Financiamiento, justicia y voces territoriales en el futuro energético en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe se encuentran en un momento crucial, impulsado por la doble necesidad de una transición energética que responda al imperativo climático y, fundamentalmente, sea justa. Durante el seminario “Transición Energética Justa y Financiamiento”, diversas voces expertas coincidieron en una idea central: La transición energética trasciende el simple cambio de una fuente de energía y requiere una profunda transformación de los modelos de desarrollo, inversión y distribución de poder en los territorios. Por ejemplo, la gestión de recursos naturales críticos para las nuevas tecnologías o la inclusión de comunidades vulnerables en los beneficios de la energía renovable.

Diego de la Merced,  Director de Proyectos Sostenibles en Soluciones Estratégicas Sustentables, fue claro al explicar que la transición energética justa implica mucho más que sustituir combustibles fósiles por otras fuentes de energías más limpias. Se trata de un proceso complejo que atraviesa toda la cadena de valor, desde la extracción de materiales hasta su reutilización o reciclaje, pasando por la fabricación de la tecnología, generación, distribución, almacenamiento y consumo por parte del usuario final. “La comprensión de esta cadena de valor es fundamental para identificar los impactos y los beneficios de esta transición para mejorar o proponer nuevas políticas públicas, así como mitigar las tensiones sociales y ambientales que surgen en cada eslabón del proceso”.

El financiamiento debe ser un motor coherente con la transformación estructural que exige una transición energética justa. Janeth Ugalde, Asociada en Finanzas para la Transición Energética del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), presentó los hallazgos del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2024, aplicado a los 20 países con mayores emisiones de la región. Uno de los principales hallazgos es que ningún país se encuentra actualmente en un alto nivel de financiamiento sostenible: la mayoría se ubica en niveles bajos o muy bajos, lo que refleja una profunda desconexión entre la política fiscal y los compromisos climáticos. En promedio, los países de la región generaron 19 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono que por financiamiento climático y biodiversidad, una brecha que se amplía a 25 veces si solo se considera el financiamiento etiquetado específicamente para cambio climático. 

Además, se gasta 12 veces más en actividades fósiles que en acciones sostenibles como energías renovables, eficiencia energética o conservación. Como señaló Janeth, “la región sigue financiando más las causas del problema que sus soluciones, lo que refuerza la necesidad de transformar cómo se generan, asignan y rastrean los recursos públicos”. A pesar de algunos avances significativos en ciertos países, la región sigue sosteniendo estructuras presupuestarias centradas en ingresos y egresos vinculados a actividades extractivas. Esta falta de coherencia limita la capacidad de los Estados para planificar una transición energética con enfoque de justicia, y subraya la urgencia de transformar no solo las fuentes de energía, sino también las reglas presupuestarias, los marcos fiscales y las prioridades de inversión pública.

La alta dependencia de la deuda es otro de los obstáculos estructurales. Cerca del 90% del financiamiento climático que llega a la región lo hace en forma de préstamos. No solo aumenta la vulnerabilidad fiscal, sino que también limita el margen de maniobra para una transición energética que ponga en el centro el bienestar y los derechos. Jorge Martínez, Coordinador de Justicia Climática, OXFAM México, dijo que es necesario reformar la arquitectura financiera internacional. El llamado a un nuevo momento de tipo Bretton Woods, impulsado por el Secretario General de la ONU, se presenta como una ventana política para insertar criterios climáticos en el corazón de la conversación económica global. En este contexto, enfatizó que “es posible pasar de los miles de millones a los billones necesarios” si se adoptan medidas como un impuesto a los ultrarricos, al carbono o a las ganancias extraordinarias de sectores contaminantes. Según dijo, para que el financiamiento climático sea efectivo, dijo, “debe alinearse con los objetivos de política pública y prioridades nacionales”, asegurando al mismo tiempo salvaguardas sociales, ambientales y de género, y mecanismos reales de acceso directo.

Desde Brasil, Jessica Holles, Coordinadora de Proyectos Socioambientales, Instituto Maira, planteó con fuerza que, sin una visión socioambiental clara, el financiamiento puede convertirse en un vehículo de nuevos impactos. Compartió experiencias de comunidades afectadas por megaproyectos de litio, eólicos y monocultivos que, aunque presentados como iniciativas verdes, han provocado desplazamientos, contaminación, violencia de género y ruptura del tejido comunitario. “Nuestros territorios están siendo considerados como oportunidades de inversión que rápidamente se convierten en zonas de sacrificio, al nombre del desarrollo”, señaló. Si la transición, no forma parte de las voces de los pueblos y su derecho a decidir sobre sus territorios, corre el riesgo de repetir los patrones del extractivismo bajo otro nombre.

Por su parte, Loreto Vasquez Salvador, representante de Fundación Acue; hizo hincapié desde una perspectiva ecofeminista. Afirmó que el concepto de transición energética justa, como se está promoviendo desde el norte global, reproduce lógicas coloniales. “Da lo mismo hacia qué transicionemos o cuál sea la fuente, si los niveles de consumo y producción siguen siendo los mismos”. Para que la transición sea verdaderamente justa, sostuvo, se deben integrar las experiencias y formas de vida de los pueblos como base de conocimiento, no como ornamento. También llamó a cuestionar el uso técnico del consentimiento previo, libre e informado, que muchas veces se convierte en una formalidad que niega la posibilidad de decir “no”.

Los datos presentados y testimonios revelan una verdad ineludible: la transición energética en América Latina y el Caribe no prosperará sobre fundamentos financieros obsoletos. No basta con movilizar más capital, se requiere una profunda reingeniería de cómo distribuimos, supervisamos y la calidad de cada financiamiento, entrelazándose intrínsecamente con la justicia social y los derechos humanos.

Herramientas como los bonos verdes y los impuestos al carbono son fuentes de posibilidad fiscal, pero estos deben aplicarse con transparencia y equidad. Las soluciones arraigadas en los territorios claman, asimismo, por reconocimiento, fortalecimiento y, en última instancia, financiamiento.

La cuestión es clara: no discutimos si habrá una transición, sino cómo se materializará. ¿Será un proceso que impida desigualdades o una oportunidad para superar nuestro futuro colectivo? La respuesta reside en las decisiones que tomemos hoy sobre los recursos, las condiciones y, principalmente, para quién construimos este nuevo horizonte energético.

Autores: Grupo de Transición Energética Justa de REDFIS

Camila Mercure, Coordinadora de Política Climática en FARN

Diego de La Merced, Director de Proyectos Sostenibles en Soluciones Estratégicas Sustentables 

Janeth Ugalde, Asociada en Finanzas para la Transición Energética