Santa Marta: la transición energética en América Latina exige dejar atrás un modelo que ya no es sostenible

Autores: 

• Janeth Ugalde, Asociada en Finanzas para la Transición Energética Justa, GFLAC

• Laura Restrepo Alameda, Oficial de Incidencia, CANLA

• Diego Merla, López, Coordinador de la Estrategia de Justicia Fiscal, Oxfam México

• Diego de la Merced, Socio Fundador y Director de Proyectos Sostenibles, SESSA

En el proceso hacia Santa Marta, Colombia, la conversación sobre la transición energética en América Latina y el Caribe adquiere un carácter distinto: deja de centrarse en la urgencia — ya ampliamente reconocida — para desplazarse hacia una cuestión más compleja y políticamente sensible, que es la viabilidad de dicha transición en contextos marcados por dependencia fiscal, restricciones estructurales y asimetrías globales. Más que un espacio de reafirmación discursiva, Santa Marta se posiciona como un punto de inflexión para interrogar las condiciones económicas, fiscales e institucionales que determinan el rumbo de las economías de la región.

Desde este encuadre, Sandra Guzmán Luna, Directora General del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), introduce una lectura que sitúa la discusión en el terreno de las contradicciones estructurales. La región no transita desde una base neutra, sino desde economías que han sostenido su funcionamiento a partir de los ingresos fósiles. Como advierte, “en América Latina lamentablemente dependemos de ingresos fósiles para la subsistencia de nuestras economías y hoy simple y sencillamente ese modelo no es sostenible”. Esta afirmación no sólo plantea un diagnóstico económico, sino que abre una tensión política de fondo: la necesidad de transformar un modelo que, al mismo tiempo, ha sido central para la estabilidad fiscal de los países. En este sentido, Santa Marta adquiere relevancia como un espacio que busca trascender la reiteración de esta narrativa para avanzar hacia definiciones más concretas sobre cómo materializar dicha transformación.

Este dilema regional se inserta en una problemática global más amplia, expuesta por Tzeporah Berman, Presidenta y fundadora de la iniciativa Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, quien evidenció una brecha persistente en la gobernanza climática internacional. A pesar de los avances en el despliegue de energías renovables, la expansión de los combustibles fósiles continúa avanzando sin restricciones equivalentes. En términos claros, señaló que “no podemos simplemente construir energías renovables… tenemos que detener la expansión de los combustibles fósiles”. Esta idea introduce un elemento central para el debate: la transición no puede entenderse únicamente como un proceso de sustitución tecnológica, sino como una reconfiguración de las dinámicas de producción energética que, hasta ahora, no han sido abordadas con instrumentos vinculantes a nivel internacional. La magnitud de esta brecha se refleja en el hecho de que “estamos en camino de producir 120% más petróleo, gas y carbón de lo compatible con los objetivos del Acuerdo de París”, lo que evidencia que el desafío no radica en la ausencia de compromisos, sino en la falta de alineación entre estos y las decisiones económicas que siguen guiando la expansión del sector fósil.

Al trasladar esta discusión al contexto latinoamericano, emerge con mayor claridad la dimensión política de la transición. Diego Merla López, Coordinador de la Estrategia de Justicia Fiscal en Oxfam México, subraya que las dinámicas de desigualdad no son un elemento periférico, sino un factor estructural que condiciona la posibilidad misma de avanzar en la transición. La concentración de riqueza y poder incide directamente en la toma de decisiones económicas, como lo expresa al señalar que “mientras más concentrada está la riqueza y el poder, mayor es el riesgo para la democracia. La concentración extrema de la riqueza permite a unos cuantos influir en decisiones políticas que tienen impactos enormes en las personas y en el planeta.” Esta observación desplaza el análisis hacia el terreno de la economía política, donde la persistencia del modelo fósil se explica no sólo por su peso económico, sino por las relaciones de poder que lo sostienen. En este contexto, la dependencia de ingresos petroleros ha funcionado también como un mecanismo que ha postergado reformas fiscales estructurales, lo que refuerza la relevancia de su planteamiento de que “ya no podemos seguir viviendo del petróleo… y eso nos tiene que obligar a tener muy seriamente la conversación de cómo financiar la acción del Estado de forma justa, progresiva y sostenible”.

Esta conversación se complejiza al analizar la estructura del financiamiento climático en la región. Janeth Ugalde, Asociada en Finanzas para la Transición Energética Justa en el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), cuestiona una de las premisas más extendidas en el debate internacional: la insuficiencia de recursos. A partir del análisis del financiamiento disponible, plantea que “la transición energética… no está limitada justamente por esta falta de financiamiento, sino por las prioridades que están reflejando nuestras finanzas y también las decisiones que se están tomando”. Este desplazamiento conceptual es relevante, ya que introduce una lectura en la que el problema no es de volumen, sino de asignación. En términos prácticos, esto implica reconocer que la persistencia del modelo fósil está directamente vinculada a las decisiones presupuestarias y financieras que continúan favoreciendo, incluso en contextos donde la transición se reconoce como prioritaria. Así, la discusión deja de centrarse en la movilización de recursos para enfocarse en la coherencia de las decisiones económicas que estructuran las economías de la región.

En este sentido, el Índice de Finanzas Sostenibles 2025 (IFS) desarrollado por GFLAC refuerza este diagnóstico al evidenciar que, en América Latina y el Caribe, las economías nacionales continúan destinando mayores recursos a actividades nocivas que a aquellas alineadas con la sostenibilidad. Esta tendencia se observa tanto en la estructura de ingresos como en los egresos públicos y privados, lo que pone de manifiesto la persistencia de incoherencias en las políticas fiscales y financieras, y subraya la necesidad urgente de reorientar los flujos económicos hacia un desarrollo verdaderamente sostenible.

La dimensión social de esta problemática se manifiesta con particular claridad en el debate sobre subsidios, abordado por Matías Cena Trebucq, Economista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien advierte sobre los riesgos de implementar medidas sin considerar las condiciones estructurales de desigualdad. En este sentido, señala que “muchas veces el recorte de estos subsidios termina generando efectos negativos en los hogares de menos ingresos”, lo que evidencia que las decisiones en materia de política energética tienen implicaciones distributivas que no pueden ser ignoradas. Este punto es particularmente relevante para el proceso de Santa Marta, ya que subraya la necesidad de integrar la justicia social como un componente central de la transición, evitando que los costos recaigan desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables.

Al mismo tiempo, la transición se presenta también como una oportunidad para reconfigurar las estructuras productivas de la región. Diego de la Merced, Socio fundador y Director de Proyectos Sostenibles en SESSA, introduce una perspectiva que desplaza la narrativa del costo hacia la del valor, al afirmar que “el verdadero potencial es generar valor donde antes solo existían costos”. Esta lectura sugiere que la transición no debe entenderse únicamente como una respuesta a la crisis climática, sino como una oportunidad para redefinir los modelos de desarrollo, incorporando nuevas dinámicas productivas que permitan generar beneficios económicos sostenibles.

Finalmente, la dimensión política de este proceso es retomada por Laura Restrepo Alameda, Oficial de Incidencia en Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), quien enfatiza la necesidad de construir marcos de decisión que trascienden los ciclos políticos y permitan sostener transformaciones de largo plazo. Esta reflexión resulta clave para comprender los límites actuales de la transición: más allá de los diagnósticos y las propuestas, el desafío radica en la capacidad de traducir estos en decisiones sostenidas en el tiempo, en contextos institucionales complejos y, en muchos casos, fragmentados. Asimismo, resulta imperativo desarrollar salvaguardas que trasciendan la visión del recambio tecnológico. En este sentido, la transición solo adquirirá un carácter genuinamente justo si su ejecución se fundamenta en procesos equitativos que aseguren la convergencia entre la descarbonización, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la preservación de la integridad ecológica.

En conjunto, las intervenciones convergen en una lectura compartida: la transición energética en América Latina no está restringida por la falta de conocimiento ni por la ausencia de recursos, sino por la persistencia de estructuras económicas, fiscales y políticas que continúan favoreciendo el modelo fósil. En este contexto, Santa Marta se configura como un espacio con potencial para reorientar el debate hacia estas condiciones estructurales, reconociendo que avanzar en la transición implica no solo transformar matrices energéticas, sino también redefinir las bases económicas sobre las que se sostienen las sociedades de la región.