XII FOSPA 2026: de la defensa de los territorios a una agenda colectiva para la justicia social, ambiental, económica y climática.

Por:

• Lorena CaballeroDirectora técnica

• Alan SenraAsociado en Finanzas para la Biodiversidad

• Gissele FloresAsociada en Política Fiscal

En la ciudad de Puyo, la Amazonía ecuatoriana, se convirtió en punto de encuentro de pue

blos indígenas, pueblos afrodescendientes, comunidades locales, organizaciones sociales, juventudes, mujeres, academia y movimientos de los nueve países de la cuenca amazónica. Bajo el lema “Adoke Öme – Una sola Amazonía, un solo territorio”, el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA) reunió experiencias y propuestas construidas desde los territorios para enfrentar el avance del extractivismo, la extracción de minerales, la explotación petrolera, la agroindustria, el narcotráfico, las economías ilegales, la expansión de carreteras y proyectos hidroeléctricos, la deforestación, los impactos del cambio climático y sus falsas soluciones. (fospaecuador.com y Declaración Política de Puyuk)

Esta agenda adquiere especial urgencia ante el creciente riesgo de que la Amazonía alcance umbrales ecológicos críticos que comprometan su capacidad de mantener funciones esenciales para la región y el planeta. La evidencia científica advierte que la combinación de deforestación, degradación, aumento de las temperaturas, sequías y cambios en los patrones de precipitación está reduciendo la resiliencia del bosque y aumentando el riesgo de transformaciones difíciles de revertir.

Más que un evento puntual, el FOSPA se plantea como un proceso de articulación política regional que conecta experiencias, demandas y propuestas construidas desde los territorios. .  La edición de 2026, celebrada entre el 16 y el 21 de agosto, fue precedida por encuentros y procesos nacionales y territoriales, cuyos resultados confluyeron en Puyo La metodología se estructuró alrededor de cuatro temas principales —territorios libres de extractivismo; soberanía y libre determinación; economías para la vida y justicia climática; y resistencia de mujeres y diversidades— además de un espacio autónomo para las juventudes. Estos lugares fueron autogestionados para transformar los debates territoriales en propuestas y planes de acción. (fospaecuador.com).

Uno de los principales mensajes del Foro es que la defensa de la Amazonía no puede separarse de la defensa de los derechos, la autodeterminación y las formas propias de gobernanza de sus pueblos. Las conclusiones principalesplantean acciones para fortalecer el control territorial, los procesos de titulación y mapeo comunitario, la vigilancia de bosques y ríos, las guardias indígenas y los sistemas propios de justicia. También se propuso avanzar en un Observatorio Panamazónico de Derechos de la Naturaleza, fortalecer el litigio estratégico y producir evidencia científica desde alianzas entre comunidades, organizaciones y universidades.

La discusión sobre extractivismo estuvo estrechamente vinculada a la transición energética. El Foro reafirmó la necesidad de avanzar hacia territorios libres de actividades extractivas y de combustibles fósiles, cuestionando la idea de que la transición climática pueda construirse simplemente desplazando la frontera de extracción hacia nuevos territorios. La experiencia del Yasuní y las luchas de comunidades como Sarayaku, Serena y Tzawata muestran que la transición debe considerar las decisiones de quienes habitan los territorios, así como la reparación de los daños ya ocasionados.

Financiamiento climático: quién financia, quién decide y quién recibe

Para GFLAC, uno de los debates más relevantes del XII FOSPA se encuentra precisamente en la intersección entre financiamiento, extractivismo y justicia climática. La propia Casa de Economías para la Vida incorporó como eje de trabajo las finanzas climáticas, la justicia, la gobernanza y las falsas soluciones, junto con la relación entre deuda, extractivismo y transiciones estructurales justas.

Este foro lleva a la discusión a un paso más allá: no basta con aumentar el volumen de financiamiento climático si los recursos continúan reproduciendo las mismas estructuras que generan vulnerabilidad y destrucción territorial. Una transición justa requiere revisar qué actividades reciben financiamiento, qué instituciones toman las decisiones, qué condiciones acompañan los recursos y, sobre todo, quién tiene acceso efectivo a ellos. Esto implica mirar no solo el volumen del financiamiento, sino también su calidad, las condiciones en las que se otorga y las barreras técnicas, fiduciarias y administrativas que muchas veces impiden que los recursos lleguen directamente a los actores territoriales.

En este sentido, uno de los mandatos plantea la necesidad de desarrollar mecanismos de financiamiento directo para los pueblos indígenas, de manera que los recursos puedan llegar a sus organizaciones y a sus propios planes de vida, reduciendo intermediaciones que muchas veces limitan su autonomía. Esta demanda coincide con una cuestión central para la arquitectura internacional del financiamiento climático: pasar de un modelo en el que las comunidades son consideradas beneficiarias finales a uno en el que puedan ejercer un papel efectivo en la definición, gestión y seguimiento de los recursos.

El FOSPA también cuestionó la relación entre deuda, financiamiento y expansión extractiva, planteando la necesidad de mapear tratados, contratos y financiadores vinculados al extractivismo y de avanzar en una agenda regional sobre mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y Estados. La discusión incorpora así una dimensión frecuentemente ausente de los debates climáticos: la transformación de las estructuras financieras y económicas que condicionan las decisiones de los países amazónicos. Esto resulta especialmente relevante en contextos de alto endeudamiento y restricciones fiscales, donde el financiamiento climático basado principalmente en deuda puede limitar el espacio fiscal disponible y profundizar dependencias financieras preexistentes.

La crítica también alcanza a las llamadas soluciones climáticas que pueden generar nuevas presiones sobre los territorios. Las conclusiones plantean salvaguardas frente a los mercados de carbono y biodiversidad y reivindican economías territoriales, agroecología y otras alternativas construidas desde las comunidades. La transición justa no puede consistir en sustituir una forma de extracción por otra ni en convertir la conservación de la Amazonía en un nuevo mercado sin participación y control territorial de los pueblos. 

Mujeres, juventudes y una nueva gobernanza amazónica

El Foro también fortaleció el protagonismo político de mujeres, diversidades y juventudes. La Casa de Resistencia de Mujeres y Diversidades vinculó la justicia ambiental con la violencia de género, la salud, la participación política, los saberes tradicionales y la defensa de los territorios. Las propuestas construidas desde diferentes países resaltaron que las consecuencias del extractivismo y de la crisis climática se distribuyen de manera desigual y afectan particularmente a mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Las juventudes, por su parte, avanzaron hacia la consolidación de un Espacio Autónomo de Juventudes por la Vida y el Territorio, con propuestas relacionadas con redes de alerta temprana, comunicación intercultural y fortalecimiento de iniciativas económicas juveniles. Este proceso refleja una transformación importante: las nuevas generaciones no buscan solamente participar de los espacios existentes, sino ocupar un lugar propio en la toma de decisiones sobre el futuro de la Amazonía.

¿Qué viene después de Puyo?

El principal resultado del XII FOSPA no es únicamente una declaración final, sino la construcción de una agenda de acción regional. Entre las propuestas se encuentran el fortalecimiento de redes de defensa territorial, observatorios y mecanismos de monitoreo, acciones de incidencia jurídica, seguimiento de los flujos financieros vinculados al extractivismo y estrategias para fortalecer economías comunitarias y alternativas. El reto será también articular estas iniciativas entre países y territorios, evitando que los acuerdos queden como esfuerzos aislados y construyendo mecanismos regionales que permitan compartir información, aprendizajes y avances.

El desafío ahora es transformar estos mandatos en acciones verificables, con responsabilidades, recursos y mecanismos de seguimiento. Para el GFLAC, esto implica también acompañar la discusión sobre cómo movilizar y redireccionar financiamiento climático hacia los territorios, cómo fortalecer el acceso directo de organizaciones indígenas y comunitarias y cómo garantizar que las finanzas públicas y privadas sean coherentes con los objetivos de protección de la Amazonía.

En este camino, construir “Economías para la Vida” implica transformar las condiciones bajo las cuales producimos, intercambiamos, cuidamos, habitamos y decidimos colectivamente sobre los territorios y sobre aquello que hace posible la vida. Esto requiere reconocer y fortalecer las economías comunitarias, de subsistencia y del cuidado, así como garantizar justicia y reparación para las comunidades frente a las afectaciones históricas provocadas por empresas y por las propias acciones de los Estados. No se trata únicamente de financiar nuevas alternativas, sino de transformar las condiciones económicas y financieras que han sostenido las presiones sobre los territorios.

Para avanzar en esta dirección será clave contar con mayor transparencia sobre los flujos financieros que llegan a la Amazonía, fortalecer la rendición de cuentas de instituciones públicas y privadas y generar información que permita distinguir entre recursos que contribuyen a proteger los territorios y aquellos que continúan impulsando actividades extractivas o de alto impacto.

El FOSPA deja así una pregunta que debe llegar a los gobiernos, bancos, fondos climáticos, organismos multilaterales y actores privados: ¿qué estamos financiando cuando hablamos de transición climática y quién está tomando esas decisiones?

La respuesta será determinante para definir si el financiamiento climático contribuye realmente a una transición justa o si continúa reproduciendo las desigualdades y presiones que han llevado a la Amazonía a una situación crítica.

Desde Puyo, el mensaje es claro: la Amazonía no puede ser entendida como una reserva de recursos, sino como un territorio vivo fundamental para la biodiversidad y para el equilibrio climático del mundo. Protegerla exige derechos, autodeterminación, alternativas económicas y, fundamentalmente, una transformación de las finanzas que sostienen su futuro. El próximo paso es convertir este evento político en acción colectiva y asegurar que los recursos acompañen, y no contradigan, las decisiones de quienes han defendido la Amazonía durante generaciones.