Hoja de Ruta Bakú–Belém: Perspectivas desde la sociedad civil

Por: Sandra Guzmán, Directora General de GFLAC, Janeth Ugalde, Asociada en Finanzas para la Transición Energética Justa, GFLAC y Dana Oyarzaba, Pasante en Diplomacia Climática, GFLAC.

La Hoja de Ruta Bakú–Belém para movilizar 1.3 billones de dólares es uno de los acuerdos para poner en operación el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificable (NCQG) de financiamiento climático acordado en la COP 29.  A diferencia de compromisos previos centrados en metas cuantitativas, como el objetivo de transferir  100 mil millones de dólares anuales de países desarrollados a países en desarrollo, el NCQG busca establecer un marco funcional que no sólo determine cuánto financiamiento debe movilizarse, sino también cómo se moviliza, desde qué fuentes, hacia qué prioridades, y bajo qué marcos de seguimiento y gobernanza, es decir, no solo se fija en la cantidad, sino también en la calidad del financiamiento. 

Desde distintos sectores de la sociedad, incluyendo actores gubernamentales y no gubernamentales, se ha identificado que el desafío central no es únicamente lograr un nuevo compromiso financiero multilateral, sino asegurar que éste se construya sobre condiciones estructurales que corrijan las fallas históricas del sistema financiero. Las deficiencias en transparencia, acceso, rendición de cuentas y alineación con las necesidades reales del Sur Global han sido ampliamente expuestas, y constituyen el punto de partida para demandar que la Hoja de Ruta no sea un simple instrumento de orientación política, sino un acuerdo que traiga consigo compromisos y acciones desde diversas entidades del sector financiero. 

De acuerdo a visiones vertidas en el evento “Hoja de Ruta Bakú–Belém: Perspectivas desde la sociedad civil”, organizado por la Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible (REDFIS), existen todavía diversas percepciones de lo que debe ser la ruta, pero un acuerdo clave es que debe ser transparente y operativa.

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Principales riesgos

Se considera que uno de los principales riesgos es que el proceso para el diseño de la Ruta quede reducido a una meta numérica sin mecanismos de implementación efectivos. Si bien el diseño de esta Ruta ya parte de un contexto poco claro, dada la falta de acuerdos sobre la definición de lo que es el financiamiento climático, que no permite distinguir recursos nuevos y adicionales, es importante que “no se limite a un número, sino a un plan de acción, con hitos, y objetivos claros”, como lo señala Sandra Guzmán del GFLAC. 

Otro riesgo latente y que se basa en la visión sobre el rol que puede o debe jugar el sector privado, es que hay países y organismos que consideran que es el sector privado el que jugará el mayor rol en la movilización de recursos. Sin embargo, no es claro quien representa a este sector privado y hasta qué punto realmente participará de esta movilización, sobre todo cuando se trata de recursos destinados a la adaptación, como una de las grandes necesidades de los países en desarrollo. 

En este sentido, mientras que algunos países promueven la participación amplia del sector privado, otros  cuestionan su efectividad para atender necesidades estructurales en regiones altamente vulnerables. Eleonora Cogo de ECCO Climate, señaló que el sector privado tendrá un rol, pero que es importante establecer criterios de elegibilidad para asegurar que las inversiones sean efectivas. De lo contrario, el riesgo es que los flujos prioricen sectores rentables y dejen fuera áreas críticas como la adaptación comunitaria, la resiliencia territorial o la acción climática liderada por mujeres.

En este sentido, un riesgo evidente es que la decisión alcanzada en la COP 29, no corrigió la falta de definición de compromisos pasados, como los 100 mil millones de dólares. Pues la demanda de los países en desarrollo, en particular, de los países africanos, era que los 1.3 billones de dólares, fueran de carácter público, es decir, proveniente de países desarrollados. Sin embargo, la decisión habla de que estos 1.3 billones integrarán todas las fuentes, públicas y privadas, lo que limita la transparencia como lo señaló Iskander Erzini Vernoit, de Imal Initiative for Climate & Development, quien alertó que un riesgo es que “volveremos a repetir el fracaso del pasado: promesas que no se traducen en flujos efectivos para quienes más lo necesitan”. 

Visión hacia adelante

Considerando los riesgos mencionados, un aspecto fundamental es que la Hoja de Ruta cuente con anclajes normativos claros. Esto es, que se respeten los principios bajo los cuales fue concebido, como el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En este sentido, Rebecca Thissen de CAN-I subrayó que “la justicia no es un elemento decorativo del financiamiento climático: es su fundamento operativo más pragmático”, reforzando la necesidad de alinear el diseño técnico  con marcos de equidad y justicia.

Es claro que para el éxito de la Ruta es necesario movilizar y alinear procesos, tanto dentro de la CMNUCC como fuera de la misma. En este sentido, se considera que Brasil es un país que puede jugar un rol único en el tejido de los puentes necesarios para que la Ruta anclada en la Convención tenga impacto en otras esferas. De ahí las consultas que el gobierno ha venido desarrollando a través del Círculo de Ministros de Finanzas, y otros. Ante ello,  Lucca Rizzo de iCS señaló que “la credibilidad del proceso se medirá en qué tan duradero y verificable sea su legado”. Este llamado no se refiere solo a la longevidad de la ruta, sino a su clara influencia en la reforma del sistema financiero global en el largo plazo.

En síntesis, la Hoja de Ruta Bakú–Belém para movilizar 1.3 billones de dólares, se posiciona como un componente estructural dentro de la arquitectura del nuevo régimen financiero, con implicaciones técnicas y políticas que van más allá de la definición de metas cuantitativas. Su relevancia estratégica reside en su capacidad para establecer condiciones habilitantes concretas que permitan traducir el NCQG en flujos efectivos, predecibles y coherentes con los compromisos del Acuerdo de París. Esto implica construir un documento metodológicamente robusto, que incorpora definiciones operacionales claras, mecanismos verificables de seguimiento, y marcos de gobernanza que aseguren corresponsabilidad, transparencia y participación efectiva. Sin embargo, para que cumpla su función estructurante, debe estar estrechamente articulada con otros mandatos clave del régimen financiero, como la reforma de las instituciones financieras internacionales, la convención fiscal, y el debate de un mecanismo global para tratamiento de la deuda de los países en desarrollo. Solo mediante esta coherencia entre instrumentos se podrá garantizar una arquitectura financiera que sea integral, efectiva y alineada con las prioridades del Sur Global.

Además, el diseño de esta Hoja de Ruta debe considerar activamente las necesidades estructurales de las regiones en situación de vulnerabilidad, muchas de las cuales han sido históricamente marginadas del acceso equitativo a los recursos financieros. La eficacia del NCQG dependerá no solo de su volumen total, sino de su alineación con los contextos diferenciados y con los criterios de calidad, acceso y justicia que definen la acción climática global.  Esta representa una oportunidad para reconfigurar los principios que rigen el financiamiento climático y garantizar que este cumpla una función habilitante real frente a los desafíos sistémicos. 

Conoce recursos como:

• Insumos clave para la Ruta Bakú a Belém (documento en inglés)

• 🇧🇷 Carta abierta al gobierno de Brazil sobre la Ruta