COP31 en Antalya: sin financiamiento climático no hay implementación

Por: Sandra Guzmán, Fundadora y directora general del GFLAC

Del 9 al 20 de noviembre de 2026, Antalya (Turquía) acoge la COP31 en un año marcado por olas de calor, incendios forestales, inundaciones y sequías,  2026 podría convertirse en el año más caluroso del que se tenga registro, mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que el mundo se encamina a superar el límite de 1,5 °C.

En América Latina y el Caribe, la intensificación del fenómeno de El Niño agrava el panorama, y sus impactos afectan primero y con mayor intensidad a las comunidades de menores ingresos. A ello se suman los recortes a la cooperación internacional, las tensiones geopolíticas, las restricciones fiscales y el endeudamiento. Los limitados avances alcanzados durante las sesiones de Bonn (SB64) reflejan, además, las dificultades para construir consensos en temas centrales de la negociación climática.

Turquía, como Presidencia de la COP, y Australia, a cargo de la Presidencia de las Negociaciones, enfrentan el desafío de reconstruir la confianza en el régimen climático multilateral. Este esquema de liderazgo compartido, pondrá a prueba su capacidad de coordinación y de construcción de consensos en un contexto internacional particularmente complejo.

En este escenario, la COP31 deberá demostrar si los compromisos internacionales pueden traducirse en decisiones concretas para ampliar el financiamiento climático, mejorar sus condiciones de acceso y responder a las necesidades de los países en desarrollo.

Una “COP de la implementación” sin medios de implementación

Turquía  la ha denominado la “COP de la Implementación”. Para redes globales y regionales como la Red Latinoamericana y del Caribe por un Sistema Financiero Sostenible (REDFIS), declarar una COP centrada en la implementación sin contar con los medios necesarios para llevarla a cabo constituye una contradicción. El problema de fondo no es solo la limitada provisión y movilización de financiamiento climático para los países en desarrollo, sino también el aumento del financiamiento destinado a actividades intensivas en carbono. Esto demuestra que el problema no radica únicamente en la disponibilidad de recursos, sino en las decisiones políticas sobre cómo y hacia dónde dirigirlos.

Los datos lo dejan claro. En 2024, los 20 países de América Latina y el Caribe analizados por el Índice de Finanzas Sostenibles recibieron USD 18.200 millones para cambio climático y biodiversidad, equivalentes a apenas el 28,6 % del financiamiento para el desarrollo recibido por estos países. Los recursos se concentraron en mitigación, que recibió el doble de financiamiento que adaptación (54,4 % frente a 27,2 %). Además, el 89,2 % de los recursos se otorgó mediante préstamos y solo el 6,8 % correspondió a subvenciones. Esta dependencia del endeudamiento ejerce presión sobre el espacio fiscal y limita la inversión en adaptación, pérdidas y daños y la transición energética justa. Asimismo, los ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono, incluidas las exportaciones de petróleo, gas, carbón y minerales, superaron en doce veces a los ingresos asociados con actividades sostenibles, lo que refleja la persistencia de una estructura fiscal vinculada a actividades con impactos ambientales negativos.

Las prioridades centrales de financiamiento para la COP31

1. Dar un anclaje formal al Programa de Trabajo sobre Financiamiento Climático (CFWP). Sin un espacio en las negociaciones ni una decisión clara sobre sus objetivos y alcance, este programa corre el riesgo de convertirse en un diálogo sin resultados. La CMA8 debe adoptar una decisión que establezca un mandato por fases o ejes temáticos para 2027–2028, con una referencia explícita al Artículo 9.1 del Acuerdo de París y la presentación de un informe anual. Asimismo, es necesario solicitar un informe comparativo entre los recursos que proyectan aportar los países desarrollados (comunicaciones del Artículo 9.5) y los que efectivamente reportan (Informes Bienales de Transparencia), con el fin de identificar brechas y aportar información al segundo Balance Mundial.

2. Trazar la ruta hacia los USD 300 mil millones de la NCQG. La Hoja de Ruta de Bakú a Belém no establece el camino para alcanzar esta meta, por lo que la COP31 debe definirlo. 

Los bancos multilaterales de desarrollo deben presentar un plan con metas intermedias. Además, la decisión del Grupo Banco Mundial de retirar su objetivo de destinar el 45 % de su financiamiento a operaciones con beneficios climáticos pone en entredicho los compromisos anteriores. 

La calidad del financiamiento importa tanto como la cantidad: deben garantizarse el acceso oportuno, la transparencia y el uso de instrumentos que no incrementen el endeudamiento. Los recursos climáticos tampoco deben financiar «falsas soluciones» que perpetúen la dependencia de los combustibles fósiles o vulneren los derechos humanos.

3. Establecer un espacio para triplicar el financiamiento para la adaptación. Esta fue una de las demandas que más unieron a los países en desarrollo durante la COP30. Sin embargo, actualmente no existe un espacio específico para discutir su implementación. Es necesario establecerlo, ya sea mediante la decisión sobre la Meta Global de Adaptación o la correspondiente al CFWP, acompañado de un plan que defina cómo se alcanzará este objetivo y con qué recursos públicos, concesionales y en forma de subvenciones.

4. Anunciar nuevos compromisos de los países desarrollados. El financiamiento público sigue siendo la base de la acción climática para la mayoría de los países en desarrollo. Antes o durante la COP31, los países desarrollados deben anunciar compromisos individuales, cuantificados y plurianuales para el período posterior a 2025, distinguiendo claramente entre la provisión de recursos públicos y la movilización de otras fuentes de financiamiento. Sin compromisos claros, difícilmente las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y los planes de adaptación podrán traducirse en acciones concretas.

5. Aumentar los recursos para los fondos multilaterales. Los flujos financieros de las entidades operativas del Mecanismo Financiero deben triplicarse respecto de los niveles de 2022, a más tardar en 2030. Sin embargo, las contribuciones al Fondo Verde para el Clima y al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) han disminuido. La COP31 debe impulsar nuevas aportaciones, particularmente al Fondo de Adaptación y al Fondo para responder a las Pérdidas y los Daños (FRLD). También es necesario resolver la disputa sobre la composición de la Junta del Fondo de Adaptación, garantizando una mayoría de representantes de los países en desarrollo y evitando nuevos bloqueos que retrasen la llegada de recursos.

6. Implementar el Artículo 2.1.c con salvaguardas. De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2026 de GFLAC, con datos de 2025, los ingresos procedentes de actividades intensivas en carbono en la región fueron doce veces superiores a los ingresos sostenibles, mientras que, en el gasto público, la proporción fue de 3,8 a 1. Para revertir esta situación, se requieren reformas que desincentiven el extractivismo y articulen los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con la reforma del sistema financiero y la cooperación tributaria internacional. De lo contrario, la alineación de los flujos financieros se convertirá en una exigencia sin los medios necesarios para cumplirla.

7. Garantizar recursos adecuados para pérdidas y daños. El financiamiento destinado a pérdidas y daños no debe competir con los recursos para adaptación o mitigación, ni contabilizarse como ayuda humanitaria o como financiamiento previamente existente que simplemente ha sido reclasificado. Sin una reposición sustancial de recursos, el FRLD corre el riesgo de convertirse en una «cáscara vacía». La Red de Santiago y el Mecanismo Internacional de Varsovia también requieren recursos estables y previsibles para cumplir sus funciones.

8. Poner en marcha el mecanismo de transición energética justa. Este mecanismo debe definir claramente sus funciones, modalidades de operación y estructura de gobernanza, y contar con financiamiento público, previsible y basado en subvenciones. Una transición justa implica garantizar trabajo decente, protección social, justicia territorial y la participación efectiva de las comunidades, los pueblos indígenas, las mujeres, las juventudes y las personas defensoras del medio ambiente. No se trata de una agenda de mitigación revestida de lenguaje social, sino de una transformación económica, fiscal, laboral y territorial.

9. Dar continuidad al Programa de Trabajo sobre Mitigación y avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles. La ambición climática sin financiamiento constituye una exigencia unilateral. Las hojas de ruta sobre combustibles fósiles y deforestación deben establecer metas, plazos y mecanismos de rendición de cuentas, incorporar un enfoque basado en derechos y contar con financiamiento público y concesional, sin promover la financiarización de la naturaleza.

10. Defender el multilateralismo y movilizar fuentes equitativas de financiamiento. La CMNUCC es el único espacio en el que todos los países tienen voz en condiciones de igualdad. Las iniciativas voluntarias aportan valor, pero no sustituyen las obligaciones entre Estados. Los recursos existen: cada año se destinan cientos de miles de millones de dólares a guerras y subsidios a los combustibles fósiles, mientras las empresas petroleras registran ganancias extraordinarias. Gravar estas ganancias, los vuelos de primera clase y privados, así como las grandes fortunas, puede complementar el financiamiento climático, pero nunca sustituir la obligación de provisión de recursos públicos establecida en

Un llamado final

El éxito de Antalya se medirá por las decisiones de la COP, no por anuncios no vinculantes. No puede haber implementación sin confianza en que llegará el financiamiento. Sin financiamiento climático público, justo, reparador y basado en derechos, no habrá transición justa, adaptación efectiva ni respuesta adecuada a las pérdidas y los daños.