Autor : Percy Luis García  El quinto día de la 6ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025  estuvo lleno de entusiasmo, reflexiones, sugerencias, experiencias y un llamado a actuar de manera más contundente para preservar los ecosistemas amazónicos para las futuras generaciones, con una fuerte crítica a las actividades extractivas y haciendo énfasis en que el financiamiento climático debe tener una mirada de justicia y de género. La primera sesión, denominada " Mujeres amazónicas por las finanzas sostenibles: una visión con perspectiva de género " , comenzó con una reflexión por parte de Valezka Ruiz, moderadora, sobre el papel que Oxfam realiza en diversos países de América Latina, orientado a encontrar soluciones a los problemas que enfrentan todas las personas del territorio amazónico. Luego se planteó a todos los panelistas la pregunta: “¿Por qué es importante proteger los ecosistemas como el amazónico cuando hablamos de un sistema financiero justo, sostenible e inclusivo desde una perspectiva de género?” Belén Páez, de la Fundación Pachamama de Ecuador, hizo mención a la economía regenerativa, vinculada con una economía para la vida. Señaló que el concepto de género no es solo una cuestión de equidad, sino también ecológica, y destacó la necesidad de pasar de sistemas extractivos a sistemas vivos. Juana Demarchi, del Fondo de Mujeres del Sur de Argentina, comentó cómo el cambio climático afecta a las comunidades a través de sequías, inundaciones y escasez de alimentos, y destacó el apoyo que brindan a mujeres de la Amazonía, señalando que muchas veces llega con condicionamientos. Por su parte, Lorena Terrazas de PAZINOE Bolivia resaltó la importancia de promover propuestas específicas para que las mujeres accedan a fondos climáticos. A la pregunta “¿Qué mecanismos financieros permiten que las mujeres amazónicas tengan incidencia en políticas públicas?” , las panelistas coincidieron en que los mecanismos deben organizarse por biorregiones que reconozcan la diversidad de formas de vida y deben ser reconocidos como inversiones para la vida. También señalaron que las mujeres necesitan recursos para sostener lo que ya hacen y crear alternativas de vida, que los financiamientos sean flexibles y a largo plazo, y que se tenga en cuenta la fragilidad de quienes viven cerca de lugares donde el extractivismo está presente como actividad económica. Finalmente, Fany Kuiru de COICA, Colombia, comentó que las mujeres indígenas son restauradoras genuinas de los territorios y actoras claves en la gobernanza climática, y que ese rol debe ser reconocido. Solicitaron financiamientos sostenibles en el tiempo y la importancia de sostener la microeconomía local para que la economía circule, destacando la necesidad de fortalecer a las mujeres en temas financieros con acompañamiento permanente. En la sesión 2, sobre Pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales: conocimientos, derechos y gobernanza de bienes comunes , Isabel Iturralde, moderadora, contextualizó la estrategia biocultural implementada en la Amazonía ecuatoriana, que aporta a la ejecución de compromisos globales del proyecto. Joel Koupermann, representante de la Fundación Pachamama, mencionó que la estrategia biocultural es liderada por las propias comunidades, quienes deciden cómo gestionar sus recursos pensando en futuras generaciones, destacando la necesidad de desarrollar capacidades en tecnologías y sistemas financieros. Verónica Tentets, Coordinadora Territorial de la estrategia biocultural, mencionó los conocimientos ancestrales que permiten vivir en la Amazonía, así como la transmisión de tecnología a los jóvenes en sus propios idiomas. Gisel Booman destacó la importancia del blockchain para una gestión transparente y trazable de las finanzas climáticas. Los panelistas enfatizaron que los efectos del cambio climático son visibles día a día en la Amazonía y resaltaron la importancia de la hermandad y el liderazgo comunitario. También subrayaron la necesidad del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades para acceder a financiamiento climático, y destacaron la relevancia de proyectos bioculturales para que los niños no pierdan las costumbres y la cultura de sus antepasados. Asimismo, hicieron notar que si la población de la Amazonía no está sana, el hábitat tampoco lo estará. Finalmente, recalcaron la importancia de proteger los datos territoriales de la Amazonía para el beneficio de las comunidades, reconocieron el capital natural no valorizado hasta ahora y hicieron un llamado a la COP30 para visibilizar el mundo indígena, enfatizando que los recursos financieros climáticos no deben generar deudas. La sesión 3 estuvo dedicada a los jóvenes, bajo el título “Bioeconomía y nuevos imaginarios de futuro” , espacio donde se describió cómo las juventudes del continente impulsan cambios desde sus comunidades, construyendo nuevos imaginarios y prácticas económicas centradas en la regeneración y la vida. Verónica Montenegro, moderadora, preguntó: “¿Cuáles son las propuestas que las juventudes, en especial las mujeres jóvenes, tienen para cambiar el rumbo hacia sistemas más justos e inclusivos?” Mayrelis Moya, del Pueblo Warao (Venezuela), señaló que las mujeres tienen gran responsabilidad con su entorno, comunidad y territorio, mencionó la relación especial con el árbol moriche, considerado fuente de vida y base de economía local, y recordó que no hay justicia ambiental sin justicia social y equidad económica. Adela Tuy, de Guatemala, destacó que la COP30 se centrará en adaptación y representa oportunidades para visibilizar demandas y perspectivas jóvenes, mencionando la limitante de idioma en eventos internacionales. Mariana Campos, de México, señaló que iniciativas locales pueden tener impacto global, citando un caso llevado a la Corte Internacional sobre responsabilidad de gobiernos locales. Luz Yenid Espinoza, de Colombia, recalcó la importancia de que los jóvenes se organicen en red para participar en eventos de incidencia política. Mayrelis Moya también destacó que el diálogo entre saberes ancestrales y propuestas de bioeconomía juvenil es esencial para un futuro sostenible, insistiendo en que las propuestas territoriales deben respetarse con equidad y comprensión mutua. Mariana Campos reiteró que la incidencia política de la sociedad civil es posible mediante la organización de eventos que involucren gobierno y comunidad internacional. Adela Tuy señaló que es posible crear nuevas formas de economía usando productos ancestrales, y Luz Yenid Espinoza enfatizó el relevo generacional que garantice la economía de mujeres indígenas y afrodescendientes. Sesión de cierre: Construyendo el futuro sostenible — Reconocimiento a mujeres líderes GFLAC reconoció a cinco mujeres de América Latina que lideran avances en financiamiento sostenible a favor de mujeres indígenas y juventudes. Luz Andina (GFLAC) dio paso a Sandra Guzmán, fundadora y directora de la organización, quien anunció los reconocimientos: Belén Páez — Fundación Pachamama (Ecuador), Mariuz Calvet — Directora de Sostenibilidad de Santander (México), Carol Riofrío — Women in Finance (Ecuador), Tatiana Assali — Programas Nint (Brasil), Luisa Montes — Ecovalores (México) El evento concluyó con un reconocimiento a panelistas, aliados y voluntariado por su compromiso en la organización . f En resumen, el quinto día de la 6ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025  evidenció que la Amazonía es el corazón de la resiliencia planetaria y que las mujeres indígenas desempeñan un rol protagónico en su defensa. Se abogó por mecanismos financieros flexibles que reconozcan la diversidad biocultural y promuevan economías para la vida. Las juventudes presentaron propuestas transformadoras basadas en innovación con identidad. Se destacó la importancia del consentimiento comunitario, la protección de datos territoriales y el fortalecimiento de capacidades financieras. El evento visibilizó barreras estructurales pero también oportunidades como la COP30 y reconoció el liderazgo de mujeres que abren caminos hacia finanzas más justas, sostenibles e inclusivas en América Latina. Les invitamos a revivir este día en el siguiente enlace:

Por: Julissa García Durante décadas, el concepto de “progreso” se ha medido con indicadores que ignoran la desigualdad, las raíces culturales y la destrucción ambiental que deja a su paso. Pero en este penúltimo día de la 6ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025, organizada por el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), esa idea fue desafiada. El cuarto día inició con la sesión "Repensando el desarrollo desde el Sur Global" , donde Lala Peñaranda, coordinadora regional de Trade Unions for Energy Democracy (TUED), hizo una crítica contundente hacia la infraestructura económica actual, la cual fue diseñada desde el colonialismo y el neoliberalismo. Como evidencia, señaló que más del 80 % de las grandes empresas energéticas en América Latina se encuentran en manos privadas y extranjeras. Desde esta perspectiva, Peñaranda destacó la necesidad urgente de recuperar la propiedad pública de los recursos, dejar de tratarlos como mercancías y democratizar su gestión. Su propuesta busca integrar la justicia económica, ambiental y social, vinculándola directamente con la soberanía de los pueblos originarios sobre sus territorios. Esta perspectiva se vio profundizada por otras voces fundamentales. En particular, el líder maya Francisco Rocacal aportó al debate una dimensión cultural indispensable, al señalar que todo desarrollo auténtico debe cimentarse en una "economía plural de interés público y social que respete la cosmovisión de los pueblos" . Desde su perspectiva, este camino conduce hacia una economía comunitaria, descolonizada y despatriarcalizada, donde la filosofía del "buen vivir" desplaza definitivamente la obsesión por un crecimiento sin límites. Desde el ámbito de la economía, Mariana Matamoros, Coordinadora en Dejusticial, complementó esta visión con una propuesta concreta. Ella abogó por reformar el sistema de contabilidad económica para que, además de los aspectos financieros, incluya el valor de la naturaleza y el bienestar real de las personas. Según explicó, este cambio es fundamental porque permitiría dejar atrás el uso del PIB como única medida del progreso y, al mismo tiempo, alinear de manera más efectiva la acción climática con la justicia social y la salud de las comunidades. La segunda sesión, titulada “Trazando rutas de financiamiento hacia nuevas formas de desarrollo: las NDCs como una oportunidad” , exploró el potencial de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) como instrumentos que trascienden lo climático para convertirse en herramientas de desarrollo. Andrea Hurtado, Directora de Cambio Climático de SEMARNAT, lo resumió claramente al afirmar que "la NDC no es un plan climático, es una hoja de ruta para un mejor desarrollo" . Durante su intervención, recalcó la necesidad de transformar estos compromisos en carteras de proyectos tangibles y participativos, que involucren a todos los sectores y prioricen las soluciones basadas en la naturaleza. Desde Colombia, Claudia Merchán, del Departamento Nacional de Planeación, añadió que es urgente dirigir las NDC hacia alternativas productivas que promuevan tanto la transición justa como la biodiversidad. Subrayó que la coherencia entre las políticas de desarrollo y climáticas resulta indispensable para evitar que los esfuerzos se queden en declaraciones sin acciones concretas. Por su parte, Abdiel Douglas, del Ministerio de Ambiente de Panamá, hizo hincapié en que las NDC deben diseñarse con transparencia, metas medibles y sostenibilidad financiera, considerando que los fondos climáticos disponibles siguen siendo limitados y altamente competitivos. Por lo tanto, las NDC pueden actuar como puentes entre las demandas locales y el financiamiento internacional, siempre que se fundamenten en una visión de desarrollo territorial, inclusivo y de largo alcance. En la tercera sesión, titulada “Trazando el futuro de la bioeconomía en Brasil: camino a la COP30” , se mostró la bioeconomía como un campo de experimentación prometedor, entendida como una forma de valorar los recursos naturales más allá del simple extractivismo. Con la mira puesta en la COP30, se aspira a liderar soluciones basadas en la naturaleza, utilizando la vasta biodiversidad como base para un modelo económico regenerativo. En la sesión se remarcó que la bioeconomía no debe reducirse a un eslogan atractivo, sino que requiere políticas públicas bien estructuradas que fomenten la investigación, innovación e integración social, en particular de las comunidades amazónicas y rurales. La Fundación Pervivir de Colombia cerró el cuarto día de la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible con la ponencia “Proyecto transformador: Fundación Pervivir-Colombia” , en la cual presentaron su modelo de desarrollo regenerativo, un enfoque que sitúa a la tierra, la cultura y la comunidad en el centro de la actividad económica. A través de su trabajo en soberanía alimentaria, bienestar colectivo y restauración de paisajes, demuestran que es posible construir sistemas sostenibles sin perder la identidad ni afectar el equilibrio ambiental. El concepto de "pervivir" guía su propuesta, definido como "saber ser y estar siendo sin dejar de ser como somos a través del tiempo" . Esta filosofía refleja la esencia del Sur Global: la capacidad de resistir, adaptarse y transformarse desde las raíces, sin renunciar a la identidad. En esta era de crisis planetaria, repensar el desarrollo desde la perspectiva del Sur Global ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad urgente y un acto de justicia histórica. Para que la transición sea verdaderamente justa, es fundamental reconocer la deuda climática acumulada y construir procesos de toma de decisiones horizontales y descentralizados. Estos deben trascender los centros tradicionales de poder para incluir de manera interseccional a las periferias, garantizando que las voces y los saberes de los pueblos originarios sean escuchados y tengan un papel protagónico. Solo así podremos construir un futuro donde el vivir y el permanecer signifiquen, al mismo tiempo, regenerar. Les invitamos a revivir este día en el siguiente enlace:

Por Ana Paola González Lara y Claudia Zambrano. La crisis climática no es entendida como una prioridad global lo suficiente como para movilizar los recursos públicos en un espacio fiscal ya tensionado, y transformarlos en políticas fiscales con metas de sostenibilidad que impulsen el crecimiento y la resiliencia, tanto económica como humana, y que concluyan con eficiencia en el gasto. Con este fuerte mensaje, Nathalie Beghin arrancó el tercer día de la 6ta Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025, organizada por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) y organizaciones aliadas. Empezando con la Sesión 1: Ampliación del espacio fiscal para invertir en la vida y en la naturaleza , se abordó la coordinación regional e internacional en materia fiscal, con énfasis en la necesidad de establecer reglas que prevengan el abuso y el desperdicio de recursos públicos. Asimismo, se resaltó la integración de objetivos climáticos al diseñar la política fiscal por los ministerios de Hacienda (o ministerios de Economía, en algunos países de la región), dado la posición privilegiada de este tipo de instituciones dentro de los gobiernos correspondientes. Se tomó como eje rector la conexión entre la ampliación del espacio fiscal y el gasto. Como señala Daniela Torres Peláez con información desde el BID (Banco Iberoamericano de Desarrollo): “por cada dólar ahorrado en infraestructura resiliente se obtienen 4 dólares de beneficios netos”. Otro punto a resaltar es la importancia de reconocer la interconexión de la biodiversidad con la crisis climática y la estabilidad macroeconómica, ya que la pérdida de biodiversidad asegura una caída del 3,3 % del PIB regional. Se mencionó el papel de la convención fiscal como una herramienta de movilización y como un espacio de articulación del Sur Global frente a los desafíos de justicia fiscal. Finalmente, se retomó el debate sobre los impuestos al carbono, señalando que su recaudación no siempre se reinvierte en acciones climáticas, y que estos instrumentos, por sí solos, no bastan sin una transformación profunda del modelo de producción y consumo. Durante la Sesión 2: Incrementando la cantidad y la calidad del financiamiento para la protección del clima y la biodiversidad , los ponentes destacaron la importancia de identificar y promover proyectos “bancables”, es decir, iniciativas que no solo sean financieramente viables, sino también significativas para la población y que contribuyan a concientizar sobre la urgencia del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Se subrayó el rol de los fondos verdes, como los de la CAF, en brindar reconocimiento y visibilidad a proyectos ambientales que fortalecen las cadenas de valor sostenibles, por ejemplo, aquellos orientados a la protección de manglares. De manera similar a lo enfatizado en sesiones anteriores, se resaltó la necesidad de trabajar a nivel subnacional, donde los gobiernos locales están más cerca de las comunidades, de las mujeres y de las verdaderas necesidades territoriales. Así, la participación ciudadana es un eje central en el financiamiento sostenible, para incentivar la toma de acciones climáticas. Al respecto, en la sesión se planteó fortalecer la red de biodiversidades y crear nuevos instrumentos financieros que faciliten la participación local. También se enfatizó que el lenguaje y la medición del impacto son elementos fundamentales en el proceso de los bancos de desarrollo, que avanzan en la incorporación del riesgo climático como riesgo financiero. A largo plazo, el riesgo climático puede generar un impacto negativo mayor en la bancabilidad de los proyectos sostenibles. Finalmente, se discutió cómo acelerar la ejecución de proyectos que aún no son bancables, reduciendo la exposición al riesgo y construyendo confianza para atraer más inversión hacia la acción climática y la conservación de la biodiversidad. Sobre este punto, y como se explicó en otras sesiones, es importante mencionar que la reducción del riesgo puede ir de la mano no solo con la participación de entidades privadas, sino especialmente con el involucramiento de las entidades públicas. En la Sesión 3: Transitando el financiamiento a través de las taxonomías sostenibles , se discutió una de las herramientas más importantes para identificar, medir y supervisar proyectos de sostenibilidad: la implementación y aprobación de taxonomías. Los expositores destacaron que la transparencia y los datos abiertos son la base para una acción climática efectiva, así como la creación de una red coordinada de datos, con metodologías y lenguaje comunes, que contribuya a democratizar el conocimiento y fortalecer la toma de decisiones en materia de sostenibilidad. A través del Observatorio de Taxonomías de América Latina y el Caribe , se presentó un mapa global y regional de taxonomías sostenibles, que identifica los procesos en desarrollo, en planeación y los casos abandonados, con un enfoque regional que busca cerrar brechas de información y vincular los sectores económicos involucrados. Estas taxonomías en progreso se adaptan a las necesidades de cada país, manteniendo al mismo tiempo un marco global comparable, basado en los principios de inclusión social, transición justa y protección de la biodiversidad, para alinear las finanzas con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible. En América Latina, las taxonomías aún se encuentran en una etapa temprana, lo que limita la medición de su impacto. No obstante, como señaló Davide Fiedler, Líder del Consejo Consultivo de Finanzas Sostenibles de Guatemala – CCFS , el caso de Guatemala muestra avances en la creación de un lenguaje común y criterios compartidos, que podrían convertirse en la base de un sistema coherente de captación y movilización de actores del mercado, ofreciendo herramientas técnicas y acceso simplificado al financiamiento verde. Finalmente, se destacó la verificación de la información como un elemento esencial. Este proceso debe comenzar con una comunicación clara sobre su uso, la aplicación de marcos de referencia técnicos y la alineación con taxonomías o criterios que eviten daños significativos, garantizando salvaguardas sociales y facilitando el seguimiento y la trazabilidad de las inversiones sostenibles. Te invitamos a revivir esta encuentro completo en Youtube:

Autoras: Ana Paola González Lara y Claudia Zambrano Tras un exitoso primer día de la 6ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025, organizada por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), continuamos las discusiones sobre modelos económicos que pongan en el centro a la naturaleza y a las personas.Como punto focal de la jornada se planteó la inversión financiera en proyectos por la naturaleza, no como un costo, sino como una visión de futuro. El objetivo es asegurar la acción climática y brindar certidumbre, claridad y viabilidad económica a los inversores privados, sin olvidar el valor del capital natural. En la Sesión 1: “Transitando hacia economías basadas en la protección de la naturaleza” , se estableció que son necesarias las soluciones basadas en la naturaleza. No obstante, los limitados recursos fiscales y la falta de planificación sectorial de los gobiernos dificultan el financiamiento de tales iniciativas.Santiago Lorenzo, de la Unidad de Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos (CEPAL), indicó la necesidad de invertir al menos el 5% del PIB regional para financiar mecanismos de adaptación climática. Sin embargo, señaló que esto no sucede debido a la desigual distribución del ingreso en los países del Sur Global —a diferencia de la región asiática, donde destinar dichos recursos no resulta alarmante ni imposible—. Una temática central fue el tránsito hacia economías basadas en la naturaleza, con ejes en regeneración, restauración y transformación desde los territorios y las sabidurías ancestrales. Estas deben ser medibles mediante indicadores de protección de la biodiversidad y acompañarse con la generación de capacidades para la soberanía de los datos, que a su vez protejan, catalicen inversiones y estandaricen herramientas con esfuerzos nacionales. Esto permitiría orientar el financiamiento hacia la gestión del conocimiento y alinear las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de cada país con metodologías y experiencias territoriales propias y funcionales. Alineado con la ruta hacia la próxima COP30, la agenda urgente debe centrarse en el fortalecimiento de la gobernanza climática para cumplir las NDC y articularlas con otros instrumentos que orienten y prioricen los esfuerzos del sector financiero y de los sectores de adaptación, mitigación y conservación. Por otro lado, una de las conclusiones principales de la Sesión 2: “Conectando el financiamiento global con las necesidades locales”  fue que los instrumentos y mecanismos financieros para apoyar la sostenibilidad y la acción climática ya existen. Sin embargo, aún es necesario avanzar en varios aspectos para que el financiamiento se traduzca efectivamente en resultados tangibles a nivel comunitario. En primer lugar, persiste la falta de decisión y voluntad política para intervenir en el sistema financiero y redireccionar los flujos y recursos existentes hacia proyectos que impulsen la acción climática. El financiamiento público juega un papel clave, ya que permite priorizar las necesidades de las comunidades por encima de la rentabilidad inmediata de los proyectos.En segundo lugar, se destacó la importancia de fortalecer la participación de la sociedad civil en la implementación de fondos y recursos, de modo que estos lleguen directamente a las comunidades que más los necesitan. El acceso directo al financiamiento se convierte así en un elemento esencial para cerrar brechas y garantizar que los recursos respondan realmente a las necesidades locales. La discusión de esta sesión subrayó que el desafío no radica tanto en movilizar nuevos recursos, sino en reorientar los existentes —particularmente aquellos destinados a actividades extractivas— hacia iniciativas sostenibles. Finalmente, se enfatizó que el enfoque debe centrarse en mejorar la calidad más que la cantidad del financiamiento, promoviendo condiciones de acceso más equitativas, requisitos proporcionales y plazos adecuados. Así, el reto actual no es la falta de mecanismos, sino su efectiva implementación y la creación de puentes reales entre el financiamiento internacional y las necesidades locales. Revive el día 2 de la #SFC2025 En la Sesión 3 , dedicada a explorar la relación entre la deuda externa y la justicia financiera, se destacó una reflexión central de Daniela Vilar , ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, quien planteó que la deuda externa y la deuda climática son dos caras de una misma moneda . Su intervención evidenció que los países más endeudados —en su mayoría pertenecientes al Sur Global— enfrentan mayores restricciones internas para financiar la adaptación climática, a pesar de ser los que menos han contribuido al calentamiento global y los que más apoyo financiero necesitan para transitar hacia modelos sostenibles. Asimismo, el panel coincidió en que las deudas insostenibles limitan el desarrollo y profundizan las crisis sociales y ambientales, ya que muchos gobiernos se ven obligados a destinar más recursos al pago de intereses de la deuda soberana que a la inversión en servicios públicos y en la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Una de las discusiones más potentes giró en torno al involucramiento de la ciudadanía en la gestión y supervisión de la deuda. Alicia Isabel Maldonado Félix , de DeudaXClima , enfatizó la necesidad de auditar integralmente las deudas públicas —tanto a nivel nacional como internacional— para investigar sus orígenes y legitimidad. Si se demuestra que las deudas fueron adquiridas por motivos ajenos al bienestar de la población, no deberían ser asumidas por esta, en nombre de la justicia social y la soberanía económica. En esta línea, se propuso avanzar hacia auditorías ciudadanas y procesos de reestructuración transparentes, con participación activa de la sociedad civil, de modo que las decisiones sobre endeudamiento no continúen siendo un instrumento de condicionamiento geopolítico.En conjunto, la sesión permitió reafirmar que la crisis climática y la crisis de deuda están profundamente interconectadas, y que avanzar hacia una justicia financiera real requiere no solo reformas estructurales en el sistema internacional, sino también una ciudadanía activa, informada y con poder de decisión sobre el destino de los recursos públicos.

Cada vez es más claro el rol del cambio climático en la redefinición de las condiciones necesarias para el desarrollo. Esto es especialmente cierto en Latinoamérica y el Caribe, donde enfrentamos el desafío de transformar nuestros flujos de capital en otros que reconozcan el valor de la naturaleza, así como nuestras metas climáticas y de sostenibilidad. El primer día de la 6ta Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2025, organizada por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), se analizaron los flujos de financiamiento climático, las brechas en el acceso a este y la necesidad de construir una arquitectura financiera que ponga en el centro la naturaleza y el bienestar de la población. La jornada comenzó con la sesión de inauguración, moderada por Sandra Guzmán , fundadora y directora del GFLAC, donde se abordaron los caminos hacia una economía inclusiva y sostenible basada en la protección de la naturaleza. Dentro de esta primera sesión se enfatizó el papel de Latinoamérica en el escenario de la COP30, no solo por ser la primera en realizarse en la Amazonía y por tener un papel protagónico en la región, sino también por la necesidad de pasar de la implementación de compromisos a la acción. Otros puntos a destacar en este sentido son la urgencia de valorar los activos naturales. Según Gonzalo Canseco (Director, Investigación y Desarrollo, Onepoint5) las especies “se están desvaneciendo ante nosotros” y es necesario diseñar instrumentos financieros e incentivos públicos que aseguren que los beneficios de la conservación lleguen a quienes habitan y cuidan los territorios. Por su parte, Fany Kuiru Castro, coordinadora de COICA, hizo un llamado a alejarnos del extractivismo, incluso al considerar modelos de “economía basada en la naturaleza”. Latinoamérica es una región rica en recursos naturales, pero sigue atrapada en mecanismos financieros injustos y de endeudamiento que afectan el desarrollo. Ya en la segunda sesión se presentaron los hallazgos preliminares del informe del Índice de Finanzas Sostenibles 2025, presentado por el GFLAC. Los resultados ofrecen un panorama revelador sobre el avance y las limitaciones del financiamiento climático en América Latina y el Caribe. Tres hallazgos del informe llaman la atención: los recursos destinados a la acción climática y la biodiversidad han aumentado, pero siguen siendo insuficientes; el financiamiento en mitigación es mayor al de adaptación; y el acceso a los fondos internacionales también es desigual en la región. Presentación del índice de Finanzas Sostenibles 2025 Una cosa es clara: no hemos desligado el uso de combustibles fósiles de nuestras economías ni hemos integrado el financiamiento climático en los presupuestos nacionales. La solución, según la ponente, pasa por reformas fiscales profundas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles. Continuando la jornada, la tercera sesión abordó el papel de las finanzas públicas y privadas en la construcción de bienestar. “Los empleos verdes los necesitamos en un futuro inmediato”, señaló uno de los panelistas. Las prioridades son claras: ampliar los fondos climáticos, fortalecer las capacidades nacionales, impulsar soluciones financieras escalables e integrar los riesgos climáticos en las políticas macroeconómicas. En Brasil, por ejemplo, se han creado plataformas de inversión para movilizar recursos privados, generando una línea directa de financiación. Desde África, Chantal Naidoo (Fundadora RABIA) compartió una reflexión que resuena en el contexto latinoamericano: las transiciones energéticas deben ser justas, reconociendo las desigualdades históricas y evitando nuevas formas de exclusión; se trata de redefinir la relación entre economía y naturaleza. El mensaje fue contundente y la declaración de Sara Jane Ahmed (Fundadora del Financial Futures Center) lo resume a la perfección: “no puede haber estabilidad macroeconómica sin estabilidad climática y natural”. Las políticas financieras deben dejar de centrarse únicamente en el retorno económico. Para ello, es urgente avanzar hacia mecanismos de financiamiento basados en métricas nacionales que reflejen la realidad de cada país y garanticen que los fondos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan: las comunidades y territorios en primera línea de la crisis climática. La presentación del proyecto transformador de este primer día es el ejemplo perfecto de este último mensaje. Constanza Gómez Mont expuso NaturaTech LAC , que busca redefinir el desarrollo económico desde la naturaleza y las personas. El proyecto propone un cambio profundo en la forma de entender la innovación: no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio del buen vivir y la salud de los ecosistemas. “Entender la tecnología no solo desde la modernidad, sino también desde la sabiduría ancestral” fue una de las ideas más poderosas y centrales de la sesión. La región cuenta con conocimientos milenarios que pueden ser la base de nuevas soluciones tecnológicas. La innovación, señaló, debe ser sistémica, biocultural y ética, con procesos de gobernanza que respeten la riqueza cultural, los tiempos y los derechos de las comunidades. El financiamiento, y en especial el financiamiento en América Latina y el Caribe, está en un punto de inflexión y, de alguna manera, también en esta oportunidad se encuentra en el centro del escenario: la región debe transformar sus economías y estructuras financieras para colocar la naturaleza, la justicia social y el bienestar colectivo en el centro de las decisiones. Las sesiones dejaron claro que no basta con aumentar los flujos de financiamiento, sino que es necesario redirigirlos hacia modelos económicos post-extractivistas, inclusivos y resilientes. Pueden revivir esta primer día en el siguiente enlace:

En América Latina y el Caribe, los desafíos de cambio climático y pérdida de biodiversidad están profundamente entrelazados. Sin embargo, las respuestas a menudo se han diseñado de manera fragmentada, generando duplicación de esfuerzos y desperdicio de recursos. Con miras a la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) en 2025, desde el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) hemos desarrollado una metodología que permite evaluar y fortalecer las sinergias entre estas dos agendas, colocando los co-beneficios como pilar central de la acción climática y de conservación de la biodiversidad.  La propuesta metodológica desarrollada por GFLAC  tiene el propósito de fortalecer las recomendaciones de estrategias financieras y de inversión que permitan implementar de manera coordinada los objetivos climáticos y de biodiversidad en el contexto de los instrumentos críticos a nivel nacional como las NDC. Este enfoque busca orientar a los países hacia marcos de financiamiento nacionales más integrados, donde las NDC no sean solo compromisos climáticos, sino verdaderos instrumentos intersectoriales que vinculen otros objetivos ambientales, económicos y sociales. Al incorporar la biodiversidad como un eje transversal, las NDC 3.0 pueden convertirse en hojas de ruta más ambiciosas y transformadoras.  Promoviendo diálogos regionales para fortalecer las sinergias entre las agendas de clima y biodiversidad   El pasado 29 de agosto de 2025 se llevó a cabo el taller regional, organizado por GFLAC, “Integrando Clima y Biodiversidad en las NDC: Una prioridad regional”, el cual permitió generar un espacio de reflexión, intercambio técnico y concertación estratégica entre actores públicos, privados, de la sociedad civil y del sector financiero, entorno al fortalecimiento de las sinergias entre las agendas de cambio climático y biodiversidad en la región, en el marco de la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) prevista para 2025.   Durante este taller los participantes coincidieron en que la actualización de las NDC es una oportunidad única para fortalecer la integración de clima y biodiversidad. Entre los principales hallazgos destacan ( ver la relatoría completa del taller aquí ):  Medidas prioritarias:  La restauración de ecosistemas y las soluciones basadas en la naturaleza fueron señaladas como acciones centrales para la mitigación y la adaptación al cambio climático, junto con la transición agroecológica, la agricultura urbana y la consolidación de sistemas alimentarios sostenibles. También se resaltó la importancia de reconocer los derechos de la naturaleza y el valor intangible de los ecosistemas como fundamentos éticos de la acción climática.  Instrumentos financieros innovadores :  En la discusión se resaltó que más allá de crear mecanismos aislados, lo esencial es que el financiamiento esté guiado por principios de coherencia, inclusión y sostenibilidad. Los participantes coincidieron en que se requieren instrumentos capaces de alinear recursos públicos y privados, y eliminar aquellos incentivos que aún favorecen actividades con impactos negativos en la biodiversidad. Entre los mecanismos destacados se mencionaron los bonos temáticos con criterios de biodiversidad, los pagos por servicios ecosistémicos y los canjes de deuda por naturaleza, como alternativas que se pueden fortalecer para promover la conservación/restauración de ecosistemas al tiempo que apoyan la acción climática.  Acceso equitativo y participación comunitaria:   Uno de los mayores retos señalados es la burocracia y los requisitos técnicos que limitan el acceso de comunidades y gobiernos locales al financiamiento. Se propuso simplificar procesos a través de ventanillas únicas, promover programas tipo Small Grants  adaptados al contexto nacional y regional, y garantizar la inclusión efectiva de mujeres, juventudes, pueblos indígenas y afrodescendientes como co-diseñadores y ejecutores de instrumentos financieros. La transparencia, la rendición de cuentas y la socialización clara de los mecanismos fueron vistas como condiciones indispensables para asegurar legitimidad del financiamiento.  Finalmente, durante el espacio de dialogo se dejó claro que, pese a los avances, el financiamiento destinado a clima y biodiversidad sigue siendo escaso frente al que aún se canaliza hacia actividades intensivas en carbono. De allí la urgencia de transformar la arquitectura financiera global y regional, orientando los recursos hacia medidas que realmente fortalezcan la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades.  La metodología de GFLAC, basada en los co-beneficios, y las recomendaciones colectivas del taller ofrecen una hoja de ruta concreta: diseñar NDC que integren plenamente biodiversidad y clima, respaldadas por instrumentos financieros innovadores y accesibles, y sostenidas por la participación de los territorios. Solo así será posible avanzar hacia un financiamiento que ponga la vida en el centro, protegiendo los ecosistemas clave y asegurando un futuro más justo, resiliente y sostenible para la región.

Por: Alan Senra, Asociado en Financiamiento Climático Internacional para Brasil  Los países de América Latina y el Caribe revisan y actualizan sus NDCs 3.0 rumbo a la COP30 en Belém, Brasil, lo cual se proyecta como una oportunidad para fortalecer las metas de mitigación y adaptación, incorporar justicia climática, abordar pérdidas y daños, y generar sinergias con las agendas de biodiversidad, género y derechos humanos, asegurando al mismo tiempo mecanismos de participación ciudadana a nivel territorial. Para lograrlo, se requieren estrategias de financiamiento claras y sostenibles que conviertan las NDCs en hojas de ruta implementables, con objetivos respaldados por planes, instrumentos y actores definidos. GFLAC elaboró el documento “NDCs 3.0 y financiamiento climático: 10 recomendaciones para hacer de las NDCs instrumentos financiables”,  que ofrece un marco con cuatro pilares y diez recomendaciones para guiar la construcción de NDCs ambiciosas y financiables.   Pilar A – Diagnóstico financiero:  Una NDC financiable requiere un diagnóstico sólido que calcule costos sectoriales, estime necesidades de adaptación y mitigación, e identifique brechas entre recursos disponibles y requeridos. Ejemplos de países como Santa Lucía o Zimbabue muestran cómo la cuantificación sectorial traduce compromisos en cifras claras.  Pilar B – Arquitectura de financiamiento:  Las NDCs deben contar con estrategias nacionales que integren presupuestos públicos, cooperación internacional y mecanismos innovadores. Un reto central es redirigir flujos dañinos, como subsidios a fósiles, hacia inversiones en transición energética y resiliencia.  Pilar C – Coordinación institucional:  La implementación efectiva exige esfuerzos colectivos mediante comisiones interministeriales, unidades técnicas y procesos participativos con comunidades, sector privado y sociedad civil. Experiencias en Uruguay, Brasil y Zambia evidencian que la articulación multinivel refuerza resultados.  Pilar D – Principios guía:  Es clave establecer sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) que rastreen flujos y midan impactos sociales y ambientales, bajo principios de equidad, justicia y participación. Modelos como Suiza, Singapur y Colombia destacan la transparencia como habilitadora de más financiamiento.  Promoviendo diálogos regionales para compartir experiencias y recomendaciones para las NDCs 3.0   De manera complementaria, en el 15 de agosto de 2025 GFLAC llevó a cabo un taller virtual organizado junto con el el Centro de Colaboración Regional de ONU Cambio Climático (RCC-CMNUCC) y el NDC Partnership, enfocado en discutir lineamientos, compartir experiencias y presentar herramientas prácticas para operacionalizar las recomendaciones sobre financiamiento climático en las NDCs 3.0. Participaron representantes de gobiernos, bancos de desarrollo, sector privado, cooperación internacional, academia y sociedad civil. Entre los principales hallazgos destacan ( ver la relatoría completa del taller aquí ):  Integración del financiamiento climático en las NDCs   – Se destacó la importancia de acompañar las NDCs 3.0 con diagnósticos de costos claros, planes de inversión robustos y la inclusión transversal del financiamiento en los presupuestos nacionales. También se subrayó la necesidad de diversificar fuentes (públicas, privadas e internacionales) y crear instrumentos innovadores como canjes de deuda o la eliminación gradual de subsidios fósiles.  Buenas prácticas replicables en la región  – Se resaltaron experiencias exitosas como créditos verdes, microfinanzas comunitarias, canjes de deuda y la emisión de bonos verdes. Asimismo, se identificó la importancia de fortalecer la cooperación internacional, los marcos regulatorios y la articulación entre distintos niveles de gobierno para facilitar un financiamiento más transparente y accesible.  Colaboración multisectorial y justicia climática  – El éxito de las NDCs 3.0 depende de la participación activa de gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidades locales. Incorporar saberes indígenas, promover la justicia climática y garantizar procesos participativos y transparentes fueron señalados como elementos esenciales para aumentar la ambición climática y transformar compromisos en resultados concretos.  Por fin, el análisis del documento y las discusiones del taller convergen en una idea central: El éxito de las NDCs 3.0 dependerá de que sean concebidas no solo como compromisos políticos, sino como hojas de ruta financieras implementables.   Esto implica contar con diagnósticos claros de costos, estrategias nacionales y sectoriales bien diseñadas, mecanismos de coordinación inclusivos y sistemas robustos de monitoreo. De esta manera las NDCs 3.0 podrán movilizar recursos sostenibles, generar confianza y guiar transformaciones estructurales hacia un desarrollo bajo en carbono, resiliente y justo para América Latina y el Caribe.

El pasado 12 de agosto se celebró el Primer Foro de Jóvenes por las Finanzas Sostenibles en América Latina y el Caribe, un espacio histórico en el que juventudes de diversos territorios de la región se reunieron para dialogar, construir propuestas y fortalecer su incidencia en los procesos de financiamiento climático. En un contexto global marcado por la crisis climática, las desigualdades sociales y la urgencia de transformar los sistemas financieros, este foro representó mucho más que un encuentro virtual: fue la demostración de que las juventudes de la región no solo tienen propuestas, sino también la capacidad y el compromiso para transformar el futuro. El Foro reunió a jóvenes líderes, emprendedores sociales, representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, así como expertos en finanzas sostenibles y actores del sector público, privado y de la sociedad civil. Durante la jornada, las voces juveniles se articularon en paneles, mesas de trabajo y diálogos colectivos que pusieron en el centro la necesidad de un financiamiento justo, inclusivo y orientado a la vida. Desde la apertura, con un panel que reunió voces juventudes de la región y pueblos indígenas, se reafirmó una convicción central: las juventudes tienen derecho a incidir en cómo se deciden y distribuyen los recursos que marcarán el rumbo climático de la región. En este espacio, moderado por Alan Senra, se escucharon reflexiones que mostraron la diversidad y fuerza de las demandas juveniles. Amanda Arroyo, presidenta Consejo Climático de Juventudes de Costa Rica, r resaltó que las juventudes ya no deben ser vistas solo como voluntarias, sino como agentes transformadores de políticas públicas , exigiendo un financiamiento climático con enfoque interseccional que también atienda vacíos urgentes, como la violencia hacia mujeres y niñas en contextos de crisis climática. Por su parte, Lizet Mejía,miembro del Comité de REDFIS Youth,  advirtió que la participación juvenil no puede ser simbólica: el acceso limitado a la información, el lenguaje técnico, la falta de mecanismos vinculantes y las brechas digitales excluyen a jóvenes rurales e indígenas de los espacios de decisión. Desde Nicaragua, Raití Juárez, miembro del Hub de Finanzas Sostenibles Nicaragua,  compartió las estrategias de acción colectiva que han construido las juventudes centroamericanas, combinando agendas juveniles, fundamentos jurídicos y movilización social. Para él, rumbo a la COP30 es momento de despertar el poder de los movimientos sociales , uniendo el activismo digital con la presencia en las calles. A su vez, Mairelis Moya del pueblo indígena Warao,  visibilizó las barreras estructurales que enfrentan los pueblos indígenas para acceder al financiamiento: trámites burocráticos, falta de documentos de identidad, costos de traslado y ausencia de traducción a lenguas originarias. Recordó que sus saberes ancestrales  son esenciales y deben ser reconocidos y financiados. Finalmente, Emil Sirén Gualinga del Colectivo Quipa en Ecuador,  subrayó la paradoja de que los pueblos indígenas protegen cerca del 30% de los territorios terrestres, pero reciben apenas el 0,13% del financiamiento climático global . Propuso mecanismos específicos para revertir esta inequidad: ventanillas propias, procesos simplificados, salvaguardias vinculantes y formación técnica que permita a jóvenes indígenas participar de manera plena. El foro también contó con mesas de trabajo temáticas que profundizaron en los desafíos de financiamiento accesible, la transformación del sistema financiero, la protección de la biodiversidad y el monitoreo de las NDCs desde las juventudes. Estas discusiones nutrieron el Pronunciamiento Regional de Juventudes por las Finanzas Sostenibles , un documento colectivo que servirá como hoja de ruta de incidencia hacia la COP30 en Belém do Pará, Brasil . De estas discusiones emergieron propuestas concretas que abordan desde la eliminación de barreras de acceso a financiamiento para juventudes, hasta la necesidad de crear modelos financieros que respeten los derechos de la naturaleza y los saberes ancestrales. También se destacó la urgencia de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y monitoreo ciudadano de los compromisos climáticos asumidos por los gobiernos. El producto principal del foro será el Pronunciamiento Regional de Juventudes por las Finanzas Sostenibles, un documento colectivo que recogerá las demandas, propuestas y visiones expresadas durante el evento. Este pronunciamiento no quedará en palabras: será presentado en espacios de articulación juvenil como la LCOY y llevado a la COP30 en Belém do Pará, Brasil, como insumo de incidencia política frente a gobiernos, instituciones financieras y el sector privado. El foro concluyó con un cierre cargado de mensajes inspiradores, donde juventudes y representantes regionales coincidieron en un llamado claro: es momento de garantizar un financiamiento climático justo, inclusivo y transparente , que ponga la vida al centro y no deje a nadie atrás. Entre las voces destacadas estuvo la de Francisco Javier Vera , activista colombiano y fundador de Guardianes por la Vida,  quien advirtió que las COPs no pueden seguir siendo simbólicas ni lejanas a las realidades de los territorios. Valoró que la COP30 se realice en la Amazonía y subrayó la urgencia de mecanismos concretos que reconozcan las demandas de juventudes y niñeces. En esa misma línea, Laura Restrepo, oficial de incidencia en CANLA, habló de la necesidad de una “diplomacia rebelde”: una participación juvenil estratégica, ética y transformadora, capaz de garantizar espacios seguros también para las adolescencias. Dana Oyarzábal, coordinadora del área de internacionales Jóvenes por el Clima Argentina,  llamó a convertir las demandas en propuestas concretas mediante alianzas, formación y participación continua rumbo a la COP30. Por su parte, Genaro Godoy, invitó a conectar lo regional con lo global, aprovechando espacios paralelos como la Semana del Clima y fortaleciendo redes a través de mensajes estratégicos con cercanía emocional. Cristian Shamil Oliveros  desde Chile recordó que las soluciones deben aterrizar en el territorio, con agricultura sostenible, infraestructuras resilientes y enfoque de género. Finalmente, Cristian Flores, técnico de incidencia Política de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, destacó el rol de la juventud como articuladora de voces y traductora de compromisos internacionales en contextos nacionales y locales. Este Primer Foro no es un punto final, sino el inicio de un camino colectivo. Un camino donde las juventudes de América Latina y el Caribe continúan tejiendo alianzas, defendiendo territorios y proponiendo soluciones financieras que respondan a los desafíos de nuestro tiempo. Porque el futuro de las finanzas sostenibles no se construye sin las juventudes. Se construye con sus voces, con sus luchas y con sus sueños.

Autoras: Dra. Sandra Guzmán , Directora General, GFLAC Isabel González , Asociada en Finanzas Climáticas para Colombia, GFLAC Marisol Marín , Asociada Senior en Comunicación Estratégica Internacional, GFLAC La  4a Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4)  concluyó con un documento político, titulado "Compromiso de Sevilla", y una Plataforma de Acción, con más de 130 iniciativas para implementar diversas partes de dicho compromiso. Sin embargo, la falta ambición por parte de los países del Norte Global y la ausencia de lideres clave del Sur Global, como Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, quién hospedará la Conferencia de las Partes de Cambio Climático en 2025, revelan un difícil escenario para garantizar avances claros hacia un financiamiento realmente transformador, que favorezca y atienda las necesidades del Sur Global.  No obstante, la COP30 en Belém, Brasil, representa una oportunidad crítica para replantear la arquitectura financiera desde un enfoque de justicia, creando una Ruta de Bakú a Belém que permita proveer y movilizar financiamiento de calidad, con mejor acceso, mejor gestión de la deuda y que atienda las verdaderas necesidades, poniendo la adaptación al centro.  La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4), celebrada en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio de 2025, reunió a gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y otros actores, en un momento de múltiples crisis: endeudamiento creciente en el Sur Global, retrocesos en la ayuda oficial al desarrollo, y una arquitectura financiera incapaz de atender estas y otras crisis como el deterioro de la biodiversidad, y el cambio climático.  Días antes de la Conferencia se adoptó por unanimidad el “ Compromiso de Sevilla ”, haciendo de la Conferencia en Sevilla, un espacio de carácter político, y no así de negociación sobre el alcance del texto. Si bien FfD4 no es una Conferencia de carácter vinculante, el objetivo es crear los compromisos políticos para llevar a los países hacia las transformaciones necesarias que tendrán que tomar lugar en diversos procesos dentro y fuera de las Naciones Unidas.  La conferencia habló de reformas profundas relacionadas con diversos aspectos del sector financiero, como son la reforma de las instituciones financieras internacionales, la cooperación en materia fiscal, el tratamiento de deuda, entre otros aspectos.     Agendas críticas para la transformación del sistema financiero  FfD4 marca un hito en materia de financiamiento, y de alguna manera logra integrar diversas conversaciones en un solo espacio, sin embargo, el trabajo más importante de implementación tomará lugar en diversos frentes.   Por un lado, en las discusiones se habló de la importancia de la cooperación internacional en materia fiscal, y el rol que puede jugar una Convención de Naciones Unidas en la materia. También se dio la bienvenida a iniciativas como los impuestos o cargas solidarias, como tazar a los más ricos y a las actividades más contaminantes para generar más ingresos que se puedan redirigir hacia el desarrollo sostenible. La propuesta de gravar vuelos premium y jets privados para financiar transiciones justas, presentada por una coalición de ocho países, mostró interés de diversos actores, pero aún hay falta de voluntad política para convertirlas en compromisos reales y vinculantes.  Por su parte, la crisis de deuda también fue visibilizada, sin embargo, la falta de impulso a una Convención sobre la Deuda bajo el marco de Naciones Unidas reveló la persistente resistencia de los países acreedores a democratizar la gobernanza financiera global. Dentro de las más de 130 iniciativas impulsadas por La Plataforma de Sevilla, se incluye la creación de un hub global de canjes de deuda y una alianza para cláusulas de suspensión. Pero en la práctica, muchas de estas propuestas siguen siendo marginales, voluntarias, y no resuelven el problema de la deuda como una crisis sistémica.  De igual forma, se habló del rol de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, como entidades que deberán ayudar a movilizar los recursos necesarios para cerrar las brechas de financiamiento. Si bien se habló de que estas instituciones deberán pasar por una reforma, la pregunta de fondo es si serán capaces de cumplir con las expectativas que se tienen, considerando que como entidades financieras requieren de generación de ingresos, lo que en muchas agendas de desarrollo no es posible.    En materia de financiación climática, durante la Conferencia se subrayó la necesidad de alcanzar y superar los 300.000 millones de dólares anuales establecidos como meta en la decisión sobre el nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG); además de dar la bienvenida a la Ruta de Bakú a Belém, para movilizar 1.3 billones de dólares, adoptada en la COP29. Y aunque el “Compromiso de Sevilla” hizo referencia al Acuerdo de París, de la CMNUCC, y reconoció la importancia de seguir ampliando los fondos climáticos, el texto final fue criticado por su falta de ambición al no incorporar clima como un eje central y transversal a lo largo del texto. Además, se señalaron omisiones importantes, como la ausencia de medidas para reducir los subsidios a los combustibles fósiles, un factor clave que incide directamente en la crisis climática.  Paralelamente, durante la Conferencia, se presentó a puerta cerrada el primer borrador del “Círculo de Ministros de Finanzas de la COP30”, que en teoría alimentará la Ruta de Bakú a Belém, como muestra de las sinergias ente estas agendas. Sin embargo, la falta de transparencia en torno a este proceso suscita dudas sobre el nivel de coherencia entre las medidas debatidas en Sevilla y las decisiones climáticas globales que se adoptarán en el futuro, así como sobre la forma en que el documento del Círculo de Ministros, quedará dentro de la Hoja de Ruta Bakú-Belém.  En cuanto a la financiación para la biodiversidad, el “Compromiso de Sevilla” incluyó referencias al Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Igualmente, durante varios espacios del evento se subrayó la importancia de desarrollar estrategias que fortalezcan el presupuesto nacional y promuevan la movilización de recursos internos para apoyar acciones integradas en las agendas de clima y biodiversidad. No obstante, aún se evidencia una falta de equilibrio y entendimiento de las convergencias entre las agendas de clima y biodiversidad, lo que representa una oportunidad perdida para poner el financiamiento de la adaptación y conservación de la biodiversidad sobre la mesa de discusión de la financiación para el desarrollo y así avanzar hacia una arquitectura financiera verdaderamente transformadora, centrada en las personas, la justicia climática y la protección de los ecosistemas.  Por otra parte, temas como la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos fueron mencionados como un desafío central, pero sin profundas conversaciones para atenderlo. Una de las iniciativas de Sevilla propone un Rasterador de Políticas Anti-Flujos Financieros ilícitos, pero sin medidas claras para alcanzarlo. Sin transparencia fiscal obligatoria, intercambio automático de información o sanciones para las corporaciones evasoras, este punto sigue siendo el “elefante en la sala” que nadie se anima a enfrentar frontalmente.  Finalmente, uno de los vacíos más notorios durante la conferencia fue la escasa discusión sobre la inclusión de los verdaderos protagonistas del desarrollo. Las comunidades que sostienen la vida en los territorios (pueblos afrodescendientes, indígenas, mujeres, juventudes y comunidades locales) que continúan sin contar con mecanismos claros, ágiles y vinculantes para acceder directamente al financiamiento. En lugar de avanzar hacia modelos más justos y participativos, los recursos siguen canalizándose a través de grandes intermediarios, reproduciendo estructuras burocráticas que obstaculizan el avance hacia una verdadera justicia financiera y climática.  Recomendaciones   Pese a las ausencias, el “Compromiso de Sevilla” deja abiertas puertas importantes para avanzar en procesos clave, el éxito de estos procesos requerirá acciones coordinadas del Sur Global, que permitan consolidar posiciones comunes, fortalecer sus voces en los espacios multilaterales y presionar por mecanismos financieros justos, previsibles y basados en los derechos humanos.  De cara a la COP30 en Belém, prevista como la ‘COP de la implementación’, se identifican aspectos clave para avanzar en los temas pendientes que deja Sevilla. Entre ellos, resulta fundamental mejorar no solo la cantidad, sino también la calidad del financiamiento dentro de mecanismos como la Hoja de Ruta Bakú–Belém. En este marco, existen elementos que requieren un mayor fortalecimiento más allá de lo acordado en Sevilla, garantizando su plena integración en la Hoja de Ruta Bakú–Belém, en particular:  Promover un marco internacional justo y eficaz para la gestión de la deuda.  Impulsar la entrada en vigor de la Convención Fiscal en el marco de las Naciones Unidas.  Adoptar medidas eficaces y coordinadas para erradicar los flujos financieros ilícitos.  Emprender una reforma estructural de las instituciones financieras, en particular de los bancos multilaterales de desarrollo, para que sean verdaderamente transformadores.  Redirigir los flujos de financiamiento intensivos en carbono hacia flujos de financiamiento sostenible.  Incrementar, no solo en cantidad sino también en calidad, el financiamiento para el desarrollo, de la mano con el financiamiento climático y para la biodiversidad.  Conclusiones   La FfD4 abrió una etapa relevante para repensar la arquitectura financiera internacional, sin embargo, no hay claridad sobre cuáles son los siguientes pasos.  Esto plantea la necesidad de clarificar cómo se dará seguimiento a los compromisos asumidos.  En este sentido, un reto hacia adelante no es solo como lo establecido en Sevilla tendrá un seguimiento en procesos dentro y fuera de las Naciones Unidas, sino también como y cuáles serán los indicadores para asegurar que su cumplimiento sea monitoreable. En este sentido, lo derivado de Sevilla será una lección importante para impulsar en espacios por venir, en especial en el marco de la COP30.   Lo anterior, porque el tema de financiamiento climático no fue un tema central en Sevilla, y los acuerdos no incrementan la ambición, pero si se plantean reformas que ayudarán a seguir impulsando una mayor y mejor provisión de financiamiento climático, como es el tratamiento de la deuda, una mejor cooperación fiscal, la reforma urgente de las instituciones financieras internacionales y otros procesos.   El proceso de seguimiento a la FfD4 y la preparación hacia la COP30 exigirán una articulación efectiva entre actores, coherencia entre compromisos multilaterales y espacios reales de participación para los países del Sur Global. La urgencia política y la necesidad de alineación interinstitucional serán determinantes y el éxito dependerá de la capacidad colectiva para implementar con coherencia y rapidez las iniciativas adoptadas en Sevilla, con la mirada puesta en la COP30 como un momento decisivo para continuar avanzando hacia la transformación del sistema financiero, pero con una visión de largo plazo para llevar estos acuerdos a otros espacios más allá de 2025.   📄 Para más información sobre los resultados y un análisis detallado de la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, consulta nuestro informe completo dando clik a la imagen: https://bit.ly/3JrrrlR

Durante los días 30 de julio al 2 de agosto  se celebró la Local Conference on Youth (LCOY) en la Ciudad de México. La conferencia forma parte del entramado de procesos consultivos de la CMNUCC y lleva cinco años realizándose en México. Su objetivo es promover el debate, la acción y la construcción de soluciones frente al cambio climático. En esta edición, desde GFLAC  participamos en el marco del Hub de Finanzas Sostenibles de México. Para organizar una LCOY que sea representativa de las complejidades del extenso territorio mexicano, se llevan a cabo las Cumbres Climáticas Juveniles (CCJ) e Infantiles (CCI), un proceso pionero en México. Para la realización de la LCOY este año, se articularon 20 CCJ y 2 CCI que, en conjunto, representaron a más de 470 juventudes en 29 de las 32 entidades federativas. La LCOY es organizada por jóvenes y para jóvenes, y por ello presenta retos de financiamiento para llegar a todo el territorio del país. De acuerdo con el evento de clausura de este año, la conferencia fue organizada por más de 70 jóvenes en todo el territorio. La importancia de estos eventos es mayúscula cuando entendemos que los jóvenes aún son representativos del bono demográfico que tiene México, donde, según datos del INEGI, la edad media es ya de 29 años. Los impactos del cambio climático ya se evidencian a lo largo de nuestro territorio. De acuerdo con estimaciones de la UNAM, bajo un escenario de muy altas emisiones de GEI (SSP585), la mayor parte de México tendría pérdidas anuales iguales o mayores al 5 % del PIB local durante este siglo como consecuencia del cambio climático (PINCC-UNAM, 2023). En México, la enorme población anclada en la informalidad a falta de creación de empleos formales (de acuerdos a datos del INEGI de 2025, la tasa de informalidad laboral de las personas de 15 a 29 años es de 58.8%, por arriba del promedio nacional de 54.3 %, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad en el acceso a empleos formales y con derechos laborales), las grandes deficiencias en servicios de salud y educación, sobre todo de manera alarmante en las comunidades marginadas en el norte, centro y el sur del país, en suma a las vulnerabilidades climáticas que traen consigo distintos factores de riesgo a la salud, el patrimonio, el empleo, y a la economía local, brinda una razón más para considerar la agenda climática como un eje prioritario en el desarrollo nacional y de la juventud ¿Cómo están viviendo las juventudes los impactos de este legado antropogénico y cómo pueden integrarse en los procesos de decisión local, regional e internacional para una acción efectiva y justa a lo largo de nuestro territorio? Esto es lo que cada año la LCOY busca resolver. ¿Cómo funciona? Durante un largo proceso de identificación, articulación e incidencia, cada año se elabora una declaratoria de jóvenes que es recogida por el Regional Conference on Youth (RCOY) para luego culminar en la COY, coordinada por YOUNGO, el grupo oficial de jóvenes e infancias dentro de la CMNUCC y, por lo tanto, de la Conferencia de las Partes (COP). Los cuatro componentes principales de la Conferencia de la Juventud (COY) son: documento de política, fortalecimiento de capacidades, talleres de desarrollo de habilidades e intercambio cultural. La LCOY no solo tiene la finalidad de empoderar, educar y articular a todas las juventudes para actuar frente a la crisis climática desde lo local, sino que, al celebrarse cada año en más regiones del país a través de las CCJ, consigue aumentar y reforzar la red de jóvenes líderes por la acción climática. Su compromiso, energía y acciones son difíciles de ignorar, pero los retos que enfrentan en el país son aún mayores. La sociedad civil cumple un rol vital al visibilizar las inequidades y exigir rendición de cuentas a todos los actores. Este año, la celebración de esta LCOY se realizó en el contexto de actualización de los compromisos climáticos de México. Sin unas Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés) que presenten un enfoque integral de la transformación necesaria a implementar en nuestra economía y territorio, así como los medios necesarios para su implementación, no habrá posibilidades de traer recursos financieros adicionales que atiendan la crisis climática y las complejidades que de ella deriven en los numerosos territorios del país donde las infancias y juventud habitan.  Este año, varios colectivos y organizaciones de la sociedad civil estuvieron presentes durante los tres días del encuentro en las instalaciones de la UNAM (Ciudad Universitaria) para facilitar los ejes de trabajo a los jóvenes delegados. El Hub de Finanzas Sostenibles México, estuvo presente para facilitar el eje 5: Deuda y Financiamiento Climático.  Dentro de otros ejes también surgieron propuestas interconectadas como la economía circular, los bonos azules, mecanismos de pago por servicios ambientales y modelos de transición energética justa, demostrando que la acción climática requiere una visión económica transformadora y coherente en todos los frentes. Durante la ceremonia de clausura del evento, se presentó cada CCJ y las propuestas que desarrollaron antes de la LCOY. Además asistió la subdirectora de procesos participativos de la SEMARNAT y compartió su experiencia sobre el proceso de actualización de las NDCs de México, rumbo a la COP30 en Belém, Brasil.  Invertir en la juventud es el cambio más transformador que puede haber en una economía. Comprender sus retos —y en ello las oportunidades que invertir en sus capacidades y en mecanismos de financiamiento innovadores ofrece— debe ser el camino para construir una sociedad más resiliente. Desde finanzas sostenibles hasta economía circular, pasando por soluciones basadas en la naturaleza, bonos azules y estrategias de inclusión financiera para comunidades vulnerables, las juventudes han dejado claro que las soluciones climáticas no pueden separarse de la transformación económica.  Frente a los procesos de actualización de las NDCs en el país, la LCOY presenta una oportunidad crucial para entregar compromisos que integren estas propuestas y reflejen las complejidades nacionales, brindando soluciones inclusivas. Al final del todo, el cambio climático es un asunto de justicia intergeneracional. Autores Ricardo Francisco de R. Díaz Baños Coordinador General del Hub Finanzas Sostenibles México.  Líder facilitador en el Eje 5: Deuda y Financiamiento Climático en LCOY 2025 Odette N. Ferrer Aldana  Miembro del Hub Finanzas Sostenibles y Delegada en el Eje Justicia Climática y Adaptación en el LCOY 2025 Referencias Conference of Youth (COY). UNFCCC. Consultado el 4 de mayo de 2025 en https://unfccc.int/topics/education-and-youth/youngo/coy Demografía y Sociedad: Población. INEGI. Consultado el 4 de mayo de 2025 en https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/

América Latina y el Caribe enfrentan una encrucijada crítica: ¿es posible construir una agenda común que responda a la urgencia de la crisis ambiental, pero que además reconozca las particularidades y desigualdades históricas de la región? Esta pregunta fue el motor del Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana,  celebrado a fines de julio en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires. En un escenario marcado por la crisis climática global, la complejidad política local y la crisis del multilateralismo, referentes de gobiernos provinciales, científicos, organizaciones sociales —entre ellas GFLAC— se reunieron para debatir caminos posibles. Más que un encuentro académico o técnico, el Congreso buscó abrir un espacio de diálogo con perspectiva política y social, partiendo de la base de una injusticia ambiental histórica que afecta con mayor dureza al Sur Global. Allí se abordaron temas cruciales como la movilización de recursos financieros para una transición justa, la integración regional frente a la crisis climática, y los desafíos que impone el avance del negacionismo climático. En un momento donde Argentina enfrenta retrocesos en su institucionalidad ambiental y una creciente presión económica, el debate adquiere una dimensión concreta y urgente: ¿cómo asegurar que el financiamiento climático llegue realmente a los territorios y sectores que más lo necesitan, sin generar nuevas deudas ni profundizar exclusiones? Financiamiento climático: de Bakú a Belém, acceso directo y la urgencia de Argentina Desde GFLAC participamos activamente en la sesión “Balance de la COP29 y perspectivas de cara a la COP30”.  Para contextualizar: la COP29 en Bakú fijó una nueva meta de financiamiento climático para los países en desarrollo—300 mil millones de dólares anuales hasta 2035— que, si bien triplica el compromiso original de 100 mil millones acordado en 2009, para gran parte del Sur Global sigue siendo insuficiente. En este marco surgió la Hoja de Ruta de Bakú-Belém, impulsada por países como Colombia, Brasil y Azerbaiyán, entre otros, que propone escalar el monto a 1,3 billones de dólares. Más allá de las cifras, el debate giró hacia la calidad del financiamiento. Sandra Guzmán, fundadora y directora general de GFLAC,  recordó que “no se trata solo de montos, sino de exigir que los recursos lleguen en forma de donaciones o instrumentos concesionales que no agraven la deuda de los países receptores. La meta debe ser financiamiento que amplíe el espacio fiscal y permita cumplir metas de mitigación y adaptación, no fondos con factura escondida”. En sintonía, Nicole Makowski, asociada senior en Financiamiento Climático Internacional,  subrayó que “es imperativo mantener vivas las discusiones sobre financiamiento en las negociaciones climáticas” y alinear los flujos con los objetivos del Acuerdo de París. Les invitamos a leer la nota “¿Podrá Brasil ayudar a movilizar 1.3 billones de dólares para atender la crisis climática del Sur Global? Un análisis de la Ruta de Bakú a Belém”  para profundizar: https://www.gflac.org/single-post/opinionrutabakubelem Para Argentina, este debate es urgente. El acceso a mecanismos de financiamiento directo —como los que ofrece el Fondo de Adaptación mediante Entidades Nacionales de Implementación — permitiría a provincias y municipios presentar y ejecutar proyectos sin depender de la burocracia central. No es un tecnicismo: puede marcar la diferencia entre una respuesta rápida y eficaz o una reconstrucción lenta y fragmentada. El caso de Bahía Blanca en marzo de 2025 es ilustrativo. En 12 horas cayeron 290 mm de lluvia, más de la mitad del promedio anual. El temporal dejó 16 personas muertas, más de 1.500 evacuadas y daños millonarios. Fue un evento extremo potenciado por el cambio climático, agravado por la ausencia de infraestructura resiliente. La ayuda nacional llegó con un anuncio de 10.000 millones de pesos, mientras que la provincia estimó que se necesitarían más de 400 mil millones solo para la reconstrucción. La brecha entre las necesidades y la realidad es evidente. Estos fenómenos, que antes podían considerarse excepcionales, hoy forman parte de una tendencia global: el cambio climático está intensificando la frecuencia y magnitud de los impactos. Sin planificación urbana, alertas tempranas e inversión en resiliencia —apoyadas en financiamiento internacional accesible y adecuado— muchas ciudades argentinas serán cada vez más vulnerables. La combinación de crisis financiera, negacionismo político y falta de planificación deja al país rezagado en el debate técnico sobre financiamiento climático. Pero lo ocurrido en Bahía Blanca es un recordatorio contundente: los impactos ya están aquí, y abordarlos requiere visión regional, acceso directo a fondos y una voluntad política que priorice la adaptación tanto como la estabilidad macroeconómica. Hacia un Frente Ambiental Latinoamericano: la urgencia de la unidad y la soberanía climática Al finalizar el Congreso, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar,  lanzó y reforzó una propuesta clave: conformar un Frente Ambiental Latinoamericano que fortalezca la integración regional y construya un ambientalismo popular y soberano. Esta iniciativa representa un llamado a dejar atrás las fragmentaciones históricas y  articular una respuesta común ante los desafíos climáticos, económicos y sociales que atraviesan a la región. El llamado a conformar un Frente Ambiental Latinoamericano es también un llamado a transformar cómo se gestiona y accede al financiamiento climático en la región. La fragmentación política y la centralización dificultan que los recursos internacionales lleguen con rapidez y sin trabas burocráticas a las provincias, municipios y comunidades que más los necesitan. Solo una agenda común, construida desde la integración regional y la soberanía ambiental, puede garantizar que el financiamiento climático no sea una promesa vacía ni un instrumento que profundice las desigualdades. En ese marco, es fundamental que los recursos se canalicen bajo criterios de justicia, evitando generar más deuda y ampliando el espacio fiscal para que las políticas de adaptación y mitigación puedan implementarse con autonomía y efectividad. Así, la propuesta del Frente Ambiental no solo apunta a unir fuerzas políticas y sociales, sino a asegurar que la movilización de fondos internacionales se traduzca en acciones concretas y transformadoras, capaces de hacer frente a la crisis climática desde las realidades y necesidades propias de América Latina y el Caribe.

By: Dr Sandra Guzmán | Founder and General Director (GFLAC) You don't have to be a climate activist to know that the climate crisis is increasing financial pressure on many countries around the world, especially those in the so-called Global South, where not only are the most profound effects felt, but where populations are least equipped to deal with the impacts. The historical demand of developing countries, especially small islands and least developed countries, has been for accessible, new, and additional financing to address the challenges posed by climate change and other problems.   However, the growing call for more resources from developed countries has not been heeded. Although this development has been largely made possible by the extraction and exploitation of the resources, populations, and territories of the Global South to enrich their economies, technologies, and services, they have done so under an industrial model that has caused alterations in ecosystems and the emission of pollutants that cause not only climate change but also soil, air, and water pollution, not to mention the huge human rights violations that have resulted from these activities.   It is this legacy of pollution that is the basis for holding developed countries responsible for paying for what they have historically caused. They must pay those populations and territories that, far from contributing to these impacts, have been victims of the consequences. The demand is legitimate.   That is why the outcome of the 29th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Baku, Azerbaijan, caused so much anger. Because it resulted in an agreement to mobilize $300 billion for developing countries, replacing the $100 billion target agreed in 2009, i.e., tripling the original commitment over 15 years is both inadequate, and arguably, disrespectful.   It is true that European countries and others in the bloc of developed countries said they had no more public money to commit, but above all, they also referred to the fact that the environment and climate teams within developed countries that have been pushing for more resources have little or no capacity to act in the face of their countries' treasuries.   And so, developed countries came up with an agreement that was "unbelievable" in the eyes of those who see climate change as a daily reality in their territories, but it was "understandable" to those who see that politicians in the so-called first world are not aligned with climate action, much less with the idea of "helping" countries in the Global South, especially those whose emerging economies are transitioning to a model of high greenhouse gas emissions, as is the case of China.   Let's say it loud and clear: developed countries do not want to continue financing the development of countries such as China, which are now their commercial competitors. The underlying problem is that not all developing countries are China. In fact, there are only a handful of countries in the South that could be considered emerging economies today, with growing gross domestic product. However, it should be clarified that this does not mean per capita well-being, nor does it mean that these emerging countries have overcome all their development challenges, as their levels of poverty and unemployment remain high. That is why they are still emerging economies.  The Baku to Belém Roadmap to mobilize $1.3 trillion: the solution or the problem?  Faced with the terrible idea of leaving Baku with a target of $300 billion, some countries proposed a course of action that would mobilize another $1 trillion as a desirable goal, so that a more "fair" figure could be aspired to for the countries of the Global South. Some countries, including Colombia, under the leadership of former minister Susana Muhammad, promoted the creation of a Roadmap from Baku to Belém to plan the mobilization of $1.3 trillion. The proposal is that Brazil, as the incoming president of COP30, and Azerbaijan, as the president of COP29, should lead this process to determine how to mobilize this amount of resources.   The idea of coming up with $1.3 trillion instead of $300 billion was undoubtedly better. But the problem was not the amount, but how to define the type of resources that should be part of this route. Therefore, it was established that financing within this route should " increase financing for developing countries to support their emission reduction and climate-resilient development pathways and implement their Nationally Determined Contributions (NDCs) and National Adaptation Plans, including through grants, concessional and non-debt-creating instruments, and measures that expand fiscal space "...  (UNFCCC, NCQG Decision, 2024).    What the decision that paved the way tells us is that it is not a question of counting every cent that flows around the world in relation to climate change as part of the Roadmap, but rather those funds that meet the above-mentioned characteristics. This means that countries must be clearer about what counts and what does not. Above all, because we are talking about a variety of public and private accounts. But the key adjectives are: " donations, concessional and non-debt-creating instruments, and measures that expand fiscal space "...    In this context, the Roadmap is a highly desirable document for moving from action to implementation in the Global South, but the underlying question is: can Brazil and Azerbaijan build a roadmap that is capable of meeting the needs of developing countries and responding to the limited expectations that developed countries have of the Roadmap?   Let's start by saying that the Roadmap, given the way in which the decision that gives life to the process is worded, does not determine that it will be an element of negotiation. In other words, once constructed, there appears to be no provision requiring formal adoption by the countries. This reduces the political burden, but increases the uncertainty of what the document, report, or whatever deliverable is to be presented at COP30 may be.   The truth is that Brazil has started a consultation process to request inputs that can help design this roadmap. They began with a call for submissions from countries and non-governmental actors, receiving 191 inputs, but only 19 from countries. This was followed by informal meetings on the sidelines of other events, such as the World Bank meetings and others. However, it was in Bonn, Germany, at the 62nd session of the UNFCCC subsidiary bodies, that "formal" consultations were held to receive views from stakeholders.   However, there was limited time for consultations in Bonn. This and other factors have led to uncertainty about the process and the deliverable to be presented at COP30. Governments and organizations left Bonn with more questions than answers about the capacity of Brazil (and Azerbaijan) to lead a process that could be decisive for developing countries.   There is a perception that this Roadmap not only lacks a formal process, but there are also doubts about its content and whether it is truly implementable or just another diagnosis, with data already known from well-known agencies and organizations, whose recommendations have not changed the course of action.   But there are not only doubts about the content, but also about its implementation points. For example, to what extent will the Roadmap be able to distinguish between the 300 billion and 1 trillion targets, or to what extent will it be able to address real needs such as significantly increasing financing for adaptation, or even to what extent will it be able to strengthen a series of financing mechanisms that provide certainty and predictability, seeking clear participation between the public and private sectors? On this and other points, there are clear tensions that require special treatment.   For these reasons, it is difficult to determine today whether the Roadmap is a solution or an instrument that, due to its lack of clarity, is becoming a problem and a distraction. Brazil: From internal coordination to international mobilization    The high expectations generated by Brazil's arrival as president of COP30 are due to the country's well-known diplomatic skills in other forums, such as the G20, the BRICS group, and others. There is no doubt that Brazil could have the capacity to build a bridge between developed and developing countries. However, it is important that expectations are translated into national alignment that will enable them to achieve the global mobilization that is required.    On the Road from Baku to Belém, this coordination is key. On the one hand, because the process has been led by the Ministry of Finance, which is recognized for its management within the G20, a forum that is not quite similar to the discussions and aspirations of the UNFCCC. While the Ministry has demonstrated significant capacity for dialogue, its vision for the involvement of external actors such as the private sector in order to make the Roadmap implementable is important and pragmatic, but it ignores the reality and origin of the Roadmap, which is based on the understanding that this financing is intended to address the needs of developing countries, especially those that are most vulnerable, i.e., countries where the private sector has no interest or a predominant role.   That is why the UNFCCC has been the ideal forum for addressing these needs, and although it requires external action, the Roadmap cannot ignore what must happen within the Convention.   In this sense, the path requires two interactive processes, one that connects with the realities "outside," such as international financial institutions, other United Nations processes such as the development financing conversation itself, the fiscal convention, the possible debt convention, and others; but it also requires a clear connection and interaction with processes within the Convention, such as the global adaptation goal, long-term financing, the Standing Committee on Finance, the Global Stocktake, climate funds, and others that are part of the official process and require clear alignment so that the money mobilized within this new climate finance goal truly has an impact and is effectively accountable.  In other words, the Ministry of Finance should focus its efforts not only on the quantity but, even more importantly, on the quality of financing. Let us remember that the key points are: " grants, concessional and non-debt-creating instruments, and measures that expand fiscal space ".   In this constructive spirit, the Brazilian Ministry of Finance has created a Circle of Finance Ministers to draft a document setting out proposals, the first of which was presented in Seville, Spain, at the Financing for Development Conference, during a closed doors event.   So far, five priorities have been identified for this document: 1) Concessional financing and optimization of climate funds; 2) Reform of multilateral development banks to scale up sustainable financing; 3) Boosting domestic capacities and voluntary national platforms for climate investments; 4) Developing innovative financial instruments to mobilize private capital; and Strengthening regulatory approaches to climate finance.   However, in recent consultations with civil society, it has been clarified that this document (which is not public and to which only some participating countries have had access) is not the Roadmap from Baku to Belém and is only a contribution. In other words, if the work promoted by the Ministry of Finance is not the Roadmap, the question is: what is the Roadmap and who is drafting it?   We are just a few months away from the COP, and the lack of clarity about the Roadmap is causing disappointment and frustration, because even if the Roadmap is a "non-negotiable" element, it is essential to determine what it is, what it contains, and above all, to guarantee a transparent space and process. Otherwise, there is a risk that whatever is presented will be born and die at the COP itself. What does the success of the Roadmap depend on? Given this level of uncertainty, there are some key points that can help to amend the path and move forward:   ·      Clarity in the process: the Roadmap represents a strategic opportunity to guide the mobilization of resources towards meeting the needs of developing countries, including immediate and medium-term needs. This means that it is crucial to have a clear plan for reaching $300 billion and a plan for reaching $1.3 trillion. However, its non-negotiable nature and the lack of transparency in the process limit the possibility of substantive interaction that would allow for its adoption and implementation to be visualized. There have been rumors that there will be a draft roadmap by September and perhaps a final draft in October, for official presentation during COP30. In this context, it is essential that the presidencies of Azerbaijan and Brazil provide clarity on the process, as well as on how the various inputs will be processed and incorporated into the Roadmap. Clarity of objectives : in the absence of an initial draft, it is unclear how the Roadmap will be consistent with the provisions of the Paris Agreement. In particular, it should clearly state its objective within the framework of Article 9, emphasizing how it will comply with the aspects included in Article 9.1 and others. This will be key to providing certainty about what type of resources will be integrated and accounted for, where the definition of what will come from developed countries as part of their commitments is at the center of the discussions. Adaptation at the center: The Roadmap must incorporate adaptation as a priority, ensuring that all, or at least most, of the $300 billion per year is allocated to this purpose. It is important that these resources come mainly from public sources, in the form of grants and other non-debt instruments, as established in the decision. The Brazilian government and the parties must consider that there is no other space in the negotiations where the issue of financing for adaptation will take center stage. If this Roadmap does not put adaptation at the center, it will be a failed effort by the presidencies and the climate system as a whole, because it is in adaptation that the needs of developing countries. Clarity of sources: One of the main limitations of the new collective and quantifiable financing goal has been the lack of definition of the proportion of resources from public versus private sources, especially those that will come from developed countries. The ministers' circle includes issues such as innovation for mobilizing private capital, but this distinction needs to be addressed more precisely and strategically integrated into the Roadmap in order to provide certainty to developing countries and ensure transparency in the monitoring of financial commitments. This has a key bearing on the type of measures to be addressed. In other words, adaptation cannot depend on private resources, and if this is not recognized in the Roadmap, there is a risk of replicating and perpetuating past problems and delaying adaptation processes, which will generate more losses and damage and, with them, more costs. Clarity of instruments : in this regard, it is crucial to clearly establish what types of instruments will be considered in the Roadmap. Similarly, the circle of ministers refers to concessional resources, the role of multilateral development banks, and others, but does not make clear how this feeds into the Roadmap and its objectives. The quality of financing must comply with the provisions of the NCQG decision, which promotes non-debt-generating resources that expand the fiscal capacity of developing countries. Therefore, greater precision is required regarding the debt-free financial instruments that will be considered, in contrast to those that could be leveraged through other mechanisms. The call to Brazil and the rest of the world is to be cautious and avoid counting all possible resources, as the Roadmap is not about the quantity of resources. For that, we have Article 2.1.c, which calls for all flows to be compatible with low-carbon development. This Roadmap is to ensure quality financing for developing countries.   The Brazilian Presidency must be able to understand the gaps and mistakes that have been made in the past, in order to integrate this learning into the Roadmap and thus avoid dragging along the problems we already know about and which we know have prevented progress in the adequate provision and mobilization of financing for developing countries. And we must not forget that the Roadmap must consider aspects to be worked on within the Convention, while continuing to send clear messages to processes outside it, such as the reform of the international financial system, the Fiscal Convention, and other forums. This coordination is key to ensuring a significant impact on the global financial ecosystem as a whole.   We ask the Brazilian presidency for transparency, and we ask the rest of the world for consistency. We cannot allow 2025 to be another lost year for the climate. We can no longer afford that luxury. Allowing the Roadmap to be born and die at the COP is negligence towards present and future generations.