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Por: Rolf Bateman, Diretor (GFLAC - Brasil) Por:  Rolf Bateman, Diretor (GFLAC - Brasil) O Brasil foi o segundo país a apresentar a terceira revisão da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC). O compromisso, entregue pelo vice-presidente Geraldo Alckmin ao secretário executivo do clima da ONU, Simon Stiell durante a 29ª Conferência das Partes realizada na cidade de Baku, Azerbaijão . A revisão da NDC brasileira estabeleceu uma meta de redução de emissões líquidas de gases do efeito estufa de 59% a 67% até 2035, em comparação aos níveis de 2005. Este é um aumento considerável em relação às metas anteriores e está alinhado ao objetivo de alcançar a neutralidade climática até 2050. No entanto, a meta de banda foi criticada pela sociedade civil, que a considerou muito ampla, permitindo interpretações divergentes e potencialmente menor ambição climática. Isso também pode dificultar o alinhamento pleno com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5°C.​ Nesta linha, apesar das metas declaradas para redução do desmatamento, é possível afirmar que a nova NDC não assegura efetivamente o cumprimento do desmatamento zero até 2030 , como anteriormente prometido​ pelo governo Lula. Também entendemos ser de suma importância a ampliação da consulta pública e a participação de diferentes setores, especialmente das populações mais vulneráveis. O documento contém menções importantes às grandes consequências dos eventos climáticos extremos no país, como as fortes secas na Amazônia e a tragédia acarretada por enchentes no Rio Grande do Sul, ressaltando a maior vulnerabilidade das pessoas mais fortemente atingidas por estes. Neste mesmo sentido, a Justiça Climática é descrita como um princípio orientador da nova NDC, incluindo o cidadão e a dignidade humana como ponto central do combate às mudanças climáticas, da proteção à natureza e da implementação do Pacto Nacional pela Transformação Ecológica e do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o que é ponto crítico no sentido da integração com políticas domésticas já em curso. Outros pontos que consideramos como avanços significativos desta nova NDC são a inclusão de planos setoriais abrangentes para mitigação das emissões e a instrumentalização financeira através do Fundo Clima, da Taxonomia Sustentável Brasileira, dos Títulos Soberanos Sustentáveis e das transações financeiras internacionais utilizando sistemas do mercado de carbono. Além disso, configura-se um grande avanço para participação descentralizada de governos subnacionais a incorporação da iniciativa CHAMP e o Compromisso para o Federalismo Climático. A revisão da NDC é um passo importante dentro do Acordo de Paris , alinhada ao princípio de aumentar progressivamente a ambição das metas climáticas​. ​ A nova NDC demonstra uma evolução importante na ambição climática do Brasil, refletindo um compromisso mais estruturado com a sustentabilidade. No entanto, lacunas na definição de metas intermediárias, na garantia de desmatamento zero e nos meios de implementação podem limitar seu impacto prático. A trajetória de liderança climática dependerá não apenas da meta em si, mas da eficácia das ações domésticas e da capacidade de engajar outros países em acordos mais robustos, especialmente pela próxima COP a ser realizada em território brasileiro em 2025.

Por: Rolf Bateman, Director para Brasil (GFLAC) Por:  Rolf Bateman, Diretor (GFLAC - Brasil) Brasil fue el segundo país en presentar la tercera actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). El compromiso fue entregado por el vicepresidente Geraldo Alckmin al Secretario Ejecutivo de ONU Clima, Simon Stiell, durante la 29ª Conferencia de las Partes celebrada en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán. La revisión de la NDC brasileña estableció un objetivo de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero del 59% al 67% para 2035 , en comparación con los niveles de 2005; este es un aumento considerable con respecto a objetivos anteriores y está en línea con el objetivo de lograr la neutralidad climática para 2050. Sin embargo, el objetivo fue criticado por la sociedad civil ya que permitía interpretaciones divergentes y una ambición climática potencialmente menor. Esto también podría dificultar la plena alineación con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C. En este sentido, a pesar de las metas declaradas de reducción de la deforestación, es posible afirmar que la nueva NDC no garantiza efectivamente el logro de la deforestación cero para 2030, como prometió anteriormente el gobierno Lula. También creemos que es de suma importancia ampliar la consulta pública y la participación de los diferentes sectores, especialmente de las poblaciones más vulnerables. El documento contiene importantes menciones a las principales consecuencias de los fenómenos climáticos extremos en el país, como las severas sequías en la Amazonia y la tragedia causada por las inundaciones en Rio Grande do Sul, destacando la mayor vulnerabilidad de las personas más afectadas por ellos. En este mismo sentido, la Justicia Climática se describe como un principio rector de la nueva NDC , incluyendo a la ciudadanía y la dignidad humana como punto central en la lucha contra el cambio climático, la protección de la naturaleza y la implementación del Pacto Nacional para la Transformación Ecológica y el Plan Nacional sobre Cambio Climático , lo que supone un punto crítico en términos de integración con las políticas internas que ya están en marcha. Otros puntos que consideramos avances significativos en esta nueva NDC son la inclusión de planes sectoriales integrales para mitigar emisiones e instrumentación financiera a través del Fondo Climático , la Taxonomía Brasileña Sostenible , los Bonos Soberanos Sostenibles y las transacciones financieras internacionales utilizando sistemas de mercado de carbono. Además, la incorporación de la iniciativa CHAMP y el Compromiso con el Federalismo Climático representa un gran paso adelante para la participación descentralizada de los gobiernos subnacionales. La actualización de la NDC es un paso importante dentro del Acuerdo de París, en línea con el principio de aumentar progresivamente la ambición de los objetivos climáticos. La nueva NDC demuestra una evolución importante en la ambición climática de Brasil, reflejando un compromiso más estructurado con la sostenibilidad. Sin embargo, las lagunas en la definición de objetivos intermedios, la garantía de deforestación cero y los medios de implementación pueden limitar suVimpacto práctico. La trayectoria del liderazgo climático dependerá no solo del objetivo en sí, sino de la efectividad de las acciones internas y la capacidad de involucrar a otros países en acuerdos más sólidos, especialmente para la próxima COP que se celebrará en territorio brasileño en 2025.

Por: Sandra Guzmán, Fundadora y directora general / Orlando Barbosa,Asociado de investigación y divulgación (GFLAC) América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra en un punto crítico para redefinir su modelo financiero hacia uno más sostenible. El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2024 , desarrollado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), ofrece una visión detallada de los desafíos y oportunidades que enfrenta la región en su camino hacia la sostenibilidad.  A pesar de compromisos internacionales, los países siguen teniendo dificultades de acceso al financiamiento internacional , incrementando su deuda externa, debido a que buena parte del financiamiento climático viene en forma de préstamos; mientras que a nivel nacional, siguen invirtiendo en actividades que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, dificultando la transición hacia un modelo económico más sostenible. Sin embargo, el informe también revela avances y áreas de oportunidad clave para fortalecer las finanzas sostenibles en la región. Panorama general de finanzas sostenibles en la región ALC El IFS 2024 destaca una brecha significativa entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los países de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por financiamiento climático y para la biodiversidad, y destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que ayudarán a combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región de sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad clave para reorientar los flujos financieros hacia la sostenibilidad, reconociendo que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, y de competitividad económica a largo plazo.  Países mejor posicionados: Guatemala mostrando una mejor tendencia hacia finanzas más sostenibles Si bien no hay ningún país de los analizados que hayan obtenido 4 puntos, calificación máxima del índice. Guatemala presenta una puntuación de 2.6 en el ranking de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático, que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.  Otros países como Honduras, Jamaica, El Salvador y Panamá también han logrado progresos, en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático, aunque también enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de políticas climáticas como las contribuciones nacionalmente determinadas.  El desafío de las economías grandes: Brasil y México Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil con 2.1 puntos y México con 1.3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático. En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1.5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático. A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.  El llamado a la acción: Reorientar los recursos para la sostenibilidad a nivel nacional e internacional El desafío es claro: a nivel nacional los países de ALC deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también expone a la región de los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas, que ya están afectando a muchas comunidades de la región. El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. No obstante, la tarea no es sólo de los países de la región, es muy importante que a nivel internacional, se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes, sobre todo enfocadas en la adaptación, mediante financiamiento público en forma de donaciones, para evitar un aumento incremental de los niveles de deuda de los países. Este nuevo objetivo a aprobarse en la COP19 en Bakú será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.    Conclusión: Un llamado a la acción El IFS 2024 lanza un mensaje urgente: los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, para lo cual necesitarán transformaciones nacionales, pero también apoyo internacional. Para lograrlo, deben implementar reformas fiscales que promuevan el uso de energías limpias, incentiven la eficiencia energética y desincentiven las actividades contaminantes. Además, los países proveedores de financiamiento, las instituciones financieras y bancos de desarrollo deben asumir un papel protagónico en la financiación de proyectos sostenibles, facilitando el acceso directo a capital para aquellos sectores que más lo necesitan. El reto es garantizar que el desarrollo económico de la región sea inclusivo, resiliente y preparado para enfrentar los desafíos del cambio climático. Este es el momento de actuar, el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 proporciona una hoja de ruta clara sobre dónde empezar y cómo avanzar hacia un futuro más justo y sostenible.

Por: Emilio Spataro / Asociado de Diplomacia para la Biodiversidad en GFLAC La 16° Conferencia de las Partes  (COP16, por sus siglas en inglés) del Convenio sobre la Diversidad Biológica  (CBD), que se celebrará del 21 de octubre al 1° de noviembre de 2024 en Cali, Colombia, es una reunión crucial en la que los Estados Partes discutirán y adoptarán medidas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad global. En esta conferencia se evaluará el progreso desde la COP15 (2022) , donde se adoptaron los objetivos y metas del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica  (MMKM) para el decenio 2020-2030. El lema adoptado por el gobierno de Colombia como anfitrión para esta COP16 ha sido “ Paz con la Naturaleza ” .  En este sentido, la Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible  (REDFIS) ha venido trabajando con el objetivo de poner en común aspectos centrales en la discusión sobre el financiamiento para la biodiversidad, contribuyendo de esta manera a los debates y decisiones que se tomarán en la COP16. El seminario web " Financiamiento para la biodiversidad camino a la COP16: brechas y necesidades de financiamiento " abordó los desafíos más urgentes en torno a la necesidad de financiamiento adecuado y suficiente para detener la pérdida de especies y conservar los ecosistemas de la región.  Es de destacar que América Latina y el Caribe albergan el 23% de la superficie forestal del planeta, siendo una de las regiones con mayor diversidad de especies del mundo ( CEPAL, 2021 ). Lamentablemente, la biodiversidad enfrenta amenazas significativas debido a la deforestación, la minería, la agricultura intensiva, la ganadería y el cambio climático, entre otros factores que contribuyen a la degradación ambiental. Estas amenazas no solo ponen en peligro la flora y fauna de la región, sino que también afectan directamente a las comunidades locales cuya supervivencia depende de estos ecosistemas. Por lo tanto, es imperioso para las organizaciones de la sociedad civil  establecer el estado de situación con respecto a la movilización de recursos en el financiamiento de la biodiversidad en pos de la implementación del nuevo MMKM de forma urgente en toda la región.  Investigaciones como las realizadas por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe  (GFLAC), como ser el Índice de Finanzas Sostenibles  (IFS), vienen arrojando luz sobre la movilización de recursos en la región. Al respecto, Sandra Guzman , fundadora y directora general del GFLAC, disertó sobre las tendencias de financiamiento para la biodiversidad según los datos del IFS 2023 :   “El flujo de financiamiento para biodiversidad (...), lo que se asigna específicamente a la protección y conservación de la biodiversidad, es lamentablemente muy limitado, y lo es aún más frente al financiamiento que sigue generando impactos en la naturaleza. Por ejemplo, comparado lo que reciben en ingresos sostenibles los países de América Latina y el Caribe, acumuladamente significa 147 veces más recursos por actividades intensivas en carbono que para aquellas actividades que implican la protección de la biodiversidad. En el caso de los presupuestos nacionales, lo que observamos es que los países gastan también significativamente más en actividades intensivas en carbono, por ejemplo hasta 323 veces más que en aquellas actividades etiquetadas para conservación de la biodiversidad”. De esta manera, queda en evidencia lo exiguo que es aún hoy el financiamiento para la biodiversidad y por qué la brecha de financiamiento para la biodiversidad se sitúa en torno a los 598 y 824 mil millones de dólares al año ( Deutz, 2020 ).  Acceso directo al financiamiento para las guardianes de la biodiversidad No se trata solo de movilizar la cantidad de dinero requerido para cerrar la brecha de financiamiento para la biodiversidad, siendo que también es imprescindible que el dinero llegue de forma eficiente y transparente a las y los artífices de la conservación, que hoy están garantizando la continuidad de la biodiversidad en los territorios. Según Garnett & et al. (2018) , los Pueblos Indígenas y comunidades locales conservan en su territorio el 17.4% de la superficie terrestre del planeta. Mientras que Veitt et al. (2023)  afirman que en estos territorios se mantienen importantes sumideros netos de carbono, como las selvas administradas por Pueblos Indígenas en el Amazonas, las cuales eliminan colectivamente 340 millones de toneladas netas de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera cada año. Sin embargo, en una investigación de la Rainforest Foundation (2022 ), se cuantificó que en la última década solo han recibido el 1% del financiamiento climático.   Al respecto, Fany Kuiru Castro del Pueblo Uitoto y coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) , subrayó la  importancia de la visión y el conocimiento indígena en la gestión de la biodiversidad.  Los Pueblos Indígenas tienen un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas y en el mantenimiento de la diversidad biológica, y su involucramiento en los planes de financiamiento es esencial para lograr resultados efectivos y sostenibles. En cuanto a los desafíos que enfrentan los Pueblos Indígenas Fany Kuiru Castro recalcó que: “Lo primero que tenemos que mirar, el principal desafío, es el reconocimiento a los Pueblos Indígenas como parte de los territorios y la biodiversidad y el rol que cumplimos, protegiendo, conservando, viviendo como parte de esa biodiversidad, en una relación simbiótica. Esa relación en que nuestros sistemas de conocimientos tradicionales son fundamentales para entender y cuidar y usar de manera respetuosa algunas especies de la biodiversidad que tenemos en nuestros territorios”.  Sin embargo, las organizaciones de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, como es el caso de COICA, no solo trabajan por la reivindicación de sus derechos, sino que también tienen una profunda construcción conceptual acerca de cómo la realidad Indígena diáloga con procesos de gobernanza global como son las convenciones ambientales surgidas de Río de Janeiro en 1992,  donde los líderes indígenas vienen ganando espacio y protagonismo. Al respecto, la líder amazónica reflexionó: “Otro de los desafíos es articular estos conocimientos indígenas con los conocimientos no indígenas. Es tan necesario para buscar satisfacer las necesidades con un enfoque diferencial étnico y generar confianza entre los implementadores, los financiadores y los Pueblos Indígenas y los donantes, y disminuir de verdad la intermediación y el colonialismo en la cooperación. (...)  La intermediación muchas veces llega con unos requisitos colonialistas para que los Pueblos Indígenas podamos acceder a los recursos de financiamiento”. Por último, Fany realizó una síntesis sobre la perspectiva desde los Pueblos Indígenas del Amazonía sobre el financiamiento para la biodiversidad, proyectando sobre el porvenir del mismo:   “Creo que para que llegue el financiamiento directo es necesario el fortalecimiento real y sistemático de los gobiernos propios de los Pueblos Indígenas en los territorios, el desafío también es cómo generar una ruta de diálogo para la supervivencia cultural en economías capitalistas de economías no monetizadas, eso es lo que estábamos mirando nosotros desde ese fondo que tenemos que es el mecanismo financiamiento directo. (...) Pero teniendo en cuenta los conocimientos, los conceptos propios de los Pueblos Indígenas, los planes de vida de los Pueblos Indígenas. Entonces hacia allá se debe encauzar el financiamiento directo a los Pueblos Indígenas: planes de vida, que son la herramienta de gestión y herramienta de planificación de los gobiernos propios de los indígenas”.  Arquitectura financiera global y financiamiento para la biodiversidad  El nuevo MMKM otorga un reconocimiento significativo a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (PICL) debido a su papel crucial en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. En el MMKM, se menciona explícitamente en varios objetivos y metas la importancia de involucrar a los PICL. En cuanto al financiamiento, la meta 19 insta a asegurar la movilización de recursos financieros adecuados para apoyar la implementación de acciones de conservación y uso sostenible, con una mención particular en las necesidades de los PICL. Asimismo, la meta 21 destaca la necesidad de respetar y fomentar el consentimiento libre, previo e informado de estos Pueblos en cualquier proyecto que pudiera afectarlos. En concordancia con los objetivos del MMKM, la Séptima Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF, por sus siglas en inglés), que se realizó del 22 al 26 de agosto de 2023 en Vancouver, Canadá , aprobó el objetivo aspiracional de que el 20% de los fondos sean destinados a los PICL. Pero entonces ¿cuáles son los aspectos de la  arquitectura financiera global actual que impiden que la financiación de las políticas en biodiversidad sean las necesarias y se acceda a ellas de forma asertiva y justa? Sergio Chaparro Hernández, coordinador internacional en Dejusticia  señaló que: “Lo que estamos viendo es que la arquitectura financiera global es un obstáculo para financiar políticas de protección de la biodiversidad y eso requiere una agenda de financiamiento que aborde varios temas”. El coordinador de Dejusticia citó la investigación “ Exporting Extinction: How the International Financial System Constrains Biodiverse Futures ” ( Dempsey, et. Al, 2024 ) que, en sus palabras, explica:  “(...) el sistema financiero e internacional limita las políticas de biodiversidad, dado que hay unos sectores económicos que reciben enormes subsidios para actividades perjudiciales para la biodiversidad. (...) los sectores que más impactan negativamente la biodiversidad son a su vez los sectores priorizados en términos del financiamiento privado que llega para impulsarlos y también en beneficios incluso fiscales de nuestros gobiernos para promoverlos”.   Los subsidios perjudiciales y negativos para la biodiversidad han sido señalados como uno de los grandes impulsores de la pérdida de biodiversidad. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( 2023 ) calculó que los aportes económicos directos (tanto públicos como privados) a actividades que destruyen la biodiversidad, se ubica en torno a los 7 mil millones de dólares anuales. En línea con esto, Chaparro Hernández vinculó las actividades extractivas y su financiamiento con las distorsiones que genera el sistema financiero internacional a la hora de movilizar el financiamiento para la biodiversidad, ejemplificando con “(...) el caso de la gran minería de cielo abierto, la agroindustria, las extracción de combustibles fósiles entre otros, pues está el hecho que estos gobiernos conceden subsidios, implementan regulaciones ambientales, dan unas políticas preferenciales en términos de exenciones tributarias, permiten abusos de derechos humanos para estos sectores y en parte eso explica también las presiones a las que están sometidas los gobiernos producto de fallas en esa arquitectura financiera global”.  Las posiciones de Colombia en torno al financiamiento para la biodiversidad de cara a la COP16  Colombia llega a la instancia de anfitriona de la COP16 luego de un intenso camino en la construcción de una política internacional con eje en la biodiversidad y justicia climática, desde la asunción del presidente Gustavo Petro. Entre los hitos de dicha política se destaca la reunión en la ciudad de Leticia ( julio, 2023 )  para preparar la Cumbre Amazónica  en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Allí, el presidente colombiano y el brasileño, Lula da Silva, se reunieron y hablaron sobre la financiación de la conservación de la Amazonía, en tanto tema  central. El Presidente Petro afirmó que " Salvar la vida en el planeta y superar la crisis climática requiere una inversión de 3.3 mil millones de dólares al año ". Luego, en la Cumbre de Bancos de Desarrollo que tuvo lugar en la ciudad colombiana de Cartagena ( septiembre, 2023 ), Petro informó que " Colombia, Francia, Kenia y Ghana están colaborando en una propuesta que busca canjear deuda externa por acciones relacionadas con el cambio climático ". Efectivamente meses más tarde en la COP28 de cambio climático en Dubái, Emiratos Árabes Unidos ( diciembre, 2023 ), dichas naciones oficializaron el lanzamiento de un grupo de estudio sobre la opción de canje de deuda para la inversión climática. Profundizando sobre los aspectos centrales de la visión de Colombia como país anfitrión, Laura Camila Bermudez Wilches,  coordinadora del Plan de Acción de Biodiversidad de la COP16 del Ministerio de Ambiente de Colombia aportó que: “Nuestra ministra Susana Mohamed ha invitado a que se haga una reflexión desde el más alto nivel en convenciones internacionales y foros globales del sistema económico, del orden económico mundial y de hecho por eso se ha encomendado a un panel este análisis, acerca de cuáles pueden ser esas vías de la reforma del sistema financiero internacional para abordar estas complejidades nacientes del financiamiento para cumplir las metas de biodiversidad. Pero también muy alineado con las metas de cambio climático, sobre todo en momento en que los segmentos se cruzan y que se trasladan. Entonces eso es una discusión y que para nosotros en Colombia es muy relevante y la estamos teniendo como decía a nivel internacional. Se está impulsando desde el más alto nivel: el presidente, la ministra en el marco de este panel de expertos, y esperamos tener algunas de sus recomendaciones para la COP16 y el informe completo para marzo del próximo año, y donde seguramente se indicarán esos cambios estructurales que requerimos. Por otro lado, ya a nivel nacional la discusión que tenemos sobre estos mecanismos innovadores que nos permiten en efecto movilizar los recursos existentes hacia acciones mucho más eficaces y efectivas para detener la pérdida de la biodiversidad pero también generar recursos o redireccionar recursos de otras fuentes”. Discusiones y reflexiones en el camino a la COP16 de biodiversidad En el cierre del seminario, la funcionaria colombiana planteó un tema que ha atravesado varias COPs y sin resolución aún: la discusión sobre el aprovechamiento económico de la Información de Secuencias Digitales (DSI) . Uno de los principales aspectos de la misma es cómo aplicar el concepto de Acceso y Beneficio Compartido (ABS) a la DSI. El Protocolo de Nagoya  (acuerdo suplementario al CDB), establece mecanismos para compartir beneficios derivados del uso de recursos genéticos, pero la DSI plantea desafíos únicos, ya que puede ser fácilmente compartida y utilizada a nivel global a través de plataformas digitales. Al respecto, Bermudez Wilches remarcó que:   “Otras de las discusiones grandes que vamos a tener en la COP16, y que venimos teniendo la desde la anterior, y que además hace parte también de esos mecanismos innovadores que nos deben garantizar que los dueños de los recursos de la biodiversidad puedan aprovechar todos sus derivados en términos de recursos genéticos y de su secuenciación digital. Entonces todos esos mecanismos tendrán que articularse, no es la solución no es uno solo seguramente es la conjunción de varios mecanismos y herramientas pero también pues con un lineamiento global que permita darle una vuelta al sistema financiero como lo decían mis colegas que ese modelo de producción basado en recursos naturales no renovables pase a ser un modelo de producción basado en la revalorización de la biodiversidad”.  Finalizando, Sandra Guzman  (GFLAC) reflexionó sobre la importancia de la discusión interconectada entre la reforma del sistema financiero y las necesidades de financiamiento,  porque: “Esto tiene un impacto para la transformación de valorizar la vida en sus diferentes dimensiones y no verlo solamente desde una perspectiva monetaria, sino desde derechos, desde la justicia. Hay una clara necesidad de generar interconexiones entre la reforma del sistema financiero, comercio, fiscalidad, cambio climático y biodiversidad, asegurando que no trabajemos en silos para evitar que acuerdos en un área tengan impactos negativos en otra. Este financiamiento debe favorecer la vida y cuidar a las poblaciones, logrando acceso y distribución hasta las comunidades locales, Pueblos Indígenas, mujeres, jóvenes, niñas y niños, quienes protegen bosques y ecosistemas. Esto es parte de muchas conversaciones en las que Colombia ha mostrado liderazgo, avanzando en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles y actividades extractivas”.

Por: Janeth Ugalde, Coordinadora de Investigación y Orlando Barbosa, Asociado en Investigación en GFLAC  El reciente evento organizado por el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) brindó un espacio vital para analizar a detalle el panorama del financiamiento climático en Colombia, se destacaron tanto los desafíos como las oportunidades que enfrentan en su transición hacia una economía sostenible. El evento contó con la participación de destacados expertos que compartieron sus análisis y perspectivas.     Sandra Guzmán, fundadora y directora general del GFLAC, estableció el tono del evento con un contundente llamado a la acción frente al cambio climático, respaldado por los alarmantes mensajes e informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). Destacó los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS)  de GFLAC , evidenciando que Colombia ocupa la décima posición entre los 20 países analizados, con una puntuación de 1.6 de 4.0 puntos, con un nivel “MEDIO BAJO” de finanzas sostenibles. Sin embargo, se observó una mejora significativa en la recepción de financiamiento internacional destinado al cambio climático, así como en la generación de financiamiento nacional. La emisión de bonos verdes y sostenibles ha permitido ampliar el espacio fiscal para inversiones en proyectos medioambientales.    El impuesto al carbono y otras políticas públicas han sido fundamentales para crear un entorno favorable para las inversiones sostenibles. Estas políticas no solo han incrementado los recursos disponibles, sino que también han incentivado a las empresas a adoptar prácticas más sostenibles.    Continuando con esta línea crítica,  Carolina Díaz , representando al Departamento Nacional de Planeación de Colombia , ofreció una perspectiva gubernamental sobre el desarrollo sostenible, enfatizando la importancia de la planificación estratégica en la movilización de recursos. Destacó los esfuerzos del gobierno colombiano en la creación de políticas públicas que promuevan la inversión en energías renovables y en la adaptación al cambio climático. “La implementación de un impuesto al carbono ha sido un paso crucial para aumentar la disponibilidad de recursos públicos destinados a la mitigación del cambio climático”, Carolina Díaz (DNP). Estas políticas no solo buscan reducir las emisiones, sino también fomentar el crecimiento económico a través de la creación de empleos verdes, asegurando que las iniciativas climáticas sean sostenibles a largo plazo.    Por su parte , Sebastián Carranza  del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) , subrayó el papel crucial de las políticas y la cooperación internacional. Subrayó la necesidad de incrementar la participación de Colombia en los mercados internacionales de bonos verdes. “Los bonos verdes representan una oportunidad significativa para atraer inversiones extranjeras que apoyen proyectos sostenibles en el país”, Sebastián Carranza (PNUMA). También destacó la importancia de diversificar las fuentes de financiamiento para reducir la dependencia de préstamos que aumentan la deuda nacional. Enfatizando que el financiamiento no solo debe provenir de fuentes internacionales, sino también del sector privado colombiano. Al involucrar a empresas locales en la emisión y compra de bonos verdes, se puede crear un mercado interno robusto que respalde proyectos sostenibles.     Desde la perspectiva del sector privado, Santiago Briceño  de Pooled Fund on International Energy, presentó un análisis crítico sobre la dependencia de Colombia en actividades intensivas en carbono, como la exportación de petróleo. “Aunque los ingresos de estas actividades son considerables, representan un desafío para la sostenibilidad a largo plazo del país", Santiago Briceño, (PIE). Santiago Briceño instó a una transición gradual hacia una economía baja en carbono, sugiriendo políticas que incentiven la inversión en tecnologías limpias y la reforestación . Propuso la implementación de incentivos fiscales para empresas que adopten tecnologías limpias y prácticas sostenibles, así como la creación de alianzas público-privadas para financiar proyectos de reforestación y conservación de ecosistemas  Carolina Useche  de  World Resources Institute en Colombia , presentó un análisis crítico del presupuesto nacional destinado a la mitigación y adaptación climática. Aunque reconoció incrementos en la financiación, señaló que estos aún son insuficientes. Su análisis sugirió que una reevaluación de prioridades presupuestarias es necesaria para enfrentar efectivamente los desafíos climáticos, instando a una mayor asignación de recursos para la protección de la biodiversidad y la resiliencia climática.  Finalmente, Xiomara Acevedo  de Fundación Barranquilla +20 cerró el evento con un llamado a la acción coordinada. Argumentó que la fragmentación de esfuerzos entre actores financieros y gubernamentales diluye el impacto de las inversiones climáticas. Promovió la necesidad de una estrategia integrada que alinee los flujos de financiamiento con los objetivos climáticos nacionales. Sugirió que, solo a través de una colaboración efectiva se podrá asegurar un futuro sostenible para Colombia. Resaltó la importancia de que todas las partes interesadas, desde el sector público hasta el privado y las comunidades locales, trabajen conjuntamente en una visión compartida para el desarrollo sostenible.    El evento concluyó con una perspectiva optimista y un compromiso reafirmado. Los avances logrados hasta ahora en el financiamiento climático de Colombia son un testimonio del potencial del país para liderar en la lucha contra el cambio climático en la región. Sin embargo, queda claro que el camino por recorrer aún es largo y requiere un esfuerzo continuo y coordinado.   También se expresó la urgencia de seguir implementando políticas públicas efectivas que fomenten y posicionen un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático. Además, la diversificación de las fuentes de financiamiento y la creación de un mercado interno robusto de bonos verdes son pasos cruciales. Finalmente, una estrategia integrada y una mayor cooperación entre todos los actores involucrados asegurarán que Colombia no solo cumpla con sus objetivos climáticos, sino que también se convierta en un modelo a seguir en la región.  Agradecemos sinceramente la valiosa contribución de todos las personas participantes e interesadas en este evento. Los invitamos a revivir el evento en nuestras redes sociales y a estar atentos a futuras actividades relacionadas con el tema para participar en las próximas conversaciones.

Por Anaid Velasco, Directora para México y Janeth Ugalde, Coordinadora de Investigación (GFLAC) | Integrantes de la Coalición México Resiliente En días pasados la Coalición México Resiliente   organizó un seminario virtual con el propósito de generar un espacio de reflexión, en un contexto de transición política, en el cual la inminente llegada de la primera mujer presidenta en México, Claudia Sheinbaum , así como la designación de su gabinete, ofrece una plataforma ideal para analizar y planificar acciones concretas que puedan transformar la agenda climática del país.   El objetivo principal del seminario virtual fue evaluar los avances logrados hasta la fecha, identificar los temas pendientes y explorar nuevas oportunidades para el próximo gobierno. A través de dos rondas, personas integrantes de la Coalición México Resiliente abordaron sectores específicos del  Plan de Descarbonización y Resiliencia Climática 2024-2030  entre ellos: el financiamiento climático , las ciudades sostenibles y el medio ambiente , los suelos y la soberanía alimentaria , la transición energética justa y los derechos de las personas defensoras del medioambiente y del territorio .    Financiamiento climático Sandra Guzmán, fundadora y directora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe , destacó avances importantes en los último seis años, como la Estrategia de Financiamiento Sostenible, la creación de una Taxonomía Sostenible por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el aumento en la emisión de bonos sostenibles, que han ampliado el espacio fiscal para invertir en sostenibilidad. Estos esfuerzos han sido cruciales para orientar las inversiones hacia la sostenibilidad y mejorar la asignación tanto del sector público como privado.   Sin embargo, Sandra Guzmán, también subrayó el reto persistente de desacoplar las finanzas públicas de los combustibles fósiles para lograr una verdadera transición hacia un desarrollo sostenible. La redirección de las inversiones hacia la conservación, adaptación y transición energética sostenible es una de las formas en las que se puede llevar a cabo este desacoplamiento.   Ciudades sostenibles y medio ambiente Por su parte, Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica , resaltó el papel crucial que desempeñan figuras como Alicia Bárcena y Edna Vega en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano (SEDATU), respectivamente. Mónica Tapia señaló que estos nombramientos son una oportunidad para crear nuevas normativas que aseguren la inversión pública transversal en términos de sostenibilidad.  Igualmente, Mónica Tapia, subrayó la importancia de g estionar adecuadamente el ordenamiento territorial, promover la movilidad sustentable y mejorar la gestión del agua en las ciudades . Enfatizó que las políticas urbanas deben ser inclusivas y sostenibles, abordando no solo las necesidades inmediatas de infraestructura, sino también la protección a largo plazo de los recursos naturales y la mejora de la calidad de vida en las ciudades.   Suelos y soberanía alimentaria Paco Ayala, director y fundador del Huerto Roma Verde , hizo énfasis en la seguridad alimentaria como un tema de seguridad nacional. Ayala abogó por una transición hacia modelos de agricultura sostenible mediante técnicas agroecológicas y la producción de biofertilizantes. Este enfoque no solo protegerá el suelo y el medioambiente, sino que también reducirá la dependencia de México de las importaciones de alimentos.   De igual modo, destacó la importancia del apoyo financiero y técnico para los campesinos , asegurando que tengan los recursos necesarios para adoptar prácticas sostenibles. Lo que, no solo garantizaría la seguridad alimentaria, sino que también contribuiría a la conservación del suelo y la biodiversidad.   Transición energética justa Rafael Fonseca, coordinador de proyectos en el Programa de Política Climática de Iniciativa Climática de México , abordó la transición energética justa y destacó la oportunidad que tiene México para ser líder en energías renovables, aprovechando su potencial en energía solar y eólica. No obstante, señaló que esta transición debe ser inclusiva y considerar los impactos sociales y económicos. Subrayó que, la política energética debe enfocarse en reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover inversiones en tecnologías limpias y sostenibles. Aunado a que, es vital que estas inversiones sean accesibles y beneficien a todas las comunidades, asegurando que la transición energética sea justa.   Personas defensoras del medio ambiente Finalmente, Alicia Cortés, Coordinadora del Observatorio Mexicano de Política en Cambio Climático, REACCIONA A.C , reflexionó en torno a los derechos de las personas defensoras del medioambiente que enfrentan amenazas y violencia debido a su labor. Alicia Cortés abogó por una mayor protección legal y apoyo institucional para las personas defensoras, asegurando que sus derechos sean respetados y que puedan continuar con su labor vital sin miedo a represalias.   Conclusiones finales: pendientes y oportunidades El seminario fue un espacio de reflexión y propuestas constructivas para abordar los retos climáticos y ambientales de México.  Se reconoció la continuidad, la experiencia y los perfiles técnicos de las personas que integran el gabinete, no obstante, se resaltó la importancia de generar las condiciones de gobernanza y el espacio suficiente para saber escuchar las voces disidentes en los procesos de elaboración e implementación de la política climática nacional.   Sobre la Coalición México Resiliente Conformada por 40 organizaciones y personas comprometidas. Se basa en la creencia de que todos tenemos la responsabilidad de marcar una diferencia en nuestra comunidad.  Con una variedad de proyectos y una red de voluntarios, aprovechamos nuestras habilidades y recursos para trabajar por la descarbonización y la resiliencia en donde vivimos. Desde que comenzamos en el año 2022, nos enorgullece ser testigos de cómo la red de personas y organizaciones interesadas en un futuro digno crece y se fortalece.

Por:   María Mercedes Zurita Alvarado, miembro activo del Hub de Bolivia  / Marcos Luis Luján Pérez / Bernardo Xavier Fernández Tellería  Introducción  La sostenibilidad de los proyectos hidroeléctricos, especialmente en zonas tropicales, genera dudas entre los inversores de bonos verdes debido a preocupaciones sobre su impacto ambiental y las posibles emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) , como el metano en embalses. Para abordar estas inquietudes, la Agencia Internacional de Hidroeléctricas (IHA) ha establecido criterios y herramientas que aseguran la calificación adecuada de los proyectos hidroeléctricos en el ámbito de los bonos verdes. Asimismo, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) ha desarrollado los Principios de los Bonos Verdes (GBP) , que promueven la transparencia y la divulgación de información para un desarrollo integral de este mercado. La Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI) también ha introducido criterios de elegibilidad específicos para el sector hidroeléctrico, facilitando el acceso a la certificación de bonos verdes.   En este contexto, Bolivia, con una matriz energética predominantemente termoeléctrica (71,03%), busca estratégicamente aprovechar su potencial hidro-energético para avanzar hacia la descarbonización y una matriz más sostenible (Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, 2021). Los proyectos hidroeléctricos en Bolivia han recibido financiamiento de diversas fuentes, incluidos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), así como recursos locales. Sin embargo, el acceso a bonos verdes puede ser crucial para impulsar la transición energética del país, siempre y cuando estos proyectos cumplan con los criterios de sostenibilidad definidos por entidades como la IHA, ICMA y CBI. Este artículo explora cómo Bolivia puede alinearse con estos estándares internacionales para optimizar el financiamiento verde y avanzar hacia una matriz energética sostenible de embalses hidroeléctricos.   La generación de gases de efecto invernadero (GEI) en embalses hidroeléctricos proviene principalmente de la descomposición de la materia orgánica inundada, incluyendo vegetación y carbono orgánico del suelo. Estos embalses emiten una fracción de GEI a la atmósfera, otra se acumula en sedimentos y el resto puede transportarse aguas abajo. La compleja dinámica de emisiones está influenciada por factores como la ubicación del embalse, clima, temperatura, altitud, paisaje, uso de suelo, cantidad de carbono orgánico y otros aspectos estructurales y ambientales (Abril et al., 2005; Barros et al., 2011).  Dado que las emisiones totales de GEI están directamente relacionadas con el área inundada, la capacidad de generación eléctrica por unidad de área inundada, conocida como densidad de potencia, se vuelve un factor crucial para la intensidad de carbono. La densidad de potencia se expresa en vatios por metro cuadrado (W/m2), mientras que la intensidad de carbono se mide en gramos de CO2eq por kilovatio-hora (g CO2eq/ kWh). Proyectos con bajas emisiones de GEI pueden tener altas intensidades de carbono si generan poca electricidad por unidad de área inundada (baja densidad de potencia) (Almeida et al ., 2019).  Análisis de criterios para acceder a un bono verde  Análisis de los principios de los bonos verdes del ICMA y criterios de elegibilidad de un proyecto hidroeléctrico del CBI  Los proyectos hidroeléctricos deben adherirse a los Principios de Bonos Verdes (GBP) del ICMA, que abarcan el uso de fondos, la selección de proyectos, la gestión de fondos y el reporte. Estos principios del ICMA proporcionan una guía voluntaria para garantizar el desarrollo integral de emisiones de bonos verdes.  Además, los criterios específicos del Climate Bonds Initiative (CBI) para el sector hidroeléctrico buscan maximizar las emisiones de bonos con impactos ambientales y sociales verificables. Estos criterios se dividen en dos componentes: mitigación, evaluando la huella de carbono, y adaptación y resiliencia, evaluando la capacidad de adaptación al cambio climático y su impacto en las comunidades afectadas.  Para las instalaciones hidroeléctricas, los criterios incluyen densidad de potencia y emisiones de GEI. Las instalaciones en operación antes de 2020 deben cumplir con una densidad de potencia superior a 5 W/m2 y emisiones menores a 100 gCO2eq /kWh, mientras que las que operan después de 2020 deben tener una densidad superior a 10 W/m2 y emisiones menores a 50 gCO2eq/kWh (Climate Bonds Initiative (CBI), 2021c).  En cuanto a adaptación y resiliencia, se exige una evaluación ESG GAP verificada por un revisor externo acreditado. Se permiten hasta 10 brechas significativas, con el compromiso de cerrar la mayoría dentro de 12 meses y todas dentro de 24 meses. Además, los emisores deben informar al verificador el cumplimiento de cada criterio y seguir requisitos generales de presentación de informes establecidos por el CBI.  Marco de endeudamiento nacional para empresas públicas  Las pautas para la emisión de títulos valor en mercados de capital externos en el ámbito del endeudamiento público están regidas por los numerales 8 y 10 del parágrafo I de los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado. En consonancia, la Ley de Normas Básicas del Crédito Público N° 1178 establece criterios específicos para el inicio de operaciones de crédito público, incluyendo la capacidad económica y estado patrimonial de las entidades del sector público. Los límites de endeudamiento están definidos, limitando el servicio de la gestión corriente al 20% de los ingresos corrientes recurrentes del periodo anterior, y la deuda total al 200% de los ingresos corrientes. La tasa de actualización será fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sin exceder la tasa LIBOR 6 meses promedio del año anterior.  Por otro lado, la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado N° 1103 de 25 de septiembre de 2018 establece requisitos previos para endeudamientos internos y externos de empresas públicas, exigiendo la demostración de un flujo de caja futuro positivo y la generación de indicadores favorables de liquidez y endeudamiento. Se exceptúa a las empresas públicas del cumplimiento de ciertos artículos de la Ley 2042 de 1999, debiendo ajustarse a los criterios establecidos en el mismo marco legal.  Bolsa Boliviana de Valores  La Circular N°749/2022 y normativa conexa establecen definiciones y procesos para el registro y autorización de bonos temáticos, detallando los lineamientos para la documentación a presentar ante la ASFI. El artículo 6 destaca la necesidad de revisión previa por un externo al solicitar autorización, mientras el artículo 7 exige la publicación anual de la revisión posterior realizada por una entidad inscrita. Además, el artículo 9 señala que incumplir con los principios establecidos implica perder la condición de emisión de bonos verdes, con las sanciones correspondientes.  En el capítulo III del anexo 1 de la circular, se detallan los "Principios de los bonos verdes". La documentación del prospecto debe exponer enunciativamente los principios, como el uso de  fondos para proyectos ambientales y sociales, la selección y evaluación de proyectos destinados a energías renovables y conservación de la biodiversidad, la administración de fondos en una cuenta exclusiva, y la presentación anual de revisiones actualizadas sobre el uso de los recursos, según la periodicidad establecida por la ASFI.    Conclusiones  Los proyectos hidroeléctricos deben alinearse a los cuatro componentes de los “Principios de los bonos verdes” (GBP). Asimismo, deben cumplir con los criterios de mitigación, lo que implica tener una densidad energética mayor a 5 W m-2 y la intensidad de emisiones de GEI menor a 100 gCO2eq kWh-1 para proyectos antes del año 2020. En cambio, los proyectos hidroeléctricos ejecutados después del año 2020 deben cumplir con una densidad energética mayor a 10 Wm-2 e intensidades de emisiones de GEI menores que 50 g CO2eq kWh-1.  Además, las empresas públicas deben cumplir con el marco normativo de endeudamiento. En la ley N° 1103 se dispone que las empresas públicas deben demostrar que su flujo de caja futuro es positivo y generar indicadores de liquidez y endeudamiento favorables. Asimismo, para acceder a los bonos verdes se debe cumplir con todo el proceso indicado en la Circular N° 749/2022 de modificaciones al “Reglamento del registro del mercado de valores” desarrollado por la ASFI.    Referencias  1. Abril, G., Guérin, F., Richard, S., Delmas, R., Galy-Lacaux, C., Gosse, P., Tremblay, A., Varfalvy, L., Aurelio, M., Santos, D. y Matvienko, B. (2005). Carbon dioxide and methane emissions and the carbon budget of a 10-year old tropical reservoir (Petit Saut, French Guiana) . https://doi.org/10.1029/2005GB002457   2. Almeida, R. M., Shi, Q., Gomes-Selman, J. M., Wu, X., Xue, Y., Angarita, H., Barros, N., Forsberg, B. R., García-Villacorta, R., Hamilton, S. K., Melack, J. M., Montoya, M., Perez, G., Sethi, S. A., Gomes, C. P. y Flecker, A. S. (2019). Reducing greenhouse gas emissions of Amazon hydropower with strategic dam planning. Nature Communications , 10 (1). https://doi.org/10.1038/s41467-019-12179-5   3. Barros, N., Cole, J. J., Tranvik, L. J., Prairie, Y. T., Bastviken, D., Huszar, V. L. M., del Giorgio, P. y Roland, F. (2011). Carbon emission from hydroelectric reservoirs linked to reservoir age and latitude. Nature Geoscience , 4 (9), 593-596. https://doi.org/10.1038/ngeo1211   4. Banco Internacional de Desarrollo, BID Invest. (2019). Por qué los bonos temáticos pueden ser un éxito en América Latina y el Caribe.    https://idbinvest.org/es/blog/impacto-en-el-desarrollo/por-que-los-bonos-tematicos-pueden-ser-un-exito-en-america-latina-y   5. Bolsa Boliviana de Valores, BBV (2020). Guía de bonos sociales, verdes y sostenibles . https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre/   6. Corporación Andina de Fomento, CAF (2014). USD 94,8 millones para hidroeléctrica San José .   https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2014/01/usd-94_8-millones-para-hidroelectrica-san-jose/   7. Climate Bonds Initiative (CBI). (2022). Interactive Data Platform. https://www.climatebonds.net/market/data/   8. Climate Bonds Initiative (CBI). (2021a). Estado del mercado en América Latina y el Caribe. https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_lac_2020_sp_02d_fv.pdf   9. Climate Bonds Initiative (CBI). (2021b). The Hydropower Criteria Brochure. https://www.climatebonds.net/files/files/standards/Hydropower/Hydropower%20brochure%20Mar%202021.pdf   10. Climate Bonds Initiative (CBI). (2021c). Hydropower Criteria. https://www.climatebonds.net/files/files/Hydropower-Criteria-doc-March-2021-release3.pdf   11. Climate Bonds Initiative (CBI). (2021d). Hydropower Criteria, Development of Eligibility Criteria for the Climate Bonds Standard & Certification Scheme. https://www.climatebonds.net/files/files/Hydropower-Criteria-doc-March-2021-release3.pdf   12. Climate Bonds Initiative (CBI). (2021e). Taxonomía de Climate Bonds Energía 2021. https://www.climatebonds.net/files/page/files/cbi_taxonomy_tables-01_sp_1c.pdf    13. ENDE CORANI (2021). Memoria anual .   https://www.endecorani.bo/images/memorias/Memoria_Ende_Corani_2021.pdf   14. ENDE CORPORACIÓN (2020). Empresas a cargo de la ejecución del proyecto hidroeléctrico “El Cóndor” llevaron a cabo la reunión de inicio de proyecto. https://www.ende.bo/noticia/noticia/462   15. Fundación Solón (2020). Hidroeléctricas: entre la necesidad y la pesadilla .   https://fundacionsolon.org/2020/01/24/hidroelectricas-entre-la-necesidad-y-la-pesadilla/   16. Gobierno de Bolivia. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (2022). Modificaciones al reglamento del mercado de valores y a normativa conexa . Circular 749.  17. Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. (2021). Memoria Anual 2021.  18. Goldenfum, J. A. (edit.) (2010). GHG measurement guidelines for freshwater reservoirs: Derived From: The UNESCO/IHA Greenhouse Gas Emissions from Freshwater Reservoirs Research Project   International Hydropower Association (IHA).  19. House, C., Nicholas, S. y Sutton, W. (2018). Fomentar la energía hidroeléctrica sostenible.   https://assets-global.website-files.com/5f749e4b9399c80b5e421384/5fa7e8dcb05e1085a8c9e8c3_informe_sobre_estrategia_y_actividades_2017-2018.pdf   20. International Capital Market Association, ICMA (2021). The Green Bond Principles .   https://www.icmagroup.org/assets/documents/Media/Press-releases-2018/GBP-SBP-2018-editions-AGM-PR-14-June-2018.pdf   21. International Renewable Energy Agency , IRENA (2020). Renewable energy finance: green bonds . www.irena.org/publications   22. Leena, F. (2022, May 17). Sustainable Debt Market Summary Q1 2022. Climate Bonds Initiative .   https://www.climatebonds.net/resources/reports/sustainable-debt-market-summary-q1-2022   23. Palau, A. y Prieto, C. (2009). Hidroeléctricidad, embalses y cambio climático. Ingeniería Del Agua , 16 (4), 311-324.  24. Saavedra, C., Carlos, J., Amelia, T., Nina, P. H. y Quispe, G. (2022). Financiamiento climático internacional y desafíos para el Estado Plurinacional de Bolivia . La Paz, Bolivia.  25. Saldias, A. A. (2014). Uso de herramientas de gestión para mejorar la ejecución de proyectos de inversión. Caso de estudio: Proyecto hidroeléctrico Misicuni . UMSA.  26. Teodoru, C. R., Bastien, J., Bonneville, M. C., del Giorgio, P. A., Demarty, M., Garneau, M., Hélie, J. F., Pelletier, L., Prairie, Y. T., Roulet, N. T., Strachan, I. B. y Tremblay, A. (2012). The net carbon footprint of a newly created boreal hydroelectric reservoir. Global Biogeochemical Cycles , 26 (2).   https://doi.org/10.1029/2011GB004187   27. Tremblay, A., Varfalvy, L., Roehm, C. y Garneau, M. (2005). Greenhouse Gas Emissions. Fluxes and Processes. In Greenhouse Gas Emissions. Fluxes and Processes  (Vol. 1). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004   28. UNEP Inquiry (2016). Definitions and Concepts: Background Note . www.unep.org/inquiry   29. WWF y Energética (2020). Análisis preliminar de proyectos hidroeléctricos en Bolivia, sus impactos ambientales y la complementariedad energética . Serie de documentos. Documento 4/4. https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/4_hidros_y_complementariedad_25_02_optimized.pdf

Diálogos ciudadanos rumbo a la COP29 Por: Nicole Makowski / Coordinadora de Diplomacia Climática en GFLAC &  Emilio Spataro  / Asociado de Diplomacia para la Biodiversidad en GFLAC Del pasado 3 al 13 de junio, tuvo lugar la 60° sesión de los Órganos Subsidiarios (SB60, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en su sede de Bonn, Alemania. Durante ésta, representantes de todos los países discutieron sobre temas como la adaptación, transición justa, las pérdidas y daños, y el financiamiento, entre otros, con vistas a avanzar en el trabajo técnico de cara a la 29° Conferencia de las Partes (COP 29, por sus siglas en inglés), que se celebrará en el mes de noviembre en Bakú, Azerbaiyán. En este contexto, celebramos un seminario virtual de la serie Diálogos ciudadanos rumbo a la COP29”, que tuvo como objetivo compartir los principales resultados de las negociaciones de Bonn, brindando un balance de los avances conseguidos en diferentes temas críticos para América Latina y el Caribe. El primer tema discutido fue el objetivo global de adaptación o GGA por su nombre en inglés, a cargo de Karla Mass, Oficial para América Latina de Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), quien realizó un completo recorrido de las negociaciones sobre el GGA que desembocaron en la actual situación de las discusiones acerca del nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) sobre financiamiento climático. De acuerdo con Karla, la discusión del objetivo de adaptación se centró en cómo desarrollar indicadores que reflejen globalmente la capacidad de adaptación, y agregó que: “aunque se alcanzaron avances con la elaboración de un plan de trabajo bianual y la propuesta de indicadores, la discusión sobre quién liderará este esfuerzo y cómo se integrarán los medios de implementación, especialmente el financiamiento, continúa siendo un tema de debate abierto hacia la próxima COP”. Como se observa en las siguientes intervenciones, las discusiones sobre los medios de implementación, y en particular acerca del financiamiento para los países en desarrollo a través de la NCQG, están atravesando varios asuntos bajo negociación. Por su parte, Camila Mercure, Responsable de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), presentó sobre los avances en materia del Plan de trabajo sobre transición justa o JTWP por sus siglas en inglés, donde mencionó que mientras los países en desarrollo pidieron la creación de un plan de trabajo con objetivos claros y acciones concretas para implementar efectivamente la transición justa en las políticas públicas, los países desarrollados prefieren continuar con la modalidad actual de diálogos. Asimismo, y continuando con la presentación de Mass, subrayó: "para cumplir el acuerdo de París necesitamos además de adaptación, reducir las emisiones, esto debe estar contenido en la nueva meta”. Cabe destacar que en las discusiones sobre la NCQG, los países en desarrollo abogan por la inclusión de submetas específicas, con quantums o montos diferenciados para la mitigación, adaptación, y pérdidas y daños. De igual forma, Adriana Vásquez Rodríguez, Directora de Proyectos y Administrativa de La Ruta del Clima, realizó una presentación sobre el estado de la discusión en materia de pérdidas y daños, incluyendo el Fondo creado en la COP28, el Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM ExCom) y la Red de Santiago. Destacó que: “el Fondo de Pérdidas y Daños actual no tiene una perspectiva de justicia, porque implica endeudamiento y nuestros países ya no soportan más endeudamiento. Latinoamérica tiene que posicionarse como bloque para que el acceso al fondo no implique más endeudamiento y sea accesible para las comunidades afectadas”. Vale aclarar que las cuestiones de acceso y endeudamiento están presentes en las discusiones sobre los elementos cualitativos que la NCQG debe abordar. Aunque es un pedido compartido por los países en desarrollo, aún no está claro si esos aspectos estarán en la NCQG en forma general o si se referirán específicamente a pérdidas y daños. Finalmente, Sandra Guzmán, Fundadora y Directora del GFLAC, junto a Nicole Makowski, Coordinadora de Diplomacia Climática de GFLAC, dialogaron acerca de los aspectos de financiamiento, la nueva meta y Artículo 2.1.c), resaltando que: “durante años, los países desarrollados se comprometieron a proporcionar 100 mil millones de dólares anuales a los países en desarrollo para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, este monto ha resultado insuficiente, y ahora es fundamental establecer una meta colectiva y cuantificable que refleje las verdaderas necesidades de dichos países". Guzmán acordó con la urgencia de tener una nueva meta y, en línea con las intervenciones anteriores, que la NCQG tenga submetas para mitigación, adaptación, pérdidas y daños, y que se base en recursos concesionales para que no signifique más endeudamiento para los países en desarrollo. Todos estos aspectos centrales para los países de nuestra región. Con respecto a las discusiones sobre el Artículo 2.1.c) del Acuerdo de París, Makowski dio la bienvenida al foco del primer taller de 2024 en las inversiones para la adaptación, y también resaltó que es fundamental abordar el aumento del financiamiento para la adaptación en América Latina, revertiendo la tendencia de priorizar la mitigación. En conclusión, y aunque las panelistas resumieron los avances y resultados de los SB60 sobre diferentes temas, quedó de manifiesto la relevancia de las discusiones actuales sobre la NCQG, y cómo éstas permean las diferentes salas de negociación. En este sentido, sólo una NCQG que sea justa y equitativa garantizará la implementación efectiva del Acuerdo de París por los países del Sur Global.

Por: Ricardo Francisco De Rosenzweig-Díaz Baños | Coordinador General del Hub Finanzas Sostenibles México y cursante de la 1ra generación del Programa Jóvenes por las Finanzas Sostenibles del GFLAC El 13 de mayo se promulgaron las Nuevas Normas de Información de Sostenibilidad (NIS). Con la entrada en vigor de las siguientes regulaciones mexicanas en materia de divulgación de información financiera (a reserva del pronunciamiento de la CNBV sobre las empresas públicas este año), los reguladores brindan una primera señal desde la estrategia institucional de Finanzas Sostenibles con miras a impactar la economía real del país. A medida que la acción climática avanza hacia este nuevo territorio de reglas básicas reguladas, se necesitarán numerosas políticas y regulaciones para realizar los cambios sistémicos necesarios para un futuro alineado con el Acuerdo de París ¿De qué tratan estos avances y qué sigue para México? Lo que no se mide, no se gestiona Los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) del GFLAC, revelan que México ocupa la posición 18 de 20 en el ranking de Finanzas Sostenibles en la región de América latina y el Caribe. Este posicionamiento “Bajo” en finanzas sostenibles (posición 18 de 20 en el ranking) se atribuye a que México presenta 59 veces más ingresos intensivos en carbono en comparación con los ingresos sostenibles y 365 veces más presupuesto intensivo en carbono en relación con los presupuestos sostenibles (GFLAC, 2023). La transición climática o “servicios financieros que apoyan la transición de toda la economía hacia emisiones bajas y cero netas en el contexto de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París” (G20 TFF, 2022), sigue siendo un área incipiente para el sector financiero y los gobiernos, por ello, es importante permitir más iniciativas por parte de las autoridades de los países y el sector privado. En este sentido es fundamental garantizar información consistente, comparable y útil en la toma de decisiones hacia un desarrollo sostenible. Por ejemplo, el implementar 1. Una taxonomía verde; 2. Principios, u; 3. Otro método (estándares ISO, bonos verdes, entre otros); permite a las instituciones y empresas financieras identificar actividades e inversiones de transición, reduciendo a su vez las barreras, los costos y los riesgos del “lavado verde” (G20 WGFS, 2022). Por otro lado, la divulgación de los riesgos climáticos por parte de las empresas mejora la transparencia y apoya la indispensable realineación de los sistemas financieros hacia una economía baja en carbono e inversiones más resilientes (TCFD, 2021). Sobre esta línea, se encuentran los estándares por excelencia para la divulgación en el tema: el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Normas de Sostenibilidad internacional (ISSB). Estos estándares incluyen planes de transición como parte de los requisitos de divulgación dentro del componente “estrategia” y “métricas y objetivos” (IFRS, 2023). Estos esfuerzos colectivos de iniciativas voluntarias han cosechado la participación significativa de las empresas y han impulsado la promulgación de normas y regulaciones a nivel mundial. Iniciativas por parte de las autoridades reguladoras en México La publicación de una Taxonomía Sostenible en México en marzo de 2023, las actualizaciones de las Circulares Únicas Financieras (CUF) en materia ASG por parte de la CONSAR (CUF, 2023; 2019), la espera de un posicionamiento por parte de la CNBV al respecto de las normas ISSB para las empresas públicas, así como la reciente promulgación de las Nuevas Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) a cargo del Consejo de Normas de Información Financiera (CINIF) el pasado 13 de mayo (estás últimas prudentemente diseñadas para escalar la ambición de las PYMES en materia de reporteo a lo largo de la cadena de valor en los próximos años), brindan una primera señal desde la estrategia institucional de Finanzas Sostenibles con miras a impactar la economía real del país en el mediano y largo plazo (de acuerdo a los posicionamientos y su entrada en vigor). 1ra etapa de las NIS (Basada en estándares internacionales): Entrada en vigor el 1ro de enero de 2025. 2da etapa de las NIS (estrategias y gobernanza): Prevista partir del 2027. Divulgación de las AFORES y Fondos de Inversión de acuerdo con el ISSB: obligatorio en el 2026 (CUF, 2023). Empresas Públicas, en espera de pronunciamiento de la CNBV (anticipado para el 2026). Balance A medida que la acción climática avanza hacia este nuevo territorio de reglas básicas reguladas, se necesitarán numerosas políticas y regulaciones para realizar los cambios sistémicos necesarios para un futuro alineado con el Acuerdo de París. Regresando a los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) del GFLAC para México, sumar a las finanzas públicas a la estrategia nacional hacia una economía baja en carbono e inversiones más resilientes resulta imprescindible si se pretende mandar una señal real y contundente sobre los planes de transición climática de toda la economía en sintonía con los compromisos globales y los NDCs (para esta tema de finanzas públicas se destinará una entrada aparte). Los desafíos en materia de sostenibilidad que enfrentan las entidades en México son muchos, generando enormes retos para el desempeño empresarial (NIS-CINIF, 2024). Por lo pronto, y en el contexto de las regulaciones ya mencionadas, amerita el gran reconocimiento y celebración el trabajo de promulgación de las nuevas NIS y su próxima evolución, normas que buscan “preparar” a las cadenas de valor nacionales, ...un avance precautorio de cara a los desarrollos internacionales en materia de divulgación de riesgos sostenibles y climáticos.

Por: Emilio Spataro / Asociado de Diplomacia para la Biodiversidad en GFLAC Uno de los principales procesos que sin duda, será determinante para la mitigación de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la capacidad de adaptación y la atención de las pérdidas y daños en los países desarrollados; es el establecimiento de un Nuevo Objetivo Colectivo  Cuantificado de Financiamiento Climático (NCQG, por sus siglas en inglés). Conforme a las decisiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), este objetivo debe ser diseñado y aprobado antes del año 2025. Entre los temas abordados se encontró: La importancia de establecer objetivos útiles para América Latina como una oportunidad de corrección de un sistema de financiamiento sesgado, especialmente en términos de financiamiento climático destinado mayormente a la mitigación y transición energética. La identificación de elementos clave para una meta robusta, destacando la importancia de criterios políticos y técnicos en su determinación. La necesidad de definir claramente el alcance de la nueva meta, en consonancia con el artículo 9 del acuerdo, y establecer un enfoque a largo plazo con revisiones periódicas cada 5 años para asegurar su cumplimiento efectivo. El evento virtual Luego de las palabras de bienvenida la Dra. Sandra Guzmán, Fundadora y Directora General de GFLAC realizó una contextualización acerca donde nos encontramos con respecto discusión de la NCQG. Al respecto Guzmán mencionó: "el contexto ha cambiado mucho desde que se estableció la meta de los 100,000 millones en 2009 al establecimiento de la nueva meta en 2024. Es una conversación que se ha venido dando a lo largo de los últimos dos años. Hay una gran diferencia en el contexto. Cuando hablábamos de los 100,000 millones, no existía un acuerdo universal; ahora tenemos el Acuerdo de París. Antes no teníamos contribuciones nacionalmente determinadas, aunque teníamos otros instrumentos. Ahora tenemos contribuciones y políticas nacionales de adaptación que son cada vez más robustas, aunque ciertamente todavía tienen muchas áreas de mejora. Antes, la meta de los 100,000 millones se basó en los compromisos políticos de los países donantes, mientras que esta nueva meta debe tomar en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo”. Luego fue el turno de Andrés Mogro, Gerente del Programa de Resiliencia y Transición Climática de Fundación Avina, quien hizo hincapié en los servicios ecosistémicos que América Latina brinda al mundo tanto por su biodiversidad como por la producción de alimentos que colaboran en la seguridad alimentaria de una parte importante del mundo. Por lo cual Mogro plantea que a la hora de definirse el financiamiento climático debería reconocerse el aporte que están haciendo regiones que a su vez sufren las consecuencias del cambio climático y necesitan mayor inversión en adaptación, cuando la tendencia actual ha sido de mayor financiamiento en mitigación. Al respecto dijo: “el financiamiento hasta ahora no no aprecia esto, entonces ha estado enfocado a reducir emisiones y a hacerlo en donde sea más barato y donde donde sea una inversión con más rédito creo que esa es una oportunidad importante, es nuestra oportunidad de corrección”. Este año 2024 hay un plan de trabajo establecido por los facilitadores de esta conversación, en donde se habla de llevar a cabo al menos tres diálogos técnicos y también tener una conversación de alto nivel para el diseño y la identificación de esos elementos. Además, empezar a trabajar sobre un texto que pueda negociarse de manera temprana. Estamos en el tercer año para la definición de la nueva meta. Como toda decisión importante, hay muchos acuerdos y desacuerdos teniendo presente las diferentes visiones que tienen las partes sobre esta meta.  Sin embargo, hay desacuerdos sobre hacia dónde debería ir el financiamiento de esta nueva meta. Algunos países en desarrollo quieren que no solo sea el destino la mitigación y adaptación sino también las pérdidas y daños, incluso hablan de la transición justa. Mientras que los países desarrollados quisieran que solo se refleja la mitigación y adaptación y no tanto las pérdidas y daños. Sobre las fuentes de financiamiento, los países en desarrollo prefieren que el recurso venga de los países desarrollados y que sea principalmente público y basado en donaciones para evitar el incremento de la deuda. Mientras que los países desarrollados quieren integrar financiamiento privado. Continuó la disertación Natalia Alayza, Gerente del Centro de Finanzas Sostenibles de WRI, quien ante la pregunta disparadora ¿Cuáles son los retos más grandes para alcanzar acuerdos respecto a la meta? respondió: “en el marco de la nueva meta creo que aún el proceso en sí mismo ha ayudado a identificar precisamente los elementos que has explicado en la presentación de cuáles son esos elementos claves para poder tener una meta suficientemente robusta que no sea únicamente basada en el número en un número.(...) La nueva meta puede constituir también una meta global de inversiones a las cuales todos los países, todos tienen un rol es decir, un rol no solamente en movilizar recursos sino también alinear sus marcos legales en alinear las políticas y desarrollar las condiciones habilitantes para poder movilizar los recursos”. Por último cerró la lista de oradores Genn Godoy de Global Youth Coalition, Punto de contacto finanzas  y mercados para YOUNGO. Godoy contextualizó acerca de los riesgos que hay que considerar  las necesidades de los países en desarrollo, mencionando: “el enfoque geopolítico y los conflictos que existen están desviando mucho financiamiento del financiamiento climático y de biodiversidad a otras cosas que van completamente en contra, como son la guerra armada”. Godoy también aprovechó para alertar sobre el poco espacio fiscal de los países en desarrollo para invertir en adaptación dado el peso de la deuda externa. Ya en en el debate general los oradores coincidieron en analizar que en cuanto a la línea del tiempo, los países en desarrollo quieren que esta meta se materialice en el corto plazo, no más allá de 5 años. Mientras que los países desarrollados hablan de una visión de largo plazo, incluso proponiendo revisiones cada 10 años. Por último, los aspectos cualitativos son importantes. No hay un acuerdo sobre cómo deben reflejarse temas como acceso, deuda, equidad de género, y derechos humanos. Tampoco hay un acuerdo sobre cuánto debería ser la meta. Los países en desarrollo hablan de considerar las necesidades que van entre 1 a 5.8 trillones de dólares, mientras que los desarrollados no han establecido propuestas cuantitativas claras. Para reflexionar Sabemos que esta meta debe basarse en necesidades. Si analizamos el estado actual del financiamiento versus las necesidades, el 80% del financiamiento climático se va a la mitigación, menos del 15% a la adaptación y una porción muy pequeña a pérdidas y daños. La mayor parte del financiamiento incrementado viene del sector privado, no del público. Las necesidades de los países en desarrollo indican que su prioridad es la adaptación, que no debería incrementarse la deuda, y que haya un acceso más sencillo y efectivo. En resumen este seminario virtual buscó continuar la conversación sobre el estado de las cosas en materia de la nueva meta, para identificar avances, retos y posibles vías para diseñar una meta que sea inclusiva, equitativa y eficaz, con el fin de  contribuir al proceso formal desde la sociedad civil. Revive el diálogo aquí:

Por: Orlando Barbosa Mejía, Asociado de Investigación y Divulgación, GFLAC Los informes científicos más recientes sobre el cambio climático, incluyendo los del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en 2022, subrayan que el aumento de la temperatura global se debe principalmente a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. En este contexto crítico, comprender las necesidades y vacíos de financiamiento a nivel internacional y nacional se vuelve crucial. El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) ha respondido a este desafío con el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS). Esta herramienta monitorea los flujos de ingresos y egresos, tanto a nivel nacional como internacional, que tienen los países en desarrollo para abordar el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Además, identifica las fuentes de ingresos y egresos intensivos en carbono que podrían obstaculizar el avance hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Con el propósito de profundizar en estos temas, llevamos a cabo el evento “El estado de las Finanzas Climáticas en Brasil”, que forma parte de los “Diálogos por las Finanzas Sostenibles 2024”. El objetivo del evento era abordar los desafíos y retos específicos que enfrenta Brasil en su transición hacia finanzas públicas alienadas con un desarrollo bajo en emisiones y resilientes al clima, garantizando una transición justa, equitativa y sostenible. La sesión comenzó con la presentación de Sandra Guzmán, fundadora y directora general de GFLAC, quien destacó que, según con los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2023, Brasil ocupa la sexta posición entre los 20 países analizados, con un nivel “MEDIO” en términos de finanzas sostenibles. Aunque se observa progreso en la asignación de recursos financieros para abordar el cambio climático, Guzmán señaló que el presupuesto destinado a actividades intensivas en carbono supera en 11 veces al presupuesto destinado a actividades sostenibles. Especialmente preocupante es el hecho de que la mayoría de los ingresos en Brasil provienen de actividades intensivas en carbono, como la industria de hidrocarburos. Esto resalta la urgencia de diversificar la economía y reducir la dependencia de combustibles fósiles para promover un desarrollo más sostenible. Guzmán enfatizó la necesidad de una estrategia integral de financiamiento climático y sostenible que alinee mejor las inversiones con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible del país, fomentando la innovación, la diversificación económica y la inversión en proyectos sostenibles. Aunque se observa un aumento del presupuesto climático en Brasil, aún queda pendiente situar al cambio climático en el centro de las instituciones financieras. En este sentido, Nabil Kadri, director general adjunto del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), destacó que, aunque el tema del cambio climático se ha abordado en el ámbito financiero desde una perspectiva de riesgos climáticos, debe considerarse en una política y estrategia de largo plazo. Además, comentó que es fundamental dejar de financiar proyectos de combustibles fósiles e incentivar la inversión en proyectos renovables, sugiriendo que el financiamiento climático se canalice a través de fondos que asuman el riesgo crediticio cambiario para evitar que los costos recaigan en el país. Kadri afirmó que la emisión de bonos sostenibles por parte del Gobierno de Brasil representa un avance significativo en el panorama de las finanzas climáticas y enfatizó que es esencial que la agenda climática demande un enfoque integral que abarque la mitigación, la adaptación y la gestión de pérdidas y daños, para asegurar una respuesta efectiva y sostenible frente a los diversos desafíos climáticos. En cuanto a los retos que Brasil enfrenta para cerrar la brecha entre el financiamiento intensivo en carbono y el financiamiento sostenible, Isabela Rahal, especialista en políticas públicas climática del Instituto Talanoa, señaló que en Brasil se observa una priorización en ciertos aspectos financieros, mientras se dejan de lado preocupaciones importantes como la biodiversidad y las pérdidas y daños. Además, mencionó que la comprensión transversal sobre la necesidad de invertir en temas climáticos en diversas áreas del gobierno brasileño sigue siendo una brecha importante que debe superarse. Rahal también destacó los desafíos significativos en términos de gobernanza, identificación de brechas y atracción de inversiones privadas para alcanzar los objetivos climáticos del país. La adaptación al cambio climático es uno de los principales retos, ya que carece de un plan sólido y de mecanismos específicos para su financiamiento, a pesar de la urgencia resaltada por eventos climáticos extremos, como los ocurridos recientemente en Rio Grande do Sul. En el ámbito internacional, Brasil tiene una oportunidad para cambiar su trayectoria hacia finanzas más sostenibles. Caio Borges, gerente de política, derecho e instituciones climáticas del Instituto Clima e Sociedade (iCS), afirmó que al presidir tanto el G20 como la COP30, Brasil puede liderar iniciativas relacionadas con el financiamiento climático y sostenible, promoviendo acciones concretas para abordar estos desafíos globales. Borges también destacó que los esfuerzos de Brasil para mejorar su sistema regulatorio, permitiendo al sector privado evaluar de manera más precisa los riesgos de las inversiones sostenibles y alineando políticas y acciones con los objetivos climáticos y de desarrollo del país. La movilización de financiamiento para atender el cambio climático es una prioridad, con el objetivo de coordinar internamente las acciones y catalizar las inversiones para apoyar la transición hacia una economía más verde. Por último, Carlos Eduardo Lustosa Da Costa, auditor federal del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) del Gobierno de Brasil, enfatizó el papel fundamental de la rendición de cuentas, la transparencia y los mecanismos de control en la lucha contra el cambio climático. Destacó la importancia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en la conducción de evaluaciones independientes y la promoción de acciones concretas para abordar los desafíos del cambio climático a nivel nacional e internacional. Da Costa presentó ClimateScanner, una herramienta que permite a las EFS evaluar las acciones de sus gobiernos nacionales en temas de cambio climático y proporciona un panorama amplio de cómo los gobiernos manejan la agenda climática, identificando las principales fortalezas y desafíos en acción climática en cada país. El evento concluyó con una serie de recomendaciones detalladas sobre la necesidad de mejorar el panorama financiero climático en Brasil, resaltando las oportunidades como los desafíos en su camino hacia una transición financiera alineada con los principios de sostenibilidad ambiental, fomentando una desarrollo inclusivo, resiliente y respetuoso con le medio ambiente. Agradecemos sinceramente la valiosa contribución de todos las personas participantes e interesadas en este evento. Los invitamos a revivir el evento en nuestras redes sociales y a estar atentos a futuras actividades relacionadas con el tema para participar en las próximas conversaciones.

Por: Delfina Braggio En la 28° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28), celebrada en Dubái, se han adoptado decisiones relevantes en materia de financiamiento, sin embargo, hubo aspectos importantes que no se vieron reflejados en las decisiones finales de las negociaciones. Estas omisiones plantean desafíos a la hora de alcanzar las metas climáticas globales y responder adecuadamente a las necesidades de los países en desarrollo para hacer frente a la crisis climática. Ante este escenario, realizamos el primer seminario del año de la serie Diálogos Rumbo a la COP, iniciativa coorganizada por GFLAC y organizaciones aliadas, denominado “Resultados COP28 y perspectivas de financiamiento climático para 2024”, con el objetivo de presentar las conclusiones de la conferencia en Dubái en materia de financiamiento climático, destacando las implicancias para América Latina y el Caribe, y analizar las oportunidades y los desafíos que se presentarán al respecto para el 2024, de cara a la celebración de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán. Además de los temas de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), se abordaron otros procesos que se desarrollan a nivel regional e internacional sobre financiamiento, para interconectarlos para impulsar la reforma del sistema financiero internacional en el marco del clima, el desarrollo sostenible y la protección de la naturaleza, para avanzar en el artículo 2.1.c del Acuerdo de París, que establece la necesidad de hacer flujos financieros coherentes con un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Al inicio de la sesión, Sandra Guzmán, fundadora y directora general de GFLAC, destacó la presentación del primer balance global (GST, por sus siglas en inglés) durante la COP28, el cual no solo informa acerca del lugar en que nos encontramos respecto del cumplimiento del Acuerdo de París, sino también qué acciones se deben tomar en el futuro. Comentó que en el GST se reconocieron las brechas de financiamiento existentes entre mitigación y adaptación (aunque no se determinó un plan para movilizar más recursos para esta última) pero no así en materia de pérdidas y daños, y el incumplimiento de los compromisos asumidos, como la meta de transferir $100 mil millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo. Además, informó que se resaltó la importancia de continuar el diálogo para el cumplimiento del artículo 2.1.c del Acuerdo de París, y que el GST menciona la necesidad de reformar el sistema financiero internacional, de incrementar el financiamiento climático, especialmente mediante donaciones e instrumentos concesionales, y de generar mecanismos innovadores de financiamiento, pero sin hablar de la necesaria cancelación y tratamiento alternativo de la deuda. Dos puntos positivos destacados de los acuerdos de la COP28 fueron la puesta en marcha del Fondo para Pérdidas y Daños, con compromisos financieros superiores a los 700 millones de dólares, y la creación de un proceso para establecer la nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento que se aprobará en la COP29. Este proceso incluirá discusiones técnicas y sesiones de negociación, reconociendo la importancia de tener en cuenta las necesidades de los países en desarrollo al definir esta meta. Sandra subrayó que el año 2024 es crucial para el financiamiento climático, enfatizando la necesidad de dar seguimiento y promover cada tema abordado. Debido a la profunda interconexión que existe entre el cambio climático y la biodiversidad, algunas discusiones y acuerdos de la COP28 también abordaron aspectos relacionados con esta última. En este sentido, Emilio Spataro, asesor de políticas públicas en biodiversidad de Avaaz, remarcó que el GST llamó a detener la deforestación para 2030 y reconoció la importancia del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, por lo que se evidencia cómo la COP de cambio climático empieza a incorporar elementos relacionados con la biodiversidad. Como aspecto negativo, señaló que no hubo avances en relación al artículo 6 del Acuerdo de París, relacionado con los mecanismos de compensación por la conservación de la biodiversidad. Por su parte, Brasil presentó un nuevo fondo, el fondo Tropical Forest Forever (FFTS), el cual propone reunir 250 mil millones de dólares para financiar a 80 países tropicales, aunque Emilio confirmó que aún no se definió cómo se financiará. En cuanto a las proyecciones para el 2024, destacó la celebración de la COP16 de la Convención para la Diversidad Biológica, en Colombia, de la COP29 de la CMNUCC y de la COP16 de la Convención para Lucha contra la Desertificación, en Arabia Saudita. Confirmó que, en estos eventos, la agenda de financiamiento para la biodiversidad no forma parte de la agenda formal, sino de la discusión política, impulsadas por países como Colombia, con su propuesta de canje de deuda por naturaleza, y Brasil. Otros espacios a tener en cuenta durante este año, de acuerdo a lo expresado por Emilio, son: el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la decisión de esta última de brindar apoyo para garantizar la trazabilidad de productos provenientes de la deforestación; la internalización en los programas de los bancos de desarrollo de los criterios de biodiversidad, conservación y reducción de la deforestación; y el Fondo Amazonia, el cual tendrá una discusión muy importante de cara al G20 con la presidencia de Brasil. Se observa que en las COP de biodiversidad y de cambio climático se han ido incorporando elementos relacionados con la transformación del sistema financiero y la introducción de mecanismos de financiación innovadores. Otro componente fundamental de este proceso es la reforma de las Instituciones Financieras Internacionales, y sobre este tema expuso Dileymi Orozco, asesora senior de política de E3G, quien comentó que, a pesar de que el progreso en la incorporación de esta agenda en el GST no fue tan contundente como se esperaba, hubo reconocimiento del papel central desempeñado por los bancos multilaterales de desarrollo (BMD). Con respecto al Fondo Monetario Internacional (FMI), comentó que no se registraron avances en la redistribución del excedente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) de las economías desarrolladas. Además, señaló que el mandato de Kristalina Georgieva como directora general finaliza este año, resaltando la importancia de proveer insumos desde la sociedad civil para determinar las prioridades de los próximos cinco años. En cuanto al Banco Mundial (BM), Dileymi enfatizó la evolución interna bajo el nuevo presidente, Ajay Banga, que incluye la integración del cambio climático dentro de la visión del banco y el objetivo de aumentar el financiamiento climático del 35% al 40% en los préstamos totales. También comentó la adopción de cláusulas de deuda resilientes al clima, que suspenden el pago de la deuda de un país en caso de impactos económicos significativos debido a desastres naturales, aplicándose tanto a nuevos contratos como a contratos ya vigentes. Dileymi finalizó expresando que para el 2024 se espera que la agenda del proceso de la reforma, incluyendo también la reforma de la gobernanza global, siga desempeñando un papel central en diversos espacios internacionales, más aún teniendo en cuenta que durante el año pasado se han unificado y consolidado las voces de los países en desarrollo en esta materia. Por otro lado, y con respecto a las brechas de financiamiento climático y de biodiversidad mencionadas, se conversó sobre la Convención Fiscal Internacional y su capacidad para ofrecer una fuente sostenible y equitativa de financiamiento. María Ron Balsera, directora de programa de CESR, comentó que es en el ámbito de la arquitectura financiera existente donde se discuten temas de fiscalidad, particularmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), siendo ésta última el marco global de toma de decisiones sobre impuestos. Sin embargo, y dado que dicha organización funciona en beneficio de los países más ricos, desde la sociedad civil se ha impulsado el desarrollo de un proceso de convención fiscal en el marco de las Naciones Unidas, de manera tal que sea más transparente, democrático y relacionado a los derechos humanos, a la conservación de la biodiversidad y al cambio climático. Así, en noviembre de 2022 el Grupo Africano presentó esta iniciativa, que terminó de aprobarse un año después como una convención marco vinculante, pese a las presiones recibidas por los países del Norte Global. Durante este año, se celebrarán reuniones del grupo de trabajo de expertos, compuesto por países de diferentes regiones, que se definirán en febrero y, posteriormente, se elaborarán los términos de referencia de la convención. María resaltó que se pueden presentar algunos obstáculos, como el argumento utilizado por los países ricos de que se duplicarían esfuerzos y que la OCDE es el único ámbito de cooperación, y el intento de eliminar los elementos vinculantes. Trasladando esta cuestión al plano regional, Sergio Chaparro, coordinador del área internacional de Dejusticia, confirmó que, hasta el Foro Económico Mundial de 2023, América Latina y el Caribe (ALC) se encontraba muy descoordinada en materia tributaria. En esa oportunidad, Colombia lanzó una iniciativa de articular los esfuerzos de la región para lograr una mejor coordinación de posiciones de negociación a nivel internacional, a la cual se sumaron Chile y Brasil. Estos tres países convocaron a una cumbre en Cartagena, Colombia, en julio de 2023, en la que se creó un espacio de coordinación permanente denominado Plataforma Tributaria para Latinoamérica y el Caribe (PT-LAC), la cual busca no solo coordinar posiciones en las negociaciones internacionales sino también explorar la implementación de medidas a nivel regional. Esta plataforma está compuesta por consejos consultivos de la sociedad civil y del sector privado, quienes canalizan sus perspectivas hacia los tres grupos de trabajo: de progresividad tributaria, de incentivos tributarios y de tributación ambiental, este último liderado por Colombia. Sergio comentó que se analizarán impuestos ambientales e impuestos al carbono, a fines de lograr que quienes más contaminan, más paguen. Este proceso se presenta como una oportunidad para el movimiento de justicia climática, en cooperación con el movimiento de justicia fiscal, con el objetivo de obtener medidas de coordinación que traten de reducir los impactos potencialmente regresivos de estos impuestos, que se puedan adoptar no solo a nivel internacional sino también regional. Finalmente, Cinthia Leone, jefa de prensa de Climainfo, destacó la importancia de la presidencia de Brasil en el G20, oportunidad donde podrán abordarse cada uno de los temas sobre los que se conversó durante este seminario. Específicamente, mencionó tres objetivos, en primer lugar, hacer del clima la agenda principal, aprovechando que el actual gobierno de Brasil ha utilizado la agenda climática como elemento central de su diplomacia y teniendo en cuenta que la COP30 se llevará a cabo en su territorio. En segundo lugar, alinear los flujos de financiamiento hacia una transición en la que se abandone el uso de combustibles fósiles, exigiendo un marco temporal específico. Y, en tercer lugar, destacar la responsabilidad de los países desarrollados en la provisión de financiamiento climático, considerando la necesidad de que las fuentes de los recursos sean diversas y a gran escala, e impulsando una reforma financiera global. Cinthia expuso acerca de la magnitud de los daños climáticos que ha sufrido Brasil en el último año, como muchos otros países del mundo vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo que es de su interés impulsar la agenda climática, con el objetivo de que el G20 sea centre en el cambio climático y la COP29 se convierta en una COP de financiamiento. En resumen, el año 2024 es un periodo crítico en el financiamiento, ya que la agenda abarca temas interrelacionados que promueven una reforma integral del sistema financiero internacional. Esta reforma busca responder eficazmente a la acción climática, a la vez que considera la importancia del desarrollo sostenible y la preservación de la naturaleza. La participación activa de la sociedad civil y la coordinación a nivel regional se presentan como elementos fundamentales para avanzar hacia un modelo de financiamiento climático y de biodiversidad que sea más justo, sostenible y equitativo. En este contexto, se hace imperativo seguir de cerca y respaldar cada uno de estos temas, reconociendo la urgencia de actuar de manera concertada para abordar los desafíos ambientales y alcanzar objetivos significativos.