemáticas y desafíos que enfrentan las mujeres en finanzas, sino también construir propuestas transformadoras desde una mirada feminista. La conferencia magistral fue dirigida por Mariuz Calvet , Chief Sustainability Officer, Santander México, quien contextualizó la discusión en un panorama global marcado por crisis climática y tensiones geopolíticas. Durante su intervención, Calvet destacó cómo estas crisis tienen un impacto desproporcionado en las poblaciones más vulnerables, especialmente las mujeres. En este escenario, la agenda de desarrollo sostenible, lejos de ser un tema secundario, es el eje de transformación que requiere de una participación equitativa y activa de las mujeres . La sostenibilidad no puede avanzar sin una presencia significativa de las mujeres  en la toma de decisiones. Como bien mencionó Calvet, las mujeres han sido históricamente las cuidadoras de las economías domésticas, lo que las convierte en actores naturales de la sostenibilidad y resiliencia necesarias en tiempos de crisis global. Esto, lejos de ser un concepto anecdótico, se convierte en una estrategia esencial  para el futuro financiero del planeta. Sin embargo, como bien indicó Calvet, para lograr este cambio estructural , se necesita una preparación rigurosa y un respaldo basado en datos sólidos sobre riesgos financieros, brechas de género y compromisos internacionales, como el Acuerdo de París . Además, subrayó la importancia de adaptar el lenguaje y las estrategias de comunicación según la audiencia, para generar un impacto real. Las mujeres no pueden permitirse ceder terreno en un contexto global que ataca la agenda climática y de desarrollo sostenible . El foro continuó con intervenciones de mujeres líderes como Ingrid Ashley Albarrán , Estefanía Michel , y Lida Fabiola Godoy , quienes trazaron un panorama sobre los avances y desafíos del sector en Latinoamérica, donde la inclusión de género sigue siendo una meta lejana, pero alcanzable . En este sentido, Ashley Albarrán, Gerente Regional de Finanzas Sustentables de HSBC México, con claridad, destacó que la sostenibilidad ya no es solo una “moda” ni una cuestión secundaria en la agenda financiera. Es, sin duda, una ventaja competitiva . A pesar de los avances, las resistencias del sistema financiero aún son fuertes. Según Albarrán, el liderazgo femenino ha sido clave para que la sostenibilidad se posicione como una estrategia central , y la integración de criterios ambientales en las decisiones bancarias es un paso hacia el cambio, aunque queda mucho por hacer. Por su parte, Estefanía Michel,   Directora de Finanzas Sostenibles de Banco Santander México, subrayó la alarmante brecha de género  en las posiciones de liderazgo dentro del sector financiero. A pesar de que el 46% de los egresados universitarios son mujeres, solo el 11% ocupa cargos directivos en finanzas y apenas el 3% alcanza puestos de dirección general. Para Michel, esto no es solo una cuestión de acceso a posiciones , sino una falta de reconocimiento a la capacidad de las mujeres para dirigir y transformar el sector financiero hacia un modelo más justo y sostenible. En este marco, Lida Fabiola Godoy, Coordinadora de Finanzas Sostenibles de Banco Contactar,  hizo énfasis en la importancia de transformar la cultura financiera tradicional . Para ella, es crucial vincular los objetivos financieros con metas sociales y ambientales . Además, destacó que la inclusión de la mujer debe ser una prioridad real en este proceso. Aunque solo el 25% de las juntas directivas de bancos en Colombia están compuestas por mujeres, el panorama está cambiando lentamente gracias a las iniciativas que promueven la equidad en el acceso al financiamiento. Una de las reflexiones más contundentes del foro fue la necesidad de eliminar las barreras estructurales  que aún enfrentan las mujeres para acceder a financiamiento. Muchas mujeres siguen trabajando en la informalidad  debido a la falta de garantías y la discriminación sistémica  que limita sus posibilidades de emprender. Es urgente crear políticas públicas que eliminen esas barreras  y que proporcionen herramientas de educación financiera para fortalecer la capacidad de las mujeres para acceder a oportunidades económicas . Durante la siguiente sesión moderada por Glenda Monge , se dio voz a mujeres líderes también egresadas del Programa de Mujeres por las Finanzas Sostenibles que, a pesar de los logros conseguidos, siguen enfrentando los obstáculos de un sistema financiero profundamente patriarcal . Nathaly Vinueza , fundadora de Warmi , destacó cómo la falta de visibilidad  y el techo de cristal  continúan siendo barreras fundamentales para las mujeres. A pesar de los avances en algunos aspectos, el sistema sigue funcionando bajo lógicas que relegan a las mujeres a roles marginales, donde deben demostrar su valía constantemente. Las intervenciones de María Auxiliadora Soria , Gerente de Cumplimiento Regulatorio en Banco Pichincha, y Yetzari Bonilla, CEO de Ecoprodel, hicieron hincapié en que la inclusión no debe limitarse a una mera representación numérica. Las mujeres deben ser parte activa de la transformación estructural del sistema financiero, no solo ocupar más espacios, sino ser protagonistas de la solución que lleve a una economía más justa y sostenible. Cristina Cajiao , Subgerente de Riesgo Legal, Ambiental y Social en Banco del Pacífico, mencionó cómo, a menudo, las mujeres enfrentan el desafío de demostrar que los proyectos sostenibles pueden generar retorno económico, a pesar del escepticismo que persiste en muchos sectores. Sin embargo, destacó el avance en las normativas y la creciente conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad en el ámbito financiero, lo que genera un entorno más favorable para el desarrollo de proyectos que respeten el medio ambiente y promuevan el bienestar social. Por su parte, Marine Castañeda, Profesora y consultora en sostenibilidad, subrayó que ningún esfuerzo es mínimo y que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un impacto. Destacó la importancia de actuar con coherencia e integridad, recordando que todas tienen un rol que cumplir. Además, resaltó que la pasión por el cambio otorga la resiliencia necesaria para seguir adelante, incluso en tiempos difíciles, e invitó a combinar propósito y estrategia en cada ámbito de trabajo para generar un impacto real y construir, juntas, espacios de liderazgo y transformación. El foro cerró con una reflexión clave: la educación y el trabajo colaborativo son fundamentales para transformar el sector financiero . Sandra Guzmán , de GFLAC, cerró el evento destacando el impacto positivo del programa en 57 mujeres de 16 países , preparándolas para enfrentar los desafíos de un futuro sostenible. Además, la participación de Daniela Hernández  de Earth University , resaltó la importancia de integrar la perspectiva de género en la educación financiera . No se trata solo de adquirir conocimientos, sino de recuperar el liderazgo femenino en la gestión de recursos . Para culminar, Luisa Montes  de Ecovalores  subrayó el valor de las redes de apoyo  y el trabajo en equipo para amplificar el impacto de las finanzas sostenibles , mientras que Lorena Terrazas , defensora de derechos humanos, resaltó la necesidad de superar las barreras económicas y sociales para incluir a más mujeres  en el sistema financiero. Este evento, lejos de ser solo una reflexión, es una llamada a la acción : las mujeres tienen un papel central en la construcción de un sistema financiero más justo, equitativo y sostenible. Solo mediante políticas públicas inclusivas, liderazgo femenino constante y la eliminación de las barreras estructurales será posible avanzar hacia una transformación verdadera del sistema financiero global .

Por: Glenda Monge, asociada senior en Financiamiento para la Adaptación y Pérdidas y Daños  Relevancia del financiamiento para la adaptación en el camino hacia la COP30   El financiamiento para la adaptación es un pilar fundamental para fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas frente a los efectos adversos del cambio climático en  América Latina y Caribe . Sin embargo, el monitoreo efectivo de estos flujos sigue siendo un desafío clave, especialmente en términos de transparencia, rendición de cuentas y vinculación con impactos concretos. Además, la calidad del financiamiento es un aspecto crucial, ya que depender sólo de mecanismos generadores de deuda puede comprometer otros ámbitos esenciales de progreso y desarrollo en la región.  "Uno de los mayores problemas en América Latina es que gran parte del financiamiento que recibe la región está vinculado a préstamos. Esto significa que, aunque se accede a esos recursos, los países deben devolverlos, lo que en muchos casos genera un aumento en la deuda".  Sandra Guzmán, GFLAC  Una necesidad que se aborda desde el ámbito internacional   El financiamiento para la adaptación es clave para fortalecer sectores críticos como la infraestructura resiliente, la gestión del agua y la seguridad alimentaria, entre otros. Para guiar estos esfuerzos, el objetivo mundial relativo a la adaptación (GGA, por sus siglas en inglés) surge del Artículo 7.1 del Acuerdo de París y busca establecer un marco de referencia para medir el progreso en estas áreas. Para ello, se estructura en 11 metas -cuatro temáticas y siete dimensionales-, cuyo cumplimiento depende de medios de implementación adecuados que no representen una carga adicional para los países en desarrollo.  El Marco de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para la Resiliencia Climática Global, adoptado en la 28° Conferencia de las Partes (COP28, por sus siglas en inglés), marca un avance en el monitoreo de la adaptación al proporcionar una guía para evaluar la reducción de la vulnerabilidad, el fortalecimiento de la resiliencia y la mejora de la capacidad de adaptación. Sin embargo, la selección de indicadores debe ser acotada, metodológicamente viable y adaptada a los contextos nacionales para garantizar su aplicabilidad. Además, estos indicadores pueden facilitar la orientación del financiamiento hacia las áreas con mayores necesidades, optimizando los recursos disponibles para fortalecer la acción climática.  "El marco y sus metas solo pueden ser alcanzadas a través de medios de implementación y de apoyo pertinentes y apropiados a la escala de cada una de estas metas, de manera tal que no suponga una carga adicional".    Luz Falivene, Argentina 1.5  El avance de los mandatos financieros del Acuerdo de París   A pesar de la adopción del nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) en la COP29, las brechas en los compromisos financieros persisten. La insuficiencia de recursos y la falta de garantías sobre la calidad de los fondos continúan siendo preocupaciones clave. Para los países en desarrollo, es esencial que el financiamiento para la adaptación sea altamente concesional, accesible y libre de cargas de deuda, un punto que sigue siendo un tema central de debate en las negociaciones climáticas.  En este contexto, la “Hoja de Ruta de Bakú a Belém hacia 1.3 billones” busca promover mecanismos de financiamiento más inclusivos y sostenibles. Sin embargo, la brecha entre las necesidades y los recursos disponibles sigue siendo significativa. Garantizar que el financiamiento para la adaptación no empeore el endeudamiento de los países es fundamental para lograr una resiliencia climática efectiva y equitativa.  "El financiamiento climático debe ser inclusivo y garantizar que los países en desarrollo tengan acceso a recursos adecuados sin que ello implique un sacrificio en su soberanía económica".   Nicole Makowski, GFLAC  Brechas, retos y oportunidades para LAC   El Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS)  del GFLAC revela que menos del 10% del financiamiento climático en la región se destina a adaptación, mientras que la mayor parte sigue enfocándose en mitigación. A esto se suma que gran parte de los fondos disponibles llegan en forma de préstamos, incrementando la presión fiscal sobre los países en desarrollo y limitando su capacidad de inversión en resiliencia climática.  Uno de los desafíos clave es la necesidad de fortalecer la cooperación con organismos multilaterales para garantizar la existencia de fondos específicos destinados a proyectos de adaptación. Es fundamental que estos recursos se otorguen prioritariamente en forma de donaciones y no de préstamos, para evitar mayores cargas de deuda en los países receptores.  Además, los marcos presupuestarios nacionales continúan priorizando inversiones en sectores intensivos en carbono, lo que retrasa la transición hacia modelos económicos resilientes y sostenibles. Para revertir esta tendencia, es esencial redireccionar el gasto público hacia iniciativas de adaptación y establecer sistemas de etiquetado presupuestario específicos que permitan un seguimiento detallado de los recursos asignados y su impacto en la reducción de las vulnerabilidades climáticas.  Otro punto crítico es el acceso efectivo al financiamiento. Para garantizar que los fondos lleguen a las comunidades más vulnerables y a nivel subnacional, se necesita fortalecer los sistemas de medición, reporte y verificación (MRV). Esto no solo permitirá mayor transparencia en la asignación de recursos, sino que también facilitará el acceso a financiamiento adicional basado en resultados medibles.  En este contexto, el fortalecimiento de estrategias nacionales y reformas fiscales orientadas a la sostenibilidad también juegan un papel clave. Medidas como la implementación de impuestos al carbono, la emisión de bonos verdes y la creación de mecanismos innovadores de financiamiento pueden ayudar a movilizar mayores recursos para la adaptación en la región. Asegurar un financiamiento climático alineado con las necesidades de adaptación en LAC es un paso imprescindible para construir economías más resilientes y equitativas.  "Es esencial redireccionar el presupuesto intensivo en carbono hacia actividades que promuevan la biodiversidad y la acción climática. Para esto, proponemos crear clasificadores presupuestarios específicos que permitan dar seguimiento y evaluación a los recursos asignados".  Orlando Barbosa, GFLAC  Retos y recomendaciones: perspectiva desde los casos de dos países de la región   Caso de Colombia   En Colombia, el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) ha permitido rastrear el financiamiento climático desde 2011. A través de este sistema, se evidencia que el sector público aporta un 69,5% de los recursos, mientras que el sector privado solo un 10,27%. La falta de mecanismos atractivos para la inversión privada sigue siendo un obstáculo clave. Para abordar esto, se han implementado bonos verdes y esquemas de pago por servicios ambientales, con el objetivo de mejorar la canalización de recursos hacia la adaptación.  En cuanto a los retos generales, uno de los principales es la integración de la adaptación con la competitividad empresarial, especialmente en sectores clave como la agricultura y la infraestructura. La necesidad de movilizar recursos financieros sostenibles de largo plazo es crucial para cumplir los compromisos climáticos, lo que exige un mayor acceso al financiamiento concesional y el desarrollo de mecanismos innovadores, como los bonos verdes y los incentivos fiscales.  Monitorear y reportar el financiamiento es esencial para identificar brechas y necesidades de inversión. Las recomendaciones incluyen acelerar la inversión en territorios vulnerables, estandarizar métricas y metodologías para un seguimiento preciso, y fortalecer las plataformas de datos para asegurar la transparencia.   “El involucramiento del sector privado y la mejora en la recopilación y reporte de datos son aspectos fundamentales para avanzar en la adaptación al cambio climático".  Liliana Merchán, Departamento Nacional de Planeación de Colombia  Caso de Honduras   Los países con alta vulnerabilidad climática, como Honduras, enfrentan barreras significativas para acceder a financiamiento concesional, especialmente para la adaptación al cambio climático. Sectores clave como los recursos hídricos y agroalimentario requieren mecanismos diferenciados que permitan abordar las necesidades tanto de grandes empresas como de pequeños productores rurales. Estos sectores, al involucrar una amplia gama de actores, demandan instrumentos específicos que aseguren que los fondos se dirijan de manera efectiva hacia las distintas etapas de la adaptación.  Uno de los principales desafíos radica en la falta de mecanismos financieros que atraigan al sector privado, debido a los altos riesgos asociados con inversiones en países vulnerables a fenómenos climáticos extremos. En este contexto, la adaptación no suele ser vista como un sector rentable, lo que dificulta la movilización de recursos privados. Además, la escasa disponibilidad de datos claros y evidencia sobre los impactos de las inversiones en adaptación complica aún más el acceso a fondos, lo que subraya la necesidad de contar con indicadores claros para evaluar su efectividad.  El monitoreo y reporte del financiamiento para la adaptación es esencial para asegurar su transparencia y efectividad. Sin la medición adecuada, es imposible mejorar los procesos de inversión y movilización de recursos. En el caso de Honduras, el seguimiento del presupuesto dedicado al cambio climático permite identificar fuentes de financiamiento y aumentar el apalancamiento para acceder a fondos internacionales. Es fundamental establecer políticas nacionales de este tipo de financiamiento que puedan estructurar mejor el uso de los recursos y cumplir con los compromisos en adaptación.    "Sólo lo que se mide y se monitorea se puede mejorar, y es a través de este seguimiento que podemos garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente y logren los objetivos de adaptación".    Elena Pereira, Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Honduras    Reflexiones finales   El financiamiento para la adaptación en la región requiere un enfoque integrado que permita rastrear y caracterizar los flujos financieros, identificar brechas y mejorar la coordinación entre las áreas involucradas. Es crucial integrar la adaptación en los presupuestos nacionales y garantizar la transparencia y la participación activa, especialmente a nivel subnacional y con el apoyo de la sociedad civil. Además, el monitoreo constante y la creación de taxonomías claras son esenciales para asegurar el uso efectivo de los fondos y fortalecer la resiliencia en todos los niveles.  "Es fundamental articular los esfuerzos interregionales para garantizar que el financiamiento para la adaptación se traduzca en resultados tangibles que fortalezcan la resiliencia de nuestras comunidades y ecosistemas vulnerables".  Glenda Monge, GFLAC

Por: Nicole Makowski, asociada senior en Financiamiento Climático Internacional  Este año estará marcado por una serie de eventos y procesos clave en el ámbito del financiamiento internacional, con implicaciones directas para América Latina y el Caribe (ALC). Desde la reforma fiscal hasta la movilización de recursos para la biodiversidad, la región deberá posicionarse estratégicamente para aprovechar oportunidades en un contexto de creciente demandas por un sistema financiero internacional más inclusivo y equitativo.  “Hay muchos espacios donde es muy importante la voz de ALC. Nuestros gobiernos están cambiando muchísimo, lo que también trae un cambio de prioridades que no siempre es en beneficio de la población. Por eso es importante estar informadxs.”  Sandra Guzmán, GFLAC  Convención Fiscal: hacia una mayor justicia tributaria  La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, también conocida como Convención Fiscal, busca corregir las desigualdades en la distribución de los recursos fiscales mundiales, combatiendo, entre otros, la evasión fiscal que limita la capacidad de los países en desarrollo para financiar su desarrollo sostenible. A su vez, representa una alternativa al status quo  en materia tributaria dominado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), permitiendo la participación de todos los países.  Aunque se espera que las negociaciones sobre la Convención se extiendan hasta mediados de 2027, con unas tres reuniones programadas por año, en la última sesión de febrero los países realizaron avances significativos: acordaron cómo se aprobarán las decisiones y  empezaron a negociar los protocolos relativos a empresas de la economía digital y la resolución de disputas.  Para ALC, la Convención Fiscal representa una oportunidad crucial para movilizar recursos y fortalecer su capacidad fiscal en un contexto donde la recaudación insuficiente sigue siendo un obstáculo para la inversión no sólo en infraestructura, salud y educación, sino también en materia de lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.   “La Convención puede no sólo crear más redistribución, sino también dar mayor espacio fiscal soberano para todos los países de ALC. Para combatir las guaridas fiscales; los flujos financieros ilícitos; impedir la concesión de incentivos inefectivos; lograr que las multinacionales tributen en los países donde generan beneficios; promover el intercambio automático de información; y establecer normas que permitan procesos más justos e inclusivos.”  María Ron Balsera, CESR  Financiamiento para el desarrollo: por la democratización del sistema financiero  Del 30 de junio al 3 de julio, España (Sevilla) será la sede de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4, por sus siglas en inglés), un espacio donde los países abordarán estrategias para garantizar recursos adecuados para el desarrollo sostenible.  Esta Conferencia, cuya primera edición se remonta a 2002 y es organizada por los propios países, busca democratizar la gobernanza económica global, destacándose como temas clave cuestiones vinculadas a deuda; la Convención Fiscal; la reforma de la arquitectura financiera internacional; y el financiamiento climático.   ALC deberá impulsar discusiones sobre mecanismos innovadores de financiamiento, reestructuración de deuda y acceso a financiamiento concesional. Además, la región tiene la oportunidad de reforzar su llamado a una reforma del sistema financiero internacional para garantizar una mayor representatividad y acceso a recursos en condiciones justas.  “Es muy importante que haya más colaboración entre los movimientos que están haciendo incidencia y campañas en justicia económica, climática y de género... Es fundamental pensar estos procesos (deuda, cambio climático, Convención Fiscal) en conjunto... Es importante que América Latina esté trabajando en conjunto con sus otros socios.”  Mariana Paoli, Christian Aid   COP30 de cambio climático: ir más allá de los compromisos   La 30° Conferencia de las Partes (COP30, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), programada en la ciudad amazónica de Belém en Brasil entre el 10 y el 21 de noviembre, será un punto de inflexión en la implementación del Acuerdo de París, especialmente en lo que respecta a la adopción de los indicadores –incluyendo los relativos a financiamiento- del objetivo mundial relativo a la adaptación (GGA, por sus siglas en inglés).  Asimismo, deberá establecerse cómo continuará el “Diálogo de Sharm el-Sheij" relativo al Artículo 2.1.c de París, que busca alinear los flujos financieros con el desarrollo resiliente y bajo en carbono, y cuya importancia radica en el involucramiento de todo el ecosistema financiero internacional.   Los pasos a seguir sobre la "Hoja de ruta de Bakú a Belén hacia los 1,3 billones", establecida en el marco del nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) en la COP29 de Bakú, Azerbaiyán, también será clave para garantizar un financiamiento climático más ambicioso, no sólo para la adaptación, sino también para cerrar la brecha entre los 300 mil millones y los 1,3 billones de manera efectiva, mediante recomendaciones concretas.   “La región tiene una oportunidad para demostrar su liderazgo en la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, a través de la presentación de NDC, pero también cuáles son sus necesidades; qué es lo que efectivamente requerimos para acceder de manera eficiente al financiamiento climático”.   Nicole Makowski, GFLAC  COP16 de biodiversidad: punto de inflexión en el financiamiento   Del 25 al 27 febrero, Roma, Italia, acogerá la reanudación de la COP16 del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), con un enfoque en la movilización de recursos para la implementación del Marco Mundial de Diversidad Biológica de Kunming-Montreal.  Aunque el año pasado los países adoptaron el Fondo de Cali relativo a los recursos genéticos, el panorama en materia de financiamiento continúa siendo preocupante: con estimaciones en términos de la brecha financiera que superan los 900 mil millones de dólares y los 400 mil millones para que la región implemente el Marco Mundial.   Para ALC, que alberga algunos de los ecosistemas más ricos del planeta, asegurar financiamiento para la protección de la biodiversidad es fundamental. La región deberá abogar por mecanismos financieros que reconozcan el valor de la naturaleza y faciliten inversiones sostenibles que protejan tanto a sus ecosistemas como comunidades.  “Como región ocupamos, según un informe de la OCDE, el segundo o tercer lugar (según el año) en lo que hace a movilización de recursos para la biodiversidad. Tenemos allí un desafío para captar más dinero, siendo fundamental la participación de los países como bloque... Las situaciones de deuda, las necesidades y oportunidades de desarrollo, protegiendo la biodiversidad, son prácticamente las mismas en la región.”  Emilio Spataro, GFLAC  Hacia un sistema financiero internacional más inclusivo: eje común de las discusiones  Todos estos eventos ocurren en un contexto geopolíticamente cada vez más complejo y con creciente presión por una reforma del sistema financiero internacional que garantice mayor inclusión y acceso a recursos para los países en desarrollo. Además, la reforma no debe centrarse únicamente en las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo, sino también en los bancos nacionales y regionales.  Las organizaciones de la sociedad civil han sido clave en este debate, exigiendo medidas concretas para transformar las instituciones financieras globales y reducir la carga de la deuda en los países más vulnerables. La articulación de esfuerzos entre gobiernos, sociedad civil y actores del sector privado, entre otros, será crucial para aprovechar estas oportunidades y garantizar un futuro con mayores recursos para el desarrollo sostenible.   Para ALC, 2025 representa entonces una oportunidad única para influir en estas discusiones globales y posicionarse como una región clave en la lucha por un financiamiento más equitativo y sostenible.  “Hemos tenido campeones super importantes: uno de ellos ha sido Colombia... México, Barbados (con Bridgetown que sigue siendo una agenda muy activa y evolucionando) (también Brasil). Será fundamental que finalmente logremos consolidarnos como bloque, que es algo que todavía no hemos logrado. En cada crisis o desafío hay una oportunidad, el cambio geopolítico nos está obligando a repensar cómo ALC se puede unir para reflejar sus puntos específicos.”  Laura Sabogal, E3G

Por: Rolf Bateman, Diretor (GFLAC - Brasil) Por:  Rolf Bateman, Diretor (GFLAC - Brasil) O Brasil foi o segundo país a apresentar a terceira revisão da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC). O compromisso, entregue pelo vice-presidente Geraldo Alckmin ao secretário executivo do clima da ONU, Simon Stiell durante a 29ª Conferência das Partes realizada na cidade de Baku, Azerbaijão . A revisão da NDC brasileira estabeleceu uma meta de redução de emissões líquidas de gases do efeito estufa de 59% a 67% até 2035, em comparação aos níveis de 2005. Este é um aumento considerável em relação às metas anteriores e está alinhado ao objetivo de alcançar a neutralidade climática até 2050. No entanto, a meta de banda foi criticada pela sociedade civil, que a considerou muito ampla, permitindo interpretações divergentes e potencialmente menor ambição climática. Isso também pode dificultar o alinhamento pleno com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5°C.​ Nesta linha, apesar das metas declaradas para redução do desmatamento, é possível afirmar que a nova NDC não assegura efetivamente o cumprimento do desmatamento zero até 2030 , como anteriormente prometido​ pelo governo Lula. Também entendemos ser de suma importância a ampliação da consulta pública e a participação de diferentes setores, especialmente das populações mais vulneráveis. O documento contém menções importantes às grandes consequências dos eventos climáticos extremos no país, como as fortes secas na Amazônia e a tragédia acarretada por enchentes no Rio Grande do Sul, ressaltando a maior vulnerabilidade das pessoas mais fortemente atingidas por estes. Neste mesmo sentido, a Justiça Climática é descrita como um princípio orientador da nova NDC, incluindo o cidadão e a dignidade humana como ponto central do combate às mudanças climáticas, da proteção à natureza e da implementação do Pacto Nacional pela Transformação Ecológica e do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o que é ponto crítico no sentido da integração com políticas domésticas já em curso. Outros pontos que consideramos como avanços significativos desta nova NDC são a inclusão de planos setoriais abrangentes para mitigação das emissões e a instrumentalização financeira através do Fundo Clima, da Taxonomia Sustentável Brasileira, dos Títulos Soberanos Sustentáveis e das transações financeiras internacionais utilizando sistemas do mercado de carbono. Além disso, configura-se um grande avanço para participação descentralizada de governos subnacionais a incorporação da iniciativa CHAMP e o Compromisso para o Federalismo Climático. A revisão da NDC é um passo importante dentro do Acordo de Paris , alinhada ao princípio de aumentar progressivamente a ambição das metas climáticas​. ​ A nova NDC demonstra uma evolução importante na ambição climática do Brasil, refletindo um compromisso mais estruturado com a sustentabilidade. No entanto, lacunas na definição de metas intermediárias, na garantia de desmatamento zero e nos meios de implementação podem limitar seu impacto prático. A trajetória de liderança climática dependerá não apenas da meta em si, mas da eficácia das ações domésticas e da capacidade de engajar outros países em acordos mais robustos, especialmente pela próxima COP a ser realizada em território brasileiro em 2025.

Por: Rolf Bateman, Director para Brasil (GFLAC) Por:  Rolf Bateman, Diretor (GFLAC - Brasil) Brasil fue el segundo país en presentar la tercera actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). El compromiso fue entregado por el vicepresidente Geraldo Alckmin al Secretario Ejecutivo de ONU Clima, Simon Stiell, durante la 29ª Conferencia de las Partes celebrada en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán. La revisión de la NDC brasileña estableció un objetivo de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero del 59% al 67% para 2035 , en comparación con los niveles de 2005; este es un aumento considerable con respecto a objetivos anteriores y está en línea con el objetivo de lograr la neutralidad climática para 2050. Sin embargo, el objetivo fue criticado por la sociedad civil ya que permitía interpretaciones divergentes y una ambición climática potencialmente menor. Esto también podría dificultar la plena alineación con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C. En este sentido, a pesar de las metas declaradas de reducción de la deforestación, es posible afirmar que la nueva NDC no garantiza efectivamente el logro de la deforestación cero para 2030, como prometió anteriormente el gobierno Lula. También creemos que es de suma importancia ampliar la consulta pública y la participación de los diferentes sectores, especialmente de las poblaciones más vulnerables. El documento contiene importantes menciones a las principales consecuencias de los fenómenos climáticos extremos en el país, como las severas sequías en la Amazonia y la tragedia causada por las inundaciones en Rio Grande do Sul, destacando la mayor vulnerabilidad de las personas más afectadas por ellos. En este mismo sentido, la Justicia Climática se describe como un principio rector de la nueva NDC , incluyendo a la ciudadanía y la dignidad humana como punto central en la lucha contra el cambio climático, la protección de la naturaleza y la implementación del Pacto Nacional para la Transformación Ecológica y el Plan Nacional sobre Cambio Climático , lo que supone un punto crítico en términos de integración con las políticas internas que ya están en marcha. Otros puntos que consideramos avances significativos en esta nueva NDC son la inclusión de planes sectoriales integrales para mitigar emisiones e instrumentación financiera a través del Fondo Climático , la Taxonomía Brasileña Sostenible , los Bonos Soberanos Sostenibles y las transacciones financieras internacionales utilizando sistemas de mercado de carbono. Además, la incorporación de la iniciativa CHAMP y el Compromiso con el Federalismo Climático representa un gran paso adelante para la participación descentralizada de los gobiernos subnacionales. La actualización de la NDC es un paso importante dentro del Acuerdo de París, en línea con el principio de aumentar progresivamente la ambición de los objetivos climáticos. La nueva NDC demuestra una evolución importante en la ambición climática de Brasil, reflejando un compromiso más estructurado con la sostenibilidad. Sin embargo, las lagunas en la definición de objetivos intermedios, la garantía de deforestación cero y los medios de implementación pueden limitar suVimpacto práctico. La trayectoria del liderazgo climático dependerá no solo del objetivo en sí, sino de la efectividad de las acciones internas y la capacidad de involucrar a otros países en acuerdos más sólidos, especialmente para la próxima COP que se celebrará en territorio brasileño en 2025.

Por: Sandra Guzmán, Fundadora y directora general / Orlando Barbosa,Asociado de investigación y divulgación (GFLAC) América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra en un punto crítico para redefinir su modelo financiero hacia uno más sostenible. El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2024 , desarrollado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), ofrece una visión detallada de los desafíos y oportunidades que enfrenta la región en su camino hacia la sostenibilidad.  A pesar de compromisos internacionales, los países siguen teniendo dificultades de acceso al financiamiento internacional , incrementando su deuda externa, debido a que buena parte del financiamiento climático viene en forma de préstamos; mientras que a nivel nacional, siguen invirtiendo en actividades que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, dificultando la transición hacia un modelo económico más sostenible. Sin embargo, el informe también revela avances y áreas de oportunidad clave para fortalecer las finanzas sostenibles en la región. Panorama general de finanzas sostenibles en la región ALC El IFS 2024 destaca una brecha significativa entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los países de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por financiamiento climático y para la biodiversidad, y destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que ayudarán a combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región de sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad clave para reorientar los flujos financieros hacia la sostenibilidad, reconociendo que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, y de competitividad económica a largo plazo.  Países mejor posicionados: Guatemala mostrando una mejor tendencia hacia finanzas más sostenibles Si bien no hay ningún país de los analizados que hayan obtenido 4 puntos, calificación máxima del índice. Guatemala presenta una puntuación de 2.6 en el ranking de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático, que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.  Otros países como Honduras, Jamaica, El Salvador y Panamá también han logrado progresos, en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático, aunque también enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de políticas climáticas como las contribuciones nacionalmente determinadas.  El desafío de las economías grandes: Brasil y México Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil con 2.1 puntos y México con 1.3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático. En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1.5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático. A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.  El llamado a la acción: Reorientar los recursos para la sostenibilidad a nivel nacional e internacional El desafío es claro: a nivel nacional los países de ALC deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también expone a la región de los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas, que ya están afectando a muchas comunidades de la región. El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. No obstante, la tarea no es sólo de los países de la región, es muy importante que a nivel internacional, se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes, sobre todo enfocadas en la adaptación, mediante financiamiento público en forma de donaciones, para evitar un aumento incremental de los niveles de deuda de los países. Este nuevo objetivo a aprobarse en la COP19 en Bakú será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.    Conclusión: Un llamado a la acción El IFS 2024 lanza un mensaje urgente: los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, para lo cual necesitarán transformaciones nacionales, pero también apoyo internacional. Para lograrlo, deben implementar reformas fiscales que promuevan el uso de energías limpias, incentiven la eficiencia energética y desincentiven las actividades contaminantes. Además, los países proveedores de financiamiento, las instituciones financieras y bancos de desarrollo deben asumir un papel protagónico en la financiación de proyectos sostenibles, facilitando el acceso directo a capital para aquellos sectores que más lo necesitan. El reto es garantizar que el desarrollo económico de la región sea inclusivo, resiliente y preparado para enfrentar los desafíos del cambio climático. Este es el momento de actuar, el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 proporciona una hoja de ruta clara sobre dónde empezar y cómo avanzar hacia un futuro más justo y sostenible.

Por: Emilio Spataro / Asociado de Diplomacia para la Biodiversidad en GFLAC La 16° Conferencia de las Partes  (COP16, por sus siglas en inglés) del Convenio sobre la Diversidad Biológica  (CBD), que se celebrará del 21 de octubre al 1° de noviembre de 2024 en Cali, Colombia, es una reunión crucial en la que los Estados Partes discutirán y adoptarán medidas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad global. En esta conferencia se evaluará el progreso desde la COP15 (2022) , donde se adoptaron los objetivos y metas del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica  (MMKM) para el decenio 2020-2030. El lema adoptado por el gobierno de Colombia como anfitrión para esta COP16 ha sido “ Paz con la Naturaleza ” .  En este sentido, la Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible  (REDFIS) ha venido trabajando con el objetivo de poner en común aspectos centrales en la discusión sobre el financiamiento para la biodiversidad, contribuyendo de esta manera a los debates y decisiones que se tomarán en la COP16. El seminario web " Financiamiento para la biodiversidad camino a la COP16: brechas y necesidades de financiamiento " abordó los desafíos más urgentes en torno a la necesidad de financiamiento adecuado y suficiente para detener la pérdida de especies y conservar los ecosistemas de la región.  Es de destacar que América Latina y el Caribe albergan el 23% de la superficie forestal del planeta, siendo una de las regiones con mayor diversidad de especies del mundo ( CEPAL, 2021 ). Lamentablemente, la biodiversidad enfrenta amenazas significativas debido a la deforestación, la minería, la agricultura intensiva, la ganadería y el cambio climático, entre otros factores que contribuyen a la degradación ambiental. Estas amenazas no solo ponen en peligro la flora y fauna de la región, sino que también afectan directamente a las comunidades locales cuya supervivencia depende de estos ecosistemas. Por lo tanto, es imperioso para las organizaciones de la sociedad civil  establecer el estado de situación con respecto a la movilización de recursos en el financiamiento de la biodiversidad en pos de la implementación del nuevo MMKM de forma urgente en toda la región.  Investigaciones como las realizadas por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe  (GFLAC), como ser el Índice de Finanzas Sostenibles  (IFS), vienen arrojando luz sobre la movilización de recursos en la región. Al respecto, Sandra Guzman , fundadora y directora general del GFLAC, disertó sobre las tendencias de financiamiento para la biodiversidad según los datos del IFS 2023 :   “El flujo de financiamiento para biodiversidad (...), lo que se asigna específicamente a la protección y conservación de la biodiversidad, es lamentablemente muy limitado, y lo es aún más frente al financiamiento que sigue generando impactos en la naturaleza. Por ejemplo, comparado lo que reciben en ingresos sostenibles los países de América Latina y el Caribe, acumuladamente significa 147 veces más recursos por actividades intensivas en carbono que para aquellas actividades que implican la protección de la biodiversidad. En el caso de los presupuestos nacionales, lo que observamos es que los países gastan también significativamente más en actividades intensivas en carbono, por ejemplo hasta 323 veces más que en aquellas actividades etiquetadas para conservación de la biodiversidad”. De esta manera, queda en evidencia lo exiguo que es aún hoy el financiamiento para la biodiversidad y por qué la brecha de financiamiento para la biodiversidad se sitúa en torno a los 598 y 824 mil millones de dólares al año ( Deutz, 2020 ).  Acceso directo al financiamiento para las guardianes de la biodiversidad No se trata solo de movilizar la cantidad de dinero requerido para cerrar la brecha de financiamiento para la biodiversidad, siendo que también es imprescindible que el dinero llegue de forma eficiente y transparente a las y los artífices de la conservación, que hoy están garantizando la continuidad de la biodiversidad en los territorios. Según Garnett & et al. (2018) , los Pueblos Indígenas y comunidades locales conservan en su territorio el 17.4% de la superficie terrestre del planeta. Mientras que Veitt et al. (2023)  afirman que en estos territorios se mantienen importantes sumideros netos de carbono, como las selvas administradas por Pueblos Indígenas en el Amazonas, las cuales eliminan colectivamente 340 millones de toneladas netas de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera cada año. Sin embargo, en una investigación de la Rainforest Foundation (2022 ), se cuantificó que en la última década solo han recibido el 1% del financiamiento climático.   Al respecto, Fany Kuiru Castro del Pueblo Uitoto y coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) , subrayó la  importancia de la visión y el conocimiento indígena en la gestión de la biodiversidad.  Los Pueblos Indígenas tienen un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas y en el mantenimiento de la diversidad biológica, y su involucramiento en los planes de financiamiento es esencial para lograr resultados efectivos y sostenibles. En cuanto a los desafíos que enfrentan los Pueblos Indígenas Fany Kuiru Castro recalcó que: “Lo primero que tenemos que mirar, el principal desafío, es el reconocimiento a los Pueblos Indígenas como parte de los territorios y la biodiversidad y el rol que cumplimos, protegiendo, conservando, viviendo como parte de esa biodiversidad, en una relación simbiótica. Esa relación en que nuestros sistemas de conocimientos tradicionales son fundamentales para entender y cuidar y usar de manera respetuosa algunas especies de la biodiversidad que tenemos en nuestros territorios”.  Sin embargo, las organizaciones de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, como es el caso de COICA, no solo trabajan por la reivindicación de sus derechos, sino que también tienen una profunda construcción conceptual acerca de cómo la realidad Indígena diáloga con procesos de gobernanza global como son las convenciones ambientales surgidas de Río de Janeiro en 1992,  donde los líderes indígenas vienen ganando espacio y protagonismo. Al respecto, la líder amazónica reflexionó: “Otro de los desafíos es articular estos conocimientos indígenas con los conocimientos no indígenas. Es tan necesario para buscar satisfacer las necesidades con un enfoque diferencial étnico y generar confianza entre los implementadores, los financiadores y los Pueblos Indígenas y los donantes, y disminuir de verdad la intermediación y el colonialismo en la cooperación. (...)  La intermediación muchas veces llega con unos requisitos colonialistas para que los Pueblos Indígenas podamos acceder a los recursos de financiamiento”. Por último, Fany realizó una síntesis sobre la perspectiva desde los Pueblos Indígenas del Amazonía sobre el financiamiento para la biodiversidad, proyectando sobre el porvenir del mismo:   “Creo que para que llegue el financiamiento directo es necesario el fortalecimiento real y sistemático de los gobiernos propios de los Pueblos Indígenas en los territorios, el desafío también es cómo generar una ruta de diálogo para la supervivencia cultural en economías capitalistas de economías no monetizadas, eso es lo que estábamos mirando nosotros desde ese fondo que tenemos que es el mecanismo financiamiento directo. (...) Pero teniendo en cuenta los conocimientos, los conceptos propios de los Pueblos Indígenas, los planes de vida de los Pueblos Indígenas. Entonces hacia allá se debe encauzar el financiamiento directo a los Pueblos Indígenas: planes de vida, que son la herramienta de gestión y herramienta de planificación de los gobiernos propios de los indígenas”.  Arquitectura financiera global y financiamiento para la biodiversidad  El nuevo MMKM otorga un reconocimiento significativo a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (PICL) debido a su papel crucial en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. En el MMKM, se menciona explícitamente en varios objetivos y metas la importancia de involucrar a los PICL. En cuanto al financiamiento, la meta 19 insta a asegurar la movilización de recursos financieros adecuados para apoyar la implementación de acciones de conservación y uso sostenible, con una mención particular en las necesidades de los PICL. Asimismo, la meta 21 destaca la necesidad de respetar y fomentar el consentimiento libre, previo e informado de estos Pueblos en cualquier proyecto que pudiera afectarlos. En concordancia con los objetivos del MMKM, la Séptima Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF, por sus siglas en inglés), que se realizó del 22 al 26 de agosto de 2023 en Vancouver, Canadá , aprobó el objetivo aspiracional de que el 20% de los fondos sean destinados a los PICL. Pero entonces ¿cuáles son los aspectos de la  arquitectura financiera global actual que impiden que la financiación de las políticas en biodiversidad sean las necesarias y se acceda a ellas de forma asertiva y justa? Sergio Chaparro Hernández, coordinador internacional en Dejusticia  señaló que: “Lo que estamos viendo es que la arquitectura financiera global es un obstáculo para financiar políticas de protección de la biodiversidad y eso requiere una agenda de financiamiento que aborde varios temas”. El coordinador de Dejusticia citó la investigación “ Exporting Extinction: How the International Financial System Constrains Biodiverse Futures ” ( Dempsey, et. Al, 2024 ) que, en sus palabras, explica:  “(...) el sistema financiero e internacional limita las políticas de biodiversidad, dado que hay unos sectores económicos que reciben enormes subsidios para actividades perjudiciales para la biodiversidad. (...) los sectores que más impactan negativamente la biodiversidad son a su vez los sectores priorizados en términos del financiamiento privado que llega para impulsarlos y también en beneficios incluso fiscales de nuestros gobiernos para promoverlos”.   Los subsidios perjudiciales y negativos para la biodiversidad han sido señalados como uno de los grandes impulsores de la pérdida de biodiversidad. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( 2023 ) calculó que los aportes económicos directos (tanto públicos como privados) a actividades que destruyen la biodiversidad, se ubica en torno a los 7 mil millones de dólares anuales. En línea con esto, Chaparro Hernández vinculó las actividades extractivas y su financiamiento con las distorsiones que genera el sistema financiero internacional a la hora de movilizar el financiamiento para la biodiversidad, ejemplificando con “(...) el caso de la gran minería de cielo abierto, la agroindustria, las extracción de combustibles fósiles entre otros, pues está el hecho que estos gobiernos conceden subsidios, implementan regulaciones ambientales, dan unas políticas preferenciales en términos de exenciones tributarias, permiten abusos de derechos humanos para estos sectores y en parte eso explica también las presiones a las que están sometidas los gobiernos producto de fallas en esa arquitectura financiera global”.  Las posiciones de Colombia en torno al financiamiento para la biodiversidad de cara a la COP16  Colombia llega a la instancia de anfitriona de la COP16 luego de un intenso camino en la construcción de una política internacional con eje en la biodiversidad y justicia climática, desde la asunción del presidente Gustavo Petro. Entre los hitos de dicha política se destaca la reunión en la ciudad de Leticia ( julio, 2023 )  para preparar la Cumbre Amazónica  en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Allí, el presidente colombiano y el brasileño, Lula da Silva, se reunieron y hablaron sobre la financiación de la conservación de la Amazonía, en tanto tema  central. El Presidente Petro afirmó que " Salvar la vida en el planeta y superar la crisis climática requiere una inversión de 3.3 mil millones de dólares al año ". Luego, en la Cumbre de Bancos de Desarrollo que tuvo lugar en la ciudad colombiana de Cartagena ( septiembre, 2023 ), Petro informó que " Colombia, Francia, Kenia y Ghana están colaborando en una propuesta que busca canjear deuda externa por acciones relacionadas con el cambio climático ". Efectivamente meses más tarde en la COP28 de cambio climático en Dubái, Emiratos Árabes Unidos ( diciembre, 2023 ), dichas naciones oficializaron el lanzamiento de un grupo de estudio sobre la opción de canje de deuda para la inversión climática. Profundizando sobre los aspectos centrales de la visión de Colombia como país anfitrión, Laura Camila Bermudez Wilches,  coordinadora del Plan de Acción de Biodiversidad de la COP16 del Ministerio de Ambiente de Colombia aportó que: “Nuestra ministra Susana Mohamed ha invitado a que se haga una reflexión desde el más alto nivel en convenciones internacionales y foros globales del sistema económico, del orden económico mundial y de hecho por eso se ha encomendado a un panel este análisis, acerca de cuáles pueden ser esas vías de la reforma del sistema financiero internacional para abordar estas complejidades nacientes del financiamiento para cumplir las metas de biodiversidad. Pero también muy alineado con las metas de cambio climático, sobre todo en momento en que los segmentos se cruzan y que se trasladan. Entonces eso es una discusión y que para nosotros en Colombia es muy relevante y la estamos teniendo como decía a nivel internacional. Se está impulsando desde el más alto nivel: el presidente, la ministra en el marco de este panel de expertos, y esperamos tener algunas de sus recomendaciones para la COP16 y el informe completo para marzo del próximo año, y donde seguramente se indicarán esos cambios estructurales que requerimos. Por otro lado, ya a nivel nacional la discusión que tenemos sobre estos mecanismos innovadores que nos permiten en efecto movilizar los recursos existentes hacia acciones mucho más eficaces y efectivas para detener la pérdida de la biodiversidad pero también generar recursos o redireccionar recursos de otras fuentes”. Discusiones y reflexiones en el camino a la COP16 de biodiversidad En el cierre del seminario, la funcionaria colombiana planteó un tema que ha atravesado varias COPs y sin resolución aún: la discusión sobre el aprovechamiento económico de la Información de Secuencias Digitales (DSI) . Uno de los principales aspectos de la misma es cómo aplicar el concepto de Acceso y Beneficio Compartido (ABS) a la DSI. El Protocolo de Nagoya  (acuerdo suplementario al CDB), establece mecanismos para compartir beneficios derivados del uso de recursos genéticos, pero la DSI plantea desafíos únicos, ya que puede ser fácilmente compartida y utilizada a nivel global a través de plataformas digitales. Al respecto, Bermudez Wilches remarcó que:   “Otras de las discusiones grandes que vamos a tener en la COP16, y que venimos teniendo la desde la anterior, y que además hace parte también de esos mecanismos innovadores que nos deben garantizar que los dueños de los recursos de la biodiversidad puedan aprovechar todos sus derivados en términos de recursos genéticos y de su secuenciación digital. Entonces todos esos mecanismos tendrán que articularse, no es la solución no es uno solo seguramente es la conjunción de varios mecanismos y herramientas pero también pues con un lineamiento global que permita darle una vuelta al sistema financiero como lo decían mis colegas que ese modelo de producción basado en recursos naturales no renovables pase a ser un modelo de producción basado en la revalorización de la biodiversidad”.  Finalizando, Sandra Guzman  (GFLAC) reflexionó sobre la importancia de la discusión interconectada entre la reforma del sistema financiero y las necesidades de financiamiento,  porque: “Esto tiene un impacto para la transformación de valorizar la vida en sus diferentes dimensiones y no verlo solamente desde una perspectiva monetaria, sino desde derechos, desde la justicia. Hay una clara necesidad de generar interconexiones entre la reforma del sistema financiero, comercio, fiscalidad, cambio climático y biodiversidad, asegurando que no trabajemos en silos para evitar que acuerdos en un área tengan impactos negativos en otra. Este financiamiento debe favorecer la vida y cuidar a las poblaciones, logrando acceso y distribución hasta las comunidades locales, Pueblos Indígenas, mujeres, jóvenes, niñas y niños, quienes protegen bosques y ecosistemas. Esto es parte de muchas conversaciones en las que Colombia ha mostrado liderazgo, avanzando en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles y actividades extractivas”.

Por: Janeth Ugalde, Coordinadora de Investigación y Orlando Barbosa, Asociado en Investigación en GFLAC  El reciente evento organizado por el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) brindó un espacio vital para analizar a detalle el panorama del financiamiento climático en Colombia, se destacaron tanto los desafíos como las oportunidades que enfrentan en su transición hacia una economía sostenible. El evento contó con la participación de destacados expertos que compartieron sus análisis y perspectivas.     Sandra Guzmán, fundadora y directora general del GFLAC, estableció el tono del evento con un contundente llamado a la acción frente al cambio climático, respaldado por los alarmantes mensajes e informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). Destacó los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS)  de GFLAC , evidenciando que Colombia ocupa la décima posición entre los 20 países analizados, con una puntuación de 1.6 de 4.0 puntos, con un nivel “MEDIO BAJO” de finanzas sostenibles. Sin embargo, se observó una mejora significativa en la recepción de financiamiento internacional destinado al cambio climático, así como en la generación de financiamiento nacional. La emisión de bonos verdes y sostenibles ha permitido ampliar el espacio fiscal para inversiones en proyectos medioambientales.    El impuesto al carbono y otras políticas públicas han sido fundamentales para crear un entorno favorable para las inversiones sostenibles. Estas políticas no solo han incrementado los recursos disponibles, sino que también han incentivado a las empresas a adoptar prácticas más sostenibles.    Continuando con esta línea crítica,  Carolina Díaz , representando al Departamento Nacional de Planeación de Colombia , ofreció una perspectiva gubernamental sobre el desarrollo sostenible, enfatizando la importancia de la planificación estratégica en la movilización de recursos. Destacó los esfuerzos del gobierno colombiano en la creación de políticas públicas que promuevan la inversión en energías renovables y en la adaptación al cambio climático. “La implementación de un impuesto al carbono ha sido un paso crucial para aumentar la disponibilidad de recursos públicos destinados a la mitigación del cambio climático”, Carolina Díaz (DNP). Estas políticas no solo buscan reducir las emisiones, sino también fomentar el crecimiento económico a través de la creación de empleos verdes, asegurando que las iniciativas climáticas sean sostenibles a largo plazo.    Por su parte , Sebastián Carranza  del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) , subrayó el papel crucial de las políticas y la cooperación internacional. Subrayó la necesidad de incrementar la participación de Colombia en los mercados internacionales de bonos verdes. “Los bonos verdes representan una oportunidad significativa para atraer inversiones extranjeras que apoyen proyectos sostenibles en el país”, Sebastián Carranza (PNUMA). También destacó la importancia de diversificar las fuentes de financiamiento para reducir la dependencia de préstamos que aumentan la deuda nacional. Enfatizando que el financiamiento no solo debe provenir de fuentes internacionales, sino también del sector privado colombiano. Al involucrar a empresas locales en la emisión y compra de bonos verdes, se puede crear un mercado interno robusto que respalde proyectos sostenibles.     Desde la perspectiva del sector privado, Santiago Briceño  de Pooled Fund on International Energy, presentó un análisis crítico sobre la dependencia de Colombia en actividades intensivas en carbono, como la exportación de petróleo. “Aunque los ingresos de estas actividades son considerables, representan un desafío para la sostenibilidad a largo plazo del país", Santiago Briceño, (PIE). Santiago Briceño instó a una transición gradual hacia una economía baja en carbono, sugiriendo políticas que incentiven la inversión en tecnologías limpias y la reforestación . Propuso la implementación de incentivos fiscales para empresas que adopten tecnologías limpias y prácticas sostenibles, así como la creación de alianzas público-privadas para financiar proyectos de reforestación y conservación de ecosistemas  Carolina Useche  de  World Resources Institute en Colombia , presentó un análisis crítico del presupuesto nacional destinado a la mitigación y adaptación climática. Aunque reconoció incrementos en la financiación, señaló que estos aún son insuficientes. Su análisis sugirió que una reevaluación de prioridades presupuestarias es necesaria para enfrentar efectivamente los desafíos climáticos, instando a una mayor asignación de recursos para la protección de la biodiversidad y la resiliencia climática.  Finalmente, Xiomara Acevedo  de Fundación Barranquilla +20 cerró el evento con un llamado a la acción coordinada. Argumentó que la fragmentación de esfuerzos entre actores financieros y gubernamentales diluye el impacto de las inversiones climáticas. Promovió la necesidad de una estrategia integrada que alinee los flujos de financiamiento con los objetivos climáticos nacionales. Sugirió que, solo a través de una colaboración efectiva se podrá asegurar un futuro sostenible para Colombia. Resaltó la importancia de que todas las partes interesadas, desde el sector público hasta el privado y las comunidades locales, trabajen conjuntamente en una visión compartida para el desarrollo sostenible.    El evento concluyó con una perspectiva optimista y un compromiso reafirmado. Los avances logrados hasta ahora en el financiamiento climático de Colombia son un testimonio del potencial del país para liderar en la lucha contra el cambio climático en la región. Sin embargo, queda claro que el camino por recorrer aún es largo y requiere un esfuerzo continuo y coordinado.   También se expresó la urgencia de seguir implementando políticas públicas efectivas que fomenten y posicionen un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático. Además, la diversificación de las fuentes de financiamiento y la creación de un mercado interno robusto de bonos verdes son pasos cruciales. Finalmente, una estrategia integrada y una mayor cooperación entre todos los actores involucrados asegurarán que Colombia no solo cumpla con sus objetivos climáticos, sino que también se convierta en un modelo a seguir en la región.  Agradecemos sinceramente la valiosa contribución de todos las personas participantes e interesadas en este evento. Los invitamos a revivir el evento en nuestras redes sociales y a estar atentos a futuras actividades relacionadas con el tema para participar en las próximas conversaciones.

Por Anaid Velasco, Directora para México y Janeth Ugalde, Coordinadora de Investigación (GFLAC) | Integrantes de la Coalición México Resiliente En días pasados la Coalición México Resiliente   organizó un seminario virtual con el propósito de generar un espacio de reflexión, en un contexto de transición política, en el cual la inminente llegada de la primera mujer presidenta en México, Claudia Sheinbaum , así como la designación de su gabinete, ofrece una plataforma ideal para analizar y planificar acciones concretas que puedan transformar la agenda climática del país.   El objetivo principal del seminario virtual fue evaluar los avances logrados hasta la fecha, identificar los temas pendientes y explorar nuevas oportunidades para el próximo gobierno. A través de dos rondas, personas integrantes de la Coalición México Resiliente abordaron sectores específicos del  Plan de Descarbonización y Resiliencia Climática 2024-2030  entre ellos: el financiamiento climático , las ciudades sostenibles y el medio ambiente , los suelos y la soberanía alimentaria , la transición energética justa y los derechos de las personas defensoras del medioambiente y del territorio .    Financiamiento climático Sandra Guzmán, fundadora y directora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe , destacó avances importantes en los último seis años, como la Estrategia de Financiamiento Sostenible, la creación de una Taxonomía Sostenible por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el aumento en la emisión de bonos sostenibles, que han ampliado el espacio fiscal para invertir en sostenibilidad. Estos esfuerzos han sido cruciales para orientar las inversiones hacia la sostenibilidad y mejorar la asignación tanto del sector público como privado.   Sin embargo, Sandra Guzmán, también subrayó el reto persistente de desacoplar las finanzas públicas de los combustibles fósiles para lograr una verdadera transición hacia un desarrollo sostenible. La redirección de las inversiones hacia la conservación, adaptación y transición energética sostenible es una de las formas en las que se puede llevar a cabo este desacoplamiento.   Ciudades sostenibles y medio ambiente Por su parte, Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica , resaltó el papel crucial que desempeñan figuras como Alicia Bárcena y Edna Vega en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano (SEDATU), respectivamente. Mónica Tapia señaló que estos nombramientos son una oportunidad para crear nuevas normativas que aseguren la inversión pública transversal en términos de sostenibilidad.  Igualmente, Mónica Tapia, subrayó la importancia de g estionar adecuadamente el ordenamiento territorial, promover la movilidad sustentable y mejorar la gestión del agua en las ciudades . Enfatizó que las políticas urbanas deben ser inclusivas y sostenibles, abordando no solo las necesidades inmediatas de infraestructura, sino también la protección a largo plazo de los recursos naturales y la mejora de la calidad de vida en las ciudades.   Suelos y soberanía alimentaria Paco Ayala, director y fundador del Huerto Roma Verde , hizo énfasis en la seguridad alimentaria como un tema de seguridad nacional. Ayala abogó por una transición hacia modelos de agricultura sostenible mediante técnicas agroecológicas y la producción de biofertilizantes. Este enfoque no solo protegerá el suelo y el medioambiente, sino que también reducirá la dependencia de México de las importaciones de alimentos.   De igual modo, destacó la importancia del apoyo financiero y técnico para los campesinos , asegurando que tengan los recursos necesarios para adoptar prácticas sostenibles. Lo que, no solo garantizaría la seguridad alimentaria, sino que también contribuiría a la conservación del suelo y la biodiversidad.   Transición energética justa Rafael Fonseca, coordinador de proyectos en el Programa de Política Climática de Iniciativa Climática de México , abordó la transición energética justa y destacó la oportunidad que tiene México para ser líder en energías renovables, aprovechando su potencial en energía solar y eólica. No obstante, señaló que esta transición debe ser inclusiva y considerar los impactos sociales y económicos. Subrayó que, la política energética debe enfocarse en reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover inversiones en tecnologías limpias y sostenibles. Aunado a que, es vital que estas inversiones sean accesibles y beneficien a todas las comunidades, asegurando que la transición energética sea justa.   Personas defensoras del medio ambiente Finalmente, Alicia Cortés, Coordinadora del Observatorio Mexicano de Política en Cambio Climático, REACCIONA A.C , reflexionó en torno a los derechos de las personas defensoras del medioambiente que enfrentan amenazas y violencia debido a su labor. Alicia Cortés abogó por una mayor protección legal y apoyo institucional para las personas defensoras, asegurando que sus derechos sean respetados y que puedan continuar con su labor vital sin miedo a represalias.   Conclusiones finales: pendientes y oportunidades El seminario fue un espacio de reflexión y propuestas constructivas para abordar los retos climáticos y ambientales de México.  Se reconoció la continuidad, la experiencia y los perfiles técnicos de las personas que integran el gabinete, no obstante, se resaltó la importancia de generar las condiciones de gobernanza y el espacio suficiente para saber escuchar las voces disidentes en los procesos de elaboración e implementación de la política climática nacional.   Sobre la Coalición México Resiliente Conformada por 40 organizaciones y personas comprometidas. Se basa en la creencia de que todos tenemos la responsabilidad de marcar una diferencia en nuestra comunidad.  Con una variedad de proyectos y una red de voluntarios, aprovechamos nuestras habilidades y recursos para trabajar por la descarbonización y la resiliencia en donde vivimos. Desde que comenzamos en el año 2022, nos enorgullece ser testigos de cómo la red de personas y organizaciones interesadas en un futuro digno crece y se fortalece.

Por:   María Mercedes Zurita Alvarado, miembro activo del Hub de Bolivia  / Marcos Luis Luján Pérez / Bernardo Xavier Fernández Tellería  Introducción  La sostenibilidad de los proyectos hidroeléctricos, especialmente en zonas tropicales, genera dudas entre los inversores de bonos verdes debido a preocupaciones sobre su impacto ambiental y las posibles emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) , como el metano en embalses. Para abordar estas inquietudes, la Agencia Internacional de Hidroeléctricas (IHA) ha establecido criterios y herramientas que aseguran la calificación adecuada de los proyectos hidroeléctricos en el ámbito de los bonos verdes. Asimismo, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) ha desarrollado los Principios de los Bonos Verdes (GBP) , que promueven la transparencia y la divulgación de información para un desarrollo integral de este mercado. La Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI) también ha introducido criterios de elegibilidad específicos para el sector hidroeléctrico, facilitando el acceso a la certificación de bonos verdes.   En este contexto, Bolivia, con una matriz energética predominantemente termoeléctrica (71,03%), busca estratégicamente aprovechar su potencial hidro-energético para avanzar hacia la descarbonización y una matriz más sostenible (Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, 2021). Los proyectos hidroeléctricos en Bolivia han recibido financiamiento de diversas fuentes, incluidos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), así como recursos locales. Sin embargo, el acceso a bonos verdes puede ser crucial para impulsar la transición energética del país, siempre y cuando estos proyectos cumplan con los criterios de sostenibilidad definidos por entidades como la IHA, ICMA y CBI. Este artículo explora cómo Bolivia puede alinearse con estos estándares internacionales para optimizar el financiamiento verde y avanzar hacia una matriz energética sostenible de embalses hidroeléctricos.   La generación de gases de efecto invernadero (GEI) en embalses hidroeléctricos proviene principalmente de la descomposición de la materia orgánica inundada, incluyendo vegetación y carbono orgánico del suelo. Estos embalses emiten una fracción de GEI a la atmósfera, otra se acumula en sedimentos y el resto puede transportarse aguas abajo. La compleja dinámica de emisiones está influenciada por factores como la ubicación del embalse, clima, temperatura, altitud, paisaje, uso de suelo, cantidad de carbono orgánico y otros aspectos estructurales y ambientales (Abril et al., 2005; Barros et al., 2011).  Dado que las emisiones totales de GEI están directamente relacionadas con el área inundada, la capacidad de generación eléctrica por unidad de área inundada, conocida como densidad de potencia, se vuelve un factor crucial para la intensidad de carbono. La densidad de potencia se expresa en vatios por metro cuadrado (W/m2), mientras que la intensidad de carbono se mide en gramos de CO2eq por kilovatio-hora (g CO2eq/ kWh). Proyectos con bajas emisiones de GEI pueden tener altas intensidades de carbono si generan poca electricidad por unidad de área inundada (baja densidad de potencia) (Almeida et al ., 2019).  Análisis de criterios para acceder a un bono verde  Análisis de los principios de los bonos verdes del ICMA y criterios de elegibilidad de un proyecto hidroeléctrico del CBI  Los proyectos hidroeléctricos deben adherirse a los Principios de Bonos Verdes (GBP) del ICMA, que abarcan el uso de fondos, la selección de proyectos, la gestión de fondos y el reporte. Estos principios del ICMA proporcionan una guía voluntaria para garantizar el desarrollo integral de emisiones de bonos verdes.  Además, los criterios específicos del Climate Bonds Initiative (CBI) para el sector hidroeléctrico buscan maximizar las emisiones de bonos con impactos ambientales y sociales verificables. Estos criterios se dividen en dos componentes: mitigación, evaluando la huella de carbono, y adaptación y resiliencia, evaluando la capacidad de adaptación al cambio climático y su impacto en las comunidades afectadas.  Para las instalaciones hidroeléctricas, los criterios incluyen densidad de potencia y emisiones de GEI. Las instalaciones en operación antes de 2020 deben cumplir con una densidad de potencia superior a 5 W/m2 y emisiones menores a 100 gCO2eq /kWh, mientras que las que operan después de 2020 deben tener una densidad superior a 10 W/m2 y emisiones menores a 50 gCO2eq/kWh (Climate Bonds Initiative (CBI), 2021c).  En cuanto a adaptación y resiliencia, se exige una evaluación ESG GAP verificada por un revisor externo acreditado. Se permiten hasta 10 brechas significativas, con el compromiso de cerrar la mayoría dentro de 12 meses y todas dentro de 24 meses. Además, los emisores deben informar al verificador el cumplimiento de cada criterio y seguir requisitos generales de presentación de informes establecidos por el CBI.  Marco de endeudamiento nacional para empresas públicas  Las pautas para la emisión de títulos valor en mercados de capital externos en el ámbito del endeudamiento público están regidas por los numerales 8 y 10 del parágrafo I de los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado. En consonancia, la Ley de Normas Básicas del Crédito Público N° 1178 establece criterios específicos para el inicio de operaciones de crédito público, incluyendo la capacidad económica y estado patrimonial de las entidades del sector público. Los límites de endeudamiento están definidos, limitando el servicio de la gestión corriente al 20% de los ingresos corrientes recurrentes del periodo anterior, y la deuda total al 200% de los ingresos corrientes. La tasa de actualización será fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sin exceder la tasa LIBOR 6 meses promedio del año anterior.  Por otro lado, la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado N° 1103 de 25 de septiembre de 2018 establece requisitos previos para endeudamientos internos y externos de empresas públicas, exigiendo la demostración de un flujo de caja futuro positivo y la generación de indicadores favorables de liquidez y endeudamiento. Se exceptúa a las empresas públicas del cumplimiento de ciertos artículos de la Ley 2042 de 1999, debiendo ajustarse a los criterios establecidos en el mismo marco legal.  Bolsa Boliviana de Valores  La Circular N°749/2022 y normativa conexa establecen definiciones y procesos para el registro y autorización de bonos temáticos, detallando los lineamientos para la documentación a presentar ante la ASFI. El artículo 6 destaca la necesidad de revisión previa por un externo al solicitar autorización, mientras el artículo 7 exige la publicación anual de la revisión posterior realizada por una entidad inscrita. Además, el artículo 9 señala que incumplir con los principios establecidos implica perder la condición de emisión de bonos verdes, con las sanciones correspondientes.  En el capítulo III del anexo 1 de la circular, se detallan los "Principios de los bonos verdes". La documentación del prospecto debe exponer enunciativamente los principios, como el uso de  fondos para proyectos ambientales y sociales, la selección y evaluación de proyectos destinados a energías renovables y conservación de la biodiversidad, la administración de fondos en una cuenta exclusiva, y la presentación anual de revisiones actualizadas sobre el uso de los recursos, según la periodicidad establecida por la ASFI.    Conclusiones  Los proyectos hidroeléctricos deben alinearse a los cuatro componentes de los “Principios de los bonos verdes” (GBP). Asimismo, deben cumplir con los criterios de mitigación, lo que implica tener una densidad energética mayor a 5 W m-2 y la intensidad de emisiones de GEI menor a 100 gCO2eq kWh-1 para proyectos antes del año 2020. En cambio, los proyectos hidroeléctricos ejecutados después del año 2020 deben cumplir con una densidad energética mayor a 10 Wm-2 e intensidades de emisiones de GEI menores que 50 g CO2eq kWh-1.  Además, las empresas públicas deben cumplir con el marco normativo de endeudamiento. En la ley N° 1103 se dispone que las empresas públicas deben demostrar que su flujo de caja futuro es positivo y generar indicadores de liquidez y endeudamiento favorables. Asimismo, para acceder a los bonos verdes se debe cumplir con todo el proceso indicado en la Circular N° 749/2022 de modificaciones al “Reglamento del registro del mercado de valores” desarrollado por la ASFI.    Referencias  1. Abril, G., Guérin, F., Richard, S., Delmas, R., Galy-Lacaux, C., Gosse, P., Tremblay, A., Varfalvy, L., Aurelio, M., Santos, D. y Matvienko, B. (2005). 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