Financiamiento para la adaptación y las pérdidas y los daños en un mundo en crisis: Visiones y demandas desde África y LAC.

El tercer día de la  7ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible de GFLAC reunió perspectivas de África, América Latina y el Caribe en torno a una pregunta central: ¿cómo garantizar que los recursos climáticos lleguen a tiempo, en condiciones justas y a quienes más lo necesitan?

Las conversaciones abordaron dos desafíos relacionados, pero distintos: financiar la adaptación antes de que los impactos se agraven y responder a las pérdidas y daños que ya se están produciendo.

Financiar las necesidades, no adaptar las necesidades a los fondos

Durante la primera sesión, moderada por Andrea Rodríguez Osuna, directora de Earth Pulse Advisory, se destacó que el financiamiento actual sigue siendo insuficiente para responder a la magnitud de la crisis climática. Aunque se movilizan cerca de 75 billones de dólares anuales para medidas de adaptación, las necesidades estimadas de los países en desarrollo oscilan entre 215 a 315 billones de dólares al año. Por lo que dicha brecha limita la capacidad de las comunidades más vulnerables para prepararse, reducir riesgos y fortalecer su resiliencia.

Además de la insuficiencia de recursos, los panelistas identificaron barreras compartidas por países de África, América Latina y el Caribe: procedimientos de acceso complejos, fragmentación entre fondos y el riesgo de aumentar la deuda de países que ya enfrentan impactos climáticos. También advirtieron sobre la posible competencia por recursos entre la adaptación y la atención a las pérdidas y daños, e insistieron en que el financiamiento debe responder a las prioridades nacionales y a las realidades de las comunidades. 

La discusión subrayó que la adaptación, aunque imprescindible, ya no es suficiente por sí sola en muchos territorios donde los eventos climáticos extremos superan las capacidades de respuesta existentes. Elena Pereira, de Honduras, compartió la urgencia de estas necesidades al describir los efectos del fenómeno denominado “Súper Niño” en Centroamérica, con diez meses de sequía continua; señalando también que el Sur Global necesita un financiamiento de 1.3 billones de dólares para hacer frente a sus problemáticas. Por otro lado, Brenda Mwale, desde Malawi, advirtió sobre el riesgo de hacer competir los recursos destinados a la adaptación con aquellos orientados a las pérdidas y daños. Al mencionar las inundaciones en Nepal, insistió en la necesidad de establecer modalidades de respuesta rápida dentro del FRLD, capaces de atender las emergencias oportunamente. Es así como resulta necesario garantizar que los recursos lleguen de forma equitativa y directa a quienes enfrentan los impactos más severos; por lo tanto, este tema se perfila como uno de los ejes centrales de las negociaciones rumbo a la COP31.

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Luisa Brown, de Triple Capital, puso el énfasis en el territorio: “La adaptación es inherentemente local”. Desde esta perspectiva, sostuvo que las respuestas deben ajustarse a las prioridades de cada país y comunidad, y que el capital privado puede contribuir, pero no sustituir los recursos públicos cuando no existe un retorno comercial claro. Para explicar las dificultades de atraer inversión privada, señaló que la banca comercial puede percibir los proyectos agrícolas y de adaptación como demasiado riesgosos, ya sea por desconocimiento del sector o por la incertidumbre de sus rendimientos. En este contexto, presentó el financiamiento combinado como una herramienta mediante la cual los recursos públicos, a través de subvenciones o garantías, pueden asumir parte del riesgo inicial y facilitar la participación del capital privado.

La responsabilidad por los daños climáticos también ocupó un lugar en la conversación. Adrián Martínez, de La Ruta del Clima, abordó el marco jurídico internacional y destacó las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y de las cortes regionales Interamericana y Africana.

Por su parte, Lucas Di Pietro Paolo señaló una dificultad adicional para los equipos nacionales: la multiplicidad de fondos obliga a aprender “un nuevo lenguaje, nuevas metodologías” cada vez que se busca financiamiento. Ante esta situación, propuso fortalecer una mayor coherencia entre los mecanismos y avanzar del modelo de proyectos individuales hacia un enfoque más programático de largo plazo, que reduzcan la carga burocrática y den continuidad a las acciones.  

Frente a estos desafíos, surgió una oportunidad común para ambas regiones: cooperar más estrechamente para compartir capacidades, fortalecer el acceso local al financiamiento y llevar una voz conjunta a las negociaciones internacionales. La Red de Santiago fue mencionada como un espacio para vincular las necesidades de los países con organizaciones y especialistas que pueden ofrecer asistencia técnica, aunque todavía enfrenta limitaciones de recursos y el desafío de llegar efectivamente a las comunidades. En este sentido, la cooperación entre las regiones se planteó como una ruta para traducir las demandas comunes en acciones concretas. Al referirse a América Latina y el Caribe y África, Lucas afirmó: “Nuestras similitudes son muchísimo mayores que nuestras diferencias”. 

Triplicar el financiamiento para la adaptación: la importancia para África y LAC ¿Cómo convertir una meta en resultados? 

El segundo panel se concentró en cómo llevar a la práctica el compromiso de al menos triplicar el financiamiento para la adaptación hacia 2035. Pilar Bueno, de Argentina 1.5, recordó que la decisión adoptada en la COP30 es una señal política, pero que aún requiere elementos básicos para convertirse en una hoja de ruta: línea de base definida, responsabilidades claras, transparencia, contabilidad común, hitos intermedios, relación con las necesidades territoriales y un objetivo como región LAC+África.

“El monto es fundamental, pero también no es la única dimensión”, advirtió Pilar. La calidad, las condiciones y el momento en que llegan los recursos importan tanto como su volumen, especialmente si acceder a ellos implica una mayor deuda o procesos demasiado largos. También propuso un enfoque sectorial, dado que 7 de las 11 metas globales de adaptación tienen ese carácter.

Imani Syde, de Iniciativa Climática, coincidió en que la ambigüedad del compromiso dificulta su implementación. Expresó que es necesario precisar los plazos y las metas intermedias rumbo a la COP31, y recordó las obligaciones de financiamiento de los países desarrollados previstas en el artículo 9.1 del Acuerdo de París.

Asimismo, se destacó la necesidad de pasar de la planificación a la implementación de los planes nacionales de adaptación (NAPs). Matías Söderberg, de DanChurchAid, lo expresó así: “Necesitamos el recurso para implementar las NAPs”. Para ello, planteó involucrar a los ministerios de Finanzas y Economía que intervienen en las decisiones presupuestarias y de inversión e invitó a explorar fuentes innovadoras, así como establecer obligaciones para que el sector privado adapte sus cadenas de valor.

Desde la Presidencia de la COP30, Alice complementó esta propuesta con una ruta para fortalecer los NAPs: elevar su visibilidad política, integrarlos en las decisiones económicas, calcular sus costos y estructurar carteras de proyectos capaces de obtener financiamiento. Asimismo, destacó la NAP Expo en África como un espacio para avanzar en este trabajo.

Lily Hartzell presentó la experiencia del Fondo de Adaptación como ejemplo de mecanismos que pueden facilitar la implementación. Señaló que una inversión inicial de 300 millones de dólares permitió movilizar 900 millones adicionales. Además, destacó el acceso directo mediante 41 entidades nacionales implementadoras y las pequeñas subvenciones de 250,000 dólares para impulsar la innovación local sin procesos complicados de acreditación.

La discusión dejó una idea central para el camino hacia la COP31: triplicar el financiamiento es un punto de partida, no una respuesta suficiente por sí sola, cuyo valor dependerá de su implementación. Su valor dependerá de cómo se traduzca en recursos que lleguen a los países y territorios sin profundizar sus vulnerabilidades fiscales. 

Proyecto transformador: Sym.Bio.Sys

Juan Matías Schüttenberg presentó Sym.Bio.Sys como una iniciativa que busca conectar la gobernanza climática con mecanismos concretos de financiamiento, responsabilidad y transición energética. Su trabajo explora cómo convertir las propuestas en acciones que puedan implementarse.

“Es un sistema simétrico biológico. Conecta la visión de la lógica con la de la naturaleza para implementarse en la toma de decisiones en la gobernanza.”

- Juan Matias Shuttenberg

Sym.Bio.Sys estudia y analiza cuestiones de los ámbitos político - climático, y realiza propuestas para abordarlas. Siendo así que propone una arquitectura operativa para un posible tratado sobre combustibles fósiles; basándose en la siguiente idea inicial: “Los acuerdos únicamente establecen límites extremos, pero no regulan ni limitan directamente el nivel de extracción de los recursos”. Esta propuesta incluye un mecanismo financiero para apoyar una transición justa, medidas frente a controversias con inversionistas, un protocolo de responsabilidad por daños y una vía de apoyo a tecnologías alternativas. Impulsando además los acuerdos ante los ISDS, evitando de esta manera posibles blindajes jurídicos internacionales que pueden desfavorecer la capacidad de actuación del Estado.

Trabajos como el análisis del oleoducto EACOP, entre Uganda y Tanzania, y el estudio sobre los biocombustibles de tercera generación, forman parte de esta línea de trabajo y aportan propuestas para ampliar la conversación sobre cómo financiar la transición energética y vincular las decisiones económicas con la responsabilidad climática.

Conclusiones

El mensaje principal de la jornada fue claro: los compromisos financieros deben evaluarse tanto por los recursos que prometen movilizar como por su capacidad para traducirse en respuestas oportunas, accesibles y pertinentes para los países y las comunidades que enfrentan la crisis climática.

Triplicar el financiamiento para la adaptación representa un paso importante, pero no resolverá por sí solo las barreras de acceso ni cubrirá todas las necesidades de los países y comunidades. Para convertir este compromiso en resultados concretos se requieren criterios claros para medir su cumplimiento, recursos oportunos y en condiciones concesionales, y mecanismos que respondan a las prioridades locales sin profundizar el endeudamiento. También es necesario una reestructuración del sistema financiero que permita llevar de manera efectiva los recursos a los territorios. Así pues, la cooperación entre África, América Latina y el Caribe puede fortalecer una posición conjunta para llevar estas demandas a las negociaciones de la COP31.

Las propuestas de Sym.Bio.Sys amplían la discusión hacia otra pregunta: ¿cómo financiar y gobernar una transición energética que también contribuya a prevenir daños futuros y pueda ser beneficiosa para el Estado y las comunidades? El desafío compartido es convertir los compromisos y las propuestas en mecanismos capaces de operar en los territorios y responder a sus necesidades.

Voluntarixs SFC2026

• Elizabeth Salas Sandoval (México): Candidata a Doctorado en Ingeniería Ambiental, ingeniera química y ex becaria de la NASA. / www.linkedin.com/in/elizabeth-salas-erss

• Lorena Tellez Farfan (Colombia): Profesional en ciencias ambientales, con experiencia en Finanzas sostenibles, Desarrollo Sostenible y Comunidades y  GEDSI / https://www.linkedin.com/in/lorena-tellez-farfan

• Venezia Selena Castro Espinoza (Perú): Estudiante de ingeniería Ambiental de la UNALM con Experiencia en EIA-sd y DIA. / www.linkedin.com/in/venezia-castro-espinoza-899a952ba