Una reactivación transformadora en América Latina y el Caribe es posible y urgente. Este es el llamado que hacen más de 250 instituciones de la región, las cuales reconocen la amenaza y la oportunidad que representan los programas y medidas de reactivación económica que están implementando los gobiernos de la región a raíz de la pandemia del COVID-19. Con representantes de 16 países de América Latina, las organizaciones participantes coinciden en que frente a las crisis socioambiental y de justicia que enfrenta la región no es posible continuar con el “business as usual”; por el contrario, señalan, que las medidas y estrategias a implementar deben ayudar a subsanar la crisis socioambiental y asegurar que las brechas sociales sean atendidas correctamente en el corto plazo, con una visión a largo plazo. Reconociendo la ventana de oportunidad para emprender cambios estructurales en el actual modelo de desarrollo, atender las crisis climática y de biodiversidad, y los impactos multidimensionales de la pandemia, esta propuesta de Reactivación Transformadora en América Latina y el Caribe aglutina diversas voces para incidir en los tomadores de decisión a través de diversas instancias de encuentro y discusión multisectorial para la generación de propuestas, entre otras actividades. Desde el sentido de urgencia e inspirada en las movilizaciones sociales de la región, organizaciones de diversa índole y campo de acción abogan por una reactivación que promueva una economía baja en carbono y un sistema social más justo, con respuestas inclusivas, focalizadas, transparentes e integrales, con perspectiva de género y que fomenten una profunda reconstrucción valórica para una verdadera transformación sistémica. Unidas bajo el slogan Juntxs por una reactivación transformadora, las organizaciones elaboraron un pronunciamiento que promueve la necesidad de generar incentivos, empleos y oportunidades de desarrollo a través de reformas fiscales e inversiones en sectores no extractivos y bajos en carbono, la necesidad de reformular los indicadores para medir el bienestar y fortalecer un desarrollo social incluyente, orientado a fortalecer los procesos democráticos, la resiliencia comunitaria, el acceso a servicios básicos de calidad. Además promueve las soluciones basadas en la naturaleza para proteger y restaurar ecosistemas y la firma de tratados regionales como el Acuerdo de Escazú, además del cumplimiento de los compromisos climáticos y de biodiversidad multilaterales, y la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Hasta el momento han suscrito esta propuesta regional más de 550 representantes de la sociedad civil, sector privado, academia y gobiernos subnacionales de 16 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), WWF, el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC), el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Fundación Avina, Fundación Futuro Latinoamericano, WRI México, 350.org, la Universidad del Rosario de Colombia y el Municipio de Loreto en México, entre otros. Se puede conocer al resto de firmantes y adherir al pronunciamiento en la página web de la campaña: reactivaciontransformadora.com Frases de algunos miembros de la campaña Javier Dávalos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): “La crisis sanitaria y la crisis climática aquejan a todo el planeta y con mayor fuerza a las personas y países más vulnerables. Algunas medidas de recuperación amenazan con profundizar el modelo fracasado que nos ha traído a este momento de la historia. Por ello, las acciones frente a la pandemia por COVID 19 deben sin duda estar enmarcadas en el camino que recomienda la ciencia para afrontar el cambio climático, buscando una transición justa y respetuosa de los derechos humanos hacia un modo de vida más justo, resiliente y sostenible.” Grupo coordinador de Brasil - Liliana Pimentel, OLAC/CRP; Ilan Zugman, 350.org; Fred Seifert, SITAWI: “La coordinación y los socios de la campaña en Brasil creen en la unión de los pueblos en la búsqueda de una reactivación económica responsable y justa, que respete la diversidad, la sostenibilidad y reafirme el compromiso de los gobiernos con los objetivos acordados en París” " A coordenação e parceiros da campanha no Brasil acreditam na união dos povos na busca pela reativação econômica responsável e justa, que respeite a diversidade, a sustentabilidade e reafirme o comprometimento dos governos com os objetivos acordados em Paris". Carola Mejía, Grupo de Financiamiento Climático América Latina (GFLAC) / OLAC: “La actual crisis sanitaria nos revela la urgencia de enfocar los paquetes de reactivación hacia acciones que atiendan oportunamente la crisis climática, aumenten la resiliencia de los grupos vulnerables, garanticen el bienestar de la población y se apliquen en el marco de nuevos modelos de desarrollo que antepongan el bien común y el cuidado del planeta, a los intereses de unos pocos. América Latina merece reinventarse, aún estamos a tiempo”. Alejandro Luy, Fundación Tierra Viva, Venezuela: “Después del gran impacto social y económico de la pandemia, producto de los errores en la relación del hombre con su entorno, la humanidad no puede resignarse a volver a las mismas prácticas insostenibles cuestionadas durante años por especialistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Un nuevo camino es necesario, especialmente para América Latina” Karla Maass, Climate Action Network (CAN): “La sociedad civil de América Latina se está organizando trás una reactivación transformadora. Hoy, frente al freno global de la economía, tenemos una oportunidad única para preguntarnos qué mundo queremos construir y quienes serán los actores. Buscaremos alianzas y tejeremos redes para un mejor futuro. Buscaremos unir fuerzas para que, desde múltiples campos de acción y bajo diversas estrategias, podamos promover transformaciones a nuestra forma de relacionamiento con la naturaleza y entre nosotros mismos. Desde la ciencia climática se nos advierte que solo tenemos 10 años para descarbonizar nuestros sistemas sociales en un 45%. La ruta es clara, otra vía nos llevará a que la vida en el planeta tal y como la conocemos habite exclusivamente en libros” Jhoanna Cifuentes, Climalab (Colombia): “Durante décadas las evidencias sobre los impactos negativos del modelo de desarrollo actual han sido claras, pero gran parte de la sociedad no ha prestado la suficiente atención, ni ha actuado en consecuencia. La situación actual en la que han convergido dos crisis: una crisis sanitaria y la crisis climática, nos está demostrando que hay otro camino posible y nos abre una oportunidad para que consolidemos un trabajo coordinado y una respuesta que garantice el bienestar de nuestros ecosistemas y comunidades, con particular atención en aquellos más vulnerables. Necesitamos cambios sustanciales que le permitan a nuestras sociedades afrontar los retos actuales y futuros, lo cual sólo será posible en el marco del respeto hacia la naturaleza y el reconocimiento de nuestros límites como especie. Será la más valiosa tarea de nuestra generación para garantizar un mejor futuro a las nuevas generaciones. No les defraudemos”. Felipe Pino, ONG FIMA (Chile): “La fragilidad de nuestro sistema económico ha quedado expuesta producto de una crisis sanitaria cuyo origen se relaciona, en parte, con la depredación desregulada de los bienes comunes naturales a escala global. Las actuales grietas del orden económico, reconocidas por la gran mayoría de la comunidad internacional, ya habían sido advertidas desde hace décadas por los pueblos de América Latina y el Caribe, quienes han vivido en carne propia las consecuencias tempranas de la crisis climática y ecológica. La actual pandemia nos ofrece un punto de quiebre a las lógicas que han llevado a la humanidad a desarrollarse al borde de los límites planetarios, y en donde tenemos una oportunidad única de transformar nuestro modelo hacia uno que ponga la vida de las personas y ecosistemas como eje central del desarrollo de una vez y para siempre. La sostenibilidad ya no es una opción, es la única alternativa viable.” Ximena Barrera, WWF (Coordinadora de Política de América Latina): “Estamos ante un momento crítico de reflexionar sobre la relación que tenemos con la naturaleza, de revaluar nuestras acciones y comportamiento y crear medidas de reactivación y estímulos a las economías que sean sistémicas e integrales. La ambición climática y la protección de la naturaleza deben estar en el centro de nuestros planes de reactivación, ofreciendo medios de vida más resistentes, resilientes, y bajos en carbono, para nuestras sociedades presentes y futuras, bajo una visión de largo plazo que apunte al cumplimiento de los compromisos internacionales”. Paz González, OLAC y Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina: “La crisis sanitaria del COVID 19 y la crisis económica que atravesamos es una clara muestra de las consecuencias de desatender los problemas de base del sistema global. Hoy resulta fundamental repensar los sistema de producción y consumo a la luz de la sostenibilidad y los límites planetarios; este cambio vendrá únicamente de la mano de una deconstrucción del sistema actual. Como latinoamericanos buscaremos promover una reactivación transformadora, con políticas que nos lleven a un futuro posible y vivible y productos y servicios alineados con la sustentabilidad. Esta crisis ha demostrado nuestra interdependencia e interconexión; y que urge levantar la mirada, ya que los impactos y riesgos que muchos sentíamos lejanos, por ejemplo en las ciudades, nos tocarán la puerta tarde o temprano. Hoy más que nunca debemos tomar conciencia y reconocer un gran poder que tenemos para impulsar un cambio sistémico y profundo al modificar nuestros hábitos. Es el momento de trabajar para fortalecer la resiliencia y autonomías en América Latina". Bernis Cunningham, Centro Nicaragüense de Conservación Ambiental (CENICA): “Estamos atravesando una crisis sistémica, la manera de enfrentarla definirá el futuro inmediato de nuestra región. La destrucción de ecosistemas, sumado a nuestra relación no natural con los animales son la base de pandemias y desastres naturales. La transformación sostenible que requiere Latinoamérica dependerá de la capacidad de organización e incidencia política ciudadana.” Jessica Parra, Atedible / Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC): “La pandemia ha dejado claras las múltiples crisis sociales y ecológicas a las que hoy nos enfrentamos, y al mismo tiempo ha revelado la estrecha interconexión de la sociedad actual. Tomemos esta oportunidad para estrechar lazos entre nuestros países y región, y a la vez, potenciemos nuestros sistemas locales, sostenibles y comunitarios, solo de esta forma lograremos crear un sistema socio-ecológico más resiliente, justo e inclusivo que nos permita enfrentar juntxs esta crisis y los desafíos a futuro.” Patricia Velasco, Coordinadora del Programa de Cambio Climático, Agua y Energía de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA)/ OLAC: "No tenemos un planeta B, por lo tanto, nuestro único plan durante y después de la pandemia debe ser transformador, sostenible, justo y resiliente. Que la nueva normalidad nos cambie en lo más profundo de nuestro ser para también tener cambios e impactos profundos, con modelos energéticos más limpios, eficientes y renovables; sistemas alimentarios sostenibles y justos; un manejo integral de todos nuestros recursos, en especial del agua; conservación de la biodiversidad y la restauración a gran escala de los ecosistemas degradados. Es hora de hacer un pacto, un pacto por la vida, un pacto para la reactivación transformadora en América Latina y el Caribe."

Una reactivación transformadora en América Latina y el Caribe es posible y urgente. Este es el llamado que hacen más de 250 instituciones de la región, las cuales reconocen la amenaza y la oportunidad que representan los programas y medidas de reactivación económica que están implementando los gobiernos de la región a raíz de la pandemia del COVID-19. Con representantes de 16 países de América Latina, las organizaciones participantes coinciden en que frente a las crisis socioambiental y de justicia que enfrenta la región no es posible continuar con el “business as usual”; por el contrario, señalan, que las medidas y estrategias a implementar deben ayudar a subsanar la crisis socioambiental y asegurar que las brechas sociales sean atendidas correctamente en el corto plazo, con una visión a largo plazo. Reconociendo la ventana de oportunidad para emprender cambios estructurales en el actual modelo de desarrollo, atender las crisis climática y de biodiversidad, y los impactos multidimensionales de la pandemia, esta propuesta de Reactivación Transformadora en América Latina y el Caribe aglutina diversas voces para incidir en los tomadores de decisión a través de diversas instancias de encuentro y discusión multisectorial para la generación de propuestas, entre otras actividades. Desde el sentido de urgencia e inspirada en las movilizaciones sociales de la región, organizaciones de diversa índole y campo de acción abogan por una reactivación que promueva una economía baja en carbono y un sistema social más justo, con respuestas inclusivas, focalizadas, transparentes e integrales, con perspectiva de género y que fomenten una profunda reconstrucción valórica para una verdadera transformación sistémica. Unidas bajo el slogan Juntxs por una reactivación transformadora, las organizaciones elaboraron un pronunciamiento que promueve la necesidad de generar incentivos, empleos y oportunidades de desarrollo a través de reformas fiscales e inversiones en sectores no extractivos y bajos en carbono, la necesidad de reformular los indicadores para medir el bienestar y fortalecer un desarrollo social incluyente, orientado a fortalecer los procesos democráticos, la resiliencia comunitaria, el acceso a servicios básicos de calidad. Además promueve las soluciones basadas en la naturaleza para proteger y restaurar ecosistemas y la firma de tratados regionales como el Acuerdo de Escazú, además del cumplimiento de los compromisos climáticos y de biodiversidad multilaterales, y la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Hasta el momento han suscrito esta propuesta regional más de 550 representantes de la sociedad civil, sector privado, academia y gobiernos subnacionales de 16 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), WWF, el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC), el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Fundación Avina, Fundación Futuro Latinoamericano, WRI México, 350.org, la Universidad del Rosario de Colombia y el Municipio de Loreto en México, entre otros. Se puede conocer al resto de firmantes y adherir al pronunciamiento en la página web de la campaña: reactivaciontransformadora.com Frases de algunos miembros de la campaña Javier Dávalos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): “La crisis sanitaria y la crisis climática aquejan a todo el planeta y con mayor fuerza a las personas y países más vulnerables. Algunas medidas de recuperación amenazan con profundizar el modelo fracasado que nos ha traído a este momento de la historia. Por ello, las acciones frente a la pandemia por COVID 19 deben sin duda estar enmarcadas en el camino que recomienda la ciencia para afrontar el cambio climático, buscando una transición justa y respetuosa de los derechos humanos hacia un modo de vida más justo, resiliente y sostenible.” Grupo coordinador de Brasil -  Liliana Pimentel, OLAC/CRP; Ilan Zugman, 350.org; Fred Seifert, SITAWI: “La coordinación y los socios de la campaña en Brasil creen en la unión de los pueblos en la búsqueda de una reactivación económica responsable y justa, que respete la diversidad, la sostenibilidad y reafirme el compromiso de los gobiernos con los objetivos acordados en París” " A coordenação e parceiros da campanha no Brasil acreditam na união dos povos na busca pela reativação econômica responsável e justa, que respeite a diversidade, a sustentabilidade e reafirme o comprometimento dos governos com os objetivos acordados em Paris". Carola Mejía, Grupo de Financiamiento Climático América Latina (GFLAC) / OLAC: “La actual crisis sanitaria nos revela la urgencia de enfocar los paquetes de reactivación hacia acciones que atiendan oportunamente la crisis climática, aumenten la resiliencia de los grupos vulnerables, garanticen el bienestar de la población y se apliquen en el marco de nuevos modelos de desarrollo que antepongan el bien común y el cuidado del planeta, a los intereses de unos pocos. América Latina merece reinventarse, aún estamos a tiempo”. Alejandro Luy, Fundación Tierra Viva, Venezuela: “Después del gran impacto social y económico de la pandemia, producto de los errores en la relación del hombre con su entorno, la humanidad no puede resignarse a volver a las mismas prácticas insostenibles cuestionadas durante años por especialistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Un nuevo camino es necesario, especialmente para América Latina” Karla Maass, Climate Action Network (CAN) “La sociedad civil de América Latina se está organizando trás una reactivación transformadora.  Hoy, frente al freno global de la economía, tenemos una oportunidad única para preguntarnos qué mundo queremos construir y quienes serán los actores. Buscaremos alianzas y tejeremos redes para un mejor futuro. Buscaremos unir fuerzas para que, desde múltiples campos de acción y bajo diversas estrategias, podamos promover transformaciones a nuestra forma de relacionamiento con la naturaleza y entre nosotros mismos. Desde la ciencia climática se nos advierte que solo tenemos 10 años para descarbonizar nuestros sistemas sociales en un 45%. La ruta es clara, otra vía nos llevará a que la vida en el planeta tal y como la conocemos habite exclusivamente en libros” Jhoanna Cifuentes, Climalab (Colombia): “Durante décadas las evidencias sobre los impactos negativos del modelo de desarrollo actual han sido claras, pero gran parte de la sociedad no ha prestado la suficiente atención, ni ha actuado en consecuencia. La situación actual en la que han convergido dos crisis: una crisis sanitaria y la crisis climática, nos está demostrando que hay otro camino posible y nos abre una oportunidad para que consolidemos un trabajo coordinado y una respuesta que garantice el bienestar de nuestros ecosistemas y comunidades, con particular atención en aquellos más vulnerables. Necesitamos cambios sustanciales que le permitan a nuestras sociedades afrontar  los retos actuales y futuros, lo cual sólo será posible en el marco del respeto hacia la naturaleza y el reconocimiento de nuestros límites como especie. Será la más valiosa tarea de nuestra generación para garantizar un mejor futuro a las nuevas generaciones. No les defraudemos”. Felipe Pino, ONG FIMA (Chile): “La fragilidad de nuestro sistema económico ha quedado expuesta producto de una crisis sanitaria cuyo origen se relaciona, en parte, con la depredación desregulada de los bienes comunes naturales a escala global. Las actuales grietas del orden económico, reconocidas por la gran mayoría de la comunidad internacional, ya habían sido advertidas desde hace décadas por los pueblos de América Latina y el Caribe, quienes han vivido en carne propia las consecuencias tempranas de la crisis climática y ecológica. La actual pandemia nos ofrece un punto de quiebre a las lógicas que han llevado a la humanidad a desarrollarse al borde de los límites planetarios, y en donde tenemos una oportunidad única de transformar nuestro modelo hacia uno que ponga la vida de las personas y ecosistemas como eje central del desarrollo de una vez y para siempre. La sostenibilidad ya no es una opción, es la única alternativa viable.” Ximena Barrera, WWF (Coordinadora de Política de América Latina): “Estamos ante un momento crítico de reflexionar sobre la relación que tenemos con la naturaleza, de revaluar nuestras acciones y comportamiento y crear medidas de reactivación y estímulos a las economías que sean sistémicas e integrales. La ambición climática y la protección de la naturaleza deben estar en el centro de nuestros planes de reactivación, ofreciendo medios de vida más resistentes, resilientes, y bajos en carbono, para nuestras sociedades presentes y futuras, bajo una visión de largo plazo que apunte al cumplimiento de los compromisos internacionales”. Paz González, OLAC y Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina: “La crisis sanitaria del COVID 19 y la crisis económica que atravesamos es una clara muestra de las consecuencias de desatender los problemas de base del sistema global. Hoy resulta fundamental repensar los sistema de producción y consumo a la luz de la sostenibilidad y los límites planetarios; este cambio vendrá únicamente de la mano de una deconstrucción del sistema actual. Como latinoamericanos buscaremos promover una reactivación transformadora, con políticas que nos lleven a un futuro posible y vivible y productos y servicios alineados con la sustentabilidad. Esta crisis ha demostrado nuestra interdependencia e interconexión; y que urge levantar la mirada, ya que los impactos y riesgos que muchos sentíamos lejanos, por ejemplo en las ciudades, nos tocarán la puerta tarde o temprano. Hoy más que nunca debemos tomar conciencia y reconocer un gran poder que tenemos para  impulsar un cambio sistémico y profundo al modificar nuestros hábitos. Es el momento de trabajar para fortalecer la resiliencia y autonomías en América Latina". Bernis Cunningham, Centro Nicaragüense de Conservación Ambiental (CENICA): “Estamos atravesando una crisis sistémica, la manera de enfrentarla definirá el futuro inmediato de nuestra región. La destrucción de ecosistemas, sumado a nuestra relación no natural con los animales son la base de pandemias y desastres naturales. La transformación sostenible que requiere Latinoamérica dependerá de la capacidad de organización e incidencia política ciudadana.” Jessica Parra, Atedible / Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC): “La pandemia ha dejado claras las múltiples crisis sociales y ecológicas a las que hoy nos enfrentamos, y al mismo tiempo ha revelado la estrecha interconexión de la sociedad actual. Tomemos esta oportunidad para estrechar lazos entre nuestros países y región, y a la vez, potenciemos nuestros sistemas locales, sostenibles y comunitarios, solo de esta forma lograremos crear un sistema socio-ecológico más resiliente, justo e inclusivo que nos permita enfrentar juntxs esta crisis y los desafíos a futuro.” Patricia Velasco, Coordinadora del Programa de Cambio Climático, Agua y Energía de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA)/ OLAC: "No tenemos un planeta B, por lo tanto, nuestro único plan durante y después de la pandemia debe ser transformador, sostenible, justo y resiliente.  Que la nueva normalidad nos cambie en lo más profundo de nuestro ser para también tener cambios e impactos profundos, con modelos energéticos más limpios, eficientes y renovables; sistemas alimentarios sostenibles y justos; un manejo integral de todos nuestros recursos, en especial del agua; conservación de la biodiversidad y la restauración a gran escala de los ecosistemas degradados.  Es hora de hacer un pacto, un pacto por la vida, un pacto para la reactivación transformadora en América Latina y el Caribe".

5 de junio de 2020 Exhortamos al Gobierno de México a fortalecer la agenda ambiental y climática para las presentes y futuras generaciones #MexicoBuscandoFuturo #SustentabilidadParaElBienestar En la actual administración persisten y se profundizan problemas ambientales y climáticos que amenazan a generaciones presentes y futuras En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, dedicado a la biodiversidad, organizaciones, investigadores y ciudadanos llaman al G obierno de México, a tomar medidas urgentes y efectivas para fortalecer la política ambiental y garantizar derechos humanos A 48 años de la creación del Día Mundial del Medio Ambiente en 1972 y acercándonos a tres décadas de la entrada en vigor de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las organizaciones firmantes externamos nuestra gran preocupación sobre la debilidad de la política ambiental y climática de México, la cual además de mantener deficiencias históricas, están siendo acrecentadas por la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello hacemos un llamado al gobierno mexicano a asumir su responsabilidad histórica y a llevar a cabo un cambio urgente de rumbo que permita atender las necesidades de las generaciones presentes y futuras, y garantizar sus derechos a un medio ambiente sano, a la salud y a la vida. Para ello, es de gran ur gencia reorientar las actuales políticas del gobierno, de manera que permitan el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024, el cual señala que “el Gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable para el bienestar”, desarrollo sostenible cuya definición retomada por el gobierno refiere a “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades ”, señalando que “el que hace caso omiso de este paradigma no sólo conduce a la gestación de desequilibrios de toda suerte en el corto plazo, sino que conlleva una severa violación a los derechos de quienes no han nacido” . Asimismo, subrayamos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica en su artículo 4º que “ toda persona tiene derecho a la protección de la salud ” y “ toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar” . De esta manera, salvaguardar el patrimonio ambiental de las mexicanas y los mexicanos, en particular de las y los niños y jóvenes, es fundamental para que se puedan tener una mejor calidad de vida y un futuro en el que sus derechos humanos sean garantizados. Estamos gravemente preocupados, ya que identificamos que la atención al respeto y cuidado del ambiente continúa siendo altamente deficiente y se acrecienta de manera rápida con las políticas de la actual administración, por lo anterior es indispensable atender de manera urgente los compromisos plasmados en la Constitución y en el PND, así como en otras leyes y normativas para que se traduzcan en una política comprometida con detener el deterioro ambiental y propiciar un medio ambiente sano al que los mexicanos tenemos derecho. NOS ALARMA 1. La drástica reducción de presupuesto al sector ambiental. En enero de 2015 se tenía una asignación de 67,976,702,425 pesos mexicanos para todo el Ramo 16, encargado de Medio Ambiente y Recursos Naturales , mientras que en enero de 2020 se tuvo un presupuesto de 29,869,450,777, es decir, 56% menos de presupuesto en cinco años, tendencia que empeora con el actual gobierno. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se contempló una reducción del 29.43% en la asignación de recursos a dicho Ramo 16. Esto imposibilita a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a cumplir sus funciones y deja en el abandono a la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO) cuya labor es fundamental para el conocimiento y protección de la biodiversidad de México. Por ejemplo, la estrategia de conservación de la biodiversidad más efectiva, por medio de la creación y manejo de las llamadas Áreas Naturales Protegidas (ANP), ha sido debilitada en la presente administración, con una reducción presupuestal cercana a 50 % en la CONANP. El debilitamiento es similar en la capacidad operativa de la PROFEPA, la han convertido en un órgano ineficiente sin capacidad real de incidir en el combate a las diversas mafias de talamontes, pescadores y cazadores furtivos y traficantes de fauna y flora. 2. La construcción de la Refinería Dos Bocas. El terreno elegido implicó la destrucción de manglares, especies amenazadas, protegidos por la Norma Oficial Mexicana 059, en un sitio prioritario de este ecosistema, que proporcionan un sin número de servicios ecosistémicos de gran valor económico, como la protección de las costas y la producción de especies de peces de importancia comercial. La refinería emitirá 2.16 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e) de manera anual, incluyendo emisiones con fuertes impactos negativos en la salud, como los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y las partículas suspendidas. Con un costo estimado en 190,400 millones de pesos su construcción supondría 45 años de presupuesto operativo para programas de calidad del aire en todo el país y un aumento significativo de emisiones de gases de efecto invernadero. En 20 años se estima que emitirá 42.3 MtCO2e, lo que es incompatible con los compromisos de México para reducir emisiones y evitar un aumento de la temperatura global por encima de 1.5 grados centígrados y de la la disminución del 36% (GEI) establecido en el aumento de ambición climática de Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC). 3. La operación de Termoeléctricas. Las 30 termoeléctricas que operan en México, son grandes fuentes de contaminación. El ejemplo es la Termoeléctrica de Tula, que utiliza combustóleo al 80%, mismo que es un residuo de la refinación de petróleo, con más de 4% de azufre La operación de esta termoeléctrica emite el 56% de las partículas menores a 2.5 micras (PM2.5), que tienen severos impactos a la salud de la población; además de emitir el 75% de los Óxidos de Azufre, y el 43% de los Óxidos de Nitrógeno en la Zona Metropolitana del Valle de México y Tula. Lo anterior también es causa de la lluvia ácida con afectaciones en la agricultura. Se estiman un impacto de 14,000 muertes prematuras anuales en Tula y en la Zona del Valle de México a causa de la operación de la termoeléctrica. 4. La construcción del Tren Maya. El desarrollo del Tren Maya impactará diez Áreas Naturales Protegidas en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, una región de alta diversidad biológica y cultural. Apenas en 2014 la Reserva de la Biósfera de Calakmul fue nombrada Patrimonio Mixto de la Humanidad por las Naciones Unidas. La fuente de agua de la Península de Yucatán, ríos subterráneos y cenotes, con crecientes problemas de contaminación pueden ser irremediablemente afectados por el aumento de actividades relacionadas a la infraestructura del Tren Maya y por los efectos vibratorios que se generarán a su paso. Tan sólo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo habitan más de 200 especies en riesgo incluidas en la Norma Oficial Mexicana 059 de la SEMARNAT, como el jaguar, tapir, mono araña, mono aullador y muchas otras, mismas que podrán verse vulneradas por este desarrollo. Este proyecto no sólo representa un sistema de transporte, sino el despliegue de actividades económicas que impactarán toda la región, considerada una de las de mayor riqueza natural y cultural de México y del Mundo. 5. La inversión en proyectos de Fracking. El compromiso 75 del Plan de Gobierno de la 4T estipula que el uso de fracking para explotar gas y petróleo no será permitido en el país. Sin embargo, durante esta administración ya han sido entregados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) siete permisos para Planes de Exploración que implican el uso del fracking para entre 6 y 10 pozos. Durante 2019 y 2020 se ha asignado y ejercido presupuesto público en proyectos de inversión de PEP que requieren fracking, como es el caso de “Aceite y Gas en Lutitas” y “Aceite Terciario del Golfo”. 6. La obstaculización de la transición energética. Se destinó 95.7% de los recursos de la SENER a la explotación de fuentes fósiles, frente a la asignación de tan solo 1.3% a actividades que permiten lograr una transición energética en México. El Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional limita la penetración de fuentes de energía renovables al ofrecer una mayor participación de plantas de generación eléctrica nocivas, tales como las termoeléctricas a base de combustóleo o las carboeléctricas. 7. El desarrollo del Corredor Transístmico. Este proyecto fragmenta la conectividad de la gran región de los Chimalapas con el resto del estado de Oaxaca y Veracruz. La selva de los Chimalapas es el área con mayor diversidad biológica del país, donde se han reportado 146 especies de mamíferos, 316 de aves y 445 de mariposas diurnas, que significan en conjunto un 36% de representatividad de la biodiversidad nacional. Se prevé que se establezcan 10 parques industriales en esta región, lo que supone un proceso de cambio de uso de suelo, la principal causa de degradación ecosistémica, por encima de la contaminación. Esto, además, podría implicar impactos sociales sobre las comunidades que habitan estas zonas. 8. El incumplimiento de la legislación en materia de cambio climático. La actual administración ha incumplido con la Ley General del Cambio Climático, ya que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático no realizó en 2019 las dos sesiones ordinarias que, como señala la ley, debe llevar a cabo anualmente. No se ha presentado el Programa Especial de Cambio Climático que debe elaborarse al inicio de cada administración. No se ha dado a conocer de manera transparente la asignación de recursos del Fondo de Cambio Climático. No se ha actualizado la Estrategia Nacional de Cambio Climático que debió hacerse en 2019 en temas de adaptación. HACEMOS UN URGENTE LLAMADO AL GOBIERNO DE MÉXICO A Mostrar su real compromiso con el bienestar de las generaciones presentes y futuras a través del fortalecimiento de la política ambiental y climática , la cual debe ser puesta en el centro de las diferentes decisiones que se tomen desde el gobierno y otros actores del Estado. Para ello, es necesaria una propuesta económica, fiscal, presupuestal e intersectorial que fortalezca las instituciones y organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente y del patrimonio biocultural, integrando indicadores ambientales a los nuevos índices de bienestar propuestos que garanticen el derecho a la salud y un medio ambiente sano. Asegurar la transversalización del tema ambiental y de cambio climático en la política del Estado , para lo cual, entre otras acciones, se deben publicar todos los programas sectoriales, incluido el programa sectorial del sector ambiental, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático, así como la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, que eviten un aumento de la temperatura superior a 1.5ºC. Por último, la población debe poder conocer y participar en la política de cambio climático para lo que se requiere la publicación del plan de trabajo del Sistema Nacional de Cambio Climático y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del Fondo para el Cambio Climático en 2019 y 2020. Proteger la biodiversidad de México a través de la implementación de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad de México (ENBIOMEX) resultado de un proceso de planeación participa entre diversos sectores y actores de la sociedad mexicana. La riqueza natural y cultural de México son su más valioso patrimonio. Es necesario valorarla, restaurarla, manejarla sustentablemente y conservarla para el bienestar de todos los mexicanos. Establecer un proceso amplio y participativo para la revisión de la Política Energética Nacional a favor de la transición energética justa y sustentable, que incorpore a las poblaciones y comunidades en el diseño de las políticas y en la implementación de los proyectos y en la producción de energía mediante fuentes renovables, con base en sus derechos colectivos a la autonomía y libre determinación, a la tierra, territorio y recursos naturales, a definir sus prioridades de desarrollo y a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Poner en marcha de manera inmediata medidas administrativas y legislativas que prohíban legalmente el fracking dando  cumplimiento con el compromiso gubernamental de no llevar a cabo la explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fracking . Esta acción es impostergable para proteger a las generación actuales y a las futuras de sus impactos sociales, ambientales y climáticos negativos, y para encaminar al país hacia una transición energética justa. Asegurar que las decisiones sobre los proyectos estratégicos impulsados por la presente administración incorporan una visión de largo plazo y las necesidades de las generaciones presentes y futuros . Para ello, entre otras acciones se requiere la publicación de las Evaluaciones de Impacto Ambiental de la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, así como los planes que el gobierno implementará para reducir y atender los impactos de dichos proyectos. Asimismo, el establecimiento de un plan de monitoreo, evaluación y seguimiento del programa Sembrando Vida y medidas para que se apliquen sanciones cuando éste incumpla o genere mayores impactos. Atender los impactos a la salud, al clima y a la sociedad asociados a las actuales políticas y prácticas de movilidad. Para ello solicitamos políticas para adaptar nuestras sociedades y ciudades para reactivar la economía post COVID de una forma saludable, segura, sustentable y solidaria. Establecer procesos participativos para el diseño e implementación de las políticas del Estado que fomenten el diálogo entre sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas y campesinas y entidades gubernamentales, tanto a nivel federal como local. Asimismo, poner en marcha políticas y acciones efectivas para la protección de las y los defensores del territorio y el ambiente, y para el acceso a la justicia ante actos de criminalización, hostigamiento y asesinato. En México, de 2012 a 2019 se han producido 499 ataques contra defensoras y defensores del ambiente y 83 personas han sido asesinadas por esta causa, 15 de ellas tan solo en 2019. Por ello, llamamos de manera urgente a que México ratifique del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Súmate con tu firma en esta petición de Change Descarga el documento dando click a la imagen: Contacto: Aroa de la Fuente López, Coordinadora de Estrategias y Fortalecimiento Institucional del GFLAC, Cel. 5528942814, E-mail: delafuente@gflac.org Maite Cortés García-Lozano, Directora Ejecutiva del Colectivo Ecologista Jalisco, Cel. 33 1006 4138, E-mail: maite@cej.org.mx Organizaciones firmantes: Colectivo Ecologista Jalisco, A.C. Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) Alianza Mexicana contra el Fracking CCL - Ciudadanos por un Clima Vivible Simbiosis Social, A.C. Ecopil Arte Crea Conciencia AC Naturalidad 3 2, A.C. Youth4Nature - Región Latino América y el Caribe Restauración Ecológica y Desarrollo A.C. ONG México Sostenible Red Queretana de Manejo de Residuos Centro para la Diversidad Biológica COY MX Greenpeace México AC Revive México AC Amigos del Río San Rodrigo AC Parcela Creative Studio Ruta Cívica AC Tianguis del Recycle Al Teatro en Bici, A.C. Observatorio de Innovación Tecnológica para la Transición Energética AC Tierra Verde Naturaleza y Cultura,A.C. Encuentro Ciudadano Lagunero CORASON Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan Ximhai Derechos Humanos para la Sierra Otomí Tepehua en Hidalgo Union de Colonias de la Puerta Sur A.C. Colectivo Salvemos el Bosque - Salvemoselbosque.mx Consejo Estatal de Ecología de Puebla A.C. Fridays For Future México Fridays For Future Toluca Fridays For Future Ciudad de México Fridays For Future Yucatán Fridays for Future Guadalajara Fridays For Future Puebla Fridays For Future Tepatitlán NUBOSQUE No Fracking Tamaulipas Pronatura Veracruz A.C. Colectivo Ecologista, Escuela Nacional Preparatoria 5 “José Vasconcelos”, UNAM Red Universitaria para la Movilidad Colectivo Bicicleta Blanca Colectiva las Erinias GDL en Bici A.C. Sostenibilidad Global, A.C. Movilidad ITESO PAP Movilidad Urbana Sustentable ITESO Bicitekas AC Colectivo Caminantes del Desierto, A. C. Grupo Ecológico Sierra Gorda, Querétaro Patlali MX Centro Integral de Bienestar y Desarrollo A.C. Asociación Mujeres y Conservación Agencia de Justicia Climática Ejército Ambiental Mexicano Centro de Investigación y Capacitación Rural AC (CEDICAR) Conservación de Mamíferos Marinos de México Causa Natura Colectivo Empoderamiento Climático Comunicación y Educación Ambiental SC Agencia Informativa Planeta Azul Brigada ECO-FAD, UNAM Natura y Ecosistemas Mexicanos AC Ambiente y desarrollo biodiverso AC Incubadora de Sostenibilidad La Morada Cartocrítica Ígnea Desarrollo, A.C. Guaymas Casa Wayu, Centro de Aprendizaje para la Conservación del Medio Ambiente, A.C. CB Empaques S de RL de CV PloggingMx SACBÉ - Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación A.C. Legado Sustentable, AC Red de Apoyo Todo Suma MX Causa Natura Organización Mexicana para la Conservación del Medio Ambiente Defensoras Cambio de Ruta, A.C. Grupo Gema del Mayab A. C. Comunidad 4.0 La Cuadra Pronatura Veracruz A.C. Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental A.C. Extinction Rebellion México Sarai Santos Matias Huerto Roma Verde Provoca Ciudad A.C Fundación Territorio Jaguar Proyecto Jaguar, A.C. Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos Wildlands Network Colectivo Ecopía México Manta Mexico Caribe AC Colectivo Semillas de Conciencia Pue Contaminantes Anónimus Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (CEMDA) Ateneo Nacional de la Juventud A.C Iniciativa Climática de México A.C. Fundación Mexicana del Océano, A.C. Colectiva Sisi Mx Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Pronatura México, A.C. Colectivo Milpixqueh. GEA Grupo Estudiantil Ecologista de La Salle México CamBIO Colectivo MX Resorte: Centro de Investigación y Acción para la Transformación Social, A.C. Cultura Integral Forestal A.C. The Climate Reality Project América Latina Organi K Personas firmantes: Ma Elena Altamirano Alma Patricia Tovar Avila, Consejo Estatal de Protección al Ambiente de Baja California- Consejera Ciudadana Playas de Rosarito Rodrigo Fernandez Borja Álvaro Osornio, Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Alejandro Juárez Aguilar, Instituto Corazón de la Tierra Luis Zambrano, Instituto de Biología, UNAM Monica Tapia A, Ruta Cívica Francisco José Reynoso Arreola Salvador Eduardo Quiroz Ennis, Consejo Terrícola A.C. Alberto Eller Martha Collignon Hoff - Alianza Jaguar, A.C. Joshua Rodríguez M. Rodrigo Nuñez Lucas A. Hernández Cristina Ayala Melissa Veytia Rodrigo Bustillo León Gutiérrez Ferretis Luis Fuello Sara Azcarraga M. Dolores Álvarez Contreras, El Colegio de Jalisco Lizbeth Javier Livia Leon Paniagua Nélida Barajas Acosta Mariana Estrada García Rosi Amerena Amigo Elica Avante - SLC Consultoría SC Luz María Macias Flores Carlos Calderón Cosío Helí Coronel Arellano Gabriela Torres Cuervo CeciliBlasco Hernández, SmartFish Rescate de Valor, aC Moisés Armando Luis Martínez, Facultad de Ciencias, UNAM Laurie Silvan, Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. A.C. Gabriela Gutiérrez U. Gustavo Adrián Ortiz Monroy Ma Goreti Campos Miguel Francisco Orozco Castillo. María Yveth Méndez Ochoa. Jorge Rubén Meléndez Heredia. Marta Irma Mateos He María del Carmen García Rivas Martha GutierrezMaria Teresa Viana, Universidad Autónoma de Baja California Sergio Alanís Rueda América Fernandez Verduzco Gabriela Gutiérrez Güitrón Cesar Abraham Palacios Medina Jesús Sadhu Rodríguez Jiménez Ángel García Cuellar Eduardo Sanjay Ramon Reyes Andrea Gutiérrez Güitrón Aminta Estrada Leyva Gustavo Alanís Patricia Díaz Romo, Huicholes y Plaguicidas David Vidaña Zavala Enrique Martínez Meyer, Instituto de Biología, UNAM Juan Pablo Gallo Reynoso, Centro de Investigación en Alimentación y Nelida Orozco Santiago Elisa Apátiga Vega Ana Sofía Zaragoza Ambriz Verónica Garibay Bravo Graziella Govela De la Fuente Flavio Oriza Vargas María del Sagrario Gutiérrez Blanco Kalev Alejandro Vázquez Rodríguez Liliana García Benavides María Fernanda Wong Hernández Gerardo Pérez Ponce de León, Instituto de Biología, UNAM Carla Vera, Proyecto CIVB Moda Sustentable Zayra Yutzil Lopez Chavez, AINA A.C Socorro Bazán Pérez Diego Torres Liliana Ambriz Nancy Mirel Juárez Negrete Ana Luisa Santiago Pérez, Universidad de Ana Ruiz Díaz, Consejo de Visiones Guardianes de la Tierra Yessica Delgado Priscila Lázaro Vargas Gabriela Vargas Cetina Monserrat Hernandez Gutierrez Fabián Carvallo (REMPA) Esther Adriana Rodriguez Magaña Melissa Yunuent Solis González Carlos Galindo Leal Hilda Flores Olvera Alejandra Serrano Pavón Pablo Ricardo Montaño Beckmann Daniel Concha Ruiz Ángel Gabriel Gallardo Gómez Eptli Axalli Lamas Varela Elisa Peresbarbosa Rojas Juan Carlos Falcó Obed Palagot Echavarria, Director de Ecología y Medio Ambiente de Ángel R. Cabada, Ver. Carolina Longoria Chávez Clarissa Hernández Ada Erika Figueroa Rodríguez M.C. José Francisco Gómez Rodríguez Alejandra González Gabriel Quiroz Blanca Guzmán Martín Álvaro Campos Villanueva IB-UNAM Méndez Lozano Miryam Alejandra Edith Carrera Sánchez, Selva del Toztlan, A.C.. Francisco José Gómez Marín, Selva del Toztlan, A.C.. Andrés González Rodríguez Ian Abner Garcia Consuelo Adela Patricia Ibarra Hernandez Dinorah Ponce de León Ana Ariel Ruiz Flores María Antonieta Pérez Cadena Rubén Escotto Kuhn José Luis Escotto Pérez Rodrigo Escotto Pérez Elizabeth Santos Campos Brittney López Hampton Coleman Sophie Alessandra Castro Bobadilla Eduardo Alejandro Reyes Caballero / Fridays for Future Paulina Ledezma Pacheco Sofia Ledesma Pacheco Saúl Mozqueda Márquez Fernando Ledesma Pacheco J. Carlos Alberto Rojas Valadez/ COY MX Edgar René Noriega Godínez Luis Daniel Lozano Rodríguez Antonieta Peregrina Castañeda Mariana Campos Vega Sergio Müller / Caminantes del Desierto A.C. Elton Osorio Lara Javier Alberto Mejia Santellanes / Centro Permacultural Color Tierra A.C. Estefany Gallegos María del Socorro Tapia Hernández Sofía vargas Gómez/ Psicóloga Ambiental Pamela Orozco Ramírez Jesús Valdez. La Marx México/Iskra Radio Uriel Medina Alejandro Ramos / Caminantes del Desierto A.C. Roberto Rascón Galindo Gustavo Ramírez Santos María Elvia Bello Echeverría Fanny González José Luis Badillo Aldrete - COY MX / AIESEC en León Manuel Mancera Tejadilla Karina Gutiérrez Güitrón Guadalupe Herrera Z. Bernardo Pacheco Chavarría Norma Edith Ramírez García - COY MX/ECO LÍDER LEÓN Luis Fueyo Mac Donald, ex comisionado de la CONANP, Consultor Erika Priscila González Medina Laura Medina Soto José Luis González Ortiz Luis Daniel González Medina Sofía Pacheco Illescas Maria Arrigunaga Alberto Bustamante Zardain Martha Llanos Eduardo Santana Castellón, Fundación Manantlán para la Conservación de Occidente A.C. Frida Romiely Díaz Almeyda Rossina Elisa Uranga Barri Ernesto Enkerlin Hoeflich Paz Rebeca Padilla Cristina Nieto En Manfred Meiners Ochoa Edna Elizabeth Martínez Quintanilla - Proactiva Sostenible Eduardo Viadas Ana María Avilez Anaya Profesora Marlen Consuelo Sánchez Rodríguez/plogginghmo Tamara Quiroz Guzmán Melissa E. Medina Sandoval Nydia Obregón Velasco Tere Gómez Fernández Diana Becerra Salazar - COY MX Kaerolik Combe-Wright María Guadalupe Méndez Bautista Rocío A. Bauza Meneses Liliana Rojas Juárez- COY MX Edgar Lugo Chávez Rafael González-Franco de la Peza Carlos Blanchet Salazar Alfredo Cuarón Martha Patricia Vargas Salgado Fernanda Maldonado Compagny Mariana Díaz Ávila Deneb Treviño Rosamaría Vélez Estrada Sergio García Inés Diez de Sollano-Uno Integra Consultores Santiago Oñate Laborde Tania Robledo Retana Ana Cristina Plaza Cisneros Luis André Plaza Cisneros María Cristina Cisneros Sedano Arturo Alfaro Herrera Patricia Salazar Silva Montserrat Areli Bravo Angeles Daniel Altamirano González Areli Carreón Lydia Hernández Carlos Gómez Hinostrosa Instituto de Biología UNAM Oscar Vélez Ruiz Gaitán Lourdes Ramos Morett Jorge Raúl Martínez Pérez Tejada Elena Pacheco Luis González Lozano Jesús Serrano Araceli Domínguez Dulce Marina Reyes Páramo Erik Eduardo Saracho Aguilar Alianza Jaguar, A.C. Centro Cultural Las Fábricas de San Pancho, A.C. Ana Beatriz Arias Paola Regina Díaz Mirón Rodríguez Mónica Grayeb Del Alamo Salvatore De Rosa Emma Grayeb Del A Daniela Gutiérrez Lopez Fabiola Samán Carrasco Sandra Patargo Abril Ruiz Olivia Pérez Jiménez María Teresa Gutiérrez Mercadillo Indra D. Villarauz Romero Mariana Abreu Olvera José Dorazco Barragán Esperanza Rascón Córdova Guadalupe Fabiola Méndez Ovando Alejandra Violeta López Rascón Raúl Alberto de Arcangelis Martínez Paulina Parlange Pizarro Alexandra Zenzes Cordera Andrea Pliego Rentería SERes México Ariana Peña Sánchez Ana Ariel Ruiz Flores Alvaro Martin Hernandez Gina I.Chacón Fregoso Patsy Andrea Moreno Álvarez Alberto González González Katya Perez Guzman Vanessa Hernández Munguía Lizbeth Cárdenas González Eglé Flores González Brenda Lizethe Ortíz Hernández/ COY MX Germán González Dávila Eden Graullera Vázquez Mariana Jasso Muñoz Gabriel Carrasco Zanini Gabriela Güitrón Villaseñor Juan Luis Sube Ramírez Dalia Corazón Lázaro Bello Daniel Vega Rodríguez Magali Fabiola Rodríguez Martínez Manantial de las Flores Ana Victoria Ramírez Gómez Maria Guadalupe Sánchez Arias Luisa Toscano Alatorre Gretter Anaudina Rey Rodríguez Raquel Gutiérrez Nájera, Instituto de Derecho Ambiental, A.C. Andrea Michel Covarrubias Osorio Pérez Rodrigo Sigrid Bethsabe Bravo Méndez Natividad Victoria Méndez Morales Pedro Francisco Bravo Méndez Pedro Bravo Rodríguez David Bravo Rodríguez Ceciah Bethsabe Bravo Rodríguez María Luisa Rodríguez Martínez David Rodríguez Gonzales Maria Cristina Cortinas Durán Andrea Vázquez Caballero Erick Romero Estrada María Fernanda Romero Estrada Sofía Herrada Luna Emmanuel Sánchez Anaya Guzmán López Guadalupe Andrea Torres Madera Daniel Sánchez Ramírez Luis Fernando Saucedo Franco María Fernanda León Medina María Jose León Medina Adriana Labardini Inzunza Andrea Jireh León Medina Salvador Tavira Villanueva Alondra Campos Mendoza Sara Cruz Peláez Guillermo Torres Pérez Luis Alberto Islas Tello Alicia Vázquez Moreno Joanna Hargrove Grayeb Ana Sabrina González del Águila Silvia Robles López Raquel Alarcon Amezcua Rodrigo Garro Mariana Castro Azpíroz Alejandra Cardone Pedraza María Adriana Pedraza Rosales Laura Fernanda Hernandez Manzanero Domingo A. Alvarez Liliana Gutiérrez Mariscal Mariana Villeda Chávez Dulce Villeda Chávez Sofía Viramontes Molina Irma Claudia Malgarejo Spinoza Jessica Atali Sotelo Christian Turégano Roldán Mireya Cruz OSotel Adriana Grayeb Del Alamo Daniela Villanueva Beltrán Myrna Yolanda Borja Medina. Asesor Ambiental en Tijuana, B.C Christina Lenz Tiemann Alberto Lenz Krahl Mara Maritza Ortega Archulea Luis Ernesto Vázquez Díaz Santana Angelica Hernández Arrollo Lillian Liberman Shkolnikoff Camila Carrasco Flores, GEA VICTORIA ISABEL RAMOS ESTRADA María José Sánchez García ALAN kenneth Ferrer herrera Armando Romero de la cuz Jorge Ramos estrada Cruz Acevedo Amairani Ortega Cruz Yezzel Elisa Ma Elena Altamirano Ramiro Monserrat Rodríguez González Nancy Stephania Sánchez Chávez Duarte Sanchez José Luis Freyre Aguilera Dafne Bastida Izaguirre Nadezhda Rosas Rojas; Red Mujeres Forjando Porros Forjando Luchas, CDMX. Natalia Lever Mariana Alejandra Montaño Peralta

Frente la emergencia que vive actualmente el mundo por la pandemia del COVID-19, que también afecta a nuestra región de América Latina y el Caribe, y tomando en cuenta la necesidad urgente de seguir actuando frente a la crisis climática, el Clik Hub, el Centro de Conocimiento Climático de América Latina integrado por 19 redes de acción climática, manifiesta lo siguiente: La relación entre cambio climático y aumento de enfermedades transmitidas entre animales y humanos es más evidente que nunca: la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el cambio en el uso de la tierra debido a la deforestación es el principal impulsor de la aparición de nuevas enfermedades en humanos. Y, según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), casi el 75% de todas las enfermedades nuevas, emergentes o reemergentes que afectan a los humanos desde principios del siglo XXI son transmitidas de animales a seres humanos. El cambio en la temperatura media global tiene, además, un efecto en las relaciones entre depredadores y presas, que históricamente han mantenido bajo control a las plagas portadoras de patógenos, como ratones, mosquitos y virus, por lo que estos están en más movimiento que nunca en la era del cambio climático. Asimismo, existe evidencia de que la aglomeración urbana, la pobreza y el hacinamiento en viviendas precarias sin servicios de agua potable y saneamiento, así como la contaminación del aire en las ciudades – una consecuencia del uso de combustibles fósiles – hace que millones de personas en América Latina sean más vulnerables al COVID-19, ya que representan grupos de riesgo al no contar con las condiciones higiénicas adecuadas y tener sistemas respiratorios comprometidos. La pandemia del COVID-19 ha dejado, entonces, más claro que nunca que la salud humana y la salud planetaria están íntimamente interconectadas. Si no actuamos frente al cambio climático, estamos atentando contra nosotros mismos en cuanto al número y la gravedad de las epidemias y pandemias. Si no fortalecemos nuestros sistemas de salud y mejoramos las condiciones para responder a ambas, estamos condenando a las personas a morir. En condiciones de emergencia, la inequidad es consecuencia de no contar con economías resilientes e inclusivas y eso debe atenderse: pese a que los gobiernos están tomando distintas medidas para que la pandemia no se expanda de forma exponencial, se amplían las inequidades y brechas sociales preexistentes, dejando a la población más vulnerable aún más expuesta al contagio por su necesidad de obtener el sustento diario. Lo mismo sucede con los impactos del cambio climático. De ahí que tanto los gobiernos como la cooperación internacional deben priorizar el destino de los recursos financieros para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones en riesgo. La reconstrucción de las economías debe estar basada en principios de producción y consumo sostenibles: la prevención de enfermedades y la mitigación y adaptación al cambio climático deben ir de la mano. El sistema económico debe estar basado en principios de producción y consumo sostenible, así como valorar los servicios que brindan los ecosistemas. De esta crisis debe surgir un nuevo modelo que proteja la salud de las personas y el ambiente de forma justa y equitativa. La acción local es clave para una transformación a gran escala: desde los gobiernos locales es necesario fortalecer la acción ante la emergencia para proteger tanto la salud pública como para enfrentar la crisis climática de una forma efectiva. Debemos avanzar hacia una sociedad más y mejor informada: periodistas y comunicadores deben informar de una forma responsable sobre la pandemia del COVID-19 y la crisis climática, conscientes de su papel fundamental para que la ciudadanía cuente con las herramientas necesarias para la acción. Además, deben ser responsables de no generar un pánico inmovilizador o desidia sobre el problema, de recurrir a fuentes de información calificadas y contribuir a desmentir noticias falsas. Es momento de fortalecer la cooperación transfronteriza: invitamos, asimismo, a los habitantes de nuestra región a empujar a nuestros líderes y gobiernos a fortalecer la cooperación transfronteriza mediante un trabajo integral, transdisciplinario y multi-actor/sector, ya que se hace crucial la necesidad de atender desafíos comunes una vez pasada la crisis. La ciencia debe avanzar en establecer los vínculos entre salud y ambiente: es de vital importancia que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) pueda avanzar en establecer los mecanismos con que los impactos ambientales y climáticos determinan la salud de la población del planeta, con el fin de prevenirlos de la mejor manera. Debemos atender la emergencia actual sin dejar de lado la visión a futuro: las organizaciones y plataformas que integramos el ClikHub advertimos que el cambio en las prioridades de los gobiernos, dada la actual coyuntura, puede derivar en la reducción de los esfuerzos por cumplir con la meta de 1.5°C como límite de aumento de la temperatura media global respecto de los niveles preindustriales. Por lo tanto, debemos vigilar las implicaciones futuras que tendrán las decisiones de los gobiernos para reactivar sus economías y salir de la recesión. Mientras se atiende la crisis generada por el COVID-19, la agenda climática debe no solo seguir su curso sino también acelerarse y robustecerse. Por lo tanto, hacemos un llamado colectivo a no permitir que disminuyan los esfuerzos de implementación de acciones climáticas, de incremento en la ambición de los compromisos nacionales y de movilización de financiamiento nacional e internacional para atender este problema, que es de carácter global y afecta especialmente a los grupos más vulnerables. Creemos que un nuevo paradigma de desarrollo es posible, un desarrollo basado en el cumplimiento de los derechos humanos, donde la salud, la educación, el trabajo y el acceso a los servicios básicos esté garantizado para todos y todas y en el que hagamos un uso sostenible de los recursos naturales respetando los límites de la naturaleza. El Clik Hub, como una red de redes de acción climática de la región de América Latina y el Caribe, se compromete a trabajar para lograrlo. Suscriben el presente pronunciamiento: Fundación Futuro Latinoamericano, CDKN, LatinClima, Salud sin Daño, CAN-LA, ICLEI América del Sur, CITE-FLACSO, GFLAC, Plataforma MiCiudad, Practical Action, AdaptChile, y ConexiónCOP.

La pandemia del Coronavirus representa sin duda una de las peores amenazas que ha sufrido la humanidad en el último tiempo, y pone al descubierto varios temas importantes, por ejemplo lo vulnerables que somos a pesar de los niveles de desarrollo que tengan los países, las inmensas brechas de desigualdad que existen en el mundo, y lo importante que hubiera sido invertir en mejores sistemas de salud pública y protocolos que hubieran permitido prevenir y responder de mejor manera a lo que está sucediendo actualmente, entre otras cosas. El freno de mano que se le ha puesto a la actividad económica mundial, derivado de las medidas asumidas para evitar la propagación del virus sin duda puede salvar muchas vidas, pero también conlleva a terribles pérdidas económicas. Sin embargo, dichos cambios también han generado impactos ambientales positivos, dada la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero producto de la paralización de muchas actividades. Es muy importante resaltar que ello NO significa que la pandemia sea positiva para la lucha contra el cambio climático, ya que en realidad también está afectando negativamente a las gestiones internacionales y nacionales que se estaban llevando a cabo para atender el cambio climático y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, y pone en riesgo la movilización de financiamiento para implementar acciones de mitigación y/o adaptación tanto a corto, mediano como largo plazo. Es en ese sentido que las organizaciones comprometidas con la atención al cambio climático estamos muy preocupadas por dos cosas fundamentales: a) que el cambio en las prioridades de los gobiernos derive en la reducción de los esfuerzos destinados a cumplir los compromisos climáticos nacionales establecidos en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés), las cuales se suponía que este año tendría que ser actualizadas con metas más ambiciosas; b) las implicaciones futuras que tendrán las decisiones de los gobiernos para reactivar sus economías y salir de la recesión que seguramente llegará a nivel mundial. Por tanto, es menester pensar que la emergencia climática también es un tema urgente de atender y que sus impactos futuros pueden ser devastadores para el planeta y la humanidad, por tanto, no podemos permitir que se disminuyan los esfuerzos y que se reduzca el financiamiento, tanto nacional como internacional, para atender este problema que es de carácter global y que ya está afectando y afectará aún más, especialmente a las poblaciones más vulnerables. Asimismo, se debe exigir que las medidas que apliquen los países para salvar sus economías, consideren modelos de desarrollo sostenible y que promuevan la justicia climática y social, así como soluciones que no empeoren la crisis climática, por el contrario, que coadyuven a atender el problema de la mejor manera. Finalmente llamamos a la reflexión, ya que lo que estamos viviendo representa una gran oportunidad de APRENDIZAJE, por ejemplo: i) sobre la urgencia de actuar de manera preventiva, ii) lo importante que será implementar medidas de adaptación que permitan aumentar nuestro nivel de resiliencia; iii) lo viable que es hacer cambios sustanciales en las dinámicas y modelos de desarrollo para vivir en mayor armonía con la naturaleza; iv) la inmensa vulnerabilidad que representa tener economías que dependan altamente de industrias extractivas en las que la volatilidad de precios internacionales y shocks externos puede tener efectos muy adversos, y por tanto la necesidad de cambiar ese tipo de modelos; y v) la posibilidad de que, como consecuencia del calentamiento global, aparezcan nuevos virus y enfermedades que pongan nuevamente en riesgo a la humanidad. Es en ese sentido, que desde el GFLAC hacemos un llamado para no bajar los brazos, sino por el contrario, aumentar los esfuerzos para que tanto los gobiernos como el resto de actores comprendan la importancia de seguir atendiendo la problemática del cambio climático y lo fundamental que será esta lucha en los próximos 10 años para salvar el planeta, nuestro futuro y el de nuestros hijos.

La vigésimo quinta Conferencia de las Partes por el Cambio Climático (COP25) se desarrolló en Madrid del 2 al 13 de diciembre del pasado año, tras ser trasladada desde Chile a causa del estallido social. Aunque las COP a lo largo de los años nos han traído avances importantes, como el Acuerdo de París, muchos opinamos que el evento no está a la altura de lo que predica en temas de inclusión, ambición climática y justicia social. Dentro de este grupo se encuentra Jacqueline Ávila Vilca, mujer indígena Lickanantay de San Pedro de Atacama, Chile; presidenta de la organización “Consejo de Mujeres y dos Espíritus Lickanantay”, y dirigente desde los 16 años. Ella ha tenido la oportunidad de asistir a tres de estas importantes conferencias y ha accedido a compartirnos sus experiencias y opiniones. Estructura de la COP, Invisibilización y Exclusión La COP está integrada por los Estados (Partes), las empresas y la sociedad civil; y el evento se divide en dos zonas: la zona verde y la zona azul. En la zona azul se llevan a cabo las negociaciones, dirigidas por los Estados y grandes empresas; y para Jacqueline, esta exclusión tiene el fin de guardar apariencias y evitar reclamos. Parte de la sociedad civil logra entrar a la zona azul, aunque únicamente como observadores. Estos pueden opinar, más no votar en las negociaciones abiertas y no entran a las negociaciones cerradas, exclusivas para la acreditación de Países Parte. Jacqueline ha estado en las negociaciones como País Parte y afirma que en estas mesas a lo mucho el 10% son mujeres y cuando hablan, suelen ser ignoradas. La COP está lejos de la paridad de género y Jacqueline siente que aún somos vistas como un “objeto de diversión” cuya opinión no es valorada. Otro grupo “mutilado” son los indígenas. Jacqueline ha visto y vivido discriminación mediante invisibilización, exclusión y el uso de la fuerza. Tan sólo en esta COP, mujeres indígenas fueron golpeadas durante una protesta y a ella intentaron correrla de una reunión. La prensa también forma parte de la discriminación, ya que excluye de sus notas las acciones y voces indígenas. Los testimonios de Jacqueline dejan ver que la lucha en contra de la discriminación, la invisibilización y la inequidad de género, es más grande aún, pues ocurren en el mismo organismo cuya finalidad es combatirlas. La deuda a los indígenas Latinoamericanos Otro punto a tomar en cuenta en esta COP es el cambio de sede de último momento de Chile a España. Éste supuso un fuerte golpe para las y los Latinoamericanos. Los viáticos ya pagados no fueron reembolsados y pocos miembros de la sociedad civil pudieron cubrir el gasto doble. Jacqueline cree que este cambio fue intencional, ya que los países de América Latina están protestando y “mantener la COP en América Latina, como correspondía, hubiera movilizado a toda la región y hubiéramos armado una protesta tal, que la COP se hubiera firmado a favor de la sociedad civil”. Esto se vio reflejado durante la protesta que organizaron las y los Latinoamericanos el último miércoles del evento; en el que se manifestaron de manera pacífica para exigir resultados a los líderes mundiales con un tradicional cacerolazo. La respuesta de la guardia de la ONU fue excesiva, sacando por la fuerza a las y los observadores aunque no estuvieran el la protesta, impidiendo su ingreso e incluso llegando a la violencia física, al golpear a dos mujeres indígenas. La Cumbre de las Partes debe ser un ejemplo de respeto, valorización y representatividad de todos los grupos vulnerados por la crisis climática actual, y debería tener la responsabilidad de incluirlos en las tomas de decisiones que tanto les afectan, en lugar de violentarlos. Este año, al menos, se ingresaron puntos importantes en equidad y paridad de género y, por otro lado, el grupo de Jacqueline planteó convertir a las Naciones Indígenas del Mundo en un cuarto interesado: “Así seríamos 1) Estados, 2) empresas, 3) sociedad civil y 4) Naciones Indígenas del Mundo, para sentarnos en las negociaciones, poder definir nuestros destinos y lograr proteger la naturaleza.”. Esta cooperación/ de intereses contemplaría no sólo los derechos humanos de los grupos vulnerados, sino que se alinearía completamente a los objetivos mundiales para la sostenibilidad (Objetivos de Desarrollo Sostenible), pues, como bien dice Jacqueline: “Las Naciones Indígenas somos el 5% de las personas, pero protegemos el 80% del planeta. ¡No somos pueblos indígenas defendiendo la naturaleza, somos la naturaleza defendiéndose!”. *Para leer las declaraciones completas de Jacqueline Ávila Vilca, visiten la página www.pasoverde.org

Imagina un platillo de comida hecha en casa para el desayuno, la comida y la cena preparada por ti mismo o por tu madre todos los días de la semana. Suena delicioso, pero ¿qué implica para las mujeres que viven en zonas rurales remotas del mundo donde la biomasa sigue siendo la principal fuente de energía? Aproximadamente tres mil millones de personas (~45% de la población mundial), dependen del uso de biomasa para cocinar. Las mujeres en zonas rurales están expuestas a inhalar altos niveles de carbono negro por periodos prolongados de tiempo. Dicha actividad causa serios problemas de salud como respiratorios, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e incluso cáncer de pulmón, ya que el carbono negro es un potente componente del calentamiento global. De acuerdo con la Coalición Clima y Aire Limpio, se clasifica como: "un impacto de calentamiento en el clima 460-1,500 veces más fuerte que el CO2 por unidad de masa." Las mujeres y las tareas del hofgar. El uso de biomasa es una fuente principal de energía en el mundo rural utilizada para cubrir necesidades básicas como cocinar y calentar agua. La cocina es una actividad asociada con las mujeres y es percibida como un problema global de género que afecta a las zonas rurales debido a la falta de acceso a medios eficientes para la transformación de la energía. Además, las largas jornadas de las mujeres han resultado en la reducción del tiempo que pasan con sus hijos y sus oportunidades para mejorar su bienestar y acceder a fuentes económicas o educativas. En 2017, la REN21 (por sus siglas en ingles) lanzó un estudio sobre el “consumo total de energía renovable final" en el mundo, que determina que el 7.5% (del 18% total) proviene del uso de biomasa en hogares rurales y que libera emisiones de efecto invernadero de alto impacto en el cambio climático global. Las mujeres, los derechos humanos y el cambio climático. La COP25 tuvo como uno de sus objetivos principales implementar el Acuerdo de París, que surgió de la COP21 en Francia, para establecer “un acuerdo histórico” para combatir el cambio climático. Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un "llamado universal a la acción para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de la paz y la prosperidad,” y que por medio de los Objetivos #5 y #7 apoyan a la igualdad de género y al acceso a energía asequible y limpia. Con el fin de apoyar la lucha contra el cambio climático y la adaptación a sus efectos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales implementado en 1979, establece que los ciudadanos tienen 1) el derecho a trabajar en condiciones justas y favorables; y 2) el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al más alto nivel posible de bienestar físico y mental. Por lo que el nexo entre el cambio climático, los derechos humanos y el género es un área importante de desarrollo, especialmente después de considerar las necesidades de las mujeres que viven en zonas rurales. Las nuevas tecnologías. Las soluciones de tecnología e innovación energética son clave para mejorar el bienestar de las mujeres y mitigar el cambio climático. Actualmente existen soluciones disponibles y otras aún en investigación y desarrollo que podrían beneficiar las áreas rurales a gran escala. Las estufas ecológicas o mejoradas actúan como tecnologías inteligentes de cocción limpia que permiten al usuario cocinar más rápido, reducir el uso de combustible, el humo y las emisiones. A su vez, contribuyen a la desaceleración del cambio climático, y permiten a las mujeres respirar aire más limpio mientras cocinan. Parte de estas soluciones, incluyen tecnologías de la información que monitorean el uso de dichas estufas. Una compañía de los Estados Unidos lanzó una solución que utiliza un sensor para monitorear y cargar datos de eventos de cocción a un servidor casi en tiempo real. Este funciona con redes celulares, en condiciones remotas, a altas temperaturas, transmite datos automáticamente y admite disponibilidad de energía limitada e intermitente. La compañía ha creado un esquema de pago que brinda a las mujeres un ingreso cada vez que recibe información de su estufa. Esta solución ha sido probada por años en zonas rurales y apunta a escalar soluciones climáticas. Las microrredes también son una innovación definitiva para comunidades rurales. Estas soluciones son cada vez más sostenibles, ya que integran energía de fuentes de energía renovable y utilizan sistemas robustos que tienen la capacidad de controlar la red en tiempo real, equilibrando los altos niveles de potencia que ingresan con cargas variables al sistema y, por lo tanto, reducen la intermitencia. Indiscutiblemente, la implementación de tecnologías y soluciones innovadoras para un futuro más sostenible depende de la disponibilidad del financiamiento. Por ello, el papel de las partes interesadas y su contribución con fondos gubernamentales, financiamiento privado, desarrollo de proyectos, así como esfuerzos de crowdfunding es imprescindible. Conclusión. Si hoy en día se eliminara de la atmósfera el carbono negro emitido por las cocinas tradicionales en el mundo, resultaría en un gran impacto que contribuiría a la desaceleración del cambio climático y a la reducción de la temperatura global. Finalmente, las soluciones de tecnología e innovación energética desempeñarán un papel importante en el futuro de las generaciones y apoyarán los derechos humanos de las mujeres al permitirles ejercer su derecho a trabajar en condiciones justas y favorables y de protección social, con un nivel de vida adecuado, alcanzando estándares de bienestar físico y mental.

El cambio significativo en los patrones del clima, es considerado por los científicos, como el mayor reto de nuestros tiempos que requiere encontrar soluciones inmediatas. La principal evidencia es el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera terrestre: de 1910 a 1940 (0.35ºC) y de 1970 al presente (0.55ºC), sin embargo, existen evidencias relacionadas con: el nivel del mar y las capas de hielo en las zonas del ártico (ACIA, Cambridge University 2018); con la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos: las lluvias y tormentas más intensas y las sequías prolongadas. Una evidencia más son los cambios en el comportamiento y distribución sobre la Tierra de algunas especies animales y vegetales: las mariposas, libélulas, polillas, escarabajos y otros insectos viven ahora en latitudes y alturas superiores, donde anteriormente hacía demasiado frío para que pudieran sobrevivir. Los científicos han observado cambios inducidos al menos en 420 procesos físicos y comunidades o especies biológicas (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre El Cambio Climático, Pruebas Actuales del Cambio Climático, 2015), por lo que consideran este cambio significativo en los patrones del clima, como el mayor reto actual que requiere encontrar soluciones inmediatas. Los riesgos que enfrenta la humanidad a causa del Cambio Climático (CC) implican serias repercusiones en la calidad de vida de las personas y del goce de los derechos a una vida digna, a la salud, al agua, a un medio ambiente sano, a la alimentación y vivienda adecuadas, por lo que el propósito de este documento es presentar los principales efectos que tiene el CC sobre los derechos humanos. El derecho a la vida, al revestir un carácter fundamental debido a que su salvaguarda es una condición esencial para el disfrute de otros derechos se encuentra ampliamente protegido por los diversos instrumentos internacionales, no obstante, el más reciente informe del IPCC arroja evidencia certera sobre los múltiples riesgos que afectan su disfrute pleno a causa del cambio climático. La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo consagra en su artículo 3, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6, la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo reconoce en su artículo 4 y la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 6. Los científicos han documentado efectos negativos relacionados con la variación de temperatura en todos los componentes que integran la dignidad de la existencia, es decir, en la salud, el agua, el medio ambiente, la alimentación y la vivienda. El CC pone en riesgo el derecho humano a la salud por: a) el incremento en las tasas de mortalidad y morbilidad como consecuencia directa de los eventos de calor o frío extremos, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos; b) alteraciones a los ecosistemas, al modificar la distribución de los organismos transmisores de enfermedades como los mosquitos y las garrapatas; c) incremento de padecimientos transmitidos por el agua dado el aumento de las precipitaciones; d) desnutrición a causa de las alteraciones en la producción agropecuaria; e) lesiones corporales por desplazamientos forzados asociados a fenómenos climáticos extremos; f) falta de atención médica adecuada como consecuencia de los daños a la infraestructura sanitaria por ciclones, tormentas o inundaciones. Con respecto al derecho humano al agua, las proyecciones científicas apuntan a que la cantidad de agua superficial y subterránea tiende a disminuir, lo que intensificará la competencia entre los diversos sectores económicos. Ello amenaza gravemente el bienestar humano si consideramos que actualmente millones de personas no tienen acceso al agua. El derecho a un medio ambiente sano es quizá el más afectado por el CC al ir presentando una pérdida gradual de los servicios ambientales que provee el entorno ecológico y que es la base de todos los elementos vivos y no vivos del planeta. Respecto al derecho a una alimentación adecuada, se estima que millones de personas sufren malnutrición, particularmente las que se encuentran en condiciones de pobreza al ser más vulnerables por su dependencia de los recursos sensibles al clima como medio de alimento y de subsistencia El derecho a una vivienda adecuada entraña, según se ha definido, el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte, es una aspiración en riesgo. Hay daño en los asentamientos costeros por la elevación del nivel del mar y la intensificación de huracanes y tormentas tropicales. Las viviendas cercanas a los ríos no escapan a los daños debido a su desbordamiento. La migración rural a zonas urbanas, por la merma de los medios de subsistencia en el campo, provoca asentamientos informales en zonas peligrosas y el detrimento de la calidad de vida. Conclusión. Es muy importante la generación de acuerdos internacionales jurídicamente vinculante en materia de cambio climático, como los que surgen en las Conferencias de Partes, para hacer frente a sus efectos adversos sobre la humanidad y los ecosistemas y así preservar los derechos humanos de la población.

Introducción La evidencia científica muestra que estamos ante la presencia de una crisis climática real (1), cuyos efectos y consecuencias adversos impactan de manera negativa en el goce y disfrute de diversos derechos humanos. En un informe conjunto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ACNUDH(2) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, han abordaron de manera específica este tema, reconociendo que “el cambio climático constituye una amenaza tangible al pleno y efectivo ejercicio de los derechos”(3). Estas entidades han hecho énfasis en la necesidad de incorporar la perspectiva de derechos humanos en la formulación de la política climática. El vínculo entre cambio climático y derechos humanos en las negociaciones climáticas En 2009, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió la Resolución 10/4. Los derechos humanos y el cambio climático, lo que dio paso a la integración de este asunto en las negociaciones del clima (4). En el año 2010, durante la COP 16, se acordó que “las Partes, en todas las actividades relacionadas con el cambio climático, deberían respetar plenamente los derechos humanos”(5). Posteriormente, en 2015, durante la COP 21, se discutió, por demanda de las organizaciones de la sociedad civil, la integración de este tema como parte del articulado del Acuerdo de París. Luego de una amplia batalla, el resultado fue dejarlo escrito solamente en el preámbulo de dicho documento: Las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional (6). I. Avances y desafíos para los DDHH en la COP 25: En la COP 25, celebrada en Madrid a finales de 2019, uno de los principales puntos de discusión giró en torno a la inclusión de la perspectiva de derechos en diversos temas de la agenda (7). A continuación, se analizan los puntos más relevantes. a. Género y cambio climático. Durante la COP 25 se adoptó el Plan de Acción de Género, que se implementará en los próximos 5 años, bajo el paraguas del Programa de Trabajo de Lima sobre Género, adoptado en la COP20. Este plan se traduce en una participación más activa de las mujeres en las negociaciones climáticas, lo que constituye un avance en el reconocimiento de la perspectiva de derechos humanos. b. Implementación del artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a los mercados de carbono. Las discusiones se centraron en la adopción de las reglas de operación de este mecanismo, entre ellas las tendientes a evitar una doble contabilidad. La necesaria vinculación de este tema con los derechos humanos se impulsó sobre todo por organizaciones de la sociedad civil y algunos gobiernos, que demandaban que el nuevo mecanismo considerara el respeto y la protección de los derechos humanos; así como amplias salvaguardias socio ambientales. No se logró llegar a un acuerdo respecto a este tema, lo cual representó una victoria a medias para la sociedad civil que prefirió un “no acuerdo”, a un mal acuerdo. c. Revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Daños y Pérdidas. La crisis climática impacta de manera más significativa a ciertas regiones del planeta y a ciertos sectores de la sociedad. Así, en el proceso relacionado con pérdidas y daños se intentó destacar la perspectiva de derechos humanos, haciendo hincapié en que los recursos destinados a los daños y pérdidas debían destinarse a las comunidades más afectadas. Sin embargo el reporte presentado por el Comité Ejecutivo encargado de la revisión del mecanismo se limitó apenas a reiterar de manera general lo establecido en el preámbulo del Acuerdo de París, y la COP 25 decidió establecer la Red de Santiago “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”(8). Las modalidades operacionales de la Red serán definidas por el Comité Ejecutivo del mecanismo en los próximos meses y será interesante ver cómo se trata el asunto de los derechos humanos. En conclusión, no puede decirse que exista la inclusión integral de un enfoque integral y adecuado de derechos humanos en las discusiones internacionales sobre el clima, lo que evidencia una falta de compromiso por parte de los Estados para afrontar la crisis climática en beneficio de la humanidad. Esto se evidencia aún más debido a que los avances que se han logrado se han producido gracias a las organizaciones de la sociedad civil, quienes han sido actores clave para posicionar el tema dentro de las negociaciones. El hecho de que la emergencia climática significa impacto a los derechos humanos, sobre todo para los más vulnerables, no está en discusión. Reconocer ese delicado vínculo en todas las esferas de negociación llevaría a tomar medidas más ambiciosas y participativas para hacerle frente. Tal como señala la ACNUDH: “el cambio climático es un problema de derechos humanos y por tanto el marco de derechos humanos debe ser parte de la solución”(9). 1. El Informe Especial del sobre el 1,5 °C del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el Informe sobre la Disparidad en las Emisiones de 2019 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Informe de Evaluación Global sobre Biodiversidad y servicios Ecosistémicos de la de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, son tan solo algunos de los documentos científicos que evidencian la crisis climática. 2. La ACNUDH ha identificado cuales son los derechos mayormente vulnerados: la vida, la autodeterminación, el desarrollo, la alimentación, la salud, el agua y saneamiento y vivienda. Veàse: Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Resolución A/HRC/10/61 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la relación entre elcambio climático y los derechos humanos, 15 de enero de 2009, disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7033.pdf 3. Comisión Económica para América Latina y el Caribe / Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe Cambio Climático y Derechos Humanos. Contribuciones desde y para América Latina y el Caribe, 2019, p.8, disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44970/4/S1901157_es.pdf 4.Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Resolución 10/4. Los derechos humanos y el cambio climático, 25 de marzo de 2009, disponible en: https://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/a_hrc_res_10_4_1.pdf 5.CMNUCC, Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 16º período de sesiones, Doc. FCCC/CP/2010/7/Add.1, 15 de marzo de 2011, disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf 6.CMNUCC, Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 21er período de sesiones, Doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1, 29 de enero de 2016, p. 1, disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/spa/10a01s.pdf 7.CMNUCC, Informe de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Acuerdo de París en su segundo período de sesiones, Doc. FCCC/PA/CMA/2019/6/Add.1, 16 de marzo de 2020, disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2019_06_add.01_.pdf 8. Ibídem, p.8. 9. OHCHR, “Understanding Human Rights and Climate Change”, 2015, p. 6, disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/COP21.pdf

Para nadie es nuevo que el Cambio Climático es la mayor amenaza que enfrenta hoy la humanidad. Afecta a todas las regiones en todo el mundo, tiene efectos devastadores sobre el planeta y sobre las personas. Sus efectos extremos como los huracanes, inundaciones, sequías, derretimiento de los casquetes polares, erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos, el incremento de las temperaturas, y el aumento del nivel del mar, se están volviendo cada vez de mayor frecuencia e intensidad. Los efectos del Cambio Climático ya están poniendo en peligro los Derechos Humanos, y es que de acuerdo con la opinión consultiva número 23 sobre medio ambiente y derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que: entre los derechos particularmente vulnerables a afectaciones ambientales, se encuentran los derechos a la vida, integridad personal, vida privada, salud, agua, alimentación, vivienda, participación en la vida cultural, derecho a la propiedad y el derecho a no ser desplazado forzadamente. Siendo también vulnerable el derecho a la paz, puesto que los desplazamientos causados por el deterioro del medio ambiente con frecuencia desatan conflictos violentos entre la población desplazada y la instalada en el territorio al que se desplaza. En concreto el cambio climático ya está afectado la vida de las personas, el ejercicio de sus derechos y los ecosistemas de los que dependen, exacerbando la desigualdad, ya que sus efectos se acentúan de manera desproporcionada en los países y segmentos de la población que ya se encuentran en desventaja. Si algo podemos aprender del actual escenario catastrófico del coronavirus, es el actuar preventivo de las autoridades y la participación activa de los ciudadanos. Y es que resultará imposible garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos ante escenarios de comunidades enteras sufriendo escasez de agua, la falta de alimento o la perdida de cultivos. Tan solo, basta observar el incremento de la temperatura en las ciudades con miles de ciudadanos sufriendo de estrés térmico, ¿Quién puede garantizar a las personas el dejar de sentir calor extremo? ¿Cuál es el protocolo para el escenario en que el patrimonio de los habitantes se vea lastimado por las inundaciones?, para el momento en que la tierra sea tragada por el mar o se amanezca sin empleo, simplemente por que el lugar de trabajo ya no existe. La crisis climática es una crisis de derechos humanos porque afecta directamente los derechos de las personas, poniendo en peligro su salud, su vida y el bienestar en general. La realidad es que el problema es demasiado importante para dejarlo solo a los gobiernos, el problema es de todos. Afortunadamente la cara del ambientalismo está cambiando, y es que el cambio climático es un problema de la comunidad económica, de grupos religiosos, de sindicatos, de grupos de mujeres, de estudiantes, etc. La acción climática debe ser coherente con las obligaciones, los estándares y los principios de derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, hacer efectivos y promover todos los derechos humanos para todas las personas. Y para respetar de manera efectiva las obligaciones de derechos humanos, las medidas climáticas deben ser también participativas, atender a las consideraciones de género, contar con recursos adecuados y proteger los derechos de todas las personas, en particular aquellas en situación de vulnerabilidad. ¿Cuál será el escenario que nos espera en 2050 con casi 9 mil millones de personas existiendo en el planeta?, sin duda inevitablemente se tratara de un mundo limitado por el clima, pero que podría ser mucho mas igualitario y más justo en términos de salud, empleo, seguridad, si se toman acciones preventivas en la actualidad. La historia juzgará la respuesta de nuestra generación al desafío del cambio climático, y el futuro agradecerá que se hayan tomado decisiones que marcaron la diferencia, que pusieron al mundo en el sendero correcto.

El 27 de septiembre de 2018 se abrió a la firma de los 33 países de la región el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, dicho instrumento fue adoptado en Escazú, Costa Rica el 4 de junio del mismo año. Imagen: CEPAL En una ceremonia especial, paralela a la 73a Asamblea General de la ONU, los primeros 15 países firmaron : Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay. Dos meses después, en noviembre, Bolivia se sumó a la lista de países y San Vicente y las Granadinas en julio de 2019. El Acuerdo de Escazú destaca por ser el único instrumento jurídicamente vinculante que se deriva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20); además, es el primer tratado sobre asuntos ambientales de que considera a todos los países de la región. Imagen: CEPAL Sin embargo, el punto quizá más relevante es que es el primer Acuerdo a nivel mundial que incluye disposiciones respecto a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, señalando el compromiso de los Estados Parte para generar un entorno seguro y propicio, además de proteger su derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de expresión, entre otros y prevenir ataques o amenazas. El propósito del Acuerdo es garantizar que todas las personas tengan derecho a un medio ambiente sano que es la base de la sustentabilidad y señala atención especial hacia las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Tener certeza de los derechos de acceso es fundamental para prevenir conflictos, lograr que la toma de decisiones sea de manera informada, participativa e inclusiva; también es fundamental para mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza. El Acuerdo entrará en vigor noventa días después de que haya sido depositado el undécimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. El primer país en ratificar fue Guyana en abril de 2019, posteriormente, en una ceremonia especial realizada el 26 de septiembre en la sede de la ONU entregaron su instrumento de ratificación Bolivia, San Vicente y las Granadinas y Uruguay; Jamaica y Saint Kitts y Nevis, firmaron y ratificaron y también firmó Grenada. Otros avances importantes son los países que ya están en proceso de ratificación: Antigua y Barbuda, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú. Si bien a nivel regional las noticias son alentadoras, el caso de México es preocupante ya que la respuesta oficial es que el Acuerdo continúa en consultas ante las autoridades mexicanas competentes en las distintas materias que comprende el Acuerdo; una vez que las citadas autoridades validen el contenido del Acuerdo se continuará con el trámite, que implica someter el tratado a la aprobación del Senado. Y no se sabe cuánto tiempo tomará ésto. Se tiene prevista ya la primera reunión de países signatarios del Acuerdo de Escazú en la cual se analizarán los temas que se pretenden tratar en la primera reunión de la Conferencia de las Partes y las posibles estrategias y alianzas para una pronta entrada en vigor e implementación del Acuerdo. El evento se realizará el 11 y 12 de octubre en San José Costa Rica Tanto a nivel nacional como regional, debería considerarse la gran oportunidad que implica lograr la plena implementación del Acuerdo.

Del 02 al 15 de diciembre se llevó a cabo la COP25, la última conferencia climática antes del año decisivo: 2020. Esta COP fue la más larga de la historia, en tanto que, después de dos días de negociaciones no se pudo cerrar ningún acuerdo el viernes y la cumbre cerró el domingo con resultados que no son suficientes para enfrentar la crisis climática. En cuanto al tema de ambición el documento final presentado como resultados de las negociaciones efectuadas en el marco de la COP25 contiene un débil llamamiento a los países a realizar esfuerzos más ambiciosos contra el cambio climático. Si bien a la fecha se logró el compromiso de 84 países de revisar sus NDC y presentar metas más ambiciosas, no figuran entre ellos 4 de los 5 países que representan más del 60% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (EEUU, China, India, Rusia). Tampoco se lograron acuerdos concretos en temas de transparencia, entendida desde la perspectiva de que se pueda contar con información que permita hacer un seguimiento riguroso al cumplimiento de las metas establecidas.